Octubre empezó por “a”

Brazos levantados y claveles a la llegada de los antidisturbios delante de un colegio electoral en Lleida el 1 de octubre de 2017.

 

Ariadna tiene 30 años, el 1 de octubre de 2017 ya estaba embarazada, pero no lo sabía.

Alzó la mano la primera cuando pidieron personas voluntarias para constituir las mesas en su colegio electoral: “¡Estaba tan contenta!” La sede del Departamento de trabajo, asuntos sociales y familia de la Generalitat de Cataluña en Lleida, fue uno de los 77 en el principado, y de los 5 en su ciudad donde hubo cargas policiales, ha documentado el proyecto colaborativo Catmemoria a falta de datos oficiales.

Fueron calificadas de desproporcionadas por los comisionados de derechos humanos de la ONU y el Consejo de Europa, Human Rights Watch -que realizó una investigación-, Amnistía Internacional, Oxfam Intermon, la Organización Mundial contra la Tortura, Avocats Européens Démocrates, Civil Liberties Union for Europe, Rights International Spain, entre otros.

También por las tres misiones de observadores: la Parliamentary Delegation on Catalonia’s Referendum on Self-Determination, la International Limited Observation Mission y la International Election Expert Research Team (IEERT) que en su informe preliminar, aseguró haber sido testigo de “numerosas y repetidas violaciones de derechos civiles y humanos”.

El derecho a la integridad física y moral, sin tortura, tratos inhumanos o degradantes, a la libertad ideológica, de expresión, reunión, manifestación y de participación en los asuntos públicos, a la libertad de información recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa (y protocolos) y la Constitución Española.

También el derecho a la vida, considerando la jurisprudencia del Tribunal  Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la potencialidad mortal del ataque, el grado y tipo, independientemente si se tiene intención de causar la muerte –hubo 7 personas heridas graves, entre ellas un infarto de miocardio agudo, una fractura orbital con afectación en el globo ocular, un traumatismo craneoencefálico con pérdida de consciencia, etc.

No se tiene conocimiento de que el gobierno español hubiera limitado o suspendido derechos ni declarado el estado de excepción o de sitio, explica Jordi Palou-Loverdos, abogado acreditado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en el Informe Violación de derechos civiles y políticos Cataluña. Septiembre y Octubre 2017. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que dictó medidas para impedir el referéndum, ordenó a los cuerpos policiales que se ejecutaran “sin afectar la normal convivencia ciudadana”.

El referéndum había sido estimado ilegal y delictivo por el ejecutivo español, a pesar de que la convocatoria de procesos electorales o consultas populares por esta vía, dejaron de constituir delito a raíz de la Ley orgánica 2/2005.

El marido de Ariadna y su hijo de dos años se quedaron fuera del colegio. Dentro, ella viviría una experiencia que recordará toda su vida. “No olvidaré nunca sus caras, sus babas, su rabia. No quiero olvidar”. La encerraron violentamente cinco policías en una habitación junto con un hombre al que luego se llevaron. Gritos y palmeos con los guantes de seguridad a un centímetro de su cara y amenazas como: “Dame tu DNI y las urnas o voy a abrir todas las puertas con tu cabeza”. Así se recoge en la querella que Ester Sancho, miembro de Advocacia per la Democràcia (Abogacía por la Democracia), presentó en los juzgados de Lleida.

E.S.P, de 70 años, sufrió un infarto en un colegio de Lleida. Estuvo ingresado 15 días en la Vall d’Hebron de Barcelona en estado crítico. Mientras le atendían, la policía cargó de nuevo. FOTO: Núria Garcia

Esta asociación, que se constituyó oficialmente después del 1 de octubre (1-O), lleva gratuitamente quince casos –tres de ellos querellas colectivas- que agrupan a unas 60 víctimas de Lleida y Ponts, el 40% mujeres. Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de lesiones, con armas, a personas vulnerables (de edad avanzada, con discapacidad), amenazas y omisión de socorro en base a los artículos 147, 148, 169 y 195 del Código Penal.

A falta de haber podido obtener datos oficiales actualizados, hasta el 6 de octubre de 2017 se presentaron 77 denuncias en Lleida y comarcas cercanas, 586 en toda Cataluña, informaron a los medios los Mossos d’Esquadra. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) destaca en su Informe sobre la tortura en el Estado español 2017 que el 1-O fue el episodio de mayor represión de los últimos años. Contabilizó más víctimas que el total de sus informes anuales de 2010, 2013, 2015 y 2016. Dos de cada tres personas agredidas por Policía Nacional y Guardia Civil en 2017, lo fueron ese día en Cataluña. Estos dos cuerpos acumularon esa jornada el 6% de las denuncias por violencia policial desde que empezaron a recopilar datos, en 2004.

Ya se han celebrado dos juicios en Lleida, los dos con sentencias absolutorias. En la segunda, la jueza acredita que el policía “golpeó con la defensa reglamentaria a una mujer en el maxilar izquierdo” y concluye que su actuación fue proporcional. Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña ha recurrido la interlocutoria del Juzgado de Instrucción número 1 de Lleida por la que se admite a trámite la querella de Abogacía por la Democracia contra la entonces subdelegada del gobierno español, Inma Manso, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador técnico del operativo, mandos intermedios y agentes. Manso ha declinado hablar del 1 de octubre, y la Dirección General de la Policía no ha autorizado una entrevista con el comisario en jefe de Lleida, Miguel Hernández, ni con ningún otro miembro del cuerpo.

Sancho, una de las colegiadas voluntarias que el 1-O se personaron en un centenar de sedes electorales de la provincia, estaba ese día donde votó Ariadna. Después de las cargas que ella misma presenció, recogió in situ las denuncias de 35 personas. Todas explicaron lo mismo, relata. Sin mediar palabra, sin mostrar ningún documento o resolución judicial, los antidisturbios empezaron a agredir con porras -incluso en partes del cuerpo que contravienen la legislación vigente-, escudos y puñetazos a las personas de todas las edades y sexos que se encontraban en actitud pacífica, con las manos levantadas.

Fue un patrón que se repitió en muchas localidades catalanas incluso con más violencia: patadas a gente que estaba en el suelo, disparos de cartuchos de proyección contra las personas (su uso reglamentario es para salvas al aire),  de balas de goma (prohibidas a los Mossos d’Esquadra por el Parlamento catalán desde 2014), golpes con la culata de las escopetas, gases lacrimógenos y daños materiales que, sólo en los centros educativos, fueron valorados por el Departamento de Educación catalán en 314.000 euros, 30.000 en los leridanos.

Cartucho disparado en el Centro de Asistencia Primaria de Cappont de Lleida. FOTO: Amado Forrolla

Una operación de estilo militar planificada y centralizada, declaró la portavoz del IEERT, Helena Catt, comandada por un coronel –Pérez de los Cobos- de un instituto armado de naturaleza militar que aplicó una estrategia militar sin declararla oficialmente y sin escrutinio del Parlamento español, añade Palou-Loverdos, que sugiere sería preciso examinar, junto a los excesos policiales, a la luz del Código Penal y el Estatuto de Roma en lo relativo a “un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella” (delitos de lesa humanidad).

En su informe, la CPDT, que agrupa a más de 40 entidades de todo el Estado, calificó la operación de “laboratorio de la represión” y dudó que respondiera o priorizara impedir la votación. Un estudio estadístico de Carmina Altesa, profesora de matemáticas en la Escuela Industrial de Sabadell, pone sobre la mesa un dato a tener en cuenta: un 25% de las localidades que recibieron la visita de los agentes españoles fueron pueblos de menos de 500 habitantes, un 58,9% de menos de 2.000 y un 71,36% de menos de 4.000. En Lleida, de la quincena de localidades que documenta Altesa, sólo la capital y Alcarràs, con 9.297 habitantes, corresponden al 28,64% restante.

Como se preguntaba el Síndic de Greuges (Defensor de las personas) de Cataluña en la presentación de su informe sobre el 1-O en el Parlamento catalán: “¿Por qué se fue a poblaciones de 300 habitantes con 15 ‘furgonas’ de policía, con auténticos alborotos, por parte de los mismos cuerpos de policía, agrediendo a todo el mundo?”

Según datos oficiales publicados, de los 2.315 colegios electorales que abrieron el 1 de octubre, los Mossos d’Esquadra clausuraron 140, en una jornada en la que otros 400 no llegaron a abrir tras recibir su visita. Policía Nacional y Guardia Civil cerraron 92.

El dispositivo desplazado a Cataluña, que costó 87 millones de euros, alcanzó los 6.000 efectivos los días 30 de septiembre 1 y 2 de octubre, informó el 18 de enero en el Senado el entonces ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido. Medios de comunicación de distinto signo, citando sindicatos policiales o al exconsejero del Interior de la Generalitat, Joaquim Forn –en prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017- los cifraron en 10.000, que se sumaban a los allí destinados habitualmente, entre 4.700 y 6.200, según lo publicado.

Pepa, de 71 años, se quedó estupefacta cuando los vio llegar en 8 furgonetas y 2 coches y colocarse en formación, cuenta. Pasaban pocos minutos de las 9 de la mañana. Estaba delante de su colegio electoral en Lleida desde las 5, equipada con una radio, una manzana y una botella de agua. Había quedado con sus amigas. “Nadie se imaginó que nos iban a pegar”.

La mesa con el desayuno que trajo el vecindario acabó en el suelo, igual que ella. Encima cayó Elvira Siurana, de 66 años, que sufrió una fisura en dos costillas. “No sirvió de nada hablarles ni mantenernos en una actitud pacífica”, añade. A Pepa la arrastraron, la tiraron “como si fuera un trapo sucio” y cuando se refugió debajo de un banco la intentaron sacar violentamente y levantándole la ropa. Contusión en el tobillo y crisis de ansiedad. Este agosto el psiquiatra le dio el alta, pero aún continúa en tratamiento psicológico.

Antidisturbios tirando a Pepa al suelo. Foto: Archivo Ateneu Popular La Baula

El Departamento de Salud de la Generalitat no dispone de cifras sobre cuántas personas precisaron asistencia psicológica i/o psiquiátrica por lo sucedido el 1 de octubre. Los dispositivos de atención psicológica activados por la red de observadores de derechos Som Defensores (Somos defensoras) y por el Ayuntamiento de Barcelona atendieron entre el 1 y el 20 de octubre a 345 personas, recoge el Informe 2017 del Servicio de atención y Denuncia en situaciones de violencia institucional (SAIDAVI). En Lleida, el Colegio de Psicólogos ofreció atención gratuita, pero no ha facilitado datos.

La violación de derechos humanos, y en especial, la violencia institucional, genera daños físicos y/o psíquicos que tienen un impacto en el desarrollo individual y social de las personas afectadas y su entorno. El daño a la dignidad humana es uno de los más profundos que se perpetran en el contexto de la violencia institucional, afirma el SAIDIVI, ya que la ejercen quienes tienen la obligación de protegernos. Cuando este sistema de protección, más allá de no hacerlo ejerce violencia, hay afectaciones del sistema de creencias básicas de la persona, de cómo ésta entiende e interpreta el mundo, añade la CPDT.

Como explica Ariadna “fue un día duro como persona y como madre. No supe que contestarle a mi hijo cuando me preguntó por qué la policía pegó a la gente, yo que le insisto que si algún día le pasa algo y no estamos cerca les busque”. 

“Las mujeres suelen ser más vulnerables a la sintomatología negativa en procesos de ansiedad o estrés postraumático”, afirma Jorge Moya Higueras, profesor de Psicología en la Universidad de Lleida (UdL) e impulsor del estudio Efectos psicológicos de la situación actual en Cataluña. Se activó el 6 de octubre de 2017 y participaron 1.325 personas, un 69,6% mujeres. Un 53% de las mujeres y un 47% de los hombres afirmaron haber sentido terror y más del 50% de las personas que respondieron a la encuesta, con mayor incidencia en las mujeres, manifestó que lo vivido les afectaba mucho en su quehacer diario.

A la espera de resultados definitivos, Moya avanza que independientemente de la ideología política los síntomas de ansiedad se triplicaron aquellos días respecto a lo habitual, siendo el 1-O el punto álgido.

En este sentido, el informe de la CPDT concluyó que “el referéndum, junto con el contexto sociopolítico de incertidumbre y represión que vive la sociedad catalana, ha generado un impacto psicosocial individual y colectivo claro. Más allá de la violencia, el cuestionamiento de la veracidad de los datos sobre las personas heridas o la banalización y justificación de Fiscalía, Gobierno y cuerpos policiales ha incrementado este impacto. El silencio y negación institucional del Estado -que calificó de profesional y temperada la actuación policial-, han generado un profundo sentimiento de indignación e impotencia, prolongando la sintomatología y la recuperación de las personas afectadas. La nula iniciativa del Gobierno, fiscales y cuerpos policiales para investigar los excesos policiales junto con la condecoración de varios mandos, ha acusado el agravio colectivo”.

Tanto Ariadna, como Pepa y Elvira coinciden en la humillación y la incomprensión que les generó aquella violencia. Incluso en la primera vista del juicio a raíz de la denuncia de Pepa: “el juez no me miró ni una sola vez a la cara”, afirma. Pero ninguna de las tres experimentó sentimiento de culpa, “no estábamos haciendo nada malo, sólo queríamos votar”, dicen. “Yo volvería allí, aunque volvieran a hacerme daño”, afirma Elvira. Y Pepa, aún en estado de shock por lo sucedido, se dirigió al colegio electoral más cercano para poder votar. El suyo cerró cuando la policía se llevó las urnas.

A pesar de que las mujeres que participaron en el estudio de la UdL presentan más sintomatología negativa de todo: ansiedad, somatización, hostilidad, ira, “manifiestan un afecto (estado de ánimo) más positivo que los hombres”, explica Jorge Moya.

“El día fue malo, pero también bueno -dice Ariadna- porque nos unimos, los políticos no saben hacerlo”. La solidaridad y la unión que experimentaron aseguran ella, Pepa y Elvira, siguen vivas. Las personas se protegieron unas a otras, se auxiliaron, se consolaron, se cuidaron y a día de hoy continúan cultivando esa incipiente amistad que surgió en el barrio con gente a la que antes ni conocían, explica. 

Algunas personas siguen relacionándose en los CDR (Comités de Defensa de la República) de sus barrios. Allí comparten experiencias e ilusiones con gente de distintas edades, además de organizar talleres, conferencias, debates, exposiciones, movilizaciones. “A mí me ha ido muy bien como canal de expresión, de ayuda mutua. Todas tenemos claro lo que queremos y seguiremos trabajando por un país nuevo”, dice Pepa. 

Júlia, estudia en la universidad, tiene 21 años. Aún le duele un poco hablar del 1-O, pasó mucho miedo.

El colegio electoral de Cappont antes de las cargas. Julia estaba cerca de la puerta. Foto: Amado Forrolla

Se agarró a la puerta de su colegio electoral, el Centro de Asistencia Primaria de Cappont, en Lleida. “Eran tres, uno me pegaba en la barriga, otro me estiraba con fuerza del brazo y la pierna y otro me tiraba del pelo. Pero como lo tengo corto y no cedía, me tensaba el cuello de la sudadera. Les dije que me soltaran, que ya me iba, pero no paraban. Sentí que no podía respirar, la pierna me dolía mucho y entonces empecé a convulsionar. Me cogieron por los brazos y las piernas mientras otro me pegaba con la porra en el culo, me tiraron al suelo, me habían roto la sudadera. Luego, empezaron con las porras contra todo el mundo. Tenían tanta rabia…”

Júlia no ha denunciado, no confía en la policía, sea cual sea, ni tampoco en la justicia.  “He vivido otras situaciones y han sido negativas”.

El informe de la CPDT confirma que se mantiene el miedo a denunciar ante la posibilidad de ser objeto de contradenuncias (atentado, resistencia, como pasó en la primera sentencia del 1-O en Lleida) o de sanciones administrativas (“ley mordaza”) y aumenta la desconfianza en la justicia por la impunidad de los excesos policiales. Aunque el objetivo no explícito de la violencia institucional sea romper el tejido social y aislar a las personas como actores políticos y sociales que son, afirman, Júlia sigue en su activismo.

Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la condición femenina que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto si se produce en la vida privada como en la pública, inclusive la perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. 

En las observaciones finales de los últimos informes de España del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, se instaba al Estado a revisar la legislación a fin que incluya otras formas de violencia de género como la violencia policial y la violencia en espacios públicos. Esto se añadía a las observaciones del sexto informe periódico de España del Comité contra la tortura, que le urgían a poner fin a todos los actos de brutalidad y uso excesivo de la fuerza policial y a acabar con la impunidad y ausencia de investigaciones al respecto. Varias condenas del TEDH contra el Estado español así lo avalan.

El Relator especial sobre la tortura menciona como posibles formas de tortura de género caricias indebidas, ser desvestidas, insultos y humillaciones de tipo sexual a cargo de funcionarios públicos. El 1-O la policía perpetró agresiones sexuales físicas y/o verbales a mujeres de distintas edades. Tocamientos de las mamas y los pezones, la zona genital, tirones de pelo, expresiones humillantes o vejatorias de naturaleza sexual con evidente discriminación de género. Se da cuenta de todo ello en casos documentados por colectivos de juristas, la CDPT, el SAIDIVI, medios de comunicación o el documental La gent de l’escala, de los periodistas, Jordi Fusté i Francesc Escribano. 

En 12 horas, los 45 segundos de imágenes de agresiones captadas por Fusté en el Instituto Pau Claris de Barcelona fueron vistos por 40 millones de personas.

La gent de l’escala recoge el testimonio de 23 personas, entre ellas de Maria y su hijo Pau, que acabaron en el hospital; de la abuela María José, que se encaró a los policías; de Raquel, que pasó semanas sin poder comer ni dormir; de Marta que, después de ser arrastrada escaleras abajo con la falda y la camisa remangadas, de sufrir tocamientos en los pechos mientras se reían, de crujirle los dedos, fue acusada por medios de comunicación como El Mundo, de ser la gran mentira del 1 de octubre. Luego llegaron las amenazas de violación y los insultos por las redes sociales. El juzgado de instrucción número 7 Barcelona empezó a investigar en septiembre a tres policías por esos hechos. El juez considera su actuación de desproporcionada y peligrosa.

En Lleida, Ester Sancho, documentó el testimonio de una mujer a la que los agentes le rompieron el sujetador, explicó, intencionadamente. Muchas que fueron sacadas violentamente de los colegios, tuvieron que pasar por un pasillo de antidisturbios recibiendo empujones e insultos. Hubo estirones de pelo, bajadas de pantalones y rotura de la ropa.

Desalojo de la sede de Trabajo, bienestar social y familia de la Generalitat en Lleida el 1-O. Foto: Toni Prim.

Veni Ros, presidenta de la Asociación de vecinos del barrio de Cappont de Lleida -donde se ubicó la comisaria de la Policía Nacional hasta el 15 de noviembre de 2017-, explica que denunció al ayuntamiento las intimidaciones y comentarios sexistas que recibieron jóvenes del barrio los días posteriores al 1-O. Dos mujeres relataron a medios de comunicación locales amenazas perpetradas por agentes cerca de dónde éstos trabajaban o se alojaban. El dispositivo especial que se desplazó a Cataluña finalizó el 31 de diciembre de 2017.Gemma Casal es antropóloga y miembro del grupo feminista Dones Lleida (Mujeres Lleida). A la pregunta de si hubo violencia sexista responde rotundamente sí. “La violencia ejercida por el Estado es patriarcal porque se sustenta en el machismo. Los cuerpos policiales que la ejercieron han demostrado por sus actos y por sus comentarios en las redes que son cuerpos machistas”.

La violencia contra la población civil desarmada, continua Casal, tiene raíces patriarcales como imponer por la fuerza. No sólo se ejerce contra mujeres sino también contra otros colectivos vulnerables, personas de edad avanzada, menores. Su objetivo es aterrorizar y provocar la desmovilización. “Lo que pasó el 1-O tiene que ver con la estrategia de las guerras”, añade.

Acción de Dones Lleida el 3 de octubre de 2017. FOTO: Dones Lleida

 

En el mismo sentido se pronunció Nora Miralles del Centro Delàs de Estudios para la Paz. La violencia sexual contra las mujeres fue una estrategia sistemática de castigo, más allá de evitar el referéndum, bajo una lógica de guerra, para sembrar el terror y enviar un mensaje: “recordaros que a nosotras sólo nos pertenece el silencio, para expulsaros del espacio público, para someteros cuando somos más libres, cuanto más participamos”, escribió la periodista.

Casal apunta que la estrategia no les salió del todo bien. “Buscaban el colectivo más vulnerable, las mujeres, incluso en algún colegio un agente las señalaba a los demás antes de empezar a cargar, pero ellas demostraron una valentía inmensa y a pesar de todo muchas se quedaron en los colegios hasta entrada la noche”, añade. 

“Antes que llegaran no éramos ni hombres ni mujeres, éramos un sexo común compartiendo un hecho democrático, luchando por igual. Cuando entraron, era mujer porque me agredieron más a mí, pensaron que era la más débil, pero yo también soy fuerte”, explica Ariadna.

El 3 de octubre, huelga general en Cataluña, Dones Lleida llevó a cabo una acción de denuncia contra todas las agresiones a mujeres. Tres días más tarde, 390 entidades, integradas en el Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña, un órgano con estatus consultivo especial desde 1999 en el Consejo Económico y Social de la ONU, condenaron la violencia machista del 1-O.

Ariadna y el compañero con la que le encerraron en su colegio electoral el 1 de octubre de este año. Foto: Ester Sancho

A la espera de las sentencias de los juicios y de posibles actuaciones internacionales, las situaciones que se han documentado tienen encaje en las tipologías de tortura y trato degradante que contempla el Comité contra la tortura y en las categorías de maltrato del TEDH, según la CPDT. La violencia ejercida contra las mujeres contraviene además la obligación de debida diligencia de los Estados de prevenir, investigar, castigar y reparar estos actos, los perpetre el Estado o particulares, como recoge el informe de 2011 de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer.

“Fui a mi colegio electoral el 1 de octubre de este año -cuenta Ariadana- No fui capaz de volver hasta entonces. Me acompañó el compañero con el que en un principio me encerraron. Cuando entré en esa habitación no sentí pena, ni rabia. Sólo pensé cómo podría hacerlo mejor si algún día volviera a pasar”. Porque se trata seguir adelante, de proyectarse hacia el futuro, pero sin callar el pasado, porque si lo hacemos, dice Pepa, “el relato será de ellos”.

El retrato de una mujer mayor con la cara y la ropa ensangrentada en la escuela Mediterrania de Barcelona –presunta sangre o pintura roja, según el jefe del operativo policial que actuó allí-, fue escogida por el medio norteamericano Bloomberg como una las 100 mejores fotos del año. Pero ¿qué sabemos de esa mujer, de todas ellas, de lo que vimos y lo que no vimos? ¿Empezamos a pensar?Mary Beard, autora del libro La voz y el poder de las mujeres, afirmaba en una entrevista que pensar históricamente significa pensar no solo en lo que ves, sino también en lo que no ves.  Las imágenes de personas heridas el 1-O dieron la vuelta al mundo.

 

*Este reportaje ha sido elaborado en el marco del IIl curso “Comunicación con enfoque de género y de derechos, herramientas para un periodismo más humano”, organizado por Periodismo Humano y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)

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