Tiresiada

“Acercóseme el alma por fin de Tiresias tebano…”1

                                      Canto I 

                Dame, Musa, el sereno valor, y más luz que otros días,
que hoy me toca narrar un relato que a muchos atañe.
¿O es que habrá quien ignore la historia del cadmio Tiresias,
el sutil trujamán que nació de la ninfa Cariclo?
Cierta tarde de un mes infernal, cuando el plazo expiraba
de un encargo espinoso (otro más) del laertiada Odiseo
–el mañero editor que tumbó las tarifas argivas
para hacerlas reptar por igual que en la triste Ilïón–,
recibió en su despacho la alada visita de Hermes,
portador de las pruebas de imprenta del último tocho,
un ensayo sin sal que el tebano ya había olvidado,
pues inmerso se hallaba en la brega con otro ladrillo.
Cuando el dios psicopompo salió del despacho coworking,
el divino Tiresias rasgó la fragante envoltura
que le daba al feroz mamotreto un aspecto apacible.
Y arrasó su visión un torrente de tinta rojiza:
baile aciago de rostros por caras, pedazos por trozos;
el quizá transformado en tal vez, el ocurre en sucede;
cada horror convertido en pavor, cada angustia en congoja
regresar por volver y también, ¡maldición!, viceversa,
«sobre todo en las páginas limpias», gimió el desdichado.
«¿Qué se hicieron mis pobres gerundios, mis voces pasivas?
¿Ubi sunt mis adverbios en -mente, por Ares broncíneo?
¡Cuánto cambio de orden, qué afán por planchar la pelambre!
Y si así lo escribía mi autor, ¿yo qué culpa tendré?».
Catarata de espumas su boca, Tiresias decide
sabiamente salir a airearse y, pegando un portazo,
aprovecha que tiene muy cerca el complejo urbanístico
de sus suegros, con pádel, piscina y un parque a la vuelta
donde puede llorar a sus anchas y Eolo es salud.
No se olvida las llaves de casa; tampoco el cayado
de pastor que compró tras aquella lesión de rodilla.
Sale, pues, a pisar la foresta de Montecileno,
pero al cabo de media clepsidra, ya entrado en el soto,
interrumpe el paseo una estampa amorosa y salvaje:
como trenza que cubre el camino, dos sierpes copulan.
Yo no sé si fue rabia, reflejo o temor; mas la vara
hirió el aire y cayó sin piedad sobre el par de culebras,
que veloces se alejan de allí, cada cual por su lado.
Al momento, Tiresias advierte que ya no es el mismo:
el sutil trujamán ha mutado en sutil corrector. 

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                                          Canto II

               Siete años borrosos transcurren en Ítaca abrupta
y Tiresias corrige a Tiresias detrás del espejo;
consiguió convencer al patrón de que hablar con el otro
facilita las cosas, y ya siempre pide el e-mail 
del autor responsable del texto que va a corregir,
para ver los problemas y dudas, criterios y fuentes,
y lo cierto es que en ese carteo hay debates fecundos
que mejoran el libro y a todos nos ponen felices.
Bueno, no; la verdad, esto solo pasó un par de días
y, si en otros hogares sucede, Tiresias lo ignora:
él apenas conoce del mar un escualo glotón.
Lo normal es que quiera Odiseo el trabajo anteayer,
y con tanto charlar se nos pasa la pascua troyana;
para colmo, el taimado no siempre devuelve las pruebas,
de manera que vete a saber qué le llega al vecino.
Él procura, eso sí, ser prudente en el gasto de tinta;
sugerir, preguntar, proponer sin cegar con el rojo
y sabiendo que ahí su labor es pescar resbalones,
no aplicar sus criterios de buen (o de mal) traductor.
Le entusiasma, además, cuando el otro se arriesga; y comprende
que lo espera: que espera el tachón, y por eso él no tacha.
Si corrige, corrige sin más; otro día que quiera
traducir, se va al monte a buscar dos serpientes en celo.
Ese viaje lo haría cualquiera sin tantas alforjas,
es verdad, pero a él le sirvió dar aquel bastonazo. 

                                         Canto III 

En las cumbres nevadas de Olimpo, dos dioses discuten
si es más perro y atroz corregir o si hacer traducciones.
¿Quién se queja con menos razón? ¿Quién se pasa tres pueblos?
En los juegos del ego mundial, ¿de quién es la plusmarca?
¿A quién sale peor trabajar, calculándolo en horas?
¿Cuántos litros de lágrimas vierten por término medio?
¿Duele más padecer un desmán y que crean que es tuyo
o arreglar un desmán sin que nadie sospeche que existes?
¿Ejercer el papel de enemigo y de mal necesario?
¿De enemigo y de mal necesario ejercer el papel?
«Preguntemos al cadmio Tiresias: él hizo ambas cosas,
y sin duda sufrió tropelías en esos dos gremios»,
se sonríen los crueles y, ociosos, se frotan las zarpas.
Llaman pues al tebano y lo encuentran de guardia (es domingo),
y le exponen sus dudas, e imploran su justo arbitraje.
Mas Tiresias es zorro y versado en los mitos añejos,
y no ignora que aquello que exponga ante el pérfido dúo
supondrá para él de regalo una hermosa ceguera
–suavizada tal vez con los dones de la profecía,
cosa que, francamente, a Tiresias le importa un pimiento–;
solo cabe apostar de qué dedo saldrán los chispazos
que vacíen sus míseras cuencas de buen colegial.
Dado que necesita los ojos, los dos, y que goza
de una cierta conciencia de clase, él se va por las ramas:
«¡Venerables olímpicos, qué delicada consulta!
Bien decís que yo vi la corriente desde ambas orillas,
y no siempre fue fácil llegar al extremo contrario;
pero, ¡ay!, ¿qué otra cosa podré contestar que «depende»?
En verdad, los oficios humanos que veo en mi entorno
tienen todos su forma de estar ciertamente jodidos
(con perdón de la mesa divina) estos días inciertos.
Ahora bien: si ser hombre es difícil, ¡oh, claras deidades!,
¡cuánto más complicado ha de ser, imagino, ser dios!».
Esto dijo el tebano valiente y se dio media vuelta.
Era tarde y quedaban aún muchas cosas que hacer. 

———————-

Pablo Moíño Sánchez sufre escribiendo, traduciendo y corrigiendo; pero a este su dolor, que así se ha enseñoreado en lo mejor de su cuerpo, llamanlo amor dulce. Su animal tutelar es la tortuga.

Notas

Homero, Odisea, XI, 90, trad. de J. M. Pabón, Madrid, Gredos, 2006, como banda sonora.


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La Boca del Logo de hoy: Crisis de identidad (21/07/2018)

Queremos sacar un Guillem Martínez a ver mundo ya contarlo. Todos los meses harás dos viajes y dos grandes reportajes sobre el terreno. Ayúdanos a sufragar los gastos y sugiérenos en los temas (info@ctxt.es) .

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En contra de la crítica musical

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Lo confieso. Cuando era joven fui crítico musical. No tenía dinero para acudir a los conciertos del Auditorio de Zaragoza y agucé el ingenio. Localicé una revista digital que todavía existe y que no tenía crítico en la ciudad y con el descaro de los veinticinco años me postulé como crítico. Durante dos años escribí para esa revista a cambio de entradas gratis para los conciertos. Fui un elemento ácido y de colmillos afilados, siguiendo el tono general que propiciaba la dirección editorial de aquella web, pero creo que nunca fui hiriente. Mis textos debían de leerse en los círculos musicales de la ciudad, y cuando uno de los críticos del Heraldo de Aragón marchó al gabinete de comunicación del alcalde Belloch, me recomendó para suplirle como crítico en el diario. La drástica reducción de caracteres de la prensa en papel afiló mi pluma hasta volverla peligrosa, y recuerdo que en ocasiones fui demasiado impertinente escribiendo cosas que hoy no firmaría. En el Heraldo sí cobraba. Poco, pero cobraba.

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Abandoné toda crítica a raíz de mi primer trabajo en la gestión musical. No concebía dedicarme a programar conciertos con dinero público y además enjuiciar la interpretación de otros músicos que podían aspirar a ser programados en el ciclo. Después me dediqué a trabajar para una orquesta de instrumentos originales en calidad de gerente, y tampoco me parecía honesto criticar la interpretación de colegas de profesión, aunque fuesen de campos estilísticos diferentes al nuestro.

Hoy en día lo último que haría, aunque no estuviese desempeñando ninguna actividad profesional incompatible, sería volver a la crítica. Y no sería difícil, porque han proliferado las revistas digitales, perviven las revistas especializadas en papel, que han ampliado su capacidad de contenido gracias a los portales en internet, y aunque en la prensa generalista la crítica casi ha desaparecido, aún hay cierto espacio para ella, seguramente de carácter más publicitario que crítico per se.

Hoy en día lo último que haría, aunque no estuviese desempeñando ninguna actividad profesional incompatible, sería volver a la crítica

Desde la musicología, los especialistas en siglo XIX valoran de una manera especialmente relevante lo que en la disciplina llaman la “recepción crítica”. Solo a partir de ese siglo, porque es cuando se empiezan a generalizar las publicaciones periódicas, y porque es en ese momento donde podemos rastrear lo que los “plumillas” de la época decían de la celebración de conciertos. Desde un punto de vista de reconstrucción factual de la vida musical de las ciudades, la labor de los críticos-cronistas de los periódicos del siglo XIX y XX sirve, más que para tomar en cuenta sus consideraciones, para ir dando contenido a la elaboración de carteleras que permitan saber y valorar qué música se tocaba, dónde y en qué condiciones, y qué tipo de gente conformaba el público. Rara vez se presta atención a lo que dice un crítico en una investigación musicológica, porque con la distancia resulta muy evidente cuándo uno de ellos está a priori a favor o en contra, además de ser sumamente cargantes por el estilo almibarado y repipi con el que escribían en aquella época.

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Lo que enseguida percibí es que se generó un clima muy enrarecido alrededor de la crítica y del crítico. Fue en aquella época cuando me di cuenta, siendo honesto conmigo mismo, que lo único constructivo que puede sacar un músico de una crítica, aunque sea buena, es un entrecomillado vistoso para su material promocional. Todo lo demás, incluso las frases demoledoras y de crítica hiriente, no tiene más valor que el de una persona que está emitiendo una opinión. Y es que todos tenemos opinión, pero la mayor parte de las veces se podría vivir mucho más tranquilo en el plano personal sin las opiniones ajenas. En el mundo artístico la crítica está institucionalizada y está aceptada por toda la industria. Pero ¿es realmente útil?

Un crítico solo puede resultar de utilidad a un usuario de música clásica cuando uno mismo tiene comprobado que su opinión es estable, razonable, razonada y no responde a intereses económicos ni publicitarios encubiertos. No es necesario añadir, pero no puedo evitarlo, que es bueno que su opinión no se vea dominada por sus fobias y sus filias personalísimas. Pero con un perfil razonable es difícil destacar, y es por ello que abunda tanto la crítica campanuda, que ha de hacer alarde constante de testosterona mal entendida.

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Un compañero crítico de uno de los medios en los que colaboré al principio de los 2000, con el que no podía estar más en desacuerdo con todo lo que pensaba y escribía y que, además, destacaba por poner en evidencia sus enconos personales en sus textos, me dijo en una ocasión: “El concierto me ha gustado, pero algo tengo que sacar”. Ese sacar se refería a buscar el defecto, el error, la tacha. Como si ser crítico se redujera a ser un profesor de colegio con un bolígrafo rojo. No sería la primera ni la última vez que escucharía algo así en esos años. Siempre hay una especie de actitud de alerta en el crítico musical que me parece incompatible con la disposición de ánimo apropiada para dejarse avasallar –en el buen sentido– por la música. Yo iba a cada concierto, y lo sigo haciendo, con las ganas de que la música y la interpretación me arrollen, y muchas de mis salidas de tono de aquella época se debieron más a los obstáculos que el propio intérprete me ponía para que me metiese de cabeza en su mundo, en su propuesta, que a errores de ejecución o de versiones inesperadas. Pero ¡ay!, yo a lo que aspiraba cada vez era a que el concierto me encantase, a poner todas las estrellas posibles, a escribir frases maravillosas sobre los intérpretes.

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Dos anécdotas más sobre aquella época. Solo una vez mi editora me censuró parte de una crítica. Recuerdo que me llamó muy solemne para decirme que yo estaba ahí para criticar a los músicos, no al público. Me resultó curioso, pero acaté. En muchas ocasiones hay un artista dispuesto a dar todo lo que tiene dentro sobre un escenario, pero una concatenación de actos maleducados, perpetrados por personas casualmente reunidas en una misma sala, puede dar al traste con todo el clima de concentración necesario para dar un concierto hoy en día. Sabemos que los conciertos en el XIX eran un jolgorio, pero desde que Mahler impuso la dinámica del sacramento a la práctica social del concierto, al público se le exige una compostura casi marcial. Actualmente estaría dispuesto a volver a organizar conciertos en los que la gente pudiese levantarse, aplaudir a destiempo, o beber mientras escuchan la música, pero si uno acepta estar en un concierto cuyo código es el silencio, nadie debería impedir, por más suscriptor del Heraldo que sea, que el crítico, que normalmente martiriza al intérprete, aleccione también al patio de butacas.  

La segunda anécdota fue más desagradable. Las miradas glaciales, los recelos, los vetos y los comentarios exclamatorios se iban sucediendo a medida que escribía en el periódico. Había gente que me felicitaba, sin embargo. Solo una vez me llamaron para protestar por algo que había escrito. Sorprendentemente fue una crítica excelente. No fue nadie implicado en el concierto, sino un director que se consideraba rival del que había hecho el concierto. Aquel señor quería afearme que pudiese poner a su oponente tan por las nubes. Me acusó de falta de criterio y de desvergüenza. Le tuve que pedir por favor relajase el tono, y que me llamase una vez que se hubiera calmado. Nunca más lo hizo.

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Un crítico solo puede resultar de utilidad a un usuario de música clásica cuando uno mismo tiene comprobado que su opinión es estable, razonable, razonada y no responde a intereses económicos

El negocio de la música clásica ha cambiado, en tanto que el paradigma social del intercambio constante e instantáneo de información ha alterado de manera que aún no podemos calibrar cómo funciona realmente el mundo el que vivimos. Los diferentes agentes implicados en las industrias culturales asisten a esta transformación de la manera que pueden, tratando de hacerse más accesibles a través de redes sociales e internet. Ya no hay que esperar al concierto para saber cómo suena un intérprete, en qué clase de proyecto está inmerso, cómo es la acogida de su música en todas y cada una de las ciudades de una gira. Un oyente informado, tiene a golpe de clic todo lo que necesita saber antes de comprarse una entrada o un disco. Los únicos que parecen no haberse movido del modelo decimonónico son los críticos, que siguen creyéndose notarios solemnes de lo artístico. Por suerte, sin embargo, precisamente gracias a internet y a su infinita capacidad de acumulación de datos, los investigadores del futuro tendrán la capacidad de escuchar interpretaciones, elaborar carteleras y tener opiniones directas de público y crítica para enjuiciar la labor profesional de un intérprete, la vigencia de un repertorio, o la supervivencia de una práctica social  de una manera desconocida para los investigadores que hasta hoy se han dejado los ojos en archivos y hemerotecas.

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Pero como es una cosa muy de crítico el destruir sin aportar, quiero, desde la voz de la experiencia a ambos lados del tablero, ofrecer una alternativa a cómo hacer que la crítica entre por fin en el siglo XXI. Insto a que los críticos se impliquen seleccionando para escribir solo aquellos conciertos, discos, representaciones que a priori les resulten atractivas, solventes, destacables. Sería una forma previa de animar a futuros indecisos a comprar entradas y discos. Que la crítica previa consista en una justificación razonada de por qué uno se compromete con la elección de un proyecto. Que como voz autorizada que se le supone, se implique en la preparación del melómano para la experiencia estética. Es decir, que se le hable del programa, del estilo, de los compositores, de la relevancia de la decisión artística del intérprete de seleccionar unas piezas y no otras, y por supuesto, glosando de antemano la trayectoria de este. De esta manera evitaríamos a muchos críticos el mal trago de tener que pasar por la segunda parte, tan fatigosa, de tener que destrozar el trabajo de alguien en un concierto que no le apetecía cubrir. Una vez sucedido el concierto o editado el disco, y dado que la tecnología actual permite no dar por finalizado un artículo nunca, que el crítico se evalúe a sí mismo a modo de work-in-progress, junto con la interpretación, para ver hasta qué punto estuvo acertado en su pronóstico, y en caso de que no sea así, que lo razone en base a los criterios por los que recomendó previamente el concierto. No evitaríamos las malas críticas, pero, al menos, dejarían de ser destructivas, y sobre todo, se escribiría con más cautela.

En 2009 Pedro Almodóvar escribió una entrada en su blog quejándose amargamente de Carlos Boyero, Borja Hermoso y El País por la demoledora crítica que el primero hizo de su película Los abrazos rotos en su estreno en el festival de Cannes. Me pareció que se equivocaba. Le dio lo único que no se le puede dar a un crítico con mala leche: la satisfacción de saber que se ha salido con la suya.

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(@Cgdlv)

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Las personas con bajos ingresos y los extranjeros tienen más dificultades para acceder a la sanidad y llevar una vida saludable

Espacio realizado con la colaboración del
Observatorio Social de “la Caixa”.

Una década después del inicio de la crisis, los estragos producidos por años de recortes del gasto público en ámbitos como la sanidad o la educación se siguen dejando notar. También otras medidas, asociadas a la privatización de estos servicios o las leyes que limitaban el acceso a los mismos. Es el caso, por ejemplo, del Real Decreto que puso en marcha en 2012 el Partido Popular y que excluía de la Sanidad a un grupo importante de la población. El 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy reconoció que la medida había dejado sin servicios de salud a más 800.000 inmigrantes.

Los problemas para estos colectivos, sin embargo, no acaban ahí: según datos que ha publicado recientemente por el INE, los que sí consiguen acceder a los servicios de salud los hacen en condiciones de desigualdad con el resto de la población. Según el instituto de estadística, los extranjeros, especialmente aquellos con origen fuera de la UE, acuden menos a la sanidad que el resto de la población: hasta 16 puntos porcentuales menos si se trata de un especialista y 25 si es un dentista. 

Estas situaciones, que también afectan a otros grupos vulnerables como las personas de bajos ingresos, guardan relación con el deterioro en la eficiencia de los servicios públicos: recortes, fin de la gratuidad, privatizaciones, barreras geográficas… De esta forma, las barreras de acceso, que ya existían antes la reforma de 2012 y que se vieron potenciadas por la norma, provocan en muchas ocasiones que la población migrante sea más propensa a usar otros servicios de salud como las urgencias, o decidan visitar menos a los médicos de cabecera y los especialistas.

Los datos del servicio nacional de estadística, recogidos en un módulo especial de salud de la Encuesta de Condiciones e Vida, señalan que la desigualdad de origen ocurre en distintas capas, incluidos los servicios de sanidad más primarios: mientras que 8 de cada 10 personas con nacionalidad española consultó al médico de familia al menos una vez durante el último años, el porcentaje entre extranjeros apenas supera el 71% en el caso de ciudadanos de la UE, y no alcanzó el 70% en el caso de los de fuera de la región.  

Pero los extranjeros no son los únicos a los que afectan las dificultades de acceso a los servicios sanitarios. Al igual que ocurre en la educación, la exclusión también se reproduce en función de los niveles socioeconómicos de la población: las capas con menos estudios o rentas bajas acuden menos a los especialistas sanitarios y arrojan peores datos de salud y alimentación.

De esta forma, y según los datos del INE, las personas pertenecientes al primer quintil de ingresos –las rentas más bajas– son las que menos han acudido al médico de familia (78,5%), a los distintos especialistas (43,8%) y al dentista (35,3%) durante el último año.

Por el lado contrario, el último quintil, el más pudiente, es el que más disfrutó de estas visitas, especialmente en los dos últimos servicios: un 57,7% de la población más rica del país acudió a un especialista en los últimos meses, mientras que un 60,6% lo hizo al dentista. Son 14 y 25 puntos más, respectivamente, que el grupo más desfavorecido.

Las desigualdades de renta entre los grupos de población y su acceso a la sanidad se explican en gran parte por los sobrecostes que supone la sanidad para los hogares más desfavorecidos. Según los datos del módulo, para casi uno de cada diez hogares del primer quintil los gastos en asistencia médica supusieron una carga pesada, mientras que para el grupo con más ingresos el porcentaje ascendió solo al 5,6%. La brecha es de 12 puntos si se recurre a los costes de la asistencia dental y se multiplica por tres –11,9% frente a 4,6%– si se analiza el coste de la medicación.

Estas cargas económicas relacionadas con el gasto sanitario también tienen un componente de género muy significativo: son tres puntos porcentuales más altas para las mujeres si se trata de asistencia médica (9,2%) y de medicamentos (9%).

Por otro lado, los datos del INE señalan cómo pueden afectan estos condicionantes socioeconómicos en la prevalencia de las costumbres asociadas a la salud y a la alimentación de la población.

De esta forma, las personas del primer quintil arrojan peores datos en términos de masa corporal que el de la población con más ingresos. Y lo hacen tanto en la falta de la misma como en los ratios de sobrepeso: un 4,3% del grupo de menos ingresos tiene un peso insuficiente, un punto más que el conjunto más rico. En el otro extremo, en el primer quintil hay un 15% de prevalencia de la obesidad, frente al 9% del grupo con más ingresos.

En cuanto a la actividad física y el tiempo que dedica la población al deporte, también existen desigualdades importantes, incluidas las de género. Los hombres dedican casi 50 minutos semanales más al ejercicio físico que las mujeres. En el caso de los extranjeros de fuera de la UE, la diferencia con la población nacional es de casi una hora. Ocurre lo mismo con el nivel educativo y económico, con una brecha de 58 y 52 minutos, respectivamente, entre los grupos mas alejados de los dos conjuntos.  

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Ortega: la posverdad nicaragüense

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Hay poderosas armas de destrucción masiva que se escapan de cualquier convención. Putin, Trump y ahora Ortega descubrieron el poder de lanzar a las cámaras una mentira flagrante sin pestañear, cuanto más grande, mejor. Sin medias verdades, sin visos de realidad, contra toda evidencia, aunque esté grabado, rebobinado y requeteprobado. Tan descabelladas que nos estallan en la cara y nuestro cerebro no es capaz de digerirlas. Quienes las lanzan cuentan con ello.

Hasta el día de hoy, el presidente ruso insiste en que no hay tropas rusas en Ucrania. El de Estados Unidos le sube la apuesta día sí, día no, desde que aseguró tener pruebas de que Obama había nacido en Kenia o que la asistencia a su investidura había sido la mayor de la historia –“hechos alternativos”, los llamó perversamente su asesora de comunicación Kellyanne Conway, sobre fotos que hablaban a gritos. El de Nicaragua va todavía más lejos. Daniel Ortega empezó llamando delincuentes a los manifestantes del 19 de abril, luego les culpó de los crímenes que cometen sus paramilitares, la semana pasada acusó a los curas de “satánicos” y ahora llama “cómplice de terroristas” al Alto Representante de Derechos Humanos de la ONU. Mientras masacra al pueblo que ha levantado barricadas para impedir la entrada de paramilitares dice en Bruselas haber derrotado a “los golpistas” y “avanzar en el camino de la paz”. Tanto cinismo marea.

Nos inmunizamos, vamos subiendo el listón. Ellos también

Está probado que cuanto más escuchemos una mentira, mayores serán las posibilidades de que penetre en nuestro cerebro. El viejo “calumnia, que algo queda” es la versión popular de un complicado proceso neurológico por el que nuestro cerebro se ve obligado a asimilar la información que recibimos sólo para poder analizarla y desmentirla, dejando una serie de patrones neurológicos en los que, con el tiempo, se pierde la fuente, pero queda un vago recuerdo de algo difícil de precisar y que deja de escandalizarnos. Nos inmunizamos, vamos subiendo el listón. Ellos también.

El otro capricho cognitivo es que nuestro cerebro otorga prioridad a aquellas informaciones que se alinean con nuestra visión del mundo. Por eso no sorprende que haya quien crea a Ortega cuando afirma que la CIA y el imperialismo yanqui están financiando a los manifestantes para derrocar a un honroso gobierno de izquierda. Después de todo estamos acostumbrados a ver a Estados Unidos meter las manos en Latinoamérica, sólo que Nicaragua ya no tiene un gobierno de izquierda ni es prioridad para la CIA. 

 

Esa es la otra gran mentira perpetuada por Ortega y el gran pecado de quienes hemos permitido con nuestro silencio que siniestros personajes como él o Maduro se apropien de lo que el escritor nicaragüense Sergio Ramírez llama “la franquicia de la izquierda”. Me lo reprochó en Nueva York días antes de recoger el Premio Cervantes: “¿Y eso es izquierda?”, cuestionó molesto. “¡Yo sigo siendo de izquierda! Me siento profundamente identificado con la izquierda y no puedo aceptar que todo eso se haga en nombre de la izquierda”.

Todavía Ortega no había empezado a asesinar indiscriminadamente, sólo lo hacía de forma selectiva. Era 16 de abril, faltaban dos días para que los estudiantes se levantaran en protesta por el decreto ley para reducir las pensiones y tres para que los reprimiera a tiros. Ramírez, exvicepresidente de Ortega, no podía ni imaginarse lo que estaba por venir, pero ya sabía que en los últimos once años el líder sandinista se había dedicado sistemáticamente a consolidar el poder reformando la Constitución y a convertirse en el mismo capitalista contra el que todavía da discursos retóricos de los 80. Acumuló empresas con testaferros gracias al petróleo venezolano, que se vendía en Nicaragua por encima del precio de mercado, pese a llegar subsidiado.

“Lo que yo aprendí cuando tenía 17 años”, insistía Ramírez, es que era al revés, “la izquierda es para repartir los panes y multiplicarlos, no para echarse los cuatro panes que existen a la bolsa y matar de hambre al resto de la gente, como hace Maduro”.

Para eternizarse en el poder, Ortega pactó con la Iglesia, con los empresarios y hasta con Estados Unidos. Frenó la inmigración en la frontera, cumplió los objetivos del FMI, le hizo de puente al narcotráfico e incluso se distanció de la conducta cubana, pese a que adoptó su modelo de control social. ¿Para qué iba a querer Estados Unidos deshacerse de un mandatario tan cómodo y desestabilizar toda Centroamérica?

Renegar de quien mancha el nombre de la izquierda y aceptar que la locomotora se volvió loca

Washington miraba para otro lado, como todos nosotros, los medios de comunicación que durante los últimos diez años habíamos abandonado la cobertura de un país que dejó de ser noticia. Somos responsables de que el lector medio se haya quedado anclado en el líder ochentero de una revolución que ahora cumple 39 años sin explicarle cómo se transformó en el mismísimo dictador contra el que luchó. Ramírez y tantos otros que dieron su vida por un país más justo no tienen hoy nada que celebrar. Con casi 400 muertos en tres meses y un éxodo juvenil que proporcionalmente dejará pequeño al venezolano, es hora de combatir la posverdad con verdades como puños y empezar a llamar dictador a quien mata a civiles desarmados para perpetuarse en el poder. Renegar de quien mancha el nombre de la izquierda y aceptar que la locomotora se volvió loca. No hace falta abandonar el tren, sólo cambiar de locomotora.

Quienes reclaman su salida no son “los pobres de derecha”, sino verdaderos sandinistas de carné que asisten asqueados a su diabólica transformación en mesías. Su ejército personal siembra el terror y lo celebra con vivas a Daniel, coreando su nombre puño en alto con el Oé del Mundial. Ellos mismos se graban y suben los vídeos a las redes, se pasean impunemente frente a las cámaras y la población, custodiados por la policía, seguros de que tanto descaro no podrá penetrar nuestro entendimiento. No basta condenar la violencia con una ambigüedad cómplice que puede entenderse como de ambas partes. En Nicaragua no hay más parte que un estado de fanáticos asesinos y un pueblo que por primera vez quiere hacer la revolución sin armas. La verdad, sin tapujos, es el único antídoto para la posverdad. 

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Mercedes Gallego es corresponsal en Nueva York del diario El Correo y los periódicos del grupo Vocento. Cubrió Centroamérica en los años 90 y actualmente es la enviada especial a Nicaragua.

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Sobre inmunidad y privilegios

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Según los teólogos que justificaron las monarquías absolutas, el poder de los reyes emana de Dios, por lo que sólo pueden responder ante el ser supremo. En consecuencia, la inviolabilidad tenía un origen divino y no podía ser discutida por los hombres sin el riesgo de exponerse a duras sanciones. Como decía San Pablo en su Epístola a los romanos, quien se opone a las autoridades se opone a los designios de Dios y tendrá que presentarse ante la justicia.

La prepotencia absolutista cedió ante el impulso arrollador de la Revolución Francesa, que redujo a los monarcas absolutos a simples ciudadanos sometidos al imperio de la ley. La evolución posterior no desembocó en una total igualdad ante las leyes: permanecieron algunos de los resabios del pasado, que se trasladaron a monarquías parlamentarias y repúblicas, pero ya no por prerrogativas divinas, sino por acuerdos parlamentarios aprobados por la soberanía popular.

La Constitución de los Estados Unidos de 1787 ya establecía que el presidente puede ser apartado de su puesto por incumplimiento de los deberes del cargo 

Durante el siglo XIX y gran parte de principios del XX, se mantuvieron, con carácter general, inviolabilidades, inmunidades y privilegios. Anticipándose a épocas venideras y marcando el camino que consagraría la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Constitución de los Estados Unidos de 1787 ya establecía que el presidente puede ser apartado de su puesto por incumplimiento de los deberes del cargo y exigía responsabilidad en los casos de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves.

Todas las Constituciones posteriores conceden ciertos privilegios a los jefes del Estado cuando se trate, exclusivamente, de actos realizados en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Esta interpretación ha sido asumida por todos los Estados democráticos modernos y es de común aceptación por los tribunales constitucionales.  España se ha incorporado a esta corriente dominante en las sociedades democráticas al adaptar, en el año 2015, las normas internacionales sobre los privilegios e inmunidades de los jefes de Estado. 

Nuestra Constitución de 1978 proclama que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida por el Gobierno o los ministros, careciendo de validez sin dicho refrendo. Parece obvio que ningún ministro puede refrendar homicidios, violaciones, fraudes o cualquier otro hecho delictivo ajeno a las funciones propias de su cargo. No creo que a nadie se le ocurra mantener, a estas alturas, que el Rey goza de una inviolabilidad absoluta o ilimitada, cualquiera que sea la naturaleza de los hechos delictivos que pueda o haya podido cometer.

También los parlamentarios tienen reconocida la inviolabilidad por las opiniones manifestadas “en el ejercicio de sus funciones”, mientras que respecto de la prerrogativa de la inmunidad disponen de una doble acotación: material (“salvo en caso de flagrante delito”) y temporal (“durante el período de su mandato”). Así lo ha consagrado de forma unánime la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cuando se constata que un aforado ha perdido su condición, esta prerrogativa ha de ser objeto –al igual que las restantes que conforman el estatuto del parlamentario– de una interpretación estricta en atención al interés que preserva, interés que decae cuando se pierde la condición de parlamentario.  

Si las declaraciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein –profusamente difundidas y comentadas en los medios de comunicación– fuesen ciertas, implicarían al Rey emérito Juan Carlos I en hechos que, en principio y de forma provisional e incluso dubitativa, podrían ser considerados como constitutivos de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Hemos podido comprobar cómo, con muchos menos mimbres, la Agencia Tributaria ha iniciado investigaciones por hechos análogos a los publicados. Por cierto, algunos manifiestan que acaban de conocerlos, mientras que otros sabíamos ya de su existencia a través de prestigiosos periódicos extranjeros.

Para tratar de evadirse de un delicado problema político, diversos sectores han hablado de la inviolabilidad del Rey, en la época en que los hechos se dicen realizados, para explicar la imposibilidad de investigarlo. Este argumento choca frontalmente con lo que hemos venido exponiendo sobre la limitación temporal y personal de las inmunidades y privilegios, incluida la inviolabilidad. Es cierto que no hay una previsión legal, puesto que el Gobierno se encontró en 2014 con la inesperada abdicación del Rey Juan Carlos, que no estaba prevista en la Constitución.  Salió del paso de forma precipitada, admitiéndola y proclamando Rey a Felipe VI, pero se olvidó de regular el estatuto del denominado Rey emérito, al que atribuyeron, únicamente, fuero personal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los hechos delictivos que hubiera podido cometer. En mi opinión, la inviolabilidad no puede mantenerse, porque nunca ha existido, respecto de los delitos cometidos durante su reinado, siempre que sean ajenos a las funciones propias de su cargo.

Es inconcebible que la tortura de los propios súbditos y de ciudadanos extranjeros pueda ser interpretada por el derecho internacional como la función normal de un jefe de Estado

La respuesta más acertada para aclarar el alcance de la inviolabilidad de los jefes de Estado la podemos encontrar en la decisión del Tribunal de Justicia de la Cámara de los Lores al resolver la petición de extradición del general Pinochet solicitada por España. Con la concisión y el rigor lógico, propio de la cultura judicial anglosajona, al debatirse la vigencia de la inmunidad de los jefes de Estado, la mitad de la Cámara se había decantado por acceder a la petición española. La decisión dependía de Lord Nichols, que se inclinó por la entrega, con un razonamiento lapidario: “Es inconcebible que la tortura de los propios súbditos y de ciudadanos extranjeros pueda ser interpretada por el derecho internacional como la función normal de un jefe de Estado”.

Lo accidental era la clase de delitos por los que era reclamado, pero lo esencial radicaba en la confirmación del común sentir internacional, que solo admite la inviolabilidad en los casos en que los jefes de Estado realicen funciones propias de su cargo.

Unos hechos que son inequívocamente impropios de un jefe de Estado, que no tiene entre las funciones propias de su cargo las de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos

No creo que haga falta un minucioso estudio jurídico o político para llegar a la conclusión de la imposible cobertura, con un manto de impunidad, de unos hechos que, en el caso de que resulten probados, son inequívocamente impropios de un jefe de Estado, que no tiene entre las funciones propias de su cargo las de blanquear dinero o eludir el pago de impuestos.

El intento de petrificar la inviolabilidad, extendiéndola a todo el período que duró su mandato y a toda clase de delitos, no es compatible con la doctrina internacional y la jurisprudencia de nuestros tribunales. En ningún caso alcanzaría a los hechos que, al margen de su carácter delictivo, merecen el rechazo de una sociedad democrática. Las “razones de Estado” serían demoledoras para la estabilidad y la salud de nuestro sistema político, tan necesitado de confianza.

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Relaciones especiales y trabajo del hogar

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En 2011 el gobierno del PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto 1620/2011, que introducía mejoras en las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. Entre las principales mejoras se encontraban el incremento del descanso entre jornadas y avances en el disfrute de las vacaciones. El decreto, sin embargo, seguía considerando el trabajo del hogar como una relación laboral de carácter especial y, además de continuar permitiendo que los empleadores pagaran a las trabajadoras parte de su salario en especie, siguió sin garantizar la prestación por desempleo de las trabajadoras del sector. Se ponía como objetivo, eso sí, estudiar la viabilidad “de establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera”. Por otro lado, la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, instaba a integrar el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, lo cual constituía un paso en la dirección de garantizar el derecho de las trabajadoras a prestaciones por desempleo o, entre otras, prestaciones de jubilación dignas.

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El gobierno del Partido Popular nunca configuró el grupo de personas expertas previsto por el Real Decreto que debían impulsar el sistema de protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y, a día de hoy, éstas continúan formando parte de un Sistema Especial. Su integración al Régimen General de la Seguridad Social estaba planificada para 2019. Sin embargo, la enmienda que el Partido Popular introdujo este año a sus Presupuestos Generales del Estado –enmienda 6667– retrasó dicha integración hasta 2024. El grupo de Unidos Podemos presentó en el Senado una enmienda para que estas trabajadoras se incorporasen al Régimen General el 1 de enero de 2019, tal y como estaba previsto inicialmente, pero la propuesta fue rechazada con los votos del Partido Popular y del PSOE. Ello significa alargar, de momento durante cinco años más, la discriminación laboral que las trabajadoras del hogar sufren, discriminación que se justifica, tanto por parte del Partido Popular como del PSOE, por el carácter especial de la relación laboral que se da en el trabajo del hogar.

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En su preámbulo, el RD 1620/2011 insiste en que “las condiciones peculiares” en que se realiza el trabajo del hogar justifican su “regulación específica y diferenciada”. La primera condición peculiar es que esta actividad se realiza en el ámbito del hogar familiar, vinculado a la “intimidad personal y familiar” y ajeno “al común denominador de las relaciones laborales” que tienen lugar en entornos de “actividad productiva” regidos por los principios de la economía de mercado. La segunda de las peculiaridades reside, según el Real Decreto, en “el vínculo personal basado en una especial relación de confianza” que rige las relaciones laborales presentes en el sector.

El argumento de que, al realizarse en el marco de la privacidad de los hogares, el trabajo del hogar constituye una relación laboral especial no es nuevo. Ha sido esgrimido por gobiernos socialistas desde mediados de la década de los años ochenta para evitar equiparar las condiciones de las trabajadoras del hogar a las del conjunto de los trabajadores y para legalizar situaciones inaceptables de explotación laboral. Entran aquí en tensión dos derechos a proteger y dos regulaciones: los derechos laborales de las trabajadoras y el derecho a la intimidad de la familia contratante; Derecho Laboral versus Código Civil. Cabe reconocer, en este sentido, que el hecho de que el hogar familiar sea el lugar donde se lleva a cabo la actividad, convierte las relaciones que se dan en este tipo de trabajo en algo distinto a las de la mayor parte de actividades laborales. Sin embargo, debemos lanzar dos preguntas: ¿hasta qué punto la protección de la intimidad de las familias contratantes debe traducirse en la frecuente explotación de las trabajadoras como viene ocurriendo hasta ahora? y, ¿de qué manera la protección de dicha intimidad es incompatible con la garantía del derecho a la prestación por desempleo, en situaciones en las que la trabajadora pierde su trabajo, y con la incorporación de esta actividad al Régimen General de la Seguridad Social? Quizás con la excusa de defender la privacidad de las familias, las y los señores del PP y del PSOE buscan garantizar que el trabajo del hogar continúe resultando barato en un contexto donde las trabajadoras del hogar, la mayoría mujeres y buen parte de ellas de origen migrante, están prestando servicios de cuidado que deberían ser ofrecidos por las administraciones públicas de manera gratuita y generalizada. La precariedad e informalidad con la que la ley dota al sector hace que muchas familias sin acceso a servicios públicos de cuidado recurran al mercado para obtenerlo de manera asequible.

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Esta sospecha es compatible con la caracterización que realiza el Real Decreto del trabajo del hogar como ajeno a las relaciones laborales de las actividades productivas y de la economía de mercado. El Estado niega con esta afirmación el carácter económico del trabajo doméstico y de cuidados y es precisamente esta negación lo que supuestamente le permite abordarlo de manera discriminatoria: si no son trabajadoras de verdad ¿qué sentido tiene tratarlas como tales? Desde el feminismo, sin embargo, hace mucho tiempo que venimos defendiendo que el trabajo del hogar es un componente fundamental de la vida económica: no sólo garantiza el bienestar de nuestros hogares y de nuestros seres queridos, sino también el propio funcionamiento de la economía considerada productiva. ¿Podemos intentar imaginarnos qué sucedería con la llamada economía de mercado si un día todas las trabajadoras del hogar se declararan en huelga? ¿Quién garantizaría que las criaturas fueran cuidadas o llevadas a la escuela? ¿Quién dejaría las comidas preparadas? ¿Quién haría guardia para que centenares de miles de hombres y mujeres pudieran fichar a tiempo en su empleo y sacar adelante la economía productiva? Nadie. Si en general las feministas solemos repetir que “sin las mujeres no se mueve el mundo”, la realidad es que sin las trabajadoras del hogar la economía entraría en colapso: ellas son los cimientos imprescindibles sin los que no se pueden construir ni las paredes ni el tejado del edificio social y económico; son el subsidio crucial a un Estado del bienestar que hace aguas y que necesita este trabajo precarizado como dique de contención.

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Finalmente, el Real Decreto defiende que las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar no pueden ser equiparadas a las del resto de trabajadores porque las relaciones presentes en el sector se rigen por un vínculo personal basado en la confianza. Cierto es, cabe reconocer, que la naturaleza del trabajo del hogar, que incluye el componente del cuidado de niños y niñas pequeñas o de personas mayores, requiere de un mínimo de confianza entre las partes, particularmente de la familia contratante. Sin embargo, también es cierto que el trabajo del hogar está organizado por relaciones de poder en las que la persona trabajadora, a menudo en una situación económica e incluso administrativa vulnerable, se encuentra a merced de la voluntad de la familia que la emplea, y obligada a enfrentarse a ella de manera solitaria y aislada, sin poder contar con convenios colectivos y sindicatos de referencia que representen y defiendan sus intereses. ¿Acaso el gobierno del PSOE puede negar que las mejoras laborales suelen conseguirse de manera colectiva? ¿desde cuándo nuestro jefe nos sube el sueldo fruto del cariño que nos tiene? ¿qué porcentaje de trabajadores y trabajadoras en el Estado español consigue incrementos laborales u otras mejoras mediante interacciones individuales con el representante de su empresa o institución? ¿No es acaso esa la función de los sindicatos? Y, desde el momento en que el Estado las obliga a negociar “de tú a tú” sus condiciones laborales como resultado de unas supuestas relaciones de afecto y de confianza, ¿no están las trabajadoras del hogar en condiciones de desventaja respecto al conjunto de la clase trabajadora?

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La enmienda 6667 ha supuesto un varapalo a los derechos de las trabajadoras del hogar y frente a esto, ni las izquierdas ni los feminismos podemos permanecer en silencio. Junto a ellas, debemos exigir no solo que se elimine la enmienda y el empleo del hogar empiece a cotizar en el Régimen General, sino también que se derogue toda la legislación que lo considere fruto de unas relaciones especiales que justifican su discriminación. Las trabajadoras del hogar llevan demasiado tiempo librando solas su lucha y es urgente que sus exigencias sean incorporadas a una agenda político-económica transformadora y claramente feminista. Esto obliga claramente a reinventar las nociones de economía aún hegemónicas en la izquierda, que en la actualidad siguen limitándose al ámbito productivo y mercantil. El primer paso para transformar la economía es precisamente proporcionarle una nueva definición, ampliar sus fronteras e invertir sus jerarquías y sus prioridades. La lucha de las trabajadoras del hogar muestra que es posible. Unámonos a ellas. Hagámoslo realidad.

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Sandra Ezquerra es directora de la Cátedra UNESCO Mujeres, Desarrollo y Culturas de la Universidad de Vic (www.paradojadekaldor.com). @SEzquerra

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La Boca del Logo de hoy: Tornillo (19/07/2018)

Queremos sacar un Guillem Martínez a ver mundo ya contarlo. Todos los meses harás dos viajes y dos grandes reportajes sobre el terreno. Ayúdanos a sufragar los gastos y sugiérenos en los temas (info@ctxt.es) .

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El mundo del trabajo, territorio hostil para las personas LGTBI

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“Vienen llorando ingenieros porque les hacen la vida imposible, les escriben cosas en el baño, les ponen en trabajos infravalorados…”, cuenta Jordi Pilar, coordinador del área laboral de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI). El rechazo explícito a la diversidad sexual es muy minoritario en España: poco más del 10 por ciento de la población afirma que la sociedad no debería aceptar la homosexualidad, cifras que alcanzan el 20 por ciento en países como Francia o Reino Unido. Sin embargo, tener una orientación sexual o identidad de género minoritaria sigue siendo un grave obstáculo en todos los ámbitos de la vida, especialmente en el mundo del trabajo.

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La mercantilización de la identidad gay ha creado el estereotipo de que los hombres homosexuales son personas adineradas y libres de problemas laborales, una gran mentira que se suele extender al resto del colectivo LGTBI. La realidad es muy distinta: junto al deporte “es en el ámbito laboral donde las personas LGTBI están más discriminadas”, señala Jordi Pilar. En el caso de las personas trans, la situación alcanza proporciones dramáticas: más del 80 por ciento están en paro. Las manifestaciones más graves de la homofobia, la bifobia y la transfobia en el trabajo son la discriminación en la búsqueda de empleo, el acoso y las agresiones (que conducen a la mayoría de trabajadores LGTBI a ocultar su identidad) y una brecha salarial por orientación sexual que todavía ha recibido poca atención en España.

Siete de cada diez personas LGTBI ocultan en algún momento su orientación sexual o identidad de género en el trabajo, según la encuesta de la FRA (Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE). Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores reflexionan y calculan a quién mostrar y a quién ocultar quiénes son, en una situación de estrés permanente inimaginable para un trabajador heterosexual. ¿Cuáles son los orígenes de este miedo, qué les impide hablar libremente de sus relaciones afectivas y sexuales? 

La mercantilización de la identidad gay ha creado el estereotipo de que los hombres homosexuales son personas adineradas y libres de problemas laborales, una gran mentira que se suele extender al resto del colectivo LGTBI

Los casos de acoso son “constantes”, denuncia Jordi Pilar, aunque muy pocos se denuncian. Las agresiones leves y la microhomofobia siguen siendo la norma en los lugares de trabajo. Los chistes y comentarios discriminatorios son frecuentes en nuestro país, según el 77 por ciento de las personas encuestadas. Clara, periodista en un medio digital, lo confirma: “Cuando he salido del armario no me he encontrado con una oposición frontal o un ataque personal, pero los comentarios homófobos son frecuentes, incluso cuando se sabe que alguien en la oficina es LGTBI”.

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La microhomofobia a veces es particularmente insidiosa, como muestra el caso de Ruth, profesora de música en Madrid: “Mi jefe [en la escuela de música] me decía que él prefería que a los padres no llegara este tipo de ‘información íntima sobre nuestra sexualidad’. Dicho con palabras y tono amable pero creo que es una forma de violencia encubierta. Sin embargo, ahí le tienes a él hablando de su mujer al público de las audiciones de fin de curso. Pero claro, eso no es información íntima sobre su sexualidad. Con los niños, sin embargo, jamás me he sentido discriminada”. El ambiente hostil hacia la diversidad sexual que existe en numerosos puestos de trabajo tiene graves efectos sobre la vida de los trabajadores LGTBI, como relata Jordi Pilar: “Hay gente que se casa y no hace viaje de novios, no pide las vacaciones que le corresponden legalmente para que no se sepa su orientación sexual”. La discriminación es más frecuente en las zonas rurales donde las personas LGTBI “no pueden ocultar su orientación sexual en el trabajo porque en el pueblo se conoce todo el mundo. No los contratan por maricón o por ser trans”, denuncia Pilar.

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Tener pluma y la precariedad laboral también agravan la discriminación, como ilustran los testimonios de Marco y Clara. La presión del entorno hace que a veces la plumofobia sea interiorizada incluso por lesbianas, gays y bisexuales, como cuenta Marco, que ha pasado por varios empleos en los últimos años: “En algunos trabajos he visto a gays que dejan claro que no les gustan las ‘locas’, como para no ser vistos como gay”. Clara, que ahora tiene un contrato indefinido, ha acumulado unos cuantos empleos precarios en el sector, incluido una beca sin remuneración en Radio Televisión Española. “Conforme ha ido aumentando mi seguridad laboral, he ido contando con más facilidad que soy lesbiana” –explica– “como becaria o freelance, dependes más de la aceptación del grupo de trabajo y del jefe, y esto afecta a la posibilidad que tienes de salir del armario con un riesgo menor”.

Brecha salarial

Una de las manifestaciones menos conocidas de la LGTBIfobia en el trabajo es la brecha salarial por orientación sexual, que ha sido identificada por diversos estudios en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Francia. En Francia, un informe del Defensor de los Derechos (equivalente al Defensor del Pueblo) mostró que los hombres gays ganan un 6,3 por ciento menos que los heterosexuales en el sector privado. Las lesbianas no ganan menos que las mujeres heterosexuales, pero sufren la brecha salarial de género, que es mucho mayor que la de orientación sexual. Además, las lesbianas se enfrentan a la vez a la homofobia y al machismo, que en algunos sectores es más grave que la LGTBIfobia, como cuenta Ruth: “En el teatro hay muchos homosexuales (hombres, eso sí) ocupando puestos de liderazgo. He notado más rechazo por ser mujer que por ser lesbiana. Por ejemplo, las técnicas de luz y sonido tenemos que demostrar saber más que un técnico hombre. Un jefe técnico me lo dijo así literalmente.”.

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En Francia, un informe del Defensor de los Derechos mostró que los hombres gays ganan un 6,3 por ciento menos que los heterosexuales en el sector privado

No hay datos oficiales sobre la brecha salarial por orientación sexual en España pero tanto Jordi Pilar como Adela Carrió, secretaria ejecutiva de la UGT, están convencidos de que existe. “Cuando los trabajadores dicen que son gays o lesbianas”, explica Carrió, “a menudo no les permiten promocionar, hay discriminación salarial”. Además, muchas veces “se les atribuyen categorías profesionales inferiores para pagarles menos por el mismo trabajo o se les despide”, precisa Jordi Pilar, una práctica discriminatoria que también sufren muchas mujeres, independientemente de su orientación sexual. La brecha salarial por orientación sexual es mayor en los empleos más masculinizados, como explica Pilar Castañeira, secretaria del área Mujer de la CGT: “Si no te reconocen como igual en un grupo no vas a tener las mismas oportunidades de ascenso y de formación”.

La desigualdad se da también en la búsqueda de trabajo: la han sufrido el 13 por ciento de las trabajadoras y trabajadores LGTBI en España, según la FRA. Raquel Gómez, secretaria técnica de Igualdad de CC.OO., explica alguno de estos casos: “En una entrevista de trabajo les dicen que sí, luego surge en la conversación su orientación sexual y no superan el periodo de prueba”. Las personas LGTBI seropositivas sufren una doble discriminación en la búsqueda de empleo, ya que también se enfrentan a la serofobia. “Algunas personas con VIH tienen certificado de discapacidad y cuando solicitan un trabajo, les piden la segunda hoja del certificado, donde figura la causa de la discapacidad. Es ilegal pedir esta información, pero lo hacen. Entonces temen que si la empresa ve que son seropositivos, no los contraten”, explica Raquel Díaz, de la asociación barcelonesa Stop Sida.

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La situación es especialmente grave para las personas trans, sobre todo las mujeres, que sufren una tasa de paro superior al 80 por ciento. “En la mayoría de los casos son despedidas cuando hacen el proceso de transición”, denuncia Jordi Pilar, “y buscar trabajo una vez han hecho el tránsito es difícil”. La llamada Ley de Identidad de Género de 2007, todavía vigente, obliga a estas personas a obtener un diagnóstico de disforia de género y someterse a un tratamiento hormonal de dos años para poder cambiar el sexo en su documentación oficial. “Si no coincide la mención de sexo que aparece en el DNI con la identidad de género de la persona, puede implicar una dificultad en el acceso al trabajo”, explica Rebeca Rullán, activista trans y expresidenta de la asociación Transexualia. “Si ya tiene la documentación puede pasar al revés, que por sus características físicas se le note que es una persona transexual y esto también sea un motivo de discriminación”, denuncia. 

Sindicatos y empresas

Los sindicatos y las empresas son actores fundamentales para luchar contra la LGTBIfobia en el trabajo, pero su implicación es desigual. Las organizaciones de trabajadores mayoritarias han publicado guías para intervenir en casos de discriminación por orientación sexual o identidad de género y promueven la introducción de cláusulas contra la LGTBIfobia en los convenios colectivos y la formación de los delegados sindicales. Sin embargo, un reciente estudio del Instituto de la Mujer muestra que los delegados sindicales no suelen estar informados sobre la situación de las personas LGTBI en sus empresas y la defensa de sus derechos no siempre es una prioridad. “Hay de todo”, afirma Jordi Pilar, “hay delegados que se dedican solo a las subidas de salarios y otros que defienden los derechos de todas las personas”.

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La situación es especialmente grave para las personas trans, que sufren una tasa de paro superior al 80 por ciento

En el lado empresarial, la falta de interés por la situación de los trabajadores LGTBI es la actitud más habitual. “El empresario, cuanto menos problemas tenga mejor”, afirma Jordi Pilar, “entonces, si despidiendo a la persona LGTBI se acaba el acoso, la despiden. Y no hay ninguna ley que nos proteja”. El Estatuto de los Trabajadores prohíbe la discriminación por orientación sexual o identidad de género pero no establece medidas específicas para garantizar su cumplimiento. La proposición de Ley de igualdad LGTBII, impulsada por Unidos Podemos y actualmente en trámite parlamentario, incluye diversas medidas para fomentar la igualdad en el ámbito laboral, pero no establece obligaciones directas para las empresas como sí lo hace la Ley de igualdad entre hombres y mujeres de 2007.

El rechazo directo a la diversidad sexual es muy minoritario en España pero el día a día de las trabajadoras y trabajadores LGTBI sigue siendo mucho más difícil que el de los demás. Las formas leves de discriminación siguen siendo la norma en el mundo del trabajo, ante la indiferencia de la mayoría de los empresarios y de muchos trabajadores. Para los activistas y sindicalistas entrevistados, la aprobación de la Ley de igualdad LGTBI será un paso clave, pero solo el primero para conseguir la igualdad real. Los anhelos del movimiento LGTBI en el ámbito laboral podrían resumirse con una frase del manifiesto del pasado 8 de marzo: “Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra diversidad”.

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