Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Moix-pierde-apoyos-seguir-Anticorrupcion_0_649536139.html

Manuel Moix es un hombre solo. Mantiene de momento su cargo como fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, pero el descubrimiento de la sociedad panameña en la que participa y  su gestión de este último escándalo le han hecho perder todos los apoyos con los que ha contado desde el inicio de su convulso mandato.

Primero fue su jefe directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien el martes negó que fuese informado por Moix, tal y como este había contado en la cadena SER, de que tenía junto a su familia participaciones en una empresa panameña propietaria de un chalé en la sierra de Madrid. Moix, acostumbrado a que Maza le respaldase desde que tomó posesión el pasado febrero, contó que este no le había dado importancia a la noticia publicada por Infolibre y que cuando regresase de su viaje el fiscal general, hablarían sobre el tema. La reunión está prevista para las próximas horas. Maza ya sabe que el Gobierno ha decidido descargar en él toda la responsabilidad sobre la continuidad de Moix.

Lejos de mojarse para respaldar al jefe de Anticorrupción -como había hecho la víspera el presidente Mariano Rajoy cuando respondió con un lacónico “sí” a la pregunta de si mantenía la confianza en Moix, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se quitó de en medio este miércoles: “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía es a la Fiscalía a la que le corresponde los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales, y nosotros respetamos esa autonomía”.

Igual que hizo en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien volvió a señalar a Maza, la persona que él coloco al frente de la Fiscalía General del Estado, como el único con competencias para destituir a Moix. En su afán por desmarcarse, Catalá incluso deslizó cuál debe ser el procedimiento para hacerlo: “Es al fiscal general al que corresponde proponer un expediente para remover a [Manuel Moix] de la fiscalía anticorrupción”.

Las gélidas reacciones del Gobierno llegan después de que todos los partidos a excepción del PP hayan pedido la cabeza de Moix, quien, como Maza y el propio ministro Catalá,  ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, por su intervención en el caso Lezo.

En ese sumario, Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción ya el pasado otoño.

Sus polémicas decisiones en Lezo abrieron una crisis interna en Anticorrupción, donde una veintena de fiscales -la práctica unanimidad- se posicionaron en contra de su criterio y respaldaron a los dos profesionales que asumieron el caso desde el principio. Las transcripciones de las conversaciones de González provocaron estupor en la carrera.

En aquel momento, tanto Mariano Rajoy, como Catalá, que también aparece en mensajes comprometedores con González, optaron por respaldar a Moix. Ahora el asunto de la sociedad panameña es distinto: la polémica viene originada por el comportamiento privado del fiscal jefe de Anticorrupción y no involucra a nadie del Gobierno ni del PP, como sí sucedía en la Operación Lezo, más allá de poner en evidencia el error que supuso su nombramiento para un cargo tan delicado como la jefatura de Anticorrupción.

Con los dirigentes del PP colocados de perfil y Maza guardando silencio, y sus subordinados en la unidad especial desolados por la sucesión de escándalos, la última estocada a Moix llegó en forma de comunicado de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, la misma que había respaldado su nombramiento el pasado febrero. La nota remitida por la AF a los medios durante la tarde del miércoles pedía al jefe de Anticorrupción que pusiese su cargo a disposición de José Manuel Maza, con quien la asociación había pactado el nombramiento. Sus aliados naturales también le habían retirado su confianza.

La Unión Progresista de Fiscales  había sido mucho más dura y llevaba ya semanas reclamando su dimisión para limpiar la imagen del ministerio público.

Por si quedaba alquien que aún no hubiese dado la espalda al jefe de Anticorrupción, los diarios  El Español, El País , los medios a los que según afirmó en una entrevista reciente en la cadena SER concede credibilidad Moix, publicaron editoriales a última hora del miércoles en el que reclaman su marcha.

El Español, el medio al que recurrió Moix para reventar la información de la sociedad panameña cuando un periodista de Infolibre le llamó para recabar su versión, anunció de madrugada que el jefe de Anticorrupción ha sucumbido a la presión con el siguiente titular: Moix ofrecerá su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución”.

Moix dice no tener “apego” al cargo y que “esta noche o mañana” hablará con Maza sobre su empresa offshore

Fuente: http://www.publico.es/politica/moix-dice-apego-cargo-noche.html

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, ha adelantado este miércoles que “esta noche o mañana” conversará con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, sobre la empresa ‘offshore’ radicada en Panamá de la que es dueño al 25%, al mismo tiempo que ha asegurado que no tiene “ningún apego” ni “interés” en mantener el cargo.

“No tengo ningún interés en mantenerlo si se considera que no soy el más idóneo“, ha señalado en declaraciones en Onda Cero recogidas. Es más, ha afirmado que estaría dispuesto a dimitir como fiscal jefe Anticorrupción si su permanencia en el cargo perjudica a la institución.

“No le quepa duda”, ha recalcado tras ser preguntado si se apartaría, aunque ha aseverado que no se lo ha “planteado”. En este punto, ha aludido a la “conversación pendiente” que tiene con Maza y que tendrá lugar “esta noche o mañana” porque “no está en Madrid”.

Moix ha reconocido que es “indudable” que calculó “mal” la relevancia de la sociedad panameña. De hecho, ha apuntado que, si no informó a sus superiores antes de ser nombrado, fue porque consideró “irrelevante” este asunto ya que “no había incompatibilidad”.

Moix ha defendido la legalidad de la sociedad que comparte con sus hermanos, Duchesse Financial Overseas, constituida en 1988 y propietaria de un chalet valorado en más de medio millón de euros en el municipio madrileño de Collado Villalba que, hasta 2012, pertenecía a los padres del fiscal jefe. “Se puede entender que no es correcto estéticamente, pero hay que valorar si eso objetivamente influye en el ejercicio de la función”, ha subrayado.

La Guardia Civil investiga a Cifuentes por indicios de cohecho y malversación

Fuente: http://diario16.com/la-guardia-civil-investiga-cifuentes-indicios-cohecho-malversacion/

Por

María José Pintor Sánchez-Ocaña

Diversos informes recientemente incorporados al sumario del caso Púnica señalan directamente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.

Si Diario16 ya anunciaba esta mañana que “la Púnica cerca a Cifuentes”, ahora se cuentan con más detalles .

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hay indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir “de antemano”. La presidenta regional era “partícipe y conocedora del amaño”, señala el informe.

Concretamente de la de la cafetería de la Asamblea de Madrid realizada a través de la Fundación Fundescam siendo Cifuentes la vicepresidenta de la Cámara y Arturo Fernández el vencedor de la adjudicación. Según se detalla, Fernández habría entregado dinero a Fundescam como contraprestación. Dinero que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP cuando Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.

En ese sentido el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga la trama delictiva, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad “B” de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones anteriores.

El ex-presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez detenido por enriquecerse ilicitamente con el Canal de Isabel II

La UCO realizó un operativo con 12 detenidos, entre ellos el ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, por corrupción, mas explicitamente por enriquecimiento ilicito con el Canal de Isabel II,   en el operativo llamado “Operación Lezo” hubo numerosos registros, el director y el presidente del diario La Razón fueron llamados a declarar ante el juez como imputados en el caso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha prometido plena colaboración con la justicia.

Fiscalía surcoreana pide detener a expresidenta Park Geun-hye

Fuente: http://almomento.net/fiscalia-surcoreana-pide-detener-a-expresidenta-park-geun-hye/301554

 

La fiscalía de Corea del Sur anunció el lunes su intención de detener a la destituida expresidenta Park Geun-hye por acusaciones de corrupción que provocaron un gran escándalo político y provocaron su salida del poder.

Park fue destituida tras ser acusada de conspirar junto a su amiga Choi Soon-sil y con uno de los principales asesores presidenciales para presionar a 16 grupos empresariales, entre los que está Samsung, para que donasen 77.400 millones de wones (69 millones de dólares) a dos organizaciones sin ánimo de lucro controladas por Choi y que usaba para beneficio personal.

La medida llega después de que los fiscales interrogaran a Park durante 14 horas la semana pasada por sospechas de que conspiró con una confidente, ahora encarcelada, para extorsionar a empresas y de que cometió otras faltas durante su mandato.

Una oficina de la fiscalía de Seúl dijo en un comunicado que busca que un tribunal local emita una orden de arresto contra Park.

“El caso es muy grave porque los sospechosos han mostrado acciones de abuso de poder, como el cobrar sobornos de compañías usando la posición de poder y autoridad de la presidenta, violando la libertad de los gerentes de las compañías y filtrando importantes secretos oficiales”, dice el comunicado.

La Corte Central de Distrito de Seúl celebrará una vista el jueves para decidir sobre la petición. Se espera que el tribunal pida a Park que asista a la audiencia y la decisión sobre su futuro podría anunciarse el viernes, según funcionarios judiciales.

La detención es el próximo paso antes de que Park pueda ser acusada formalmente por delitos como extorsión, soborno y abuso de poder. En Corea del Sur, solo la condena de soborno podría acarrear una pena de cadena perpetua.

Park negó haber cometido delito alguno.

Aunque la corte rechace la petición, la fiscalía podría mantener la acusación.

Analistas políticos señalaron que la detención de Park podría avivar las tensiones y crearía una reacción negativa de sus seguidores conservadores antes de las elecciones de mayo, de las que saldrá su sucesor.

Mientras ocupó la presidencia, Park tuvo inmunidad presidencial y se negó a reunirse con los fiscales.

Park se ha disculpado por confiar en Choi, pero dijo que solo le permitió editar algunos de sus discursos presidenciales y que proporcionó ayuda en “relaciones públicas” a la presidencia.

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“Murcia, a tope”: las grabaciones que implican a Pedro Antonio Sánchez en la Púnica

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Murcia_0_626787356.html

Unas grabaciones del sumario del caso Púnica que investiga el juez Eloy Velasco acreditan que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, cerró un trato con la trama para lavar su imagen en las redes sociales, de cara a postularse a la presidencia regional. En concreto, los audios revelan que cuando era consejero de Educación en Murcia Sánchez pactó un acuerdo de 3.000 euros al mes, a pagar con dinero público, cuando tuvieran lugar los comicios,  según publica este lunes Cadena Ser.

http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004511878/

En las grabaciones se escucha al conseguidor de la trama Alejandro de Pedro explicar a sus socios el pacto con Sánchez para lavar su imagen en las redes sociales. Según explica el propio De Pedro a una de sus empleadas, el contrato se cerró por “3.000 pavos al mes” para lavar la imagen de Sánchez, entre octubre de 2014 y mayo de 2015, cuando se celebraran las elecciones.

http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004511883/

A esta cantidad se sumarían otros 1.000 euros para un periodista encargado de elaborar noticias beneficiosas para Sánchez desde un periódico digital murciano, que el conseguidor de la trama creó como herramienta para promocionar a sus clientes. También estaba previsto que los servicios se pagasen con dinero público procedente de la Consejería de Educación, que entonces dirigía Sánchez.

Los audios certifican la existencia de cuatro reuniones, entre junio y octubre de 2014, en las que se cerró el acuerdo y en las que participó el propio presidente murciano. Según señala la Cadena Ser, uno de los encuentros se produjo en la consejería de Educación de Murcia y los restantes en Madrid, en hoteles como el Palace o Las Letras. En la última de las reuniones se alcanzó el acuerdo definitivo con Sánchez y la senadora Pilar Barreiro.

http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004511881/

Además de las grabaciones -en las que se registran conversaciones entre Alejandro de Pedro, su socio José Antonio Alonso Conesa, los empleados de ambos y técnicos y jefes de gabinete de distintas consejerías de Murcia-, existen otras pruebas que implican al presidente murciano como mensajes, whatsapps y el testimonio comercial de Eico, la empresa de Alejandro de Pedro, y que confirman el acuerdo.

No se llegaron a realizar

Los trabajos nunca llegaron a ser realizados, ya que seis días después de cerrarse el acuerdo, el 27 de octubre de 2014, estalló la operación y el juez Velasco ordenó las detenciones. Aún así, el magistrado pedirá imputar a Sánchez y en contra del criterio de la Fiscalía por cohecho, fraude a la Administración y revelación de información reservada.

El magistrado se atiene a una reforma del código penal en la que se sanciona igualmente la conspiración para cometer delitos, aunque estos no se hayan ejecutado. Anticorrupción descartó proceder contra el presidente murciano por “no llegarse a formalizarse los contratos de publicidad” y, por tanto, “no haber perjuicio alguno para las arcas públicas”.

El presidente de Murcia actualmente está imputado en otra causa: el Caso Auditorio, en el que se investigan las irregularidades cometidas en las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde.

Las grabaciones recogen algunas de las acciones de la trama en otras comunidades como Madrid o Castilla y León. El propio Alejandro de Pedro habla en uno de los audios del contrato de reputación personal del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o de la exconsejera de Educación Lucía Figar, también imputada en la causa, por un total de 400.000 euros.

http://play.cadenaser.com/widget/audio/001RD010000004511885/

Un empresario involucra a Mas y Puig en el cobro de mordidas de las obras públicas

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-03-27/artur-mas-felip-puig-cobro-mordidas-obras-publicas_1355508/

Artur Mas se enteró por un correo electrónico de los pagos de mordidas en adjudicaciones públicas, al menos, en el año 2003, cuando todavía era ‘conseller en cap’ (consejero jefe) en el Gobierno de Jordi Pujol. Así consta en la declaración del empresario Juan Antonio Salguero, realizada ante la Guardia Civil el 2 de febrero de 2016. La declaración consta en el sumario del 3% que instruye el juez Josep Bosch, titular del juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). Salguero fue uno de los empresarios que denunciaron en el año 2005 el pago de mordidas a Convergència, justamente en los días en que Pasqual Maragall le espetó a Artur Mas que el problema de Convergència se llamaba 3%.

“El señor Salguero también estableció contacto con Artur Mas a través de un correo electrónico en el que exponía la situación [le decía que estaba siendo chantajeado]. La respuesta del señor Mas fue enviarle a su jefa de prensa y a Ferran Falcó, presidente de Adigsa en ese momento, para pedirle por favor que no denunciara nada”, dice el informe que obra en el sumario abierto en El Vendrell. El correo electrónico, por otra parte, está en poder de la Fiscalía.

JOSÉ MARÍA OLMO

El empresario había sido contactado por José María Penín, un trabajador externo de Adigsa, que era la empresa de la Generalitat que controla la vivienda pública de Cataluña. Penín le ofreció contratar 18 obras de rehabilitación de pisos públicos a un precio de entre 25.000 y 30.000 euros cada obra. En total, un negocio de casi 600.000 euros.

 Pinche aquí para leer el documento de la declaración del empresario Juan Antonio Salguero.
Pinche aquí para leer el documento de la declaración del empresario Juan Antonio Salguero.

La condición era que tenía que realizar una factura por cada una de las obras y no podía cobrar en una sola factura. ‘A posteriori’, Salguero se enteró de que, de esa manera, la obra no salía a concurso, sino que se adjudicaban a dedo cada una de las reformas, al no llegar, por separado, al tope exigido por ley para tener que convocar concurso público.

Cuando llevaba la mitad de los pisos rehabilitados, Salguero fue a cobrar a la Generalitat, pero su nombre no figuraba en la base de datos de la Administración, por lo que le dijeron que debía contactar con Penín. “Cuando el dicente habla con Penín —dice el informe policial— y le expone su intención de cobrar por las reformas ya realizadas, este le enseña las facturas que realmente debe presentar, las cuales habían sido incrementadas en un 20%. El señor Salguero le contesta que no tenía conocimiento alguno de este proceder y que no está de acuerdo con el mismo, respondiendo Penín que es la única forma que tiene de cobrar. Salguero le dice que va a denunciar esta situación y Penín le responde que el consejero en aquel momento era familiar suyo (Felip Puig), que era la forma de proceder y que no tenía nada que hacer”. Puig era, en aquel momento, consejero de Política Territorial y Obras Públicas.

Los diligentes Mossos

El empresario llamó al consejero para decirle que “estaba siendo víctima de un chantaje, a lo cual el señor Puig lo único que le preguntó era que cómo iba a realizar el pago”.

Pinche aquí para leer la segunda parte de la declaración del empresario Juan Antonio Salguero.
Pinche aquí para leer la segunda parte de la declaración del empresario Juan Antonio Salguero.

Juan Antonio Salguero que tuvo que irse de Cataluña posteriormente— señala a El Confidencial que al día siguiente de que Maragall denunciase el caso del 3% en el Parlamento catalán se vio con la jefa de prensa de Convergència y con Ferran Falcó, presidente de Adigsa. “En cuanto le mandé el correo electrónico a Artur Mas, se presentaron los Mossos d’Esquadra en casa. Además, recibí ya la llamada de la jefa de prensa para vernos urgentemente y hablar del asunto, suplicando que no dijese nada a nadie”, recuerda el empresario. Falcó es hoy secretario de Territorio del Gobierno catalán, mientras que la entonces jefa de prensa ocupa otro cargo de confianza en el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

Ese mismo día de la reunión con los dirigentes de CDC, Salguero también quiso entregar una copia del correo a Ernest Benach, entonces presidente del Parlamento, porque coincidió con él a la entrada de la institución, pero el político se escabulló hábilmente. Por el contrario, los Mossos que hacen guardia le conminaron a que “no apareciese más por allí repartiendo panfletos. Incluso me pidieron el DNI y tomaron nota. Yo lo único que quería era que supieran lo que le había expuesto a Artur Mas, pero fueron contundentes para decirme que no permitirían que repartiera panfletos allí”.

“Falcó me pidió que no les denunciara. Él mismo reconoció ante el juez que se había reunido conmigo, pero dijo que era para saber qué pasaba”

“En otra ocasión, coincidió con el entonces vicepresidente catalán y líder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, en el programa de la televisión vasca ‘Por fin es viernes’. Le dije todo lo que me había pasado, cómo me habían querido extorsionar para pagar una comisión del 20%. Y él, que había dicho incluso que la comisión que se pagaba era del 5% y no del 3% que decía Maragall, se enfadó conmigo porque le llamé cobarde. Y es verdad: en aquellos momentos parecía que solo había cobardes y ladrones. Pero no dijo nada. Se calló y no denunció lo que me había pasado”. O sea, jamás se interesaron ni él ni nadie de su partido por si se pagaban comisiones o algo parecido.

Salguero relató también a la Guardia Civil que cobró los cheques de la mitad del trabajo y el mismo día los cobró en efectivo por ventanilla. Le habían dicho que debía ingresar una parte de la mordida en una cuenta a nombre de una fundación “de la cual no recuerda el nombre y que el resto iba ‘para arriba’, a lo cual el señor Salguero se negó”. En cambio, entregó la mordida, en efectivo, a Penín y a otro trabajador de Adigsa en un bar cercano a la sede de este organismo. Pero ante lo estrambótico de la situación, dejó de trabajar para el Gobierno de CiU.

El empresario subraya a este diario que Ferran Falcó le “pidió que no les denunciara”. “Él mismo reconoció ante el juez que se había reunido conmigo, pero dijo que era para saber qué había pasado. Eso no es verdad. Lo sabía perfectamente”, asegura Salguero a El Confidencial. En su declaración, la Guardia Civil destaca que Falcó fue la persona que contrató a Penín, el familiar de Felip Puig, para que hiciese de intermediario en las adjudicaciones. Años después, en 2013, la jueza Núria Bassols exoneraba a Falcó de toda culpa en este caso. Bassols pasó inmediatamente a ocupar un cargo de confianza cerca de Artur Mas (ya entonces ejerciente como ‘president’) y con un salario de 108.000 euros anuales. Su marido, Josep Manel Bassols, es uno de los empresarios detenidos recientemente por pagar las mordidas del 3% a Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Inquietantes advertencias a Mas

Poco antes de este casual fichaje, Josep Manel Bassols escribía una carta al propio Artur Mas, una copia de la cual obra en poder de El Confidencial, en la que le enumeraba los ‘servicios’ prestados a Convergència y le instaba a dedicarle “un poquito de tiempo para valorar la situación en que me encuentro y que me incomoda y me decepciona mucho”. Le habían prometido un cargo importante en la empresa Gisa (que controlaba toda la obra pública) o en alguna de las diputaciones, pero el ofrecimiento formal no había llegado nunca. “Paralelamente, mi esposa, Núria Bassols, a quien usted ya conoce, hace tiempo que necesita un ‘impasse’ temporal de la plaza que ocupa en la Sala Civil y Penal del TSJC, dado que lleva más de 12 años (es, con diferencia, la más antigua) y han sido unos años de mucha presión”.

Pinche aquí para leer la carta del empresario J. M. Bassols a Artur Mas.
Pinche aquí para leer la carta del empresario J. M. Bassols a Artur Mas.

“Uno de los contactos que tuvo fue con el actual vocal del CGPJ Ramon Camp, que le pidió a primeros del 2011 que se mantuviese en su puesto un par de años más (…)”. Y más adelante subrayaba que se encontraba en una total incerteza por lo que al futuro profesional se refiere. “Incerteza que se extiende también a mi esposa que, aparte del apoyo que he encontrado siempre en ella, ha desarrollado una labor muy importante desde su destino profesional, que se verá obligada a abandonar si no podemos encontrar una salida a esta situación”.

La carta terminaba con una advertencia inquietante a Artur Mas: “Le agradecería sinceramente que me disipase estas dudas [sobre cargos de confianza para él y su esposa]; por tanto, quedo a su disposición para recibir esta respuesta en la forma y circunstancias que por el desarrollo de su tarea le sea más fácil”. Que cada quien interprete este aviso.

La exoneración de Ferran Falcó en 2013, pues, fue la guinda de la jueza a CDC. No hay que olvidar que Falcó fue el candidato convergente a la alcaldía de Badalona y que no fue alcalde porque ningún partido político quiso apoyarle (precisamente por estar imputado) para desbancar al popular Xavier García Albiol. Y Núria Bassols, pese a que todos los testigos señalaban a Falcó como el hombre que controlaba todo y ordenaba hasta los más mínimos detalles en Adigsa, determinó que el dirigente de CDC y comisionado por Mas para neutralizar a Salguero no tenía nada que ver con la obra en las viviendas públicas y que no sabía nada de nada. Fue otra de las parciales victorias de Artur Mas en sus intentos de crear cortinas de humo entre él y la corrupción.

Interior da un piso de la Guardia Civil gratis al director general de Tráfico

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/guardia-civil-vivienda-gratis-director-trafico-gregorio-serrano-5928445

EL PERIÓDICO / BARCELONA

DOMINGO, 26 DE MARZO DEL 2017 – 20:55 CEST

El Ministerio del Interior ha adjudicado una vivienda de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, para que la ocupe gratuitamente durante su estancia en Madrid, tal y como ha informado esta noche ‘El Objetivo‘ de La Sexta. Según explican fuentes del cuerpo, esta “adjudicación a dedo” se habría hecho de forma irregular puesto que Serrano no forma parte del instituto armado. Además, se ha autorizado una reforma integral de todo el inmueble que asciende a 50.000 euros.

Serrano fue, hasta su nombramiento a finales del año pasado como alto cargo del ministerio del Interior, concejal del ayuntamiento de Sevilla y durante el mandato de Juan Ignacio Zoido al frente de la ciudad, su mano derecha como teniente de alcalde.

Dichas fuentes de la Guardia Civil han explicado a ‘El Objetivo‘ que la adjudicación de estos pisos de la Benemérita (llamados también “pabellones”) se realiza bajo la legislación de la Orden General 5 del 19 de mayo del 2005. En dicha orden se define quién puede ocupar estas viviendas y cómo es el proceso de adjudicación. Esta “adjudicación a dedo” de un pabellón en Madrid a director general de Tráfico, quien no forma parte del cuerpo, se habría realizado de forma irregular, sin el amparo de dicha orden general.

OBRAS POR 50.762 EUROS

Además, tal y como indica la documentación a la que ha tenido acceso ‘El Objetivo‘, el pasado 23 de febrero de 2017 la junta correspondiente del acuartelamiento en Madrid aprobó adjudicar a Mercon Obras SL, por 50.762 euros, la rehabilitación integral para, según establece la memoria justificativa de gasto, “acometer las actuaciones necesarias que actualicen e implementen las condiciones de habitabilidad necesarias para la ocupación del citado pabellón por el actual director general de Tráfico“.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Según el dosier completo de la citada obra, el presupuesto solicita materiales de alta calidad y establece, entre otros ejemplos, un falso techo de escayola lisa por 2.325 euros, un armario corredero de 2.392 euros o una tarima flotante de roble de 4.000 euros. La actuación supone desde el reemplazo de ventanas hasta la instalación de un nuevo sistema de calefacción, e implica, tal y como se resume en el presupuesto, trabajos de albañilería, fontanería, instalación eléctrica, pintura, carpintería metálica y de madera.

Ya en el 2009, el PP criticó duramente que el ministerio del Interior, con Alfredo Pérez Rubalcaba al frente, modificara dicha orden para justificar, a posteriori, que el secretario de Turismo viviera durante un tiempo en una de esas viviendas cuando no formaba parte del cuerpo, y solo por ser exdirector general del mismo.

SOLICITUD AL DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL

Fuentes de Interior argumentan, tras ser consultadas por este asunto, que fue el propio Gregorio Serrano quien pidió por escrito a su homólogo de la benemérita disponer de una de estas viviendas. Lo hacía a cambio de que la Guardia Civil pudiera ampliar las oficinas que ocupa en las instalaciones de la DGT de la calle Emilio Muñoz, 41 de Madrid.

Dichas fuentes de Interior no han remitido a este programa el documento en el que se adjudica formalmente al director general de Tráfico dicha vivienda en Madrid por parte de la unidad correspondiente y bajo el marco legal previsto por la Benemérita. El director general de Tráfico no ha querido participar en el programa.

Banco Sabadell ocultó a la CNMV un préstamo de 200 millones a una firma panameña de su mayor accionista

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Banco-Sabadell-CNMV-Gilinski-accionista_0_625038423.html

El Banco Sabadell ha ocultado durante años en sus cuentas anuales y, por ende, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesión en 2013 de un préstamo de 270 millones de dólares (unos 201 millones de euros, al cambio de entonces) a una sociedad panameña del que luego fue su mayor accionista, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski.

Los pormenores del préstamo se negociaron a principios de septiembre de 2013, en vísperas de que Gilinski inyectase a la entidad 275 millones de euros a través de una macroampliación de capital con la que tomó un 5% de las acciones del banco, porcentaje que luego amplió hasta el 7,5%.

La cuantía y las fechas en las que se negoció el préstamo sugieren que Gilinski, una de las mayores fortunas de Colombia, pudo recibir con ese crédito millonario asistencia financiera del Sabadell para suscribir esa ampliación de capital, algo que el banco niega categóricamente.

El Banco de España puede obligar a las entidades, en virtud de una circular de 2008, a descontar de sus recursos propios el importe suscrito en una ampliación de capital obtenido con financiación proporcionada por el propio banco.

El crédito, según un “borrador” al que ha tenido acceso eldiario.es que fue remitido por la sucursal del Sabadell en Miami a Jaime Gillinski el 4 de septiembre de 2013 (cinco días antes de anunciarse la entrada del inversor colombiano), tenía como objetivo “financiar la expansión” de las empresas del magnate en América Latina y aportar financiación al macroproyecto inmobiliario Panamá Pacífico, impulsado por Gilinski en ese país caracterizado por la opacidad financiera, al que está muy vinculado desde hace décadas: allí nació su esposa, Raquel Kardonski, y desde allí controlaba su participación en el Sabadell a través de su sociedad Colden Investments.

Borrador del contrato de préstamo presentado a Gilinski cinco días antes de darle entrada en su capital.
Borrador del contrato de préstamo presentado por Sabadell a Gilinski cinco días antes de darle entrada en su capital.

La CNMV obliga a las empresas cotizadas, en cumplimiento con la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) número 34, a detallar en sus cuentas anuales “aquellas operaciones significativas por su cuantía o relevantes por su materia realizadas entre la sociedad o entidades de su grupo, y los accionistas significativos de la sociedad”.

Pese a superar los 200 millones de euros, cifra que supone más de un 4% de la cifra de negocios del Sabadell en 2013 (ese año, el banco ingresó 4.863,1 millones en concepto de intereses y rendimientos asimilados, un 2,6% más que en 2012), el préstamo a Gilinski no aparece en las cuentas de Sabadell de 2013, 2014, 2015 y 2016, años en los que el colombiano fue su mayor accionista.

De la lectura de los estados financieros del banco en esos años se interpreta que el Sabadell omitió esa información por considerar que se trató de una operación efectuada “en condiciones de mercado” y “dentro del tráfico habitual de la sociedad”.

El banco sí informó en su momento de dos operaciones con Gilinski por un importe muy inferior al de ese préstamo: la compra, anunciada en diciembre de 2013, de un pequeño banco en Florida propiedad del multimillonario, JGB Bank (por 36 millones de euros), y la adquisición de un 5% del banco de Gilinski en Colombia, GNB Sudamericas, por 50 millones de dólares.

Sabadell todavía conserva el 5% de GNB Sudamericas, séptimo grupo bancario de Colombia con presencia en Perú y Paraguay, pero hace unas semanas vendió su negocio minorista en Estados Unidos (incluyendo JGB Bank) por unos 1.000 millones de euros.

A preguntas sobre este asunto, un portavoz del Sabadell señala que el banco no comenta “operaciones de clientes” y recalca que el préstamo “no es para comprar acciones, ni consume capital, ni tiene que reducir los recursos propios” de la entidad.

El préstamo a Gillinski, según el borrador remitido por Sabadell días antes de darle entrada en su accionariado, establecía un plazo de vencimiento de siete años, un tipo de interés de Libor a 6 meses más 400 puntos básicos (equivalente al 4,39% en aquel momento) y un periodo de carencia de 30 meses, habitual en las operaciones de financiación corporativa. La “prestataria” sería Southstone Investments, SA, una de las firmas panameñas de Gillinski, controlada a su vez a través de Archbury Investments SA, también panameña.

Libre de impuestos

Quizás para aprovechar las ventajas que ofrece Panamá y el uso de sociedades interpuestas en ese territorio opaco, el contrato abría la puerta a la posibilidad de que Gillinski no abonase impuestos por ese crédito. Una de las cláusulas de la propuesta establecía que “en caso de que aplicara ‘withholding tax’ [esto es, que el crédito estuviera sujeto a retención de impuestos], Banco Sabadell recibirá la cantidad de intereses íntegra”.

El borrador también establecía que, como garantía del préstamo, el magnate pignoraría las acciones de Southstone Investments SA y los derechos derivados del 25% de esta firma panameña en la sociedad London & Regional (Panamá) SA, con la que Gilinski promueve desde hace años junto al gigante inmobiliario británico London & Regional Properties, de los hermanos Ian y Richard Livingstone, el macroproyecto Panamá Pacífico, una nueva ciudad a orillas del Canal de Panamá que ya acoge a grandes multinacionales como 3M, Caterpillar o Dell, atraídas por la ausencia de impuestos que ofrece el Gobierno panameño.

Ubicado en una antigua base militar estadounidense sobre una superficie de 1.800 hectáreas, Panamá Pacífico fue definido hace un año por Forbes como “ el proyecto inmobiliario más audaz del mundo”, con una inversión estimada en 2007 en 7.300 millones de euros. El precio de la casa unifamiliar más barata allí no baja de los 310.000 dólares.

El borrador del contrato de préstamo a Gilinski recogía la “prohibición de venta de las acciones de Southstone Investiments” y el “compromiso” por parte del colombiano de vender “acciones de la sociedad Rhinebeck Investments SA (propiedad al 100% del accionista) a Banco Sabadell en caso incumplimiento de la prestataria”.

Panamá, Luxemburgo, Holanda e Islas Vírgenes

Tras Rhinebeck está GNB Sudameris, del que Sabadell se convirtió en accionista en octubre de 2015. Rhinebeck tiene el 25% de Starmites Corporation, a su vez propietaria del 100% de la firma holandesa Gilex BV, dueña del 94,73% de Banco GNB Sudameris SA en Colombia.

Como explicó Gilinski al Sabadell en una carta sin fecha a la que ha tenido acceso eldiario.es, “si las obligaciones del préstamo de Southstone Investments SA no fueran abonadas a Banco de Sabadell SA, procederemos a vender las acciones de Rhinebeck Investments SA a Banco Sabadell en la proporción correspondiente requerida para pagar todas las obligaciones bancarias más intereses y cualquier gasto adicional relacionado con el préstamo”.

Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.
Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.

Extracto de la carta de Gilinski a Banco Sabadell.
Extracto de la carta de Gilinski a Sabadell.

El rastro de una sociedad llamada Rinebeck Investments (sin h) vinculada a Gilinski lleva hasta el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. Puede encontrarse en los estatutos de constitución de Starmites Corporation SARL, la sociedad luxemburguesa en la que Gilinski vehicula su participación en el banco GNB Sudameris a través de otra instrumental en Holanda. En esos estatutos se decía que Rinebeck era una sociedad “establecida bajo las leyes de las Islas Vírgenes Británicas” que a esa fecha (junio de 2013) ya había sido trasladada a Panamá.

La macroampliación llevada a cabo en septiembre de 2013 por Sabadell a la que acudió Gilinski permitió a la entidad catalana presentarse “entre los bancos mejor capitalizados de Europa”. Con la operación, realizada en dos tramos, el banco captó 1.383 millones de euros y amplió su capital un 20%. Gilinski suscribió cerca del 20% del total y un 42% del tramo dirigido a inversores institucionales.

La ampliación permitió a la entidad digerir sus últimas adquisiciones (Banco Gallego y el negocio del británico Lloyd’s en España, ese mismo año, y la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, en 2012), reforzar su ratio de capital y, con ello, soportar mayores provisiones por su exposición inmobiliaria y tener más margen para pagar dividendos.

Gilinski llegó a convertirse en primer accionista del Sabadell al controlar a cierre de 2015 un 7,5% del banco, pero nunca fue miembro de su consejo de administración. Hace un año empezó a vender acciones y, tras impulsar sin éxito el pasado verano una opa del Sabadell sobre el Banco Popular junto al mexicano de origen asturiano Antonio del Valle (accionista de este último), en noviembre pasado dejó de ser accionista significativo tras desprenderse de otro 3%.

De origen lituano, Gilinski, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito, ocupaba el puesto 544º de la última lista de Forbes, con una fortuna estimada en 3.500 millones de dólares. Afincado desde hace años en Londres, hizo fortuna en Colombia tras adquirir a precio de derribo en la década de los 90 el Banco de Crédito y Comercio Internacional, privatizado entonces por el Gobierno colombiano y calificado en esas fechas por la revista Time como “el banco más corrupto del mundo”.

Con ayuda de casi un centenar de inversores internacionales (entre ellos, el magnate de origen húngaro George Soros), Gilinski lo reflotó y lo vendió posteriormente con jugosas plusvalías. Actualmente, los intereses de su imperio se extienden por el sector inmobiliario, bancario y hotelero. En España, en los últimos años ha pujado sin éxito por activos como el complejo Canalejas (del Grupo Villar Mir) y el hotel Villamagna.

Fèlix Millet y Gemma Montull confiesan que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau

Fuente: http://www.eldiario.es/catalunya/politica/Felix-Millet-Convergencia-Ferrovial-donaciones_0_619789159.html

Ferrovial hacía donaciones a Convergència a cambio de obra pública. Esta es la verdad”. Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música, haincriminado a Convergència en el cobro de comisiones a través de la institución cultural. La exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, ha seguido la misma línea: “Si Ferrovial pasaba dinero a Convergència debía ser a cambio de algo”. El juicio del caso Palau ha dado un vuelco cuando pasaba un minuto de las once de la mañana de este miércoles, aunque la confesión de Millet y Montull ha sido controlada: no han implicado en la trama a ningún cargo político de Convergència.

Es la primera vez que Millet y Montull avalan la tesis del fiscal de que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau de la Música. Las comisiones de Ferrovial al partido, según el ministerio público, ascienden a 6,6 millones. En julio se cumplirán ocho años del estallido del caso, y hasta ahora Millet solo había reconocido, en septiembre de 2009, que había desviado 3,3 millones del Palau para su uso particular. En su declaración como acusado, este miércoles ha reiterado que se gastó fondos del Palau para pagar viajes personales, las bodas de sus hijas y obras en sus casas. “Pero hay algo que no dije en mi confesión y es verdad: el tema de Convergència”, ha dicho Millet.

Millet ha reconocido el engranaje descrito en el escrito de acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled: Ferrovial hacía una donación al Palau de la Música, y parte de la misma se la repartían Millet y su mano derecha, Jordi Montull. El resto iba para CDC a través de sus tesoreros: Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar, que también se sienta en el banquillo y se enfrenta a siete años y medio de prisión. Con todo, ha evitado concretar si, como sostiene el fiscal, la donación correspondía al 4% del importe de una obra pública encargada a Ferrovial. “Esto se lo hablaban entre Ferrovial y Convergència. Los acuerdos eran entre ellos por unas obras determinadas”, ha afirmado Millet.

Millet tampoco ha inculpado a ningún dirigente político de Convergència en la trama, pese a la insistencia del fiscal. Se ha limitado a señalar el extesorero de CDC. “En los papeles aparecen cifras y el nombre de Daniel. ¿Quién es?”, ha preguntado Sánchez Ulled. “Daniel Osàcar”, ha respondido Millet. En el mismo sentido se ha expresado Gemma Montull, y ha señalado a Osàcar como el destinatario de los “pagos a Daniel” que aparecen en documento del sumario.

Facturas falsas a instancias de CDC

El fiscal Sánchez Ulled ha preguntado casi media hora sobre un documento que se encontró en el ordenador de la secretaría de Millet. En él aparecen las donaciones de Ferrovial al Palau y cómo se repartían en pagos a Osàcar, a la fundación Trias Fargas de CDC y a Millet y Montull. Según el fiscal, del 4% de una obra pública que Ferrovial abonaba a través del Palau, el 2,5% terminaba en CDC y el 1,5% iba para Millet y Montull, que se lo dividían al 80 y al 20%. Gemma Montull ha confirmado este reparto.

Además, Gemma Montull ha confirmado que primero las entregas de dinero se hacían en efectivo al tesorero –el fiscal cree que de este modo llegaron a CDC más de la mitad de los 6,6 millones en comisiones–, pero que después el sistema pasó a basarse en facturas falsas.

En este punto ha aportado una explicación relevante, pero también se ha quedado a medias. Montull ha asegurado que cuando Hacienda abrió una inspección al Palau, Millet llamó a Convergència y “habló con alguien” para encontrar un modo de justificar las salidas de efectivo hacia el partido. Finalmente, según su versión, Osàcar entregó al Palau un documento con las facturas falsas que se tenían que usar como justificante. Osàcar y Jordi Montull, el padre de Gemma, declararán este jueves.

El “error” del saqueo

Sobre el saqueo del Palau, que Hacienda cifra en 24 millones, Millet ha reconocido que se autoimpuso un bonus de 800.000 euros irregularmente. También que pagó con dinero de la institución 164.000 euros de las bodas de sus hijas en el Palau –”fue para hacer publicidad del Palau”, ha alegado– y viajes de lujo a Dubai, la Polinesia y las Maldivas. “Me equivoqué absolutamente”, ha zanjado. El objetivo de Millet es lograr un atenuante por confesión o una rebaja en la pena –el fiscal pide para él 27 años y medio de cárcel– que le salve de entrar en prisión.

Sin embargo, no ha contestado a las preguntas del fiscal sobre las millonarias retiradas de efectivo de las cuentas del Palau que hicieron Millet y Montull. De hecho, a día de hoy no se sabe dónde están 9 millones del saqueo que se vaciaron en efectivo de las cuentas de la institución. Asimismo, Millet ha traslado la responsabilidad de la gestión financiera del Palau a Jordi y Gemma Montull. “Se quedaba el dinero y ya está, no entra en los detalles”, ha lanzado, irónico, Sánchez Ulled.

Por su lado, Montull, entre sollozos, ha asegurado que no se ha quedado “ni un euro del Palau y para ello ha presentado ante el tribunal el documento que divulgó este diario la semana pasada, en el que atribuye a Fèlix Millet 3,3 millones de euros del saqueo.

Rechazada la prescricipción de Osàcar

Antes de la declaración de Millet, el tribunal ha resuelto las cuestiones previas que las partes plantearon la semana pasada. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d’Argemir, ha sido la encargada de comunicar que Osàcar y los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, tendrán que seguir en el banquillo pues sus delitos no han prescrito.

Buenaventura y Elizaga habían solicitado la prescripción del delito de administración desleal. El tribunal ha hecho suyo el argumento del ministerio fiscal para rechazar la prescripción y ha recordado que la administración desleal no aparece en el marco de la gestión de Ferrovial, sino en el contexto de financiación de Convergència. Por su parte, Osàcar pidió quedar exculpado del delito de tráfico de influencias –no del de blanqueo–, pero el tribunal lo ha rechazado porque ambos delitos están en concurso y la prescripción que se tiene que valorar es la del blanqueo (diez años).