El TSJ condena con prisión a Correa, ‘El Bigotes’ y una exconsellera de Camps por las mordidas de Gürtel en Valencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha condenado a 13 años de prisión a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo; a 12 a su lugarteniente Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ y a 9 una exconsellera del PP, Milagrosa Martínez, por la operación urdida para conceder de manera irregular varias adjudicaciones de la Generalitat entre 2004 y 2009, cuando el PP gobernaba la Comunidad Valenciana, a una empresa de la trama.

Correa, Pérez y Crespo son culpables de tres delitos: Asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. La consellera, que también fue presidenta del parlamento valenciano, de malversación y cohecho pasivo. El tribunal ordena la confiscación del reloj regalado por la trama a Martínez, un Hublot valorado en 2.400 euros o, en caso de no hallarse, el decomiso de esa cantidad.

El jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, ya condenado en el caso de los trajes en el que Francisco Camps fue absuelto, ha sido castigado con 6 años de prisión. Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo, con 7;  Jorge Guarro, ex jefe del servicio de Promoción de la misma agencia, a 4 y Ana Grau, exresponsable de Ferias de la conselleria, a 3. Por contra, otra exconsellera de Turismo, Angélica Such, ha sido absuelta, al igual que el exjefe de infraestructuras de la Agencia Valenciana de Turismo, Juan Bover.

En total, 11 de los 13 encausados han sido condenados. El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El tribunal acepta las tesis de la Fiscalía: las adjudicaciones se hicieron a pesar de la falta de experiencia de la compañía, de sus precios, casi siempre los más caros, y de que la justificación de los trabajos se hacía alegando tareas no hechas o directamente con facturas falsas. Orange Market facturó 5 millones de euros solo con sus encargos para Fitur.

El fallo, de 558 folios, es demoledor. Según el TSJ, el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. Es más, las mercantiles de Correa -Orange Market y demás- carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, que se limitaban a subcontratar a terceros.

Así, sin apenas estructura y gracias a sus conexiones con el poder, obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse con unos márgenes de beneficio desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes, dice el TSJ. Varios organismos de la Generalitat – Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte- no solo no controlaban los costes, sino que alteraron los criterios de adjudicación de los contratos para beneficio irregular de las empresas de Correa.

Éstas tenían, dice el fallo, información privilegiada, conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos y en muchos casos conseguían modificar estos a su conveniencia con la connivencia de la Generalitat. Isabel Jordán (seis años), Mónica Magariños (cuatro) y Cándido Herrero (tres), trabajadores de las empresas de la Gürtel, también han sido condenados por asociación ilícita y prevaricación administrativa.

El fallo llega un día después de que varios empresarios, contratistas habituales con la administración, reconocieran que financiaron ilegalmente al PP valenciano. La sentencia, que juzga hechos cometidos desde 2005, ha tardado diez meses en redactarse desde la conclusión del juicio. Fuentes judiciales creen que este fallo condicionará la estrategia de defensa de Correa y sus adláteres en el resto de causas judiciales de Gürtel.

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Los Moros y Cristianos de Alcoy se abren a la entrada de mujeres tras la presión del contencioso

Fuente: http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-moros-y-cristianos-alcoy-abren-entrada-mujeres-tras-presion-contencioso-201702091744_noticia.html?ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=cm-general&ns_fee=0

 

La presión del contencioso presentado por dos festeros y el eco mediático han propiciado la apertura de los Moros y Cristianos a la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en estas fiestas. La Asociación de San Jorge (ASJ), entidad organizadora, ha propuesto una reforma -largamente esperada por muchos- en la ordenanza que permitirá a hombres y mujeres desfilar juntos en el acto de la Gloria, que se celebra de manera previa cada Domingo de Resurrección.

Este episodio festero está compuesto por un festero de cada «filà» o comparsa ataviado con el diseño oficial, por lo que se hacía imposible que coincidieran 28 mujeres. No obstante, se trata de un primer paso, puesto que la salvedad de la Gloria no se mantiene para el resto de actos, en los que deberán salir hombres o mujeres por separados, sin formaciones mixtas.

La razón que utiliza la Asociación de San Jorge para esta diferenciación es estética, con la intención de no se den escuadras con distintos trajes festeros, ya que los diseños de hombres y mujeres son diferentes.

La nueva normativa para la fiesta alcoyana incluye otra salvedad en la Diana, el primer desfile oficial en los días centrales. En este acto, si la «escuadra» la forman 10 mujeres y esa filà tiene cargo, su «cabo» puede ser un hombre, dado que este se escoge de manera específica para abrir el desfile.

Los artífices en buena medida de estos primeros avances contra la discriminación, que presentaron un contencioso en el que se exigía suprimir las subvenciones municipales -más de un millón de euros en la última década- de perdurar la discriminación, han recriminado al alcalde, el socialista Toni Francés, su pasividad durante el último lustro.

«Hace tres años, como consecuencia de la creación de una plataforma, Volem-Queremos, en la que mas de mil personas compartieron que había llegado el momento de elegir al presidente de la ASJ por sufragio universal y así mismo el fin de la discriminación, desde el ayuntamiento y el Casal se prometió que en el plazo máximo de un año estaría reformado el estatuto», recuerdan en un comunicado.

En cuanto a la elección de presidente por sufragio universal «amparada por diversos informes jurídicos» acabó en una demanda actualmente recurrida, añaden.

¿Y los 353.000 euros?

Ante la «contabilidad» que aparece en la pagina web de la ASJ, en el caso del último ejercicio difundido, correspondiente a 2015, con «353.000 euros como «otros gastos», según descubrió y publicó ABC, y así podríamos citar otros conceptos», los denunciantes mantienen su reclamación de mayor transparencia.

«No conseguimos explicaciones, por supuesto documentadas, a determinados conceptos de la contabilidad, que ni ponemos en duda ni pretendemos auditar, pero sí saber en qué y para qué en el año 2015 por ejemplo nos gastamos 353.000 euros», añaden.

Y el último aspecto criticable, a su juicio, es que en noviembre se liquidaron 164.000 euros de subvención con la firma de un convenio a toro pasado, con ejercicio ya prácticamente cerrado, con carácter retroactivo y sin presupuesto.

«Esperemos sin afán de polémica haber aclarado las dudas y, por supuesto, sin ningún deseo de protagonismo ni «hacer ruido», por ello nos congratulamos enormemente de que el problema de la discriminación esté en vías de solución, la propuesta se vote positivamente y como un medio publicó en fechas recientes, se acaben de una vez los 20 años y un día desde que la primera festera con sus derechos recortados participó en nuestra muy queridas fiestas», concluyen.

El lider valenciano de Podemos compara el “cesarismo” de Pablo Iglesias con el de Franco y Sadam Hussein

Fuente: http://www.eldiario.es/cv/Monedero-Iglesias-Errejon-Hitler-Podemos_0_609639447.html

La batalla encarnizada entre Pablo Iglesias e Iñigo Errejón antes de la asamblea de Vistalegre 2 ha salpicado de lleno al secretario general del partido en la Comunidad Valenciana. Antonio Montiel, cercano a Errejón, como la mayoría de cuadros de su organización autonómica, no se ha posicionado abiertamente en la guerra abierta antes del cónclave del 10, 11 y 12 de febrero.

Este domingo, sin embargo, sí criticó el “cesarismo político” que sufre la organización, con “un secretario general que puede perder una votación en el consejo ciudadano pero puede convocar directamente al pueblo a una asamblea saltándose a la organización. Esta es la forma plebiscitaria a la que recurrían Sadam Hussein o Franco”.

El comentario de Montiel, que no menciona a Hitler, ha molestado a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos y uno de los apoyos más conspicuos de Pablo Iglesias. Un día después del revuelo causado por la  carta abierta de Luis Alegrecontra “un grupo de conspiradores cercanos al secretario general”, el profesor de ciencias políticas ha cargado contra Errejón a cuenta de las palabras del secretario general de Podem.

Poca ilusión se recupera comparando a tu Secretario General con Hitler. ¡Cuidado Íñigo que terminan llamándote populista los tuyos!

Montiel no ha tardado en reaccionar al tuit de Monedero. Poco dado a airear batallas orgánicas -pese a la tensión que hay en la organización valenciana- y enémigo del cruce de acusaciones a través de las redes sociales, el líder valenciano de Podemos ha optado por pedir disculpas por sus comentarios.

Acabo de escucharme en unas desafortunadas declaraciones. No me reconozco. Nunca compararía a @Pablo_Iglesias_ con un dictador

Montiel hizo sus comentarios en el debate celebrado sobre Vistalegre 2 en Valencia este domingo, donde se anunció la participación de diputados nacionales (Àngela Ballester), autonómicos (Daniel Geffner, Antonio Estany o Sandra Mínguez) o Salvador Mestre, uno de los impulsores de Profundización Democrática. Este es el vídeo completo del acto.

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Condenado el expresidente de la Generalitat y de Bancaja por falsificar una factura

Fuente:http://politica.elpais.com/politica/2017/01/13/actualidad/1484305727_519447.html

El Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado a un año y medio de prisión y a una multa de 151.800 euros al expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, por emitir, a través de su empresa Imarol S. L., una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones, de la familia Cotino. Olivas está imputado, además, en los casos Bankia, Banco de Valencia y el de la ampliación de capital del Valencia CF.

La entrega del dinero, “cuya causa y finalidad se desconoce”, según la sentencia, la efectuó el empresario Vicente Cotino, a través de su empresa. Cotino ha sido condenado también a la misma pena por computar ese pago (500.000 más 80.000 euros de IVA) como gasto deducible en su liquidación del Impuesto de Sociedades y “reducir de forma fraudulenta la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio fiscal 2008” dejando así de ingresar a la Hacienda Pública 150.000 euros.

La magistrada, que les considera autores de los delitos de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, afirma que los dos condenados se pusieron de acuerdo para crear un documento que “aparentaba ser una factura” por unos supuestos servicios de asesoramiento prestados por la empresa de Olivas a la de Cotino, interesado en vender sus acciones en Proyectos Eólicos Valencianos.

Ambos deberán además indemnizar de manera conjunta y solidaria con 150.000 euros a la Agencia Tributaria por el dinero defraudado en el ejercicio fiscal 2008.

La juez concluye que la factura es falsa, que el servicio de asesoramiento de Olivas a Cotino fue “inexistente” y que el informe de tres páginas aportado por el expresidente de la Generalitat Valenciana para justificar el cobro del dinero es una documentación a la que tuvo acceso como presidente de Bancaja, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Dicho documento estaba firmado por la esposa del expresidente de la Generalitat, administradora de la mercantil. La juez la absuelve por considerar que “no resulta suficientemente acreditado que la acusada participara en la ideación, desarrollo y ejecución de la emisión de la factura irregular llevada a cabo por los otros dos acusados”. La mujer firmó el documento en 2013, cinco años después de la factura y “por indicación de su marido, único y verdadero gestor de la sociedad”.

Según la sentencia, “no basta ser administradora de una persona jurídica para ser de forma automática criminalmente responsable de las actividades de la misma típicamente previstas en la norma penal”.

La sentencia, notificada este viernes, destaca la “contundente prueba indiciaria” que “nos permite concluir la existencia de una simulación de prestación de asesoramiento y gestión” por Imarol S. L. a Sedesa Inversiones. Frente a la versión de los acusados y de los informes periciales que aportaron, la juez fundamenta su pronunciamiento en el “detallado, contundente, riguroso e imparcial informe emitido por los técnicos de Hacienda” sobre el carácter ficticio del trabajo facturado.

Sobre este punto subraya que, pese a lo elevado del importe de la remuneración, 500.000 euros, no existía contrato, “ni concreción de los trabajos, ni directrices, ni valoraciones de los mismos, ni correos electrónicos, ni faxes entre Imarol y Sedesa Inversiones, ni documento alguno que relacione el pago de los 500.000 euros más IVA con el concepto de servicio que recoge la factura”. Recuerda además, que la empresa de Olivas “carece de personal y de infraestructura”, y “desde su constitución no ha tenido prácticamente ninguna actividad”.

La magistrada, igualmente, desgrana las declaraciones prestados por los testigos que negaron que el expresidente de Bancaja interviniera en esa operación de compraventa de acciones a la que él atribuye el cobro de 500.000 euros.

La juez aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas. Aclara que tales dilaciones “no se han producido en el marco del procedimiento judicial”. Recuerda que la causa se instruyó en solo nueve meses, pero considera que ha de apreciar tal atenuante porque “se ha producido una demora muy relevante entre la comisión del hecho delictivo (2008) y la interposición de la querella” por parte de la Agencia Tributaria (diciembre de 2013).