¡REFERÉNDUM REAL YA!

Fuente: lareplica.es/referendum-real-ya-2/

No seamos hipócritas. Toda persona con un mínimo de nociones políticas y/o periodísticas conoce perfectamente que el rey emérito, Juan Carlos I, está enfangado de corrupción hasta las cejas. Que hacía y deshacía y hace y deshace a su antojo, haciendo valer sus privilegios de sangre azul, escudándose en la connivencia con las élites del bipartidismo, jueces, fiscales, militares y policías que la Casa Real maniató y manipuló desde antes de “La Transición”. Ya lo advertía, hace más de dos décadas, el periodista Gregorio Morán en su libro ‘El precio de la Transición’: “”Juan Carlos I fue el mayor comisionista del país, su corrupción era descarada”.

El archivo secreto del ex-comisario José Manuel Villarejo, desvelado por El Español, recoge una conversación con la amante de Juan Carlos I, Corrinna Zu-Wittegenstein, que revela prácticas corruptas en grado mayúsculo: tráfico de influencias, comisiones, estructuras opacas, fraude fiscal y blanqueo, en un entramado más propio de una banda criminal que de una jefatura de Estado. Crecen cada minuto las sospechas de que el rey emérito es quien se esconde tras la “Z” del caso Gürtel.

La justicia tiene el deber de investigar seriamente al cada vez menos “presunto” delincuente. A él y a toda su red de colaboradores. Es más que probable que hayan cometido delitos muy graves contra la Hacienda pública. Con este pestilente aroma a corrupción, el Estado no puede mirar hacia otro lado como lleva haciendo 50 años.

 

Màxim Huerta defraudó a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad limitada entre 2006 y 2008

Fuente: http://www.eldiario.es

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, utilizó una casa en la playa para rebajar irregularmente su factura fiscal durante tres ejercicios entre 2006 y 2008. Según publica este miércoles El Confidencial, el ministro llevó a los tribunales las reclamaciones de la Agencia Tributaria por dejar de pagar 218.322 euros a Hacienda con una sociedad que montó en el año 2006. La justicia no le dio la razón a Huerta en los dos recursos que presentó por lo que tuvo que pagar una multa de  365.928 euros.

Siendo copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Huerta creó una sociedad mercantil para facturar sus trabajos en televisión. Con Almaximo Profesionales de la Imagen S.L., el ahora ministro del Gobierno de Pedro Sánchez declaró durante los años 2006, 2007 y 2008 como gastos de la “actividad artística” la compra y el mantenimiento de un apartamento en Alicante. Hacienda considera que Huerta recurrió a este mecanismo para recortar su base imponible y así pagar menos impuestos.

La inspección de Hacienda concluyó que durante esos tres años el ministro había facturado un total de 798.521 euros a través de su sociedad, de la que era único accionista y administrador hasta que la liquidó a finales de 2016.

En sus dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se destaca que el ministro fue multado por un fraude a Hacienda de 218.322 euros. Las resoluciones concluyen que Huerta utilizó Almaximo Profesionales de la Imagen para “eludir los tipos impositivos más progresivos y más elevados del IRPF”. Por ello, le impuso una multa total de 365.928 euros al considerar que no actuó “de buena fe”.

Huerta descarta dimitir

En un “compromiso de transparencia”, el ministro de Cultura y Deporte ha explicado

El ministro de Cultura y Deporte ha asegurado este miércoles que no piensa dimitir por las informaciones publicadas por El Confidencial. Huerta ha atribuido sus irregularidades con Hacienda, que ya ha subsanado, a un “cambio de criterio fiscal”: “No defraudé. Es un cambio de criterio fiscal en una regularización que afectó a muchos. Lo regularicé y seguí adelante”.

“Estoy trabajando y mi compromiso es con la cultura y el deporte. De hecho, tengo la agenda llena”, ha señalado el ministro en una entrevista en la Cadena SER. Huerta ha remarcado que su caso es “una cosa que está caducada y ya resuelta” y que asumió sus compromisos con Hacienda “como ciudadano”. “Ahora asumo mi compromiso de transparencia”, ha zanjado.

El PSOE ve “solucionado” el problema

Desde el PSOE han defendido que el ministro de Cultura y Deporte ya “solucionó” en su día sus compromisos pendientes con Hacienda. “Eran unas deducciones que él hizo y que no se podían hacer, pero que ya está solucionado”, ha asegurado la número dos de Pedro Sánchez y portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra.

En declaraciones a RNE, la portavoz ha comparado la etapa de Mariano Rajoy en la que había dinero “en paraísos fiscales” con la actual, en la que, según ha apuntado, el nuevo ministro hizo unas “deducciones” que no se podían hacer “y lo solucionó”: “Hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo que no podía deducir y que luego lo solucionó”.

El Gobierno ha contactad con el ministro de Cultura para recabar toda la información sobre las multas impuestas por el TSJM. Un portavoz del Gobierno ha informado a eldiario.es de que están esclareciendo la información internamente y es intención del Ejecutivo poder aclararla a lo largo del día de hoy.

PP y Podemos exigen su dimisión

Desde Podemos y el Partido Popular, Pablo Iglesias y Fernando Martínez-Maillo, ha pedido la dimisión del ministro de Cultura y Deporte por las sentencias del tribunal madrileño y la investigación de Hacienda.

“No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del Partido Popular”, ha asegurado el secretario general de la formación morada. “Si queda acreditado que la sentencia habla de una voluntad de defraudar a la Hacienda Pública”, Iglesias ha pedido a Pedro Sánchez que si el ministro no presenta su dimisión “inmediata”, le destituya.

Martínez-Maillo, coordinador general del PP,  se ha preguntado “con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos” después del caso Huerta. “Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido”, ha escrito el popular en Twitter antes de que el ministro se explicase.

 

Eduardo Zaplana pudo llegar a acumular 10 millones en comisiones irregulares

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2018-05-22/zaplana-detenido-blanqueo-capitales-anzar-ministro_1567099/

El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana pudo llegar a acumular 10 millones de euros en comisiones irregulares que habría desviado fuera de España, según la información que maneja la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Fuentes del caso informan a El Confidencial de que ocultó los fondos en Uruguay, donde han permanecido en los últimos años hasta que las pesquisas en otra macrocausa de corrupción, la Lezo, evidenciaron sus contactos con estructuras de blanqueo en el país sudamericano.

Zaplana ha sido detenido este martes a primera hora de la mañana frente a su casa de Valencia por los presuntos delitos de blanqueo, malversación y prevaricación, según han confirmado fuentes fiscales a El Confidencial. En la operación, que ha llevado a cabo la UCO, se ha arrestado a seis personas, entre ellas Juan Francisco García Gómez, el que fuera jefe de gabinete de Zaplana y expresidente del Club Baloncesto Estudiantes. Según apuntan las fuentes consultadas, entre los detenidos también se encuentran el sobrino y otros familiares del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.

La operación, ordenada por la magistrada Isabel Rodríguez, titular del Juzgado Número 8 de Valencia, se centra en los presuntos movimientos que habría realizado el exministro de Trabajo (2002-2004) para lavar fondos que tenía ocultos en el extranjero. Fuentes policiales precisan que ese dinero tendría su origen en ‘mordidas’ que habría cobrado por adjudicaciones irregulares durante su etapa como presidente de la Comunidad Valenciana (1995-2002), delitos que han aflorado ahora porque el exministro habría intentado repatriar dicho dinero en los últimos meses.

El coche que traslada al exministro. (EFE)
El coche que traslada al exministro. (EFE)

Entre los detenidos también se encuentra Joaquín Barceló Llorens, que durante los gobiernos de Zaplana dirigió el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Benidorm y fue director de Formación de la Agencia Valenciana de Turismo. Posteriormente se integró en el consejo de administración del parque temático Terra Mítica como responsable de Relaciones Institucionales. Tras la marcha de Zaplana a Madrid, Barceló creó una decena de sociedades limitadas dedicadas en su mayoría a la construcción. La mujer de Barceló, Felisa López González, también ha sido arrestada. El pasado año, Felisa tomó el control de otra sociedad, Volp Accesories & Others SL. También fue detenidoFrancisco Grau, presunto asesor fiscal de Zaplana. Este economista fue secretario del consejo de administración de Caja Mediterráneo entre 1998 y 2007, y miembro de su comisión de control hasta que la entidad fue intervenida por el Banco de España.

Al mismo tiempo que se registraban los domicilios de los detenidos, dos agentes de la UCO se han personado en la sede de la Conselleria de Economía para recoger expedientes del llamado Plan Eólico Valenciano, un macroconcurso de concesiones de parques eólicos que el Consell de Eduardo Zaplana puso en marcha en su segunda legislatura. La Guardia Civil reclamó en concreto documentación de las zonas que fueron adjudicadas a una UTE participada por la antigua Endesa (ahora Enel), Bancaja Sedesa, la empresa de la familia Cotino.

La UCO se ha llevado expedientes de los macroconcursos del Plan Eólico Valenciano y el reparto de las concesiones del servicio de ITV

La sociedad adjudicataria se denominaba Proyectos Eólicos Valencianos y las participaciones de la caja de ahorros y de los Cotino fueron vendidas a Iberdrola con importantes plusvalías. El expresidente de Bancaja José Luis Olivas y Vicente Cotino fueron condenados por falsedad documental y fraude fiscal por ocultar un pago de 500.000 euros del segundo al primero coincidiendo con esa operación de venta de participaciones.

Los agentes de la UCO, que han llegado a las dependencias de Economía con un requerimiento judicial, también se han llevado expedientes de otro macroconcurso organizado por la Administración de Zaplana, esta vez en 1997. Se trata del reparto de concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos, un proceso que fue supervisado por Juan Francisco García en aquellos años y donde se articularon ofertas similares a las del Plan Eólico, grandes empresas asociadas con empresarios locales. Muchas de estas licencias cambiaron de manos meses o años después con importantes plusvalías.

Aunque el nombre de Zaplana ya apareció vinculado a la operación Púnica en 2015, estas mismas fuentes aseguran que la detención no está relacionada con dicho caso. Asimismo, Zaplana volvió a ocupar portadas en los últimos meses por aparecer en las conversaciones grabadas a Ignacio González durante la operación Lezo, aspecto que tampoco estaría relacionado con su detención este martes.

VÍCTOR ROMERO. VALENCIA

Zaplana y el caso Lezo

Durante la investigación del caso Lezo, la Guardia Civil ya descubrió que Zaplana e Ignacio González estaban haciendo negocios con un abogado uruguayo que se había aliado con ellos para abrir una oficina en España. El letrado, Fernando Belhot, director de la firma South Capital Partners, estaba precisamente especializado en la creación de estructuras financieras en paraísos fiscales, usando Uruguay como base de operaciones por las facilidades que ofrecía el país para la generación de estos entramados. A preguntas de este diario, Belhot admitió que conocía a Zaplana desde hacía años y que fue él quién le propuso asociarse con González.

Colectivos ciudadanos llevan ante la Justicia a los responsables políticos y empresariales del fiasco de Castor

Fuente:https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/28/colectivos_ciudadanos_llevan_ante_justicia_los_responsables_politicos_empresariales_del_fiasco_castor_77294_1012.html

Los colectivos ciudadanos Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet e Instituto de Derechos Humanos de Cataluña anunciaron este martes la presentación de una querella criminal contra los responsables políticos y empresariales del fiasco del almacenamiento subterráneo de gas Castor, a los que atribuyen delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública y malversación de caudales públicos.

En concreto, la querella, que fue registrada en pasado jueves 22 de febrero en la Audiencia Nacional, se dirige contra los exministros de Industria, Comercio y Turismo Joan Clos Miguel Sebastián (PSOE), el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria (PP) y las exministras socialistas de Fomento, Magdalena Álvarez, y de Medio Ambiente y Agricultura, Elena Espinosa.

La acción judicial también pretende llevar a los tribunales a Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil que tenía la concesión del almacén, ESCAL UGS S.L.; así como al presidente de esta última, Recaredo del Potro. Hay, además, otros dos políticos querellados: Juan Cotino, exconsejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana con el PP; e Ignasi Nieto, exsecretario general de Energía de Industria, Comercio y Turismo con el PSOE.

Según explicaron en rueda de prensa sus promotores, el objetivo es que la indemnización de 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS –que pertenece en un 66,7% a ACS, propiedad de Florentino Pérez– decretada a través de un real decreto-ley tras su renuncia a seguir explotando la plataforma no recaiga sobre los contribuyentes, así como que el coste del desmantelamiento de las instalaciones se impute “a las empresas responsables de su fracaso”. Los colectivos también pretenden denunciar “la connivencia de los gobiernos con operaciones destructivas para el bienestar de la población en el marco de un contexto de corrupción sistémica y sistemática”.

Los orígenes del conocido como proyecto Castor se remontan a 1996, cuando, con José María Aznar al frente del Gobierno, se otorgó a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a Escal. Cinco años después, ya con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo, se inició la fase de explotación. La concesión recayó sobre Escal, que en julio de 2004 recibió la autorización para comenzar en la zona la inyección de gas colchón, procedimiento que asegura una presión y capacidad de extracción constante.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona.

Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno a aprobar el real decreto-ley que tiró parcialmente por tierra el Constitucional el pasado diciembre.

Supuestos delitos

Para sustentar el supuesto delito de malversación, los colectivos apuntan a Enagás, la empresa semipública que realiza las actividades de transporte, almacenaje y regasificación incluidas en los costes regulados del sistema gasista y que, por tanto, sufragan todos los consumidores en sus facturas. La querella sostiene que esta sociedad devino en “instrumento” para recaudar las cantidades necesarias “para sufragar los gastos de mantenimiento de Castor” y, en consecuencia, “para obtener caudales públicos que, lejos de servir para cubrir finalidades de interés general, son destinadas a sufragar la plataforma Castor, ideada, planificada, construida y mantenida, para enriquecer a los querellados”.

Los querellantes también ofrecen supuestos indicios de que las autoridades políticas querelladas llevaron a cabo actos administrativos “en connivencia” con los empresarios con el objetivo de “garantizar el éxito de la operación”, lo que apuntaría a un presunto delito de prevaricación.

Entre esas anomalías, se encuentra la inclusión de una cláusula inédita en contratos similares, que permite una indemnización (“compensación por el valor residual de las instalaciones”) incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria; o la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión, decretada en 2012 con Soria como ministro, y que según los querellados fue “especialmente conveniente” para Escal. “Sin esta arbitraria ampliación, la renuncia de ESCAL en julio de 2014 no hubiera podido producirse porque se habría presentado fuera del plazo permitido”, puede leerse en la querella.

También consideran los querellantes que existe un “perjuicio para la defraudada Administración titular del erario afectado por la maquinación” al existir una contratación pública, la intervención en ella de funcionarios públicos y el supuesto concierto con el querellado empresario/beneficiario, que en este caso son Florentino Pérez y Recaredo del Potro.

Sinvergüenza es un RATO

Ayer el ex-Vicepresidente del Gobierno, ex-Presidente de Bankia, Rodrigo Rato, compareció sin permitir preguntas en una comisión del Congreso, en todo momento se mostró en tono chulesco y desafiante, y es que realmente se siente impune, pero además hizo gala de un victimismo indignante, echando las culpas a otros del desastre económico de España.

Soberbia, prepotencia y ante todo infamia se mostró en el show organizado de este mas que presunto delincuente, encima mostró en tu momento sus queja por el trato recibido, cuando en el Congreso solo faltó la alfombra roja.

Para finalizar su maratón de chulería, le entrevistaron o mejor dicho le hicieron la ola en Intereconomia, la cadena ultra aún emite en algunos lugares, pero bueno el dueño de esta cadena ultra también tiene lo suyo, y bueno en su tertulia El Gato al Agua no sintió apuros.

En fin, Spain is diferent, saludos cordiales