El Gobierno cambiará la ley para que el banco pague el impuesto hipotecario

Fuente: https://elobrero.es/nacional/item/20837-el-gobierno-cargara-a-la-banca-el-impuesto-hipotecario-pese-fallo-del-supremo.html

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, tras la polémica decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para “que nunca más los españoles paguen este impuesto”, se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Respecto a una posible supresión de esta tasa, ha reiterado que la voluntad del Gobierno es la de atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario, no su eliminación, por lo que, ha dicho, quien quiera hacerlo deberá primero hablarlo con los presidentes autonómicos, al tratarse de una competencia trasferida.

En palabras de Sánchez, “la voluntad del Gobierno es garantizar la seguridad jurídica” en pos de la ciudadanía, motivo por el cual ha destacado su compromiso por “garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados”, y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes.

Esta mañana el presidente del Ejecutivo se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del alto tribunal, que ayer dio marcha atrás y ratificó la doctrina vigente hasta el pasado 16 de octubre que carga al cliente con un impuesto que, para una hipoteca media, supone un coste de alrededor de 1.500 euros.

“Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana el poder ejecutivo”, ha aseverado con rotundidad, antes de señalar que si bien Moncloa “respeta la labor y la independencia” de la magistratura, lamenta la situación generada por la rectificación del Supremo al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.

No obstante, se ha dirigido a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el alto tribunal el próximo sábado, y ha recordado que aunque cada partido es libre de hacer su oposición como considere, debe hacerse en las instituciones.

Tras casi 16 horas de deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13, el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordó desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Los detalles del fallo se conocerán en los próximos días.

Las asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes “engañosos y alarmistas” para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de “anómala y extraña”, y avanzaba su intención de impugnarla “en España y en Europa”.

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce “si tienen capacidad o no” al tratarse de un tema fuera de su competencia.

 

 

EL SUPREMO RESUELVE, POR 15 VOTOS A 13, QUE SEA EL CLIENTE QUIEN PAGUE EL IMPUESTO HIPOTECARIO

Fuente: https://elpais.com/economia/2018/11/06/actualidad/1541508837_018957.html

El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás: el impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el cliente. La decisión la tomó este martes el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras dos días de intenso debate y por solo dos votos de diferencia: 15 magistrados a favor de que pague el cliente y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre y que cambiaba la jurisprudencia que había mantenido hasta ahora el alto tribunal. Esta modificación brusca de criterio de hace tres semanas sobre la jurisprudencia vigente durante más de 20 años había sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el sector partidario de volver a la antigua doctrina. El presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, inclinó con su voto la balanza a favor de esta tesis.

Las tres semanas de caos jurídico a cuenta de a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados han dejado partido por la mitad al pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo. 28 magistrados se han reunido durante 15 horas (divididos en cuatro sesiones de mañana y tarde en dos días) para decidir si mantenían el criterio fijado el pasado 16 de octubre por una sentencia que estableció que el sujeto pasivo de este tributo (quien debe pagarlo) es el banco, en contra de la jurisprudencia consolidada durante más de dos décadas por el Tribunal Supremo. Ese fallo causó fuertes caídas en Bolsa de los bancos.

La fractura entre los defensores de una y otra postura se evidenció nada más empezar la deliberación y se confirmó con el resultado final: 15 votos a favor de revocar la nueva jurisprudencia y, por tanto, que sigan pagando los clientes, frente a 13 partidarios de mantenerla y que pague el banco el impuesto. El resultado más ajustado posible y que muestra la oposición de buena parte de la sala a cambiar una jurisprudencia recién estrenada y que había sido fijada por la sección experta en impuestos. Al pleno no han asistido además, por diversos motivos, tres de sus 31 miembros, lo que ha dejado la sensación entre muchos magistrados de que el fallo, aunque legítimo, es más controvertido si cabe por la exigua mayoría. Las sentencias con los argumentos de los magistrados (revisaban tres casos por lo que habrá tres resoluciones), se conocerán en los próximos días.

La deliberación comenzó el lunes y, tras ocho horas y ante la falta de acuerdo, los magistrados se emplazaron a ayer por la mañana. La reunión empezó como había acabado la del día anterior: con posturas enfrentadas entre los partidarios de mantener el nuevo criterio y los defensores de revocarlo. Antes del receso para comer, habían tomado la palabra 14 miembros del pleno cuyas intervenciones evidenciaron la ruptura de la sala. No había una mayoría clara hacia una postura u otra aunque la balanza a esa hora parecía inclinarse hacia los partidarios de mantener la jurisprudencia establecida hace dos semanas. Los argumentos de este sector, encabezados por los cinco magistrados que suscribieron el cambio de criterio de la sentencia del 16 de octubre, incidieron en que el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque solo con esa inscripción podrá después ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos.

Sin razones para el cambio de criterio
Buena parte de los magistrados defendía, por el contrario, que había que dejar de lado la decisión del 16 de octubre y volver a la jurisprudencia que estaba consolidada en el Supremo y que establecía que debía pagar el cliente que firma la hipoteca. Para este sector, no había ninguna razón jurídica que justificara el cambio de criterio.

Cuando los magistrados pararon para comer, solo quedaban por intervenir cinco de los 28: el presidente, Luis Díez-Picazo, y los cuatro miembros más antiguos de la sala. Las posturas estaban tan ajustadas que sus pronunciamientos podían inclinar la decisión en uno y otro sentido. Y eso fue lo que acabó ocurriendo. Las fuentes consultadas señalan que fue Díez-Picazo quien inclinó definitivamente la votación a favor de que el impuesto se impute a quien firma el préstamo. Él era el último en votar y cuando llegó su turno el resultado era de 14 votos a favor de esta opción y 13 en contra. El presidente de la sala, que hace dos semanas adoptó la insólita decisión de elevar al pleno la jurisprudencia recién establecida para someterla a revisión, decidió volver a la antigua jurisprudencia y que sea el cliente el que pague el tributo.

 

Hasta ese momento, Díez-Picazo, según estas fuentes, se había mostrado partidario de mantener el nuevo criterio, pero cerrando la puerta a que tuviera efectos retroactivos. Esta opción estuvo a punto de prosperar a través de una enmienda transaccional propuesta por la magistrada Pilar Teso para buscar un consenso entre las dos posturas.

Enmienda fracasada

Se trataba de ratificar que el impuesto debía pagarlo el banco pero solo a partir de ahora, sin posibilidad de retroactividad, para evitar una previsible avalancha de recursos de clientes con hipotecas ya firmadas. Esta enmienda se llegó a votar, pero perdió por 17 a 11. Algunos miembros del pleno, según las fuentes consultadas, pidieron abrir un debate sobre la retroactividad, pero Díez-Picazo (que había votado a favor de la enmienda fracasada) lo rechazó y precipitó directamente la votación sobre si se mantenía la nueva jurisprudencia o se volvía a la antigua. Esta postura del presidente fue recibida con duros reproches por parte de algunos miembros del pleno.

Con la votación en marcha, los magistrados asumieron que la ruptura era inevitable. Los defensores de revocar la nueva jurisprudencia vencieron por la mínima y, por primera vez, el Supremo revoca su propia doctrina tres semanas después de establecerla.

Algunos magistrados partidarios de la opción que acabó imponiéndose recalcaron durante su intervención que los recursos que estaban revisando no enfrentaban a la banca y los consumidores, sino a la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid, frente a esta Comunidad autónoma y el Estado. Estas dos administraciones eran las “perjudicadas” por el nuevo criterio y, según señaló algún miembro del pleno, si se les obligaba a devolver el dinero del impuesto se les generaría un agujero de miles de millones de euros, lo que acabaría repercutiendo en servicios básicos como la sanidad o la educación.

LA BANCA VE PRESERVADA LA SEGURIDAD JURÍDICA
Las patronales de bancos y cooperativas alabaron la decisión del Tribunal Supremo, al considerar que esta “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”. En un comunicado, el sector destaca que el alto tribunal ha confirmado que el prestatario es el que paga el impuesto, algo que “venía ocurriendo hasta ahora” y que está “de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años”.Este sector también dio por seguro que si se imputaba el impuesto a los bancos, estos iban a subir los tipos de las hipotecas, por lo que el cliente no iba a beneficiarse del cambio de jurisprudencia.

Algunos magistrados dejaron también constancia de que los partidos políticos pueden en el Congreso cambiar la ley cuando quieran y eliminar o modificar el impuesto de las hipotecas.

 

La sentencia del Supremo sobre las hipotecas alarma a la banca y abre esperanzas entre los usuarios

Fuente:https://www.infolibre.es/noticias/economia/2018/10/19/la_sentencia_del_supremo_sobre_prestamos_hipotecarios_alarma_sector_bancario_abre_esperanzas_entre_los_consumidores_87895_1011.html

 

Las personas que hayan firmado un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años podrán reclamar directamente la devolución del tributo a las diferentes haciendas autonómicas
El fallo provoca el desplome en Bolsa de los bancos, que podrían tener que desembolsar miles de millones de euros ahorrados durante los últimos años.
Álvaro Sánchez Castrilloascastrillo@infolibre.es @Alvarosancas

Banco Sabadell ocultó a la CNMV un préstamo de 200 millones a una firma panameña de su mayor accionista

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Banco-Sabadell-CNMV-Gilinski-accionista_0_625038423.html

El Banco Sabadell ha ocultado durante años en sus cuentas anuales y, por ende, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesión en 2013 de un préstamo de 270 millones de dólares (unos 201 millones de euros, al cambio de entonces) a una sociedad panameña del que luego fue su mayor accionista, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski.

Los pormenores del préstamo se negociaron a principios de septiembre de 2013, en vísperas de que Gilinski inyectase a la entidad 275 millones de euros a través de una macroampliación de capital con la que tomó un 5% de las acciones del banco, porcentaje que luego amplió hasta el 7,5%.

La cuantía y las fechas en las que se negoció el préstamo sugieren que Gilinski, una de las mayores fortunas de Colombia, pudo recibir con ese crédito millonario asistencia financiera del Sabadell para suscribir esa ampliación de capital, algo que el banco niega categóricamente.

El Banco de España puede obligar a las entidades, en virtud de una circular de 2008, a descontar de sus recursos propios el importe suscrito en una ampliación de capital obtenido con financiación proporcionada por el propio banco.

El crédito, según un “borrador” al que ha tenido acceso eldiario.es que fue remitido por la sucursal del Sabadell en Miami a Jaime Gillinski el 4 de septiembre de 2013 (cinco días antes de anunciarse la entrada del inversor colombiano), tenía como objetivo “financiar la expansión” de las empresas del magnate en América Latina y aportar financiación al macroproyecto inmobiliario Panamá Pacífico, impulsado por Gilinski en ese país caracterizado por la opacidad financiera, al que está muy vinculado desde hace décadas: allí nació su esposa, Raquel Kardonski, y desde allí controlaba su participación en el Sabadell a través de su sociedad Colden Investments.

Borrador del contrato de préstamo presentado a Gilinski cinco días antes de darle entrada en su capital.
Borrador del contrato de préstamo presentado por Sabadell a Gilinski cinco días antes de darle entrada en su capital.

La CNMV obliga a las empresas cotizadas, en cumplimiento con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) número 34, a detallar en sus cuentas anuales “aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad”.

Pese a superar los 200 millones de euros, cifra que supone más de un 4% de la cifra de negocios del Sabadell en 2013 (ese año, el banco ingresó 4.863,1 millones en concepto de intereses y rendimientos asimilados, un 2,6% más que en 2012), el préstamo a Gilinski no aparece en las cuentas de Sabadell de 2013, 2014, 2015 y 2016, años en los que el colombiano fue su mayor accionista.

De la lectura de los estados financieros del banco en esos años se interpreta que el Sabadell omitió esa información por considerar que se trató de una operación efectuada “en condiciones de mercado” y “dentro del tráfico habitual de la sociedad”.

El banco sí informó en su momento de dos operaciones con Gilinski por un importe muy inferior al de ese préstamo: la compra, anunciada en diciembre de 2013, de un pequeño banco en Florida propiedad del multimillonario, JGB Bank (por 36 millones de euros), y la adquisición de un 5% del banco de Gilinski en Colombia, GNB Sudamericas, por 50 millones de dólares.

Sabadell todavía conserva el 5% de GNB Sudamericas, séptimo grupo bancario de Colombia con presencia en Perú y Paraguay, pero hace unas semanas vendió su negocio minorista en Estados Unidos (incluyendo JGB Bank) por unos 1.000 millones de euros.

A preguntas sobre este asunto, un portavoz del Sabadell señala que el banco no comenta “operaciones de clientes” y recalca que el préstamo “no es para comprar acciones, ni consume capital, ni tiene que reducir los recursos propios” de la entidad.

El préstamo a Gillinski, según el borrador remitido por Sabadell días antes de darle entrada en su accionariado, establecía un plazo de vencimiento de siete años, un tipo de interés de Libor a 6 meses más 400 puntos básicos (equivalente al 4,39% en aquel momento) y un periodo de carencia de 30 meses, habitual en las operaciones de financiación corporativa. La “prestataria” sería Southstone Investments, SA, una de las firmas panameñas de Gillinski, controlada a su vez a través de Archbury Investments SA, también panameña.

Libre de impuestos

Quizás para aprovechar las ventajas que ofrece Panamá y el uso de sociedades interpuestas en ese territorio opaco, el contrato abría la puerta a la posibilidad de que Gillinski no abonase impuestos por ese crédito. Una de las cláusulas de la propuesta establecía que “en caso de que aplicara ‘withholding tax’ [esto es, que el crédito estuviera sujeto a retención de impuestos], Banco Sabadell recibirá la cantidad de intereses íntegra”.

El borrador también establecía que, como garantía del préstamo, el magnate pignoraría las acciones de Southstone Investments SA y los derechos derivados del 25% de esta firma panameña en la sociedad London & Regional (Panamá) SA, con la que Gilinski promueve desde hace años junto al gigante inmobiliario británico London & Regional Properties, de los hermanos Ian y Richard Livingstone, el macroproyecto Panamá Pacífico, una nueva ciudad a orillas del Canal de Panamá que ya acoge a grandes multinacionales como 3M, Caterpillar o Dell, atraídas por la ausencia de impuestos que ofrece el Gobierno panameño.

Ubicado en una antigua base militar estadounidense sobre una superficie de 1.800 hectáreas, Panamá Pacífico fue definido hace un año por Forbes como “ el proyecto inmobiliario más audaz del mundo”, con una inversión estimada en 2007 en 7.300 millones de euros. El precio de la casa unifamiliar más barata allí no baja de los 310.000 dólares.

El borrador del contrato de préstamo a Gilinski recogía la “prohibición de venta de las acciones de Southstone Investiments” y el “compromiso” por parte del colombiano de vender “acciones de la sociedad Rhinebeck Investments SA (propiedad al 100% del accionista) a Banco Sabadell en caso incumplimiento de la prestataria”.

Panamá, Luxemburgo, Holanda e Islas Vírgenes

Tras Rhinebeck está GNB Sudameris, del que Sabadell se convirtió en accionista en octubre de 2015. Rhinebeck tiene el 25% de Starmites Corporation, a su vez propietaria del 100% de la firma holandesa Gilex BV, dueña del 94,73% de Banco GNB Sudameris SA en Colombia.

Como explicó Gilinski al Sabadell en una carta sin fecha a la que ha tenido acceso eldiario.es, “si las obligaciones del préstamo de Southstone Investments SA no fueran abonadas a Banco de Sabadell SA, procederemos a vender las acciones de Rhinebeck Investments SA a Banco Sabadell en la proporción correspondiente requerida para pagar todas las obligaciones bancarias más intereses y cualquier gasto adicional relacionado con el préstamo”.

Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.
Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.

Extracto de la carta de Gilinski a Banco Sabadell.
Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.

El rastro de una sociedad llamada Rinebeck Investments (sin h) vinculada a Gilinski lleva hasta el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Puede encontrarse en los estatutos de constitución de Starmites Corporation SARL, la sociedad luxemburguesa en la que Gilinski vehicula su participación en el banco GNB Sudameris a través de otra instrumental en Holanda. En esos estatutos se decía que Rinebeck era una sociedad “establecida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas” que a esa fecha (junio de 2013) ya había sido trasladada a Panamá.

La macroampliación llevada a cabo en septiembre de 2013 por Sabadell a la que acudió Gilinski permitió a la entidad catalana presentarse “entre los bancos mejor capitalizados de Europa”. Con la operación, realizada en dos tramos, el banco captó 1.383 millones de euros y amplió su capital un 20%. Gilinski suscribió cerca del 20% del total y un 42% del tramo dirigido a inversores institucionales.

La ampliación permitió a la entidad digerir sus últimas adquisiciones (Banco Gallego y el negocio del británico Lloyd’s en España, ese mismo año, y la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, en 2012), reforzar su ratio de capital y, con ello, soportar mayores provisiones por su exposición inmobiliaria y tener más margen para pagar dividendos.

Gilinski llegó a convertirse en primer accionista del Sabadell al controlar a cierre de 2015 un 7,5% del banco, pero nunca fue miembro de su consejo de administración. Hace un año empezó a vender acciones y, tras impulsar sin éxito el pasado verano una opa del Sabadell sobre el Banco Popular junto al mexicano de origen asturiano Antonio del Valle (accionista de este último), en noviembre pasado dejó de ser accionista significativo tras desprenderse de otro 3%.

De origen lituano, Gilinski, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, ocupaba el puesto 544º de la última lista de Forbes, con una fortuna estimada en 3.500 millones de dólares. Afincado desde hace años en Londres, hizo fortuna en Colombia tras adquirir a precio de derribo en la década de los 90 el Banco de Crédito y Comercio Internacional, privatizado entonces por el Gobierno colombiano y calificado en esas fechas por la revista Time como “el banco más corrupto del mundo”.

Con ayuda de casi un centenar de inversores internacionales (entre ellos, el magnate de origen húngaro George Soros), Gilinski lo reflotó y lo vendió posteriormente con jugosas plusvalías. Actualmente, los intereses de su imperio se extienden por el sector inmobiliario, bancario y hotelero. En España, en los últimos años ha pujado sin éxito por activos como el complejo Canalejas (del Grupo Villar Mir) y el hotel Villamagna.

Ibercaja despedirá a 686 empleados y cerrará 160 oficinas

Fuente: http://cadenaser.com/emisora/2017/03/22/radio_zaragoza/1490189572_013043.html

 

Cierre de 160 oficinas y 686 despidos. Es el impacto que tendrá en la plantilla el ERE que hace una semana anunció Ibercaja. Este miércoles la entidad ha presentado los datos laborales a los sindicatos que han mostrado su indignación, fundamentalmente por la escasa información recibida. De momento, lo único que conocen es la cifra global de oficinas que echarán la persiana y de trabajadores que serán despedidos. De ellos, “532 en la red de oficinas y 154 en servicios centrales y apoyo a la red”, ha indicado Victoria Camarena, responsable sindical de UGT.

Con sólo estos datos, dice Camarena, pocas propuestas pueden hacer: “En principio, apuestan por las salidas voluntarias pero que si no hay voluntarios serán obligados”. Por eso, incide, “nuestra posición es de indignación porque no jugamos con la misma baraja; no tenemos toda la información ni toda la previsión; es como para echarse a temblar”. Camarena afirma que “si quieren negociar de verdad y tomarse esto en serio, deberíamos tener los papeles encima de la mesa”. En cualquier caso, los plazos empiezan a correr. Todo podría quedar resuelto antes del verano. 

El FROB da luz verde a la fusión de Bankia y Mare Nostrum (BMN)

Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2017/03/15/actualidad/1489561897_436016.html

El FROB, fondo estatal de rescate de la banca, ha comunicado este miércoles que la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), los dos bancos rescatados con dinero público, es la mejor estrategia para recuperar las ayudas públicas, según ha comunicado Bankia a la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV) en un hecho relevante. Por eso, la comisión rectora del FROB ha comunicado su decisión a ambas entidades para que inicien las actuaciones que correspondan para iniciar la integración.

El fondo estatal creado para atender a los bancos y cajas de ahorros con problemas concluye que la integración de Bankia y BMN, donde fue consejero el ministro Luis de Guindos, es más conveniente que la venta individual de ambas entidades. Es decir, con la fusión podría recuperar una mayor parte del dinero público inyectado en ambas entidades. De hecho, calcula que la fusión de los dos bancos sería unos 401 millones de euros más ventajosa que la colocación individual. Este cálculo, no obstante, está sujeto a las condiciones del mercado y las perspectivas futuras del negocio de ambas entidades.

El FROB inyectó 22.424 millones de euros en Bankia en 2012 e invirtió otros 1.645 millones de euros en BMN en 2013.

Antes de optar por esta vía, el FROB trató de colocar BMN. Pese a recibir ofertas no vinculantes, la única de interés no daba ni para recuperar la mitad del dinero inyectado a la entidad BMN. “Culminado el sondeo, según la única expresión de interés recibida, el valor del 100% de la entidad para el potencial inversor sería de 1.300 millones de euros o 1.061 millones de euros, en caso de que fueran necesarios ajustes por ruptura de acuerdos de seguros y gestión de activos”. Como el FROB ostenta el 65% de BMN solo obtendría 690 millones. Por eso, explica en un comunicado: “El valor estimado para el FROB ante un eventual proceso de venta del 65% de BMN sería de 690 millones de euros”. El fondo inyecto 1.645 millones de euros de dinero público en esta entidad cuando la rescató en marzo de 2013.

En su comunicado al supervisor, Bankia hace constar que, una vez conocida la citada comunicación del FROB, someterá próximamente al Consejo de Administración el inicio de las actuaciones necesarias para llevar a cabo un análisis independiente de la operación. Asimismo, manifiesta que ninguna decisión se ha tomado hasta el momento y que en la actualidad no existe acuerdo o propuesta de ningún tipo relativa al análisis de los términos de una posible fusión.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, insistió ayer martes en que la posible fusión de la entidad que encabeza con BMN debe tener tanto lógica industrial como lógica financiera y ha precisado que esta última variable dependerá de las condiciones de la operación. “Esta es una operación que tiene lógica industrial. Cuando la pasamos a la lógica financiera, dependerá de las condiciones”, indicó el martes Goirigolzarri.

El proceso de fusión, en su caso, requeriría, además de la aprobación por los Consejos de Administración de ambas entidades y de sus Juntas de Accionistas, el cumplimiento de los requerimientos legales establecidos por la normativa nacional y comunitaria aplicable.

El FROB recuerda que el pasado 28 de septiembre ya comenzó a estudiar las posibilidades de fusión de ambas entidades. Tras analizar las opciones que se le plantearon por las entidades asesoras, el fondo de rescate concluye que “la mejor estrategia para optimizar la recuperación de las ayudas públicas y asegurar la utilización más eficiente de los recursos públicos descansaría en una primera operación de integración de BMN en Bankia”, según la recomendación de AFI, el consultor del FROB.

El análisis que realiza AFI sobre la operación de Bankia y BMN señala que “el mayor valor estimado para el FROB de una estrategia de integración de BMN y Bankia frente a la venta individual de las entidades sería de 401 millones de euros, lo que supone un significativo aumento del valor de la integración de BMN en Bankia respecto a la alternativa de venta individual”.

La fusión de Bankia con BMN supondría la creación de una entidad con unos activos próximos a los 230.000 millones de euros (190.167 millones de Bankia y 38.874 millones de BMN), según figura en los balances de las entidades. [diciembre de 2016 Bankia y septiembre de 2016 BMN]

Crédito. Bankia mantiene una cartera de 110.595 millones de euros, frente a los 22.465 millones de BMN. Con ello, la cartera conjunta alcanzaría los 133.060 millones.

Depósitos. La nueva entidad contaría con unos depósitos conjuntos de unos 128.000 millones de euros, de los cuales 105.000 son de Bankia y los 22.600 restantes de BMN.

Oficinas. La nueva entidad tendría 2.514 oficinas (1.855 de Bankia y 659 de BMN).

Empleados. La plantilla alcanzaría los 17.572 trabajadores, unos 13.500 de Bankia y 4.060 de BMN.

El Gobierno planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo

Fuente: http://www.publico.es/economia/gobierno-planea-salvar-banca-clausulas.html

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el dinero cobrado de manera indebida debe devolverse desde que se firmó el contrato hipotecario.

El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.

El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero. El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.

Los propios bancos lo rechazaron porque, de aceptar, suponía que casi todas sus hipotecas con cláusulas suelo eran nulas: este borrador asume la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las entidades financieras debieron ofrecer al consumidor antes de firmar el contrato información suficiente, incluso con simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés. Nada de esto habían hecho.

El segundo borrador da un paso adelante, pero no suficiente según los juristas consultados: el “avance” es que prevé un protocolo de actuación obligatorio para las entidades, a no ser que en el plazo de un mes rechacen formar parte de dicho Protocolo, según ha sabido Público de fuente jurídicas. Este proyecto es negociado por el Gobierno con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

El presidente del Senado, Pío García Escudero (i), junto a los portavoces en el Congreso del PP, Rafael Hernando (2-i), y del PSOE, Antonio Hernando (3-i); el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (d), y el diputado de este partido, Ignacio Prendes, dur

El PP negocia el protocolo para la banca con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. En la imagen, los portavoces del PP en el Congreso, Rafael Hernando; del PSOE, Antonio Hernando, y el presidente de C’s, Albert Rivera. EFE

Fuentes jurídicas consultadas por ‘Público’ sostienen que habría que devolver el dinero a los afectados en condiciones de igualdad, pero los bancos se resisten a este desembolso

El decreto ley en ciernes recoge que tanto el banco como el consumidor no pagarían costas si se someten al protocolo y acaban en el juzgado por discrepar de la devolución, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. En la práctica, sin embargo, este artículo se traduce en que será el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria, porque los consumidores no suelen ser condenados en costas en este tipo de pleitos.

El borrador del decreto ley no hace referencia al pago de los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta. Por ello, deja la puerta abierta a que el banco no pague este dinero. El decreto, que se aprobará este viernes 13, introduce un mecanismo para dirimir las discrepancias entre el banco y el consumidor antes de saltar a la vía judicial: crea una comisión de cinco miembros para resolver la disputa.

“El borrador del decreto del Gobierno evita la referencia a los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta, dejando así la puerta abierta a que el banco no pague”

Esta comisión “dirimente” estará formada por representantes del Banco de España, Ministerio de Justicia, asociaciones de consumidores, notarios y registradores mercantiles. Su decisión será recurrible a una subcomisión integrada por tres de estos representantes. La vía judicial no se cierra al someterse a este protocolo, ya que lo prohíbe la ley.

Esta crisis afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, que tiene las competencias de consumo. Pero sólo Economía y Hacienda dirigen la batuta de estas negociaciones e inclinan su balanza en las consecuencias macroeconómicas y en el impacto de estas devoluciones para las entidades financieras, en lugar de en la defensa de los consumidores.

Poca motivación para pequeñas hipotecas

En cambio, Rafael Catalá, que debiera vigilar por la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, lleva un papel secundario. Y la responsable de los consumidores, la ministra Dolors Montserrat, está desaparecida, mientras asociaciones de consumidores como Facua denuncian el secretismo con el que se llevan las negociaciones.

La crisis de las cláusulas suelo afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, este último que tiene las competencias de consumo

Los bancos se resisten a devolver el dinero de las cláusulas suelo cobradas de manera indebida y que el Banco de España cifra en 4.200 millones de euros. Las entidades saben que tienen perdidos los casos que se presenten contra ellas, pero temen las consecuencias de estas pérdidas en sus balances. Su objetivo es dilatar los casos en el tiempo porque aspiran a superar las cuentas de 2017.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la solución tendría que pasar por la devolución del dinero a los afectados en condiciones de igualdad. Pero los bancos también se resisten a este desembolso universal, conscientes de que habrá muchos consumidores que no demandarán por cuantías pequeñas. Las devoluciones se realizarían en metálico o amortizando la cuantía en la hipoteca.

Una estudiante saca los colores a la banca: “No calcula bien el riesgo de los derivados”

Fuente: http://www.elconfidencial.com/mercados/2017-01-09/una-estudiante-saca-los-colores-a-la-banca_1313205/

 

09.01.201705:00 H.

Si han leído el libro o visto la película ‘The Big Short’ (‘La gran estafa’ en español), recordarán que los instrumentos que llevaron al rescate a la banca mundial en 2008 fueron los derivados, concretamente los que tenían debajo titulizaciones de las famosas hipotecas ‘subprime’. Los bancos otorgaban a estos títulos valoraciones muy altas, puesto que tenían el ‘rating’ más alto posible (AAA), pero cuando los hipotecados dejaron de pagar las letras, estos títulos pasaron a valer cero, lo que provocó pérdidas de billones de euros a las entidades. Pues bien, a pesar de toda la regulación bancaria posterior a la crisis, el sector sigue valorando mal los derivados, esto es, vuelve a asumir un riesgo enorme que no refleja en sus cuentas.

Quien ha hecho este descubrimiento no es un sesudo comité de banqueros centrales, ni el FMI, sino una estudiante de economía y finanzas de La Línea de la Concepción (Cádiz) de 22 años llamada Paula Hidalgo, que ha ganado un premio del Colegio de Economistas de Madrid por su trabajo de fin de grado ‘Nuevos procesos de valoración para determinar el ‘fair value’ de instrumentos financieros’. En esta investigación, Hidalgo concluye que la forma de calcular el valor de los derivados que los bancos tienen en balance es la misma que en 2008 y, en consecuencia, no refleja realmente los riesgos que asumen las entidades. De hecho, hay derivados cuyo valor real es hasta siete veces inferior al que tienen consignado las entidades en sus libros.

Paula Hidalgo, autora del trabajo sobre los derivados.
Paula Hidalgo, autora del trabajo sobre los derivados.

“Los reguladores y supervisores internacionales se han limitado a generalizar la adopción de los estándares contables IFRS a nivel mundial. Esto incluye el cálculo del ‘fair value’ (o valor razonable) para las posiciones en productos estructurados, con el propósito de homogeneizar su valoración en un mundo financiero con tan alto grado de interconexión global. El inconveniente radica en que estos mismos organismos no proponen una metodología concreta para el cálculo del ‘fair value’ de los instrumentos financieros. Esto implica que son los propios bancos los que establecen los procedimientos y métodos para su estimación que creen convenientes”, explica la estudiante premiada.

Es decir, estamos de nuevo ante los famosos ‘modelos internos’ que utilizan los bancos para medir el riesgo de sus inversiones y que normalmente están sesgados para reducirlos al máximo (y así minimizar el consumo de capital), en lo que se suele denominar ‘enjuagues contables’. Tan escandalosa ha sido esta práctica que el Comité de Basilea ha decidido limitarla, poniendo unos mínimos o suelos a esos niveles de riesgo. Pero la aprobación de las nuevas normas, que debería haber tenido lugar ayer, se ha aplazado hasta marzo por la oposición de algunos países encabezados por Alemania y Francia.

Un cambio sencillo, pero con coste para la banca

Entrando en detalles técnicos, la tesis de Hidalgo sostiene que las valoraciones que hacen —entonces y ahora— los bancos se basan en la curva de tipos cupón cero (el gráfico que recoge los tipos de interés a futuro que descuentan los inversores desde los plazos más cortos a los más largos). Es lo que se denomina ‘modelo Black-Sholes’ y se lleva utilizando desde 1976. Pero es necesario cambiar esta curva y su construcción para que los resultados sean fiables, porque los productos estructurados son cada vez más complejos, algo que el modelo tradicional no tiene en cuenta.

Parqué del mercado CME de futuros sobre el S&P 500 en Chicago. (Reuters)
Parqué del mercado CME de futuros sobre el S&P 500 en Chicago. (Reuters)

La solución que propone en su trabajo no es demasiado complicada. Basta con aplicar el llamado coeficiente de Svensson, introducido en 1994, que refleja mejor la estructura de estos instrumentos. Un simple ajuste en las fórmulas que permitiría a las entidades seguir calculando las valoraciones de forma sencilla y rápida en una hoja de Excel, pero cuyos resultados son muy diferentes: “En nuestra muestra en concreto, hemos observado una opción ‘put’ [de venta] de un precio de unos 46 euros, tener un valor de cero euros tras realizar la misma valoración con el modelo recomendado en el trabajo. También hemos encontrado otras opciones ‘put’ con un precio de entre cuatro a siete veces inferior al obtenido en la primera valoración utilizando la curva cupón cero”, concluye.

Para el trabajo, ha utilizado opciones ‘plain vanilla’, es decir, estándares que cualquiera puede comprar a través de un bróker, sobre acciones cotizadas en bolsa. Las diferencias de valoración en opciones sobre subyacentes no cotizados, como las citadas titulizaciones hipotecarias, pueden ser todavía mayores. Pero no parece que el sector vaya a cambiar sus métodos actuales por otro que lo perjudica al incrementar el consumo de capital. Salvo que algún organismo internacional lo obligue a ello, que es otra de las conclusiones de este trabajo, dirigido por el profesor Francisco Pérez, de la Universidad Autónoma de Madrid.