Solvencia del sistema fiscal y sostenibilidad del Estado del bienestar por Guillem López Casasnovas

Fuente: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20191028/articulo-guillem-lopez-casasnovas-solvencia-del-sistema-fiscal-y-sostenibilidad-del-estado-del-bienestar-7704808

La sostenibilidad es un concepto eminentemente político. Depende de la financiación que la sociedad esté dispuesta a dedicarle. Es opinable la presión fiscal que una economía puede soportar. Depende de muchas cosas. También del retorno de los servicios públicos -sus efectos en la creación de renta y riqueza, y así de nuevas bases imponibles-, el contexto internacional en el que la economía compita, el peso de la fiscalidad en el escandallo de costes y la orientación productiva que tiene la economía (los servicios lo soportan mejor que los bienes comercializables).

Más interesante es la ‘solvencia’ de un sistema fiscal, en el sentido de los resortes con los que cuenta la intervención pública para hacer frente a retos económicos y sociales cambiantes. Solventar problemas requiere una mirada amplia: conocer bien la incidencia fiscal y el grado de capitalización de cada actuación financiera o real, mantener una perspectiva de equilibrio general de la economía por las interdependencias que provoca, de un presupuesto equilibrado a las finanzas públicas -ya que nada es a cambio de nada-, a lo largo del ciclo vital ‘inter’ e ‘intra’ generacionalmente de los individuos…

La vía de los impuestos o las tasas

Solventar retos fiscales como el de la sostenibilidad del Estado del bienestar requiere poner el radar en qué parte de las prestaciones se devenga desde la financiación contributiva y en qué de la no contributiva, en la financiación que tiene lógica que vaya a cargo del contribuyente o del usuario. Requiere el conocimiento de la técnica fiscal de actuaciones por la vía de los impuestos o las tasas; de las deducciones fiscales o de los gastos equivalentes; de la financiación ordinaria o extraordinaria. Y finalmente, si la opción de respuesta solvente es la impositiva, no ignorar el exceso de gravamen (la distorsión sobre la eficiencia económica) ligada a cada categoría impositiva, ni el efecto sobre la equidad. De ahí la importancia de valorar los aspectos de bienestar de la imposición cuando se habla del bienestar derivable de nuevo gasto social.

Un aspecto nada despreciable de la nueva fiscalidad solvente para el sostenimiento del Estado de bienestar debe tener base medioambiental y contemplar los aspectos que afectan a los estilos de vida. Y esto no tanto por su capacidad recaudatoria como por su carácter de doble dividendo: de recaudación a cargo del usuario si la demanda se mantiene, o sin generación de ingresos pero ahorrando gasto y mejorando bienestar si cede. Hay que repensar la fiscalidad de todos aquellos patrimonios empresariales no afectados a la actividad societaria. El diferente tratamiento que reciben debido a que gravar beneficios permite encajar deducciones, frente al gravamen de los ingresos de las personas físicas que recoge con dificultad los beneficios en especie que se derivan de la utilización de parte de aquel patrimonio societario, es fuente de inequidades. El impuesto serviría para dinamizar la economía, desincentivando el amansamiento de beneficios y grabando ‘en origen’ aquel patrimonio no afecto a la actividad empresarial.

El impuesto de sucesiones tiene un papel indiscutible, incluso desde posiciones liberales, en toda sociedad que se quiera más justa y meritocrática. Debe gravar incrementos de capacidad económica por renta no ganada. Eximir el primer parentesco puede no ser así suficiente. Hay que sacar deducciones y exenciones supuestamente reparadoras de arbitrariedades que permiten la elusión fiscal que hacen que pague el impuesto quien no debería, ofreciendo un gran argumento a los abolicionistas.

Tópicos sobre fiscalidad y Estado del bienestar

Escribo esto cansado de oír tópicos sobre fiscalidad y Estado del bienestar y con el peligro de unas nuevas elecciones que todo lo agraven, a la hora de ver quién la dice más gorda. Propuestas sociales que no concretan cómo se financiarán, bajadas de impuestos sin especificar qué gasto y para quién se reducirá, dar por hecho que todo gasto social financiado con impuestos es progresiva fiscalmente. También aburre escuchar que hay que aumentar la presión fiscal, pero la de los demás, aceptar políticas de gastar primero y ya veremos después cómo lo vamos a pagar, desde el ‘mantra’ de reducir el fraude fiscal -como si esto fuera una opción y no una obligación-, que querrá decir al final que va a cargo del déficit y deuda, aunque implicando a generaciones futuras. O a suponer que siempre un pago de contribuyente es mejor que la contribución del usuario.

En definitiva, sin hacer un esfuerzo de rediseño tributario, nuestra protección social no podrá hacer frente de manera solvente a las necesidades del bienestar de la gente.

Miles de desempleados se enfrentan de nuevo al endurecimiento en las condiciones de su pensión el 1 de enero

Fuente: https://www.eldiario.es/economia/Miles-desempleados-enfrentan-endurecimiento-condiciones_0_949105244.html

“Estamos en las mismas un año después”. Javier, nombre ficticio de un ingeniero industrial que salió de Telefónica en un ERE, y otros miles de desempleados desde abril de 2013 afrontan con inquietud la recta final hasta enero. Es el momento en el que caduca la prórroga que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez de la llamada “cláusula de salvaguarda”, por la que estos parados de muy larga duración pueden jubilarse con condiciones más ventajosas. Mariano Rajoy limitó esta posibilidad y el Ejecutivo socialista acordó una ampliación temporal a la espera de estudiar el tema. La nueva fecha de caducidad se aproxima y no hay novedades para este colectivo.

“La excusa que nos dijeron el año pasado era que estaban pendientes de unos informes de la Seguridad Social. Ha transcurrido un año y ya ha dado tiempo de sobra a que los estudios se hubieran finalizado”, critica Javier, cuya pensión dependerá de qué ocurra finalmente con la cláusula.

La reforma de las pensiones de José Luis Rodríguez Zapatero de 2011 supuso un endurecimiento de las condiciones y el acceso a la jubilación. Entre otras medidas, la edad ordinaria para jubilarse pasaba de los 65 a los 67 años de manera paulatina, se ampliaban los años de cotización para acceder al 100% de la pensión y se restringía el acceso al retiro anticipado.

Qué es la cláusula de salvaguarda

El Gobierno socialista incluyó entonces la “cláusula de salvaguarda” para blindar a los desempleados: permitía que las personas que habían perdido su empleo antes de la aprobación de la reforma (agosto de 2011) y aquellas que afectadas por ERE o acuerdos de salida ya pactados en esa fecha se pudieran jubilar según la legislación anterior, más ventajosa. Siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación.

Era el caso de Javier, Pilar y Milagros, que salieron de Telefónica en el mismo ERE en 2011 con salarios pactados hasta que cumplan los 63 años, y de Esteban, ingeniero industrial que se quedó sin empleo en 2010 al cerrar su empresa y no logró reengancharse de nuevo al mercado laboral.

De origen, la cláusula de salvaguarda no tenía ninguna caducidad, pero Rajoy la modificó durante su mandato. Por un lado, sumó al colectivo de personas que podían acogerse a la medida a los desempleados y afectados por ERE firmados antes del 1 de abril de 2013. Por otro, puso un límite temporal para beneficiarse de ella: 1 de enero de 2019. Así, solo podían acceder a esta posibilidad los trabajadores que se jubilaran antes de esa fecha, lo que dejó a “miles” de desempleados descolgados, según estiman los sindicatos.

Los sindicatos CCOO y UGT y los colectivos de afectados reclamaron al Gobierno de Sánchez que tumbara la caducidad de la medida, ya que el PSOE se había opuesto a este cambio en el pasado. En el último Consejo de Ministros antes de terminar 2018, el Ejecutivo acordó por decreto una prórroga de un año de la cláusula, hasta el 1 de enero de 2020, que según explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo a eldiario.es, tenía una función temporal hasta que se terminara un estudio encargado a la Seguridad Social al respecto.

Además, durante este año de ampliación, se permite que aquellos que lo deseen se puedan jubilar conforme a la legislación actual. Los sindicatos habían reclamado esta posibilidad debido a que en algunos casos –especialmente de personas con muchos años en paro al final de su carrera– la normativa vigente puede ser más favorable, al tener en cuenta más años trabajados para calcular la pensión.

Sin noticias del informe y sin Gobierno

Diez meses después, no hay resultados del estudio de la Seguridad Social. “En esas llevan todo el año, pero no nos han presentado nada, ningún informe ni cifras de nada”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, que sostiene que el sindicato volvió a insistir la semana pasada en la necesidad de eliminar la caducidad de la medida. Desde UGT, Mari Carmen Barrera recuerda que exigió al Gobierno que la cláusula tuviera una vigencia indefinida, no solo una prórroga de un año.

Fuentes del Ministerio de Trabajo responden que “el INSS [Instituto Nacional de la Seguridad Social] chequeará cuántas personas pueden verse afectadas el 1 de enero” y en función de ello “se valorará si se puede tomar alguna medida”, aunque recuerdan que habrá que esperar al resultado de las elecciones del 10 de noviembre.

El número de afectados, aquellos que se quedaron fuera de la prórroga del Gobierno para este 2019, es “difícil” de precisar, explica Carlos Bravo. En CCOO calculan que son “varios miles”, en cualquier caso “menos de 15.000” personas, que suponían el total que en el sindicato estimaba que podía verse afectado por la caducidad impuesta por Rajoy.

Esteban, por ejemplo, pudo solicitar la jubilación este año porque cumplía 61 años, la edad de acceso a la jubilación anticipada con la cláusula de salvaguarda, y tenía cierta urgencia en percibir la pensión por su situación económica. Por el contrario, Milagros, administrativa de 60 años, este mes suma los 30 años mínimos de cotización para poder jubilarse, “pero como solo tengo 61 años la penalización es mucho más grande que si me jubilara con 63, que era lo firmado” en el ERE.

“Pierdo 2.000 euros de pensión al año”

La pérdida económica en la pensión es lo que lleva también a Javier y Pilar a no haberse jubilado ya. Cuando echaron cuentas para adherirse al ERE, pensaban jubilarse a los 63 años, cuando Telefónica dejaba de pagarles el salario de compensación por su salida. Ahora, para no quedarse fuera de la cláusula de salvaguarda, tendrían que jubilarse con 61 años, con la penalización económica correspondiente.

“En mi caso pierdo un 30% de pensión, unos 2.000 euros brutos al año, es una diferencia muy importante”, explica Javier, según sus cálculos del coste de adelantar más años de lo previsto la jubilación y no tener tantos años cotizados como planeaba. Con la cláusula, podría llegar a la pensión máxima. “Otras personas están aún peor”, recuerda el ingeniero, ya que no cumplen los requisitos mínimos para jubilarse antes del nuevo límite del 1 de enero de 2020 y en un momento dado no recibirán los salarios pactados en el ERE ni la pensión.

Carlos Bravo considera que pese a la dificultad de estar en funciones, el Gobierno podría aprobar un real decreto-ley para mantener la cláusula y evitar estas situaciones, como con la revalorización de las pensiones, siempre que argumente que existe urgencia y necesidad.

Los afectados piden al Ejecutivo en funciones retire el límite temporal. “¿Esto es de extrema urgencia?”, reflexiona Javier. “Es una cosa que finaliza ahora. Los políticos sacan la extrema urgencia cuando le da la gana”.

“Podrían decir que es un real decreto-ley para solucionar una injusticia que le hicimos a estos señores”, añade Pilar como argumento para justificar la normativa. “Hay compañeros que se han podido jubilar con estas condiciones que firmamos por ser mayores mientras que otros no podemos. En el mismo ERE. Eso es discriminación por edad”, lamenta.