Sindicatos y patronal pactan un alza salarial de hasta el 3% y sueldos mínimos de 1.000 euros en los convenios

Fuente: Enlace a artículo en Infolibre

Los agentes sociales piden al nuevo Gobierno que modifique la reforma del sistema de formación que en 2015 les apartó de la gestión de las subvenciones
El resultado contable de las empresas creció un 9,16% en 2017, el doble que la renta bruta de los hogares, según la Agencia Tributaria

 

La precariedad laboral, ‘marca España’

La triste realidad de muchos españoles, una vida entre el paro y la precariedad laboral, triste vida.

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia-social/precariedad-laboral-marca-espana/20180403133237150431.html

“No hay que lanzar las campanas al vuelo”, afirma la secretaria confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana, señalando que “el dato de paro es positivo, pero es el menor descenso del mes de marzo de los últimos cuatro años y un posible indicio de la desaceleración de la actividad económica”. CCOO demanda al Gobierno que se tome en serio la mesa de calidad en el empleo, que lleva sin abordar este tema desde diciembre pasado, y reclama a la patronal mayores subidas salariales para que trabajadoras y trabajadores participen de los beneficios empresariales, y la creación de empleos dignos.

Como viene siendo la norma, la contratación es temporal, precaria, y por tanto difícilmente consolidable en empleo. La creación de empleo se produce mayoritariamente en la hostelería debido a la semana santa que ha caído en marzo, aunque todavía no figuran reflejados los despidos que vendrán pasados estos días festivos. Es necesario que el gobierno se tome en serio el dialogo social, y que realmente se reúna la mesa de calidad en el empleo de contratación. Y que los empresarios entiendan que la clave para asentar la recuperación está en la subida de los salarios y la apuesta por empleos estables.

Se desacelera la creación de empleo y la bajada del paro

En marzo la afiliación a la Seguridad social sube en 138.573 personas, pero el paro registrado solo baja en 47.697 personas. La precariedad laboral y el paro afectan a la mitad de la población activa de este país. Las mujeres suponen 6 de cada 10 personas en paro (hay 2 millones de mujeres en paro) siendo menos de la mitad de la población con trabajo.

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La rotación laboral está en máximos

Se firman muchos contratos de muy corta duración que apenas se traducen en empleo. En 2017 el 40% de los contratos de trabajo firmados eran de muy corta duración (días, semanas) pero solo el 1,2% del empleo asalariado correspondía a contratos con duración inferior al mes.

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La protección por desempleo tiene una elevada brecha de género

La tasa de cobertura de las mujeres (52%) es 10 puntos inferior a la de los hombres (62%). La protección contra el desempleo siguen en mínimos: 1,56 millones de personas en paro carece de prestación y solo el 58% de la población en paro registrado cuenta con algún tipo de protección, que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial.

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No se consolida un cambio del modelo productivo

La actividad y el empleo siguen concentrados en los sectores tradicionales. La creación de empleo viene impulsada por actividades de bajo valor añadido (en marzo la hostelería), con un peso limitado de industria, servicios públicos y de sectores de intensidad tecnológica media y alta.

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CCOO defiende cambios del modelo productivo y laboral para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de salarios y pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social. El objetivo es sacar a la economía de su patrón tradicional de bajo valor añadido, aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción.

Santander, CaixaBank y Bankia reclaman al Estado que les devuelva 1.350 millones por el fiasco de Castor

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/04/06/santander_caixabank_bankia_reclaman_estado_devolucion_financiacion_del_cierre_castor_81458_1011.html

Santander, CaixaBank y Bankia han formulado este viernes ante el Gobierno una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacenamiento de gas Castor a la sociedad promotora Escal-UGS, participada por ACS, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La reclamación formulada por las entidades explica que la inconstitucionalidad del real decreto ley, decretada el pasado 22 de diciembre por una sentencia del Tribunal Constitucional, no debe ocasionar “ninguna pérdida” a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. En este sentido, exponen que si no reciben la devolución de la financiación, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras.

En la reclamación, Santander, CaixaBank y Bankia ofrecen al Gobierno alcanzar un acuerdo que permita hacer la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores gasistas.

De este modo, las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe reclamado, el Estado lo devuelva de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones —de tipo de interés y de plazo, fundamentalmente— en que estaba previsto en el Real Decreto Ley 13/2014.

En 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley en el que se establecía la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor y en el que se reconocía esa compensación para la empresa promotora, cuyo importe se decidió repercutir durante 30 años en la tarifa de gas.

En octubre de ese año, Santander, CaixaBank y Bankia desembolsaron los más de 1.350 millones de euros para financiar el cierre del almacén de gas natural Castor, después de que una serie de seísmos despertasen gran alarma social en Castellón y Tarragona.

De estos 1.350 millones de euros de deuda titulizada por Enagás, Santander asumió 700 millones, CaixaBank un total de 450 millones y Bankia los 200 millones restantes. De esta manera, estas tres entidades son los titulares de estos derechos de cobro, que ascienden a unos 80 millones de euros anuales durante ese periodo de 30 años.

Sentencia del Constitucional

Sin embargo, el pasado mes de diciembre, el Tribunal Constitucional declaró “nulos e inconstitucionales” algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS.

En su sentencia, el Constitucional no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un real decreto de urgencia.

El pasado mes de enero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió, tras la sentencia del Constitucional, paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Una “enorme litigiosidad”

A finales del pasado mes de enero, en comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, vaticinó una “enorme litigiosidad” entre entidades privadas y operadores públicos por la sentencia del Constitucional.

A este respecto, Nadal señaló que el Ministerio trasladó en enero a la CNMC, que es quien posee la competencia en las liquidaciones del sistema gasista, que diera cumplimiento a la sentencia, tal y como hizo en la liquidación correspondiente a noviembre. “Ahora mismo tenemos un efecto de la sentencia que dice que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados y pedimos a la CNMC que vaya a aplicar la sentencia“, dijo.

El Gobierno aún no la ha estudiado 

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no procederá a la valorar la reclamación de responsabilidad contra el Estado presentada por Santander, CaixaBank y Bankia hasta que lleve a cabo su estudio.

Fuentes del gabinete dirigido por Álvaro Nadal señalaron a Europa Press que el Ministerio “aún no ha podido estudiar la reclamación” presentada por las entidades financieras.

Así, indicaron que el Ministerio “no tiene constancia, por tanto, de los argumentos en los que se basaría la reclamación y que hasta que no se estudie no podrá proceder a su valoración”.

La inversión estatal en Sanidad y Educación sigue alejada de los niveles anteriores a la crisis

Fuente:https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/04/los_presupuestos_estatales_sanidad_educacion_siguen_sin_recuperarse_los_recortes_81305_1012.html

 

  • Las dotaciones suben respecto a 2017 un 3,9 y un 3%, hasta 4.252 y 2.600 millones de euros respectivamente, pero no alcanzan el gasto de 2009
  • El dinero del Estado para las ayudas a la dependencia o a la política de becas, que alcanza una cuantía récord, sí supera el consignado antes de los recortes

La incertidumbre sobre las pensiones le estalla al Gobierno en las calles

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/incertidumbre-pensiones-estalla-Gobierno-manifestaciones_0_742976521.html

Miles de jubilados, muchos con sus cartas sobre la subida anual de la pensión hechas trizas o incluso arrojadas a la hoguera,  han salido a la calle en numerosas ciudades de toda España para protestar por las reformas del sistema público de 2013 y, especialmente, por la revalorización anual del 0,25%, que tachan de “miseria”. Los gritos contra el Gobierno, incluso con cánticos de “Rajoy Corleone nos roba las pensiones”, iban acompañados de conversaciones acerca del temor de un sistema público en decadencia y unas pensiones menguantes en los próximos años, como  apuntan numerosos expertos. El Gobierno niega que las pensiones vayan a caer debido a sus políticas, aunque no aporta datos ni estudios que lo respalden.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó a finales de enero que  no sabía como afectaría el factor de sostenibilidad de las pensiones que aprobó su Gobierno hace cinco años y que entra en vigor en enero de 2019 para las personas que se jubilen a partir de esa fecha. Apuntó que necesitaba los datos oficiales de defunciones de 2017, aún sin publicar. El factor de sostenibilidad es uno de los elementos clave del rediseño del sistema de pensiones que hizo el PP, sin el consenso de la oposición política ni los agentes sociales en virtud de su mayoría absoluta.

A esta respuesta de Báñez se suman otras declaraciones que inciden en que el factor de sostenibilidad “es una fórmula que no significa que la pensión primera del que entre [se jubile] dentro de 5 años sea menor que el de hoy, eso no es verdad”. Las estimaciones publicadas, en cambio, indican que así será, que el factor rebajará las cuantías iniciales de pensión de los futuros pensionistas. Lo dice la OCDE, los sindicatos y, entre otros, un último informe de Afi para la Asociación Empresarial del Seguro (aunque Báñez ha desmerecido esta última al ser “de parte, para vender un producto comercial concreto”).

Solo aplicar el factor de sostenibilidad “significa medio punto menos de pensión por cada año a partir de 2019”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De este modo, si la pensión de una persona que se jubilara en 2018 fuera el 100%, en 2019 se jubilaría con el 99,5%.Y si lo pospusiera a 2020, su pensión incial sería del 99%. “Un efecto que es pequeño, pero que es acumulativo en el tiempo. Si te vas a muchos años, el efecto es importante”, insiste Bravo, que recuerda que si se combina con una revalorización continuada de solo un 0,25%, “en 2050, la pensión caerá 30 puntos: ahora es del 78% respecto el último sueldo y en 2050 sería del 48%, según datos de la Comisión Europea”.

Un cartel contra el presidente del Gobierno y las subidas de las pensiones del 0,25% en la manifestación de pensionistas de este 22 de febrero en madrid.
Un cartel contra el presidente del Gobierno y las subidas de las pensiones del 0,25% en la manifestación de pensionistas de este 22 de febrero en madrid. LAURA OLÍAS

Más transparencia para reducir la inquietud

El Gobierno niega estos descensos, pero no aporta sus propios cálculos al respecto. Dos de los 12 expertos que asesoraron al Ejecutivo en el diseño de su reforma de 2013, Mercedes Ayuso y José Ignacio Conde-Ruiz, han explicado a eldiario.es que si no hay otros cambios en el sistema, las pensiones iniciales se irán reduciendo en los próximos años al incorporar la esperanza del vida al cálculo de la pensión. La idea es igualar la prestación entre diferentes generaciones: como previsiblemente las personas tendrán cada vez una mayor esperanza de vida, cobrarán la prestación durante más años, así que su cuantía será menor repartida durante más ejercicios.

José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía e investigador de Fedea, considera que un error habitual de los políticos es “hacer electoralismo con las pensiones, no querer hablar del tema cuando están en el Gobierno y hacer todo lo contrario cuando se está en la oposición”. En su opinión, el cortoplacismo en las medidas y reformas es otro de los problemas, que no permiten a la población asimilar ni planificar su jubilación. “La parálisis política y el no hacer nada tienen un coste, el atrasar la reforma hace que afecte a personas que se jubilan muy cerca. Si la gente tiene más tiempo, puede adaptarse, pensar si quiere alargar más su vida laboral, si va a compaginar el cobro de la pensión con un salario…”, argumenta el experto.

Conde-Ruiz cree que el Gobierno informará “con transparencia” en los próximos meses del efecto del factor de sostenibilidad, aunque en su opinión el Ejecutivo ya tendría que conocer una horquilla de su alcance. “Es fundamental que no haya un salto en su aplicación, es decir, que la caída de la pensión inicial podría ser de un 4% o un 3% y eso debería evitarse”, añade.

El 0,25% y la ruptura del consenso político

Desde CCOO y UGT afirman que modificar la reforma de 2013 es un mínimo irrenunciable para las organizaciones sindicales. Sin este paso, las movilizaciones sociales como las vistas este jueves no cesarán, aseguran. Ya hay dos manifestaciones de pensionistas convocadas en marzo, el 1 y el 15, “y programaremos más en abril”, adelanta Carlos Bravo. “El Gobierno sabe que exigimos que se modifique y no dicen que estén cerrados a ello, pero no toma la iniciativa con los interlocutores sociales ni con los partidos políticos y es su responsabilidad”, prosigue el sindicalista.

Una mujer rompe la carta que informa de la subida de pensiones en la manifestación en Murcia / CARLOS TRENOR
Una mujer rompe la carta que informa de la subida de pensiones en la manifestación en Murcia / CARLOS TRENOR

José Ignacio Conde-Ruiz opina que el Gobierno se verá abocado a negociar una nueva reforma de las pensiones debido a las subidas mínimas del 0,25%. “El mecanismo de casi congelar la pensión para siempre políticamente es muy inestable, llega un detonante para que se haga una reforma”. Las medidas que se deben tomar, según el experto, no siempre son populares y requieren de consenso político.

Ese consenso, la unidad en las políticas sobre pensiones públicas, es lo que el PP dinamitó en 2013 con su reforma, critica CCOO. Carles Campuzano, diputado del PDeCAT –que ha presentando la última proposición parlamentaria para acabar con la reforma de Rajoy– y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, suscribe esta idea. “Este Gobierno se equivocó en el año 2013 y ha proyectado temores e incertidumbre, algunos reales y otros infundados”, afirma Campuzano. La soledad del PP en la defensa de un sistema rechazado por la totalidad de la oposición y las organizaciones sindicales no solo le está pasando factura, sino que “dificulta hacer política sobre pensiones”, lamenta el parlamentario catalán.

En el peor momento para el PP

La movilización de los pensionistas llega en un momento delicado para el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque la designación del ministro de Economía, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo le había dado un respiro a los populares, las manifestaciones de los pensionistas han vuelto a encender las alarmas en el PP, ya que se trata de un sector de la población que siempre ha sido un caladero de votos para la formación conservadora.

De momento la respuesta de los populares a las exigencias de los jubilados ha sido fallida. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, trató este jueves de rebajar la protesta asegurando que desde que gobierna el presidente Mariano Rajoy este colectivo “puede considerarse positivo si se compara con otros sectores”.

El malestar de los pensionistas puede nublar aún más el horizonte del Partido Popular. Las últimas elecciones catalanas han colocado a Ciudadanos como alternativa real a los populares en el espectro del centroderecha sin que Ejecutivo de Rajoy tenga capacidad de respuesta por su minoría parlamentaria. Con encuestas semanales en las que se acrecenta la imagen de Ciudadanos como alternativa y con el desgaste que suponen los continuos problemas de los populares en los tribunales por los casos de corrupción, la movilización callejera de los pensionistas se convierte en una tormera perfecta para el desgaste del Partido Popular. 

El nombramiento de De Guindos en el BCE no palía la falta de influencia de España en los organismos internacionales

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Guindos_0_741926032.html

En su libro España amenazada, Luis de Guindos apunta que el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, le aseguró que la plaza que perdió España en el Banco Central Europeo con la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero volvería a nuestro país: “dos años después, Schäuble me garantizó que la primera vacante del BCE sería para España”.  El nombramiento del ministro de Economía como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) que ha decidido el Eurogrupo este lunes mitiga la paupérrima representación de España en organismo económicos internacionales. Sin embargo, la realidad es que la vicepresidencia de la autoridad monetaria no tiene apenas responsabilidades ejecutivas y el BCE es una de las instituciones financieras donde la figura del presidente adquiere una preponderancia que oscurece al resto de los órganos de gobierno.

Los informes del European Council of Foreign Relations (ECFR) recogen en los últimos años como España, la cuarta economía de la Eurozona, ha estado infrarrepresentada en las instituciones y tiene menos protagonismo en la UE pese a que “el PIB de España es 2,5 veces mayor que el de Polonia”, entre otras cosas porque desde el inicio de la crisis económica en 2008 “ha estado demasiado volcada en la política nacional como para tener un auténtico papel en los asuntos europeos”.

Las responsabilidades que tendrá De Guindos se centran en convocar al consejo de gobierno del BCE y preparar las reuniones de política monetaria. Su antecesor Vítor Constâncio, exgobernador del Banco de Portugal durante 10 años, con lo que  tenía un amplio recorrido en política monetaria de manera que también le concedieron cierta responsabilidad en ámbitos de supervisión, una experiencia de la que carece el candidato español.

En teoría, la llegada de De Guindos al BCE viene a tapar el hueco que dejó la salida de José Manuel González-Páramo, que entre 2004 y 2012 fue miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del superrregulador. De Guindos atribuye al enfado de la canciller Angela Merkel con la política económica de Zapatero que España no renovara entonces cargo en el BCE.  BBVA fichó a González-Páramo en 2013 como consejero ejecutivo y asesor internacional.

La debilidad de España en las instituciones internacionales ha corrido paralelamente al impacto de la crisis en las cuentas públicas del país. El pistoletazo de salida lo dio Rodrigo Rato con su espantada por sorpresa de la presidencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007 en una carrera que ha terminado con u na condena de cárcel por las tarjetas black y una retahíla de juicios pendientes de su etapa como presidende de Bankia.

La última salida de un alto cargo ha sido la de Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España entre 2000 y 2006, que tuvo que dejar en noviembre el puesto de gerente general del Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea, tras más de ocho años al frente por una clausula de los estatutos de la entidad que obliga a abandonar el sillón cuando se cumplen 65 años. Caruana ha encontrado rápido acomodo como consejero del BBVA.

Un año antes José Viñals presentaba la dimisión como director del Departamento de Asuntos Monetarios del FMI  para presidir el consejo de administración del banco Standard Chartered, con sede en Londres y que opera principalmente en los mercados de Asia, África y Oriente Medio.

En la última reunión de Davos quedó patente la falta de representación de españoles en organismos internacionales. Solo hubo una española en el grupo de invitados de directivos de organizaciones internacionales, con  Arancha González Laya, directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC).

Aunque De Guindos insistió este lunes que “ninguno de los apoyos recibidos acarrea ningún tipo de condicionalidad” en los cambios  que tendrán lugar en el BCE en los próximos años, el eurodiputado por ICV, Ernest Urtasun, apuntó que “el más que evidente acuerdo entre España y Alemania para situar a De Guindos en la vicepresidencia a cambio de dar apoyo al halcón Jens Weidmann”, presidente del Bundesbank, en 2019 cuando toque elegir al sucesor del actual presidente de la autoridad monetaria europea, Mario Draghi,  supone “un acuerdo que es objetivamente nefasto para los intereses del sur de Europa”.

Varios eurodiputados señalan que Weidmann aboga por eliminar la política de estímulos del BCE que tanto ha servido a España para salir de la crisis y que es partidario de cambiar de estrategia monetaria en un escenario donde primaría la subida de los tipos de interés, lo cual puede ser difícilmente manejable para una economía todavía muy endeudada como la española.    

Una derrota hubiera sido letal para la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy. No solo porque evidenciaría la falta de influencia de España ante el resto de Europa sino que pondría en duda la estrategia política basada en la recuperación económica y la salida de la crisis con el protagonismo de De Guindos. También lo hubiera sido para el ministro de Economía ya que sería su segunda derrota en Europa tras   el fracaso frente al    holandés Jeroen Dijsselbloem por la presidencia del Eurogrupo.

Subidón del paro y bajón de afiliados a la Seguridad Social

Enero nos ha traido para el sufrido pueblo español 63.747 desempleados mas apuntados a las listas del SEPE y un descenso considerable de afiliados a la Seguridad Sociales, 178.170 cotizantes menos, las excusas que se sacan de la manga los voceros del Gobierno que es que Enero es siempre un mal mes, pero las estadisticas nos dicen que el mayor ascenso del paro de los últimos años, lo que los medios no pueden tapar es la nula política de empleo hecha por la Ministra de Trabajo que nunca ha trabajado, hablamos de Fatima Bañez, que sigue en su puesto por la estrecha amistad con Mariano Rajoy mas que por sus meritos y capacidad, en mi modesta opinión nula, esta señora sin embargo tiene la dudosa capacidad del cinismo que muchos no pican, de sus constantes mentiras, para mentir ella es mas o menos hábil, pero para hacer sus funciones desconozco si es capaz, tampoco creo que quiera que los españoles puedan tener una vida digna, ella se siente muy comodo en su cargo, ella piensa que nada tiene que hacer, está acostumbrada a no trabajar, a vivir de la política, porque la Fatima Bañez en su curriculum no se la conoce ninguna profesión, sus trabajos siempre han sido en cargos políticos, una señora acostumbrada además a vivir acomodada, sus origenes son de una familia acomodada, de una familia rica del pueblo onubense de San Juan de Puerto, ella es la típica señorita andaluza, así con todas las letras.

Pero ella es un engranaje en este plan del PP de hacer a España un país desigual, triste y autoritario, a este gobierno no le interesa que la gente pueda tener su proyecto de vida, ellos saben que mucha gente les va a seguir votando aunque sigan expoliando a nuestro pueblo, que los españoles sólo están pendientes de fútbol y de la telebasura mientras que la gente está distraida ellos quitan derechos y libertades, no le interesa una ciudadanía que puede salir adelante, una ciudadanía culta, activa, les interesa fabricar cortinas de humo con banderitas, porque saben eso les viene muy bien para seguirnos saqueando y engañando, además muchos hooligans peperos en su asquerosa falacía dicen que siempre encontramos peros cuando baja al paro y que nos alegramos cuando sube, una mentira tan asquerosa, nadie se alegra que suba el paro, y por supuesto consideramos positivo que baje el paro, a mi me indigna que suba el paro y cuando bajo lo considero positivo y me alegraría mucho mas, si ese empleo que se crea la gran mayoría es de calidad .

Ahora están preocupados, porque por la derecha el fenomeno Ciudadanos les puede comer la tostada, y ahora ultimamente arremeten contra ellos, pero ellos sin embargo son mas tibios en las críticas al PP.

Paro y precariedad es la realidad de muchos españoles, un horizonte oscuro para mucha gente, pero el pueblo no despierta, ¿Por qué tenemos que resignarnos a estar cada vez peor? ¿Por qué no cambiar? Te pregunto a tí, español y española, ¿Por qué hemos de soportar la realidad de ver tanta gente querer trabajar y no poder? ¿Por qué hemos de pensar que ya es una utopía poder tener estabilidad laboral y poder tener un proyecto de vida? ¿Por qué tenemos que aguantar seguir siendo un “país de camareros” y no fomentar al I+D? ¿Por qué tenemos que aguantar que sigan asfixiando a los autonomos? ¿Por qué lo tenemos que aguantar? ¿Por qué no haceís nada, españoles y españolas?.

Saludos cordiales.