La suspensión de Puigdemont evidencia discrepancias en el soberanismo y vuela el pleno

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20180718/45955888980/pleno-parlament-suspendido-discrepancias-junts-per-catalunya-erc-suspension-diputados-puigdemont-llarena.html
IÑAKI PARDO TORREGROSA, Barcelona
El último pleno del Parlament del periodo ordinario de sesiones ha quedado desconvocado por el desacuerdo entre ERC y Junts per Catalunya a la hora de aplicar la suspensión de los diputados procesados por rebelión que Pablo Llarena dictó la semana pasada. La suspensión de Carles Puigdemont ha desatado la bronca entre las dos familias hegemónicas del soberanismo.

En la votación de la reunión de la Mesa de la propuesta de los letrados de la cámara, uno de los miembros de Junts per Catalunya se ha abstenido mientras que el otro ha votado en contra de la propuesta -respaldada por PSC, ERC y Catalunya en Comú Podem- junto con los dos diputados de Ciutadans, aunque por motivos distintos, según fuentes parlamentarias. Los letrados sugirieron, recogiendo la puerta abierta por Llarena en su auto de conclusión de la instrucción, que diputados del mismo grupo parlamentario asuman las funciones de sus compañeros suspendidos.

Después de que en la reunión de la Mesa no se haya desencallado la situación por la suspensión de Puigdemont, se ha convocado a la Junta de Portavoces para tomar una decisión sobre el pleno y finalmente se ha desconvocado sine die con el respaldo de todos los grupos menos Ciutadans y la CUP. El PSC abogó este martes por suspender la sesión del hemiciclo si no había acuerdo del órgano rector de la cámara sobre los diputados procesados. Desde Junts per Catalunya se acusa a Torrent de romper el acuerdo de Govern sobre la suspensión de los diputados, mientras que ERC ha negado que hubiera un pacto previo al pleno.

Quim Torra  con Pere Aragoonés y otros miembros del Parlament a la espera de que arranque la sesión de control este miércoles

Quim Torra con Pere Aragoonés y otros miembros del Parlament a la espera de que arranque la sesión de control este miércoles (Marta Perez / EFE)

Estaba previsto que el pleno que arrancó este martes se retomara a las 10:00 horas con la sesión de control al Govern de Quim Torra, pero se ha retrasado por el choque entre los dos partidos soberanistas en la reunión de la Mesa. Hasta la tarde de este miércoles, no obstante, no debía haber ninguna votación, cuando se debía decidir sobre la prórroga presupuestaria y una modificación de la renta garantizada a petición del PSC.

Fuentes republicanas aseguran que Junts per Catalunya ha sugerido en la reunión del órgano rector que Carles Puigdemont renuncie a su voto delegado de forma temporal -algo que ya hizo Toni Comín cuando se denegó su entrega a España el pasado mes de mayo-; pero desde ERC lo rechazan porque se alterarían las mayorías parlamentarias.

Las premisas básicas de los republicanos -también de los comuns– era que no hubiera renuncias al acta de diputado ni se alteren los guarismos en la cámara catalana, además de que no haya consecuencias jurídicas para los miembros de la Mesa. El PSC, que fue quien pidió el informe de los servicios jurídicos, respaldaba el informe de Joan Ridao y abogaba por la suspensión y la sustitución temporal.

“Hemos constatado la desorientación absoluta de las fuerzas políticas que gobiernan Catalunya”, ha apuntado el líder de los comuns, Xavier Domènech, sobre el voto diferenciado en la reunión de la Mesa de los dos miembros de Junts per Catalunya y sus discrepancias con ERC.

En la reunión de la Mesa, que ha arrancado a las 9:00 horas, el secretario general de la cámara, Xavier Muro, ha advertido que los votos de los procesados no pueden ser contabilizados y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reafirmado su postura que no haya alteraciones en las mayorías ni renuncias al acta de diputado, apuntan fuentes parlamentarias.

En la reunión se ha recalcado el carácter provisional del mecanismo de sustitución temporal de los diputados procesados por los recursos de reforma interpuestos contra el auto de conclusión de la instrucción de la causa del procés, que incluía dicha suspensión, y por las peticiones de libertad de los abogados de los presos soberanistas, cursadas esta semana y que previsiblemente la Fiscalía rechazará aunque se hayan ofrecido medidas menos gravosas o la totalidad del patrimonio de los presos para ser puestos en libertad.

Inés Arrimadas ya anunció este martes que presentarían una petición de reconsideración al acuerdo de la Mesa sobre la suspensión si seguía la línea propuesta por los servicios jurídicos de la cámara y si no se tenía en cuenta, que presentarían un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. La líder del partido naranja ve un “fraude de ley” en esa sustitución temporal y Carlos Carrizosa ha advertido que no aceptarán que se aplique una medida fuera del reglamento parlamentario. El PPC coincide con Ciutadans en que esa sustitución temporal sería un “fraude de ley” y piden a los procesados por rebelión que renuncien al acta.

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La Comisión Europea deberá pronunciarse sobre el ducado de Franco

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/comision-europea-debera-pronunciarse-ducado-franco/20180716155059153965.html

La concesión, por parte de anterior gobierno del PP, del ducado de Franco a la nieta del dictadorCarmen Martínez-Bordiú sigue generando polémica. Tras el requerimiento hecho por IU al rey Felipe VI para que retirase este título y que obtuvo la callada por respuesta, la eurodiputada de esta formación Marina Albiol ha remitido una pregunta por escrito a la Comisión Europea para que se pronuncie acerca de si la concesión del ducado vulnera la legislación europea por apología el fascismo.

Albiol se remite a una Decisión Marco de 2008sobre apología pública de regímenes culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad y se pregunta “qué haría la UE si existiese un ducado de Hitler o de Salazar, o una baronía de Mussolini”, algo “inimaginable” que provocaría “una reacción internacional de condena, puesto que contraviene cualquiera de los principios democráticos suscritos por estos estados”, afirma. Sin embargo, “en España, el Gobierno del PP puede hacer esto con el beneplácito de las instituciones más poderosas del Estado y el silencio cómplice de las instituciones europeas”.

Uno de los primeros puntos del texto citado habla de que se considerarán punibles como delitos penales “la apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal como se define en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículos 6, 7 y 8) y los crímenes definidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o un miembro del mismo”.

Albiol explica en su pregunta por escrito que una de las últimas decisiones del gobierno de Mariano Rajoy fue la concesión de este título, creado “en 1975 por el propio régimen franquista para ensalzar la figura de Francisco Franco”, algo que, en su opinión, “contraviene tanto la propia legislación europea en esta materia como las recomendaciones realizadas por diferentes organismos comunitarios en materia de políticas de memoria”, como las recomendaciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales y los objetivos del Programa Europa para los Ciudadanos 2014-2020.

“¿Considera la Comisión que la existencia de este título nobiliario en el Estado español contraviene la Decisión marco 2008/913/JAI sobre la apología pública de regímenes culpables de genocidio y crímenes contra la humanidad?”, reza la pregunta.

Albiol también hace referencia a otra pregunta que IU formuló en 2016 y a la que la Comisión Europea respondió que estaba manteniendo diálogos bilaterales con los Estados miembros, España inclusive, “para garantizar la correcta transposición y aplicación de esta Decisión Marco de la UE”. La europarlamentaria de IU quiere saber sobre el estado de esas conversaciones y si en las mismas se incluirá la cuestión del ducado de Franco.

Albiol concluye afirmando que el Estado español “continúa ignorando la legislación internacional”, y que “los herederos directos del franquismo siguen ocupando la mayor parte de instituciones y poderes públicos tras décadas de gobiernos conservadores y socialdemócratas y este título es sólo un ejemplo de cómo el Estado español no ha hecho un verdadero proceso de ruptura con su pasado fascista”, y que “los protagonistas de este pasado mantienen sus privilegios”, asegura.

Unidos Podemos propone castigar el acoso callejero y crear un tipo penal para la violación colectiva

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Unidos-Podemos-callejero-violacion-colectiva_0_791620970.htmlUnidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere legislar la violencia sexual con una ley integral de medidas penales, sociales, sanitarias, laborales y educativas. La propuesta, que el grupo confederal ha presentado este miércoles, anula la distinción entre abuso y agresión sexual para crear un tipo único de agresiones sexuales con agravantes y atenuantes. Además, incluye en el Código Penal el acoso en la vía pública y crea un tipo penal especifico para la violación colectiva.

La norma propone un marco integral de sensibilización, prevención, asistencia y reparación de las víctimas al estilo de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. “Es una ley feminista que viene a hacerse cargo de una anomalía machista que se da cuando las mujeres no solamente tienen que demostrar que han sido agredidas, sino que habían opuesto resistencia”, ha explicado la diputada de En Marea Ángela Rodríguez Pam.

Y es que la propuesta, presentada un día después de que el debate sobre la violencia sexual haya vuelto a colocarse encima de la mesa tras las declaraciones de la ministra de Igualdad Carmen Calvo, incide en la reforma que ya ha planteado la comisión dependiente del Ministerio de Justicia que estudia los delitos sexuales: eliminar el abuso sexual.

En el actual Código Penal, la agresión sexual implica violencia e intimidación, no así el abuso sexual, delito con el que la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco miembros de ‘la manada’. El abuso sexual es también el tipo que suele aplicarse actualmente en los casos de violencia sexual hacia los menores cuando es perpetrada por personas del entorno. Es decir, la mayoría.

“Esta diferencia ha tenido dos consecuencias negativas. Por un lado, que sea necesario que la víctima se resista activamente para ser calificado como agresión sexual. Por otro lado, se ha exigido un grado de intimidación muy alto. El tema de la resistencia no está en el Código Penal, pero sí ha sido una interpretación de los jueces. Esto ha supuesto que el foco de atención se centre en demasiadas ocasiones en el comportamiento de la víctima”, ha explicado la penalista Patricia Faraldo, que ha participado en la redacción de la ley.

En este sentido, la norma crea un único tipo penal de agresión sexual que se agrava dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si hay penetración, si la víctima es especialmente vulnerable o si el atentado se acompaña de actos vejatorios o degradantes. Por otro lado, se añade un tipo específico de agresión sexual colectiva, que se prevé para aquellas ocasiones en las que “aprovechándose de la situación objetiva de superioridad manifiesta, en un contexto objetivamente intimidante para la víctima, dos o más personas realizan conjuntamente” actos constitutivos de agresión sexual.

La justificación de crear una figura para ello, explica Faraldo, es “clarificar el tratamiento y fomentar una aplicación unívoca” porque “hay una jurisprudencia muy variada que no ha venido a resolver la cuestión”. Actualmente la violación en grupo se tipifica como agravante de las agresiones sexuales (aunque no existe para los abusos sexuales), pero la participación de varias personas ha dado lugar a casos en los que se tipifica como delito continuado o en otras ocasiones se condena a una como autor y el resto cooperadores necesarios.

La norma también propone incorporar en el Código Penal un artículo que tipifica como delito leve el acoso en la vía pública, que castiga “con pena de multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días el que se dirija a una persona en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria”.

El pasado mes de mayo la Asamblea francesa aprobó una ley de violencias sexuales que también castiga estas conductas, sin embargo, lo circunscribe a sanciones administrativas. En este caso, Unidos Podemos propone regularlo por la vía penal, es decir, serán hechos denunciables y se contarán con los medios de prueba habituales en el Derecho Penal.

Un marco integral

La ley del grupo confederal diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas.  La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. 

En este sentido, Unidos Podemos incluye en su ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que actualmente solo llevan casos de violencia de género, amplíen competencias y se especialicen también en violencia sexual.

La norma recoge todos los tipos de violencia sexual con independencia del grado de relación que tengan la víctima y el agresor. Por otro lado, los derechos que contiene  y que hacen referencia a esta reparación integral (información, atención psicológica y especializada, asistencia jurídica gratuita…) no dependerán de si la mujer ha denunciado o no. Es decir, la puerta de entrada al sistema de protección integral no será la judicial, sino que se habilitarán otras fórmulas alternativas, como tener un informe de Servicios Sociales o de servicios sanitarios. 

Por otro lado, diseña todo un abanico de medidas destinadas al ámbito laboral, sanitario, educativo, militar o social para todas las mujeres, incluso las migrantes en situación irregular. Tras ser registrada esta mañana, habrá que ver el trámite parlamentario que sigue a la espera de que sea tomada en consideración en el pleno: “Cada vez el consenso y la respuesta social es mayor y esperamos que eso se materialice en la cámara”, ha hecho hincapié Sofía Castañón, diputada y secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos.

 

PSOE y Podemos se quedan a 26 votos de la mayoría que precisan para renovar RTVE

Fuente:www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/02/psoe_podemos_quedan_votos_para_sacar_adelante_lista_consejo_rtve_84659_1012.html

El pleno del Congreso no alcanza la mayoría de dos tercios necesaria en primera votación por lo que tendrá que realizar una segunda vuelta en 48 horas: entonces se precisa una mayoría absoluta y el respaldo de al menos cuatro grupos
Ni los seis candidatos propuestos por el PSOE, Unidos Podemos y PNV -en la que proponen a Tomás Fernando Flores como presidente-, ni la lista del PP -que apuesta por Eladio Jareño para la Presidencia de la corporación- han contado con el apoyo necesario

“No llevamos seis años de lucha para esto”, advierten los trabajadores de RTVE ante el nombramiento de nuevo presidente

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“No llevamos seis años de lucha para esto”. La frase resume el malestar generalizado que se respiraba en la mañana de este viernes en Torrespaña. La noticia de que el periodista de eldiario.es Andrés Gil será el nuevo presidente de RTVE ha llenado primero de estupor, y enseguida de indignación a buena parte de la plantilla que realiza la protesta de #ViernesNegro por décima semana consecutiva. Según ha podido contrastar infoLibre, se trata de una reacción transversal en el sentido de que, con distintos matices, es compartida por trabajadores a título individual, colectivos como #MujeresRTVE, y órganos de representación de los periodistas.La indignación se mezclaba con la decepción. “Traer a un presidente que no sabe ni de tele, ni de radio, ni de gestión de empresa pública, ni de la Casa… eso sí, es el candidato de un partido. No se enteran. Y querían que terminaran los #ViernesNegros; ¡Qué negrura más grande!”. Otros se preguntaban si no había alguien capacitado entre los 6.400 miembros de la plantilla. En un tono de lamento, Alejandra Martínez, miembro del Consejo de Informativos de RNE, escribió en su cuenta personal: “Sin restar méritos a la persona, y asumiendo que todo el mundo merece una oportunidad, yo habría cuidado más el nombramiento. Habría evitado perfiles fácilmente identificables con sensibilidades políticas. Nuestra pelea de años por la independencia lo merecía

Tanto en conversaciones con este medio, como a través de las redes sociales, las opiniones ya se avanzaban en la madrugada cuando #MujeresRTVE escribía “Arranca ViernesNegro10 con un mensaje muy claro: “RTVE ni es un juego ni una moneda de cambio. La queremos despolitizada, la queremos profesional la queremos de todos y de nadie. ¿Tanto cuesta entenderlo”.

Un concepto, el de “mérito”, que aparece tres veces en el mensaje, hacía reflexionar a otro de los interlocutores de infoLibre: “No me imagino al designado sometido al escrutinio del Parlamento; ¿qué respuestas dará cuando se le pregunte por sus méritos, su experiencia de dirección y gestión, su cualificación para conducir la mayor empresa de comunicación del país, que además pertenece al conjunto de los ciudadanos?”.

Desde los tres Consejos de Informativos de RTVE no se ha producido, a la hora de escribir esta información, una reacción colegiada. No obstante, fuentes de esos organismos de representación trasladan a este diario sensaciones similares a las ya reflejadas. “Nuestro papel se centra de manera prioritaria no en la persona del presidente de la Corporación, sino en quién vaya a dirigir los Informativos; cierto es que nos pronunciamos de manera negativa cuando se produjo el nombramiento de José Antonio Sánchez, pero en esa ocasión se trataba de una persona de la que teníamos los peores augurios por su gestión tanto en la propia RTVE como en Telemadrid. Ahora estamos expectantes ante la designación del responsable directo de los Informativos; cuando se produzca, someteremos el nombre a referéndum de la redacción; ya sabemos que, por ley, el resultado de la votación no es vinculante, pero queremos y esperamos que vincule a quienes hayan intervenido en el nombramiento; no se puede producir, como ocurrió con Gundín, que desempeñe el cargo alguien que no llegue al cuatro por ciento de apoyos”.

PSOE y Podemos han negociado en solitario

El nombramiento del periodista Andrés Gil se cerró en la tarde de este jueves, y es fruto de una serie de desencuentros entre los encargados de la negociación por parte de PSOE y Podemos. El equipo del primer partido estaba compuesto por Iván Redondo,Adriana Lastra y Rafael Simancas, y el de Podemos por Noelia Vera y Juan Manuel del Olmo, jefe de gabinete de Pablo Iglesias. El primer encontronazo se produjo el pasado miércoles, cuando se supo, a través de El País, que el PSOE proponía al periodista Arsenio Escolar, un nombre que Podemos rechazaba de manera tajante, mientras mostraba su enfado por la filtración de las negociaciones. En ese momento, la formación que dirige Iglesias propuso a Ana Pardo de Vera, directora del diario digital Público, precisamente el medio que destapó los polémicos viajes entre Canarias y la península a cargo del Senado del entonces presidente extremeño José Antonio Monago, que tenía como primer consejero a Iván Redondo, ahora Director de Gabinete del presidente del Gobierno.

Ambos profesionales quedaron así aparcados, mientras, en paralelo, se producían conversaciones entre el propio Pablo Iglesias y el presidente, Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a las negociaciones dejaban entrever que el pacto inicial dejaba en manos de Podemos la propuesta de un nombre para la Presidencia de RTVE, que debía ser aceptado o consensuado con el PSOE, hecho que ocurría hace menos de 24 horas y que se encarnaba en la persona de Andrés Gil, redactor jefe de política de eldiario.es, y que fue antes subdirector del diario ADN y trabajó en El País y PRISA revistas. En ese planteamiento de colaboración estaría previsto que Podemos llevaría la voz cantante en cuanto a la programación y el PSOE diría la última palabra en la designación de la cúpula de Informativos.

Mientras tanto, en todos los centros de RTVE se desarrolla la jornada de movilizaciones autodenominada #ViernesNegro, y en esta su décima semana se suceden las expresiones de condena a lo que se considera un “pasteleo”. Se sigue exigiendo un consenso general de todas las formaciones y se clama por “una RTVE de todos y para todos“. Muchos ponen su única esperanza en el concurso público, pero en todos hay un sentimiento de frustración e indignación. El próximo lunes, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha convocado sesión plenaria de la Cámara para la elección de los seis miembros del Consejo de Administración que han de ser elegidos por dos tercios de los diputados, en primera votación, y, si no se alcanzara ese número, por la mayoría absoluta y el apoyo de cuatro grupos parlamentarios.

A esta hora, para los trabajadores de RTVE lo que podría haber sido el inicio del desbloqueo y comienzo de una etapa de independencia profesional parece casi una utopía. Se termina, sí, con seis años de deterioro y manipulación informativa, pero no con la dependencia política, sea de uno u otro signo. “¿Para esto hemos luchado seis años?“, se repite con indignación en Torrespaña.

La sección sindical estatal de UGT en CRTVE ha mostrado su indiganción por la decisión. A su juicio, con este nombramiento “se vuelve a buscar un perfil que no es el más adecuado para dirigir unos canales de radio y televisión como los que RTVE representa”. “Si queremos una RTVE despolitizada ¿por qué no se busca entre los trabajadores y trabajadoras de RTVE con una amplia experiencia en radio y televisión que vienen luchando por la pluralidad y no por ningún sesgo en nuestra radiotelevisión pública?”, han expresado a través de un comunicado.

Pedro Sánchez sigue adelante con el acercamiento de presos de ETA y el diálogo con Catalunya pese a los ataques de PP y Cs

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ETA y Catalunya. La estrategia de oposición de la derecha española con el recién estrenado Gobierno socialista es casi idéntica al machaque al que sometió el PP a José Luis Rodríguez Zapatero con esos dos mismos asuntos. Ahora hay un actor nuevo, Ciudadanos, y escenarios diferentes en Catalunya, donde hubo hace unos meses una fallida declaración de independencia, y en Euskadi, donde ETA se ha disuelto. El “talante” que enarbolaba entonces Zapatero lo ha sustituido el nuevo Ejecutivo por “distensión”. Pedro Sánchez sigue adelante con su plan, a pesar de los ataques.

El presidente se ha sometido a dos sesiones de control desde que llegó a Moncloa y las preguntas del portavoz del PP, Rafael Hernando, han ido en la misma dirección: conocer los pactos detrás de la moción de censura con las que les arrebató el poder. Alentar la connivencia del nuevo Ejecutivo con los nacionalistas se ha convertido en el eje central de las intervenciones del ahora principal partido de la oposición.

En el primer cara a cara, Hernando llegó a reprochar a Sánchez el levantamiento de la supervisión de las cuentas de la Generalitat, que estaba ya prevista con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Si hay que decir que Catalunya es una nación, se dice; si hay que tragarse los insultos a los españoles por parte de Torra, se tragan; si hay que trasladar presos y humillar a las víctimas de ETA, pues se hace; si tiene que aceptar de nuevo las embajadas hispanófobas en Europa, pues se aceptan”, le ha dicho Hernando, que ha centrado sus ataques por la intención del Gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles de Euskadi. Hernando ha acusado la presidente de “estar dispuesto a pagar a los terroristas”. El PP acercó a etarras a prisiones próximas a Euskadi cuando estaba el poder.

Pero Sánchez ha insistido en que el nuevo tiempo que se abre tras la disolución de ETA conlleva el estudio de una nueva política penitenciaria y, aunque ha asegurado que esta será “empática” con las víctimas, no está en su agenda prioritaria reunirse con ellas. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que minutos más tarde de que Hernando y otros diputados del PP airearan el apoyo de los “amigos de ETA” al gobierno socialista, confirmaba que el acercamiento se llevará a cabo y daba detalles: primero se moverá a enfermos terminales y presos mayores de 70 años. El grado de cumplimiento de las penas así como el repudio al terrorismo serán cuestiones tenidas en cuenta en esa nueva política individualizada y que aún no tiene plazos.

Ciudadanos, que también ha reprochado el uso de la política penitenciaria como “moneda de cambio”,  ha cargado contra Sánchez por otros gestos al nacionalismo: “Anunció que querían plantear por primera vez en democracia la ruptura de la caja de la Seguridad Social”, le ha dicho Albert Rivera –cuya pregunta iba a ser sobre una posible subida de impuestos– sobre la intención del Gobierno de analizar con la lehendakaritza la transferencia de algunas competencias. No obstante, en Moncloa ven “muy complicado” entrar en una de las reclamaciones de Iñigo Urkullu: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

“Cuando se renueve la vieja derecha, ¿dónde va a quedar usted? –le ha contestado Sánchez–. Está mimentizándose con el PP. Miente como mienten ellos”. “Señor Rivera, voy a cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Guernica. Lea el Estatuto de Guernica y sabrá qué competencias se pueden transferir y cuáles no”, le ha contestado. Los gobiernos central y vasco crearán un grupo de trabajo para analizar esas transferencias.

Respecto a Catalunya, PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de “pagar un precio” por llegar a Moncloa apoyado por los independentistas. “Cuando hable con Torra, que tenga muy claro que está hablando, dialogando y pactando con el separatismo, no con Catalunya”, ha advertido Inés Arrimadas al presidente del Gobierno.

Sánchez dejó claro que solucionar el conflicto territorial era una de sus prioridades desde el Ejecutivo y ha apelado al diálogo y la distensión desde el principio. De hecho, anunció su intención de reunirse con el presidente catalán. No obstante, para evitar conflictos, Moncloa decidió que la ronda de reuniones con los líderes autonómicos fueran en “estricto” orden de aprobación de los estatutos. Eso situó a Urkullu y Torra a la cabeza. Los siguientes serán Alberto Núñez Feijóo y Susana Díaz.

El Gobierno ofrece a la Generalitat reunirse en la comisión bilateral, estudiar 45 reivindicaciones que Carles Puigdemont hizo a Rajoy (queda fuera la posibilidad de celebrar un referéndum), retirar algunos recursos interpuestos por el anterior gobierno  contra leyes del Parlament y está dispuesto a restaurar los elementos del Estatut declarados inconstitucionales. Sin embargo, en Moncloa ha crecido el escepticismo ante la tardanza por parte del Govern de hacerles llegar las propuestas así como por que la única que ha trascendido es que Torra pondrá sobre la mesa el referéndum pactado. Esa es la línea que Sánchez no está dispuesto a traspasar.

Además, ERC está amagando con desmarcarse del Gobierno, que tiene una exigua mayoría en el Congreso, e incluso amenaza con no apoyar el decreto para la renovación de RTVE por la posición del PSOE en la votación de una moción que reclamaba diálogo “sin condiciones ni renuncias”. Los socialistas plantearon una enmienda que hablaba de “diálogo abierto” con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en busca de soluciones “acordadas y democráticas”. Para ERC no era aceptable esa redacción.

A ERC también le molestaron las palabras del presidente desde Berlín en las que aseguraba que había que “pasar página del 1-O”. Joan Tardà ha avisado a Sánchez de que la relación estaba “deteriorada”. El presidente ha intentando limar asperezas y ha explicado que se refería a la necesidad de abandonar la vía unilateral.

A pesar de los ataques de la derecha y de las advertencias de los independentistas, Sánchez ha mantenido su emplazamiento a un diálogo entre las partes, aunque ha admitido que el problema no se resolverá en esta legislatura: “Las cosas han cambiado. No tienen enfrente a un Gobierno que va a usar el agravio para tener votos”, ha señalado Sánchez, que se ha mostrado esperanzado en abrir un “diálogo abierto y sincero” que pueda restañar “heridas”.

El Congreso abre la puerta a la primera ley de eutanasia sin el apoyo del PP

Fuente: Acceda al artículo completo aquí

La proposición de ley ha sido sólo rechazada por los conservadores, que sostienen que llevar esta normativa a trámite es admitir la “derrota” profesional, política, médica y social ante los enfermos
Será el propio paciente con una discapacidad “grave”, un sufrimiento físico y psíquico “intolerable, insoportable e irreversible”, una “altísima” dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia.
infoLibrecontacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 26/06/2018 a las 18:03Actualizada el 26/06/2018 a las 18:04

Sindicatos y patronal pactan un alza salarial de hasta el 3% y sueldos mínimos de 1.000 euros en los convenios

Fuente: Enlace a artículo en Infolibre

Los agentes sociales piden al nuevo Gobierno que modifique la reforma del sistema de formación que en 2015 les apartó de la gestión de las subvenciones
El resultado contable de las empresas creció un 9,16% en 2017, el doble que la renta bruta de los hogares, según la Agencia Tributaria

 

Las propuestas sobre migraciones y asilo que no debatirán los líderes europeos

Fuente:http://www.publico.es/sociedad/cumbre-europea-inmigracion-propuestas-migraciones-asilo-no-debatiran-lideres-europeos.html

 

Italia ha conseguido lo que quería cerrando sus puertos a las ONG de rescate en el mar: que el debate sobre la política migratoria y de asilo de la Unión Europea vuelva a estar en el foco mediático y en la agenda política de Bruselas. Y lo ha logrado, además, dando un giro xenófobo a las demandas de que Europa debe compartir la carga de las llegadas de personas a través del Mediterráneo.

Bajo la realidad de que Italia soporta prácticamente en solitario la “presión migratoria” hacia el viejo continente, ha logrado articular alianzas extremistas a su discurso antiinmigración desde Alemania hasta Hungría, hasta el punto de que el Consejo Europeo ha preferido poner sobre la mesa una nueva medida para mantener el problema lejos de nuestras fronteras en lugar de debatir sobre un modelo de acogida y gestión más solidario. Así es como se ha convertido en realidad el debate sobre las “plataforma regionales de desembarco”, los centros de concentración de inmigrantes en países exteriores a la UE donde diferenciar entre posibles solicitantes de asilo e inmigrantes por causas económicas, a los que se cerraría la fortaleza Europa.

Sin embargo, durante la cumbre informal de líderes europeos de este domingo para intentar aunar posturas de cara al Consejo Europeo del próximo jueves y viernes volverá a hablarse más de seguridad y de control de flujos, de externalización y blindaje de fronteras y mucho menos de sistema de cuotas y políticas de asilo, refugio e integración.

Frente a este discurso imperante, las organizaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos llevan tiempo clamando por un giro en la política europea sobre inmigración, unas recomendaciones que han sido ignoradas una y otra vez, convirtiendo las migraciones en una enorme bola de nieve que ahora se pretende bloquear en países africanos donde no se respetan los derechos más elementales de la personas. Entre las propuestas que no se debatirán en la cumbre están, entre otras, las siguientes:

Operativo específico de rescate a nivel europeo

Conscientes del vacío institucional, han sido las ONG las que han tomado las riendas de los rescates en el Mediterráneo Central desde 2015, después de que Italia se viera obligada a cancelar la operación Mare Nostrum por el alto coste económico y la negativa de Bruselas a costearla. Desde entonces, desde Europa sólo se han puesto en marcha operativos militares de control y de lucha contra las mafias del tráfico de personas, mientras las muertes en el mar se disparaban.

Desde 2015, organizaciones como Médicos Sin Fronteras han reclamado un operativo europeo de rescate en la zona, sin embargo, la deriva italiana ha sido la criminalización de las ONG, los acuerdos con Libia para que sus guardacostas bloqueen e intercepten las pateras y, ahora, el cierre de puertos a los barcos de rescate.

De ahí que las última peticiones, tanto de MSF como de otras ONG de rescate como Proactiva Open Arms, incluso la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) hayan pedido que se fuerce a Italia a aceptar lo barcos, tal y como obliga el derecho internacional y el marítimo, y también la apertura del puerto seguro más cercano.

Dejar de externalizar de fronteras fuera de la UE

La idea de los campos de migrantes fuera de la UE ha sido muy criticada, por ejemplo, por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Una de sus portavoces calificó idea de crear grandes CIEs en África como una iniciativa “terrible”, que avanza “hacia el modelo australiano”, donde los inmigrantes y refugiados son encerrados durante un tiempo indefinido en tres islas.

Sin embargo la propuesta no es tan novedosa. Organizaciones como Amnistía Internacional u Oxfam Intermón, así como partidos políticos englobados en el grupo de la izquierda del Parlamento Europeo llevan tiempo criticando que la UE o alguno de sus países miembro compren el bloqueo y detención de migrantes a otros países como Libia o Turquía, los ejemplos más recientes. Aunque también se han llegado a acuerdos con Níger, Marruecos o Argelia. De hecho, el primer país en poner en práctica esta política de externalización de fronteras fue España, durante la crisis de los cayucos de 2006 a Canarias. El Gobierno de Zapatero acordó con Senegal y Mauritania un patrullaje conjunto de sus aguas y devolución de los migrantes interceptados, medidas que siguen aplicándose hasta hoy día.

El mayor problema es que en la mayoría de estos países no se respetan los derechos humanos. Libia es el caso paradigmático, donde en sus campos de detención hay torturas, esclavitud, abusos sexuales, ejecuciones sumarias de personas y un sinfín de vulneraciones, tal y como han alertado, entre otros, el Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Vías legales y seguras

La reivindicación más clara y contundente de la totalidad de ONG ante el drama migratorio ha sido la creación de vías legales y seguras para que las personas afectadas por conflictos, persecución o crisis humanitarias puedan llegar a Europa sin tener que jugarse la vida en el mar. Además, explican ONG como CEAR u Oxfam, esta medida acabaría totalmente con el negocio de las mafias del tráfico de personas, el único recurso de los migrantes y refugiados para poder pedir asilo en un país seguro tras el cierre de las fronteras

La lucha contra la mafias ha centrado gran parte del discurso europeo sobre migraciones, sin que por el momento, haya tenido resultados satisfactorios. Las ONG creen que sería mucho más eficaz habilitar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de países europeos y facilitar la emisión de visados humanitarios.

Cumplimientos de cuotas de acogida de refugiados

Sin embargo, la petición más básica es que los Estados de la UE cumplan sus propias promesas. Tras la llamada crisis de los refugiados de Oriente Próximo, cuando se produjo el mayor éxodo de personas desde la Segunda Guerra Mundial, además de levantar vallas en nuestras propias fronteras internas para frenar las llegadas, la UE estableció un sistema de cuotas de acogida de personas. Sólo lo hizo después de que la foto de Aylán, el niño sirio que apareció ahogado en la costa de Turquía, diera la vuelta al mundo.

Así, los Estados de la UE tenían que acoger de forma obligatoria a 98.255 personas llegadas a Grecia e Italia antes del 26 de septiembre de 2017. Ningún país ha cumplido la cuota a día de hoy, cuando se han reubicado sólo 34.694. 22.005 desde Grecia y 12.689 desde Italia, que es precisamente una de las razones de la ofensiva italiana, que además abogaba por reformar (cuando no acabar) con el reglamento europeo de asilo, el reglamento de Dublín, que establece que los solicitantes de asilo solo pueden pedirlo en el primer país europeo que registró sus huellas dactilares, por lo que la mayoría recaen en Italia, España y Grecia, países de desembarco de pateras.