El impacto del veto de EEUU a las ‘Spanish olives’ en siete preguntas

El pago arancelario compensatorio provisional del 4,47% que EEUU ha impuesto a la aceituna negra importada desde España, por supuesta competencia desleal con su propia producción debido a las subvenciones que recibe, es un golpe dirigido exclusivamente a este país. No se ha planteado para otros que también se las venden (“no suponen una amenazan”, explican desde la patronal) pero sienta un precedente para otras variedades de olivas y demás productos, y de otros países, sujetos a la Política Agraria Común (PAC) de la UE, que cumple la normativa de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

De momento es la aceituna negra, porque esta guerra la comenzaron las dos grandes productoras de California contra la competencia que les hace España con esta variedad, y la principal perjudicada, Andalucía, por cuanto que es líder en su producción. He aquí unas cifras para entender el impacto de la medida. 

¿Cuánta aceituna de mesa se cultiva en España?

España cuenta con 2.623.156 hectáreas de olivar, de las que 152.345 (5,81%) se dedican a la aceituna de mesa. Estas últimas se concentran principalmente en Andalucía y Extremadura, que cuentan con un 83,86 % y un 13,49 % del total, respectivamente. Es decir, el 97,35% de los cultivos de aceituna de mesa se dan en Andalucía y Extremadura y un tercio son para la variedad negra. Son datos de la encuesta sobre superficies y rendimientos de cultivos de 2016 (Esyrce). El Consejo Oleícola Internacional (COI), por su parte, cifra el olivar en España en unos 850 millones de árboles, que ocupan una superficie de más de 10 millones de hectáreas. De éstas, más de un millón se dedica a la producción de aceitunas de mesa.

¿Qué país es el mayor productor?

España es el mayor productor de aceituna de mesa con 529.000 toneladas, lo que supone el 21% total mundial, según el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). El 30% de esas aceitunas de mesa son de la variedad negra. Sólo en Andalucía, en la última campaña, 2015-2016, la producción de aceituna de mesa fue de 463.000 toneladas, lo que supone el 77% del total nacional, según datos de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa)

¿Cuánta aceituna negra exporta España?

En los últimos años, la variedad negra es un producto de enorme proyección, alcanzando el 36% del volumen total de exportaciones de aceitunas de mesa desde España a EEUU (32.000 toneladas en 2016), y con un valor de 70 millones de euros. El 74% procedente de Andalucía. Hay que recordar que España es el primer exportador mundial (acapara el 30% del comercio), destinándose a ese fin, como media en los últimos seis años, el 68% de la producción. Les siguen, a mucha distancia, países como Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos.

¿Cuánto empleo y jornales supone?

En una campaña media se vienen generando unos tres millones de jornales, sólo en el olivar de mesa. El sector en Andalucía cuenta con más de 200 entamadoras (empresas que se dedican al aderezo de aceitunas de mesa), el 54% del total nacional, y más de 100 envasadoras, que dan empleo directo a más de 8.500 personas, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Las 78 cooperativas existentes en Andalucía producen el 55% del total, con una facturación de 350 millones de euros al año aproximadamente. Las empresas de aceituna de mesa explican que en las cooperativas donde el tanto por ciento de su producción exportada es muy alto (el caso de Agrosevilla que exporta a EEUU el 20%), tendría consecuencias en el empleo.

¿Cuáles podrían ser las pérdidas con los aranceles?

De momento se han hecho efectivas unas primeras medidas preliminares contra las subvenciones de la UE que se traducen en un arancel que se debe pagar en la aduana desde la semana que viene. En enero se resolverán las medidas contra el supuesto dumping o  acusación de rebajar los precios por debajo de lo debido. Si se hacen definitivos los dos paquetes de medidas, por cinco años prorrogables a otros tantos, podría suponer el cierre del mercado, y ya se estiman las pérdidas en 350 ó 700 millones de euros en el peor de los casos. La cifra sale de multiplicar lo que venden por año en estos momentos en EEUU.

¿Cuánto se está gastando el sector en su defensa?

De momento, la defensa del sector se está moviendo en dos vertientes: la administrativa y la jurídica. En el primer caso, las diferentes administraciones implicadas aseguran estar trabajando en la elaboración de informes y en la contestación de preguntas formuladas desde EEUU. De hecho, el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, habla de la necesidad de rescatar documentación incluso de los años 90. La otra vertiente es la jurídica donde un equipo de abogados y economistas en España y otro en EEUU está trabajando. Esta defensa, calculan las empresas, que les va a costar un total de cinco millones de euros de junio a junio. El secretario general de Asemesa, Antonio Mora, dice que esperan algún tipo de ayuda en este sentido cuando todo termine.

¿Qué otras consecuencias puede tener este frente?

En cuanto que se está cuestionando la política de subvenciones de la UE, puede afectar en el futuro a otros productos, en caso de que haya otros sectores en EEUU, como ha hecho el de la aceituna de mesa en California, que se quejen de la competencia. Lo que más llama la atención a las autoridades en España es que sólo se haya puesto el foco en el producto que llega desde este país, por cuanto que es el más importante a nivel de exportaciones, y no en otros que también venden aceituna negra en EEUU. Como tampoco se ha cuestionado, de momento, la competencia que suponen otro tipo de productos sujetos a fondos de la PAC.

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Celebramos los 20 años de Amparanoia en el Teatro del Barrio

Este jueves celebramos en el Teatro del Barrio los 20 años de Amparanoia con su música en crudo y en directo. De una mujer que ha dado la vuelta al mundo con sus canciones a las aventuras de Quan Zhou Wu en Andaluchinas por el mundo, las viñetas en las que esta ilustradora china y malagueña rompe prejuicios y tópicos con mucho salero.

Contaremos además con  la actuación de Alberto San Juan interpretando su última obra Masacre. Y por si esto fuera poco: tendremos la masacre de todas las tertulias, El Debatuiter.

Recuerda que este programa es solo posible gracias a ti. Difúndelo y, si puedes, hazte Productor o Productora de #CarneCruda.

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Un arrepentido confiesa que Ignacio González se llevó el doble que sus compinches con el pelotazo de Brasil

Ignacio González decidió, repartió y se quedó con la mayor parte de la mordida por comprar una empresa brasileña en 2013 por un valor muy superior al real. Así se desprende del testimonio de uno de los implicados, un directivo de la filial del Canal en Colombia que ha confesado al juez Manuel García Castellón el reparto del botín: 1,8 millones de euros para él, el doble de lo que recibirían cada uno de sus cuatro compinches. En total, 5,4 millones de euros por haber gastado 21 millones de dinero público de la empresa de aguas madrileña en una sociedad brasileña que apenas costaba cinco.

Fue a principios de este mes de noviembre cuando una comisión judicial encabezada por el magistrado Manuel García Castellón viajó a Colombia para escuchar a García Arias. En una sala de la cárcel de La Picota, donde se encuentra recluido el arrepentido, los investigadores españoles escucharon un relato prolijo. El ‘hombre de los maletines’ de Inassa quería salir de la cárcel. Además de hablar se comprometía a devolver los 900.000 euros que le tocaron en el reparto del pelotazo, han informado a eldiario.es fuentes del caso.

Los otros beneficiarios habrían sido, siempre según su relato, el expresidente de Inassa y mano derecha de González, Edmundo Rodríguez; el íntimo del expresidente madrileño y delegado del Gobierno en Ceuta en tiempos de Anzar, Luis Vicente Moro; y el que fuera gerente general de la sociedad Triple A colombiana (participada al 67,9% por el Canal) Ramón Navarro Pereira. Todos ellos están investigados en la operación por el saqueo del Canal de Isabel II en tiempos del Gobierno autonómico del Partido Popular.

Durante el viaje a Colombia del juez García Castellón, el fiscal Carlos Yáñez y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se recabó documentación que viaja en valija diplomática a Madrid con el fin de que se incorpore al sumario de la Operación Lezo. El objetivo principal de los investigadores ahora es recuperar ese dinero, desviado a través de empresas tapadera y cuentas en paraísos fiscales.

A pesar de que los fondos no han sido aún bloqueados, el juez García Castellón ha impuesto con posterioridad a la confesión fianzas a Ignacio González y Edmundo Rodríguez Sobrino, rebajando así la medida cautelar de prisión provisional en la que se mantenían desde el pasado abril.

En el auto en el que acuerda la fianza para González, de 400.000 euros a propuesta de Anticorrupción, el magistrado afirma: “Ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva en cuanto al posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá”.

El auto del juez ofrece más pistas sobre el estado de la investigación. Habla, por ejemplo, de una “estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechestein o Reino Unido”, donde se ubica, “el dinero desviado”. Y añade que el “reparto de papeles” entre los investigados “facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal”.

Para esta vía de investigación resultó clave un viaje anterior de la comisión judicial a Colombia. En un apartamento de Rodríguez Sobrino se encontraron 262.000 euros en metálico y algo menos aparante, pero clave para los investigadores, documentación sobre transferencias que apunta a Suiza como destino de los fondos del pelotazo a través del empresario Sevastiao Cristovam.

El pasado mes de julio, Rodríguez Sobrino confesó al juez que guarda una cifra en Suiza similar a la que se refiere Diego García Arias y cuya procedencia es el pelotazo de Brasil. Según Rodríguez Sobrino, sus destinatarios eran él e Ignacio González. El expresidente de Inassa se habría comprometido a reintegrar el dinero y añadió que el expresidente de la Comunidad nunca llegó a recibir su parte. La defensa de González niega su implicación en esta trama.

Confesión en ‘La Picota’

La confesión en el penal colombiano de García Arias alcanzó tintes melodramáticos, según las fuentes consultas. El empresario adelantó a los miembros de la comisión judicial que les relataría cómo y cuándo comenzó a ser un corrupto. De González, García Arias aseguró que le había oído su preocupación por acumular dinero y sociedades antes de su jubilación.

Diego García Arias había pasado de viajar en coches de lujo blindados y escoltas al penal de La Picota en agosto pasado. Hasta ese momento había intentado seguir con su vida con normalidad, incluso acudiendo regularmente a su puesto de trabajo.

El 24 de agosto intentó volar a México tomando un avión en el aeropuerto de El Dorado de Bogotá. Sin embargo, al intentar embarcar saltó un código rojo de Interpol fruto de la reclamación de las autoridades españolas. Era el golpe definitivo al conocido como ‘hombre de los maletines’ para los investigadores, ducho en la práctica del soborno a las autoridades locales, según sospechan.

Documentación incorporada a la causa en la Audiencia Nacional apunta a que el pelotazo de Brasil se gestó cinco años antes de producirse. “Estamos estudiando la utilización de una sociedad uruguaya para operar en Brasil”, escribe Rodríguez Sobrino en un correo electrónico de agosto de 2008. Para la compra de la sociedad brasileña, el abogado Ignacio Mestre creó una sociedad uruguaya, a la que se dio apariencia de empresa que se ocupaba del negocio del agua.  

Con esta operativa, Ignacio González y sus colaboradores reproducían un ‘modus operandi’ inaugurado por la Comunidad de Madrid en 2001, cuando Alberto Ruiz Gallardón era su presidente. En aquel año, el Gobierno del Partido Popular decidió ampliar la actividad del Canal de Isabel II a Latinoamérica y por ese sumidero fue desapareciendo el dinero público. La colombiana Inassa fue adquirida sin marco legal para ello y a través de un paraíso fiscal. La compra de esa sociedad está siendo investigada en la Operación Lezo. Una diligencia de investigación dictada por el juez Eloy Velasco evitó en noviembre pasado que los hechos por los que se investiga a Gallardón y otros miembros de su equipo quedarán prescritos.

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Seis meses de acoso al policía que ha destapado el chat contra Carmena: “¿Alguien tiene su foto?”

Insultos, intimidaciones y hasta amenazas de muerte. El agente de la Policía Municipal de Madrid que ha destapado el chat policial en el que se proferían amenazas a Manuela Carmena y loas a Hitler lleva meses sufriendo el acoso de sus compañeros. Hace unos días acudió a una Comisaría, donde entregó el relato de cerca de seis meses de amenazas junto a las capturas de pantalla y dos archivos de texto con la conversación completa del grupo de WhatsApp.

El pasado lunes 13 de marzo acudió a la Comisaría acompañado de un representante del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), al que pertenece. Este agente siempre ha enmarcado el acoso que ha sufrido en su condición de delegado de este sindicato, razón también por la que participaba en el chat “10 años y turno de noche”. Este grupo de WhatsApp se creó para tratar reivindicaciones laborales, aunque luego se pervirtió.

Él accedió al chat en abril y el acoso comenzó poco después. El grupo lo había creado un agente del turno de noche para lograr que los funcionarios que llevaban 10 años con esas condiciones laborales pudiesen cambiar de horario. Asegura que desde que entró en el chat, algunos participantes trataron de vincularle con partidos de izquierda.

Sin embargo, el chat empezó a calentarse tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Algunos integrantes difunden en el chat fotos de presuntos yihadistas vistos en Madrid, y este agente les reprocha su actitud y les pide que si tienen datos, acudan al servicio de información. Ahí se producen los primeros encontronazos.

“Una barra de salchichón a quien suba una foto”

La relación con los policías que más intervienen se agrava tras algunos comentarios de carácter personal. Es ahí, cuando algunos piden fotos del agente, al que no conocen personalmente. “¿Alguno tiene una foto?”, “Una barra de salchichón a quien suba una foto”, comentan dos policías.

Una discusión sobre las bajas laborales motiva el siguiente encontronazo, en el que se producen amenazas directas. “Conozco a gente mala, muy mala, lo de los mossos unos aficionados… cuidadito conmigo que no llegas ni a la jubilación anticipada que tanto añoras”. Otro le recrimina que está a favor “de los antisistema, de los que promueven el terrorismo, en resumidas cuentas, de Podemos”.

En su denuncia, asegura que a partir de entonces se sucedieron las descalificaciones. Rojo de mierda, comunista o amigo de Carmena son algunos de los comentarios, junto a nuevas amenazas: “Los comunistas tenéis los días contados”. El agente vio cómo el tono de la conversación subía con las loas a Hitler y los deseos de que la periodista Ana Pastor tuviese una muerte “lenta y agónica”.

Pensó en abandonar el grupo, pero a los agentes les contó que siguió porque le faltó valentía para hacerlo y porque como delegado sindical considera que debía seguir en ese grupo. Las amenazas continuaron. Se referían a él por el nick que utilizaba, pero también mencionaron su apellido en varias ocasiones. El agente cree que esto se debe a que usaron las herramientas de la Policía para conocer datos personales.

El agente que ha denunciado asegura en su escrito que, además de las capturas que ha publicado eldiario.es, hay muchas menciones a su persona y más amenazas. De hecho, ha aportado dos archivos de texto y uno comprimido con toda la conversación del grupo. Además ha adjuntado la lista de todos los participantes, a los que recrimina que no se pronunciasen ante el acoso y los comentarios racistas y fascistas. Tan solo un par de policías muestran su rechazo a los mensajes.

Algunos sindicatos han afeado a este agente que no hiciese nada siendo uno de los administradores el grupo, lo que le daba capacidad para echar a participantes. Sin embargo, el agente nunca fue uno de los administradores del chat.

Veracidad de las amenazas de muerte

Cuando compareció en la comisaría, el agente dio veracidad a las amenazas de muerte y aseguró que había incrementado su seguridad y la de su familia. Ha dejado también de asistir a reuniones del Ayuntamiento sobre seguridad y a manifestaciones sindicales, por miedo a que alguien le saque una foto y la distribuya entre quienes le amenazan de muerte.

Aseguró en la denuncia que las amenazas que profieren contra él no pueden ser de carácter personal, porque no conoce a los policías, así que deduce que se deben a su condición de delegado de CCOO.

Como medida cautelar, el agente ha pedido que el juez dicte una orden de alejamiento contra tres de los policías (que ya han sido identificados) a los que pide también que se les retire el arma reglamentaria “y las particulares, si las tuvieran”. El juez decidirá tras tomarles declaración.

Además, ha solicitado que, como medida de protección, se compruebe si algún agente utilizó el sistema informático de la policía (SIATRA) para conocer sus datos personales. El agente se encuentra actualmente de baja laboral y con escolta policial, porque ha continuado recibiendo amenazas.

Entre los integrantes el cuerpo circula un mensaje que, en forma de soneto, amenaza de nuevo al agente. “Hay un canalla en el cuerpo. Una chivata asquerosa, le llaman la japonesa, es un traidor sin rival”. La sucesión de acusaciones de traición y de haber manchado el nombre de la policía termina con una nueva amenaza: “Que este canalla lo pague, no se nos puede escapar”.

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La Policía Municipal introdujo un filtro para detectar perfiles ultras en las últimas oposiciones

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid solo se someten a controles profundos de conducta y patrones de personalidad cuando ingresan en el cuerpo o cuando son ascendidos, una evaluación que el Ayuntamiento decidió reforzar en las últimas oposiciones para la Unidad de Apoyo a la Seguridad con un filtro para detectar “perfiles autoritarios”. 

Una vez dentro, todos los agentes hacen un test psicológico por escrito como parte del reconocimiento médico anual, pensados “sobre todo para detectar posibles ansiedad, depresiones o impulsos suicidas”, explican representantes sindicales consultados por eldiario.es. 

“El test psicosocial de la oposición no solamente está basado en el aspecto psicológico sino en la personalidad: dotes de autoridad, mando, liderazgo, empatía… Es más completo y creo que sí serviría para detectar, por ejemplo, ideologías fascistas. Y el psicológico, no”, señala Emiliano Herrero, portavoz de CCOO de la Policía Municipal en el Ayuntamiento, en referencia a los mensajes de varios agentes en un chat donde amenazaron e insultaron a la alcaldesa Manuela Carmena, lanzaron comentarios xenófobos y de loa al fascismo que se están investigando

El filtro introducido por el Ayuntamiento en dicho test psicosocial para identificar patrones de personalidad autoritaria fue criticado por el PP, que acusó al área de Salud, Seguridad y Emergencias de medir la “afinidad ideológica” en las oposiciones. “Queremos una policía democrática y para eso eso valoramos perfiles con el estándar que nos ofrece la psicología social en el ámbito científico”, respondió el concejal Javier Barbero antes de verano, que también aclaró que la evaluación para cada una de las unidades se hace en función del trabajo que vaya a hacerse. 

Al margen de este cambio anunciado, CCOO asegura que lleva años reclamando sin éxito al Ayuntamiento de Madrid conocer los “ítems y las escalas” que sirven para determinar qué personalidades son aptas para formar parte del cuerpo y cuáles no. “Lo pedimos hace cinco meses en la última negociación de bases de nuevo ingreso y no tuvimos buena respuesta”, añade el portavoz Emiliano Herrero. 

Por otra parte, los sindicatos dudan de la capacidad de los tests psicológicos periódicos para identificar conductas inapropiadas en los agentes. “Es complicado y no sé si muy fidedigno porque se presupone veracidad en las respuestas. Lo que se controla con estas evaluaciones es que no tengas ansiedad, miedos, depresiones…”, admiten desde UGT. El sindicato ha manifestado su “repulsa” a los comentarios de “carga xenófoba, racista o vejatoria” del chat hechos públicos por eldiario.es por “ser incompatible con la deontología exigible a un funcionario policial”. 

La Policía Municipal tiene también un servicio psicológico pero está orientado a dar atención a los agentes en caso de problemas de estrés o mala gestión de situaciones, como admite el propio Ayuntamiento y confirman los sindicatos. 

“Déficit de formación” en derechos humanos

Los agentes que pasan la oposición, incluido el test psicosocial, reciben durante seis meses una formación en materia de derechos humanos, constitucionales y libertades y derechos de la ciudadanía. Estas clases se impartían hasta 2013 en la Academia regional de Policía. Hasta que el expresidente Ignacio González la cerró para “ahorrar gastos” y su gobierno firmó un convenio con el Ministerio del Interior para que los agentes municipales tanto de nuevo ingreso como de ascenso se desplazaran a Ávila. 

CCOO denuncia que “hay déficit en esta formación”. “Lo más sociológico se ha abandonado bastante y también el tema de derechos humanos, que ha perdido peso. Y luego está el tema de la organización: nos envían a Ávila de mala manera, con mala organización”, aseguran desde el sindicato. 

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Sufrir la violación de un conocido: cuando tu ligue se convierte en agresor

A la mañana siguiente habló con algunos de sus amigos, pero no la creyeron. Les dijo que la habían forzado, que tenía el vestido roto, que no se acordaba de casi nada. La incredulidad por respuesta. Lo atestiguan los mensajes publicados sobre la investigación que un juzgado de Pozoblanco (Córdoba) mantiene sobre cuatro de los cinco imputados por la violación múltiple de Sanfermín. El juez ve indicios de que el pasado mayo abusaron de otra joven en la localidad cordobesa. “Cómo va a ser él (en referencia al militar procesado) si ayer estabas tan a gusto en la caseta con él y hoy está aquí tan tranquilo en la feria otra vez”, le dijo un amigo a la chica.

Es uno de los prejuicios más extendidos, pero los datos disponibles corroboran justo lo contrario: la mayor parte de agresiones sexuales las perpetran conocidos por la víctima, ya sea un miembro de la familia, una pareja o expareja, un amigo, una persona del entorno o un hombre con el que la mujer ha entablado una relación unas horas antes. De hecho, este escenario es uno de los más frecuentes. Una chica conoce a un chico en un ambiente de fiesta, comienzan a hablar, toman algo y deciden tener un encuentro sexual.

Sin embargo, lo que había empezado como algo deseado deja de serlo. Es lo que cuenta Ruth Toledano en su columna Mi Violación, en la que relata cómo un hombre con el pensaba acostarse la violó en su casa. “En milésimas de segundo supe que pasaba algo. La cara de él se había transformado por completo. Lo que antes era amable y sonriente se convirtió en duro y amenazante”.

Ruth no es la única. También es un relato real el de Ana, que dijo varias veces “para” antes de ser forzada por el chico con el que poco antes bailaba en la discoteca. O Sara, que siempre cuenta cómo “se dejó hacer”. Ahora sabe que por miedo. A Elisa se le bloqueó el cuerpo y el habla y solo diez años después supo que lo que había vivido con 19 había sido una agresión sexual.

“Cuando nos imaginamos una violación solemos hacerlo pensando en un hombre que asalta de noche a una mujer en un portal, un callejón o un descampado. Este tipo de agresiones se dan, pero no son la mayoría”, dice la socióloga especializada en violencia sexual Beatriz Bonete. “Las chicas estamos educadas para estar siempre alerta ante este modus operandi, pero nunca nos han hablado de que nos puede violar un ligue”. 

Lo demuestran también las cifras que manejan las asociaciones que trabajan con víctimas. La Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género apunta a que en torno al 85% de las agresiones que atienden son perpetradas por conocidos. En Castilla y León, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia de Género (Adavas) cifra en un 87% el porcentaje y en Catalunya, la investigación El abordaje de las violencias sexuales en Catalunya del Grupo Antígona, de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), revela que el 80% de los agresores pertenecen al entorno.

Sin embargo, éstas son las que menos se denuncian. La coordinadora de Adavas, Sagra Pérez, nombra un elemento determinante para que este tipo de agresiones engorden la base de un iceberg que solo deja ver su punta. Asegura que “es muy frecuente” que “la mujer se culpe al sentir que hay algo que no debería haber hecho”: ‘¿Por qué le bese?’, ‘no tenía que haber subido a su casa’, ‘tendría que haber sido más contundente’, ‘¿cómo me van a creer si me vieron bailando con él en la discoteca?’.

Poner el foco en el agresor

El cuestionamiento emana de uno de los prejuicios que rodean a la violencia sexual y al que alude la investigación del Grupo Antígona. En ella se describe cómo estos estereotipos inciden en la sensación culpabilizadora de la víctima. “Aunque toda persona tiene derecho a cambiar de opinión sobre el hecho de tener sexo con otra en cualquier punto del contacto sexual, existen ideas preconcebidas sobre que una vez se empieza a tener una relación sexual consentida, ese consentimiento se mantiene en todo momento”, afirma el estudio.

La jurista y profesora de la UAB, Paula Arce, una de las autoras de la investigación, pone énfasis en esta concepción y alude a que con frecuencia “las mujeres pensamos que, de alguna manera, hemos provocado la situación y solemos decirnos a nosotras mismas que si hemos ido con alguien a su casa, ¿cómo vamos a decir que no ahora? Existe una especie de norma por la que si la mujer empieza algo, tiene que continuar a riesgo de ser juzgada si no lo hace e insultada con aquello de ‘calientapollas'”.

Sin embargo, para las expertas la línea que separa sexo consentido de violación debe ser precisamente esa: el consentimiento. Algo que a veces se pone en duda si la víctima no ha dicho ‘no’ con firmeza repetidas veces o incluso no ha opuesto resistencia física. Ruth Toledano dijo que ‘no’ a su agresor –”no sé cuántas veces le dije que quería irme”, recuerda–, pero el temor por su integridad física la llevó a “dejarse hacer”.

“La presión, el chantaje o el miedo generan diferentes reacciones en las víctimas. Lo que hay que plantearse no es hasta qué punto la mujer dijo que ‘no’, sino por qué los hombres no aceptan la negativa, lo entienden y se retiran”, explica Bonete. Es ahí donde se articula otro de los prejuicios que sobrevuelan el imaginario de las relaciones sexuales, sobre todo cuando se circunscriben a los espacios de ocio nocturno. “Normalmente se transmite a los hombres la idea de que deben insistir y no tienen que identificar el ‘no’ como un ‘no’, sino como una resistencia que debe darse en las mujeres antes del ‘sí'”, ejemplifica Arce.

¿Y si no hay resistencia física?

Sagra Pérez ha constatado en el servicio de atención de Adavas que la mayor parte de agresiones de este tipo no se denuncian. Y esgrime como uno de los motivos la dificultad que se da en ocasiones para que ellas mismas se autoconciban como víctimas. Las expertas consideran que el muro de silencio que rodea a esta realidad y el propio cuestionamiento que la sociedad hace de ellas hace que les cueste ponerle nombre y muchas lo hagan pasados los años.

“Saben que hay algo que no ha ido bien”, dice Pérez. “Hubo una mujer bastante mayor a la que atendimos que decía que había sentido toda la vida como una especie de sombra sobre ella y ahora que lo estaba contando, se estaba yendo”, recuerda. Para que esto ocurra, dice, debe darse un escenario social que “parece que se empieza a dar”, en el que las mujeres sean creídas y se sientan legitimadas para hablar de lo que les ha ocurrido.

Otra cosa es el ámbito judicial. “No es fácil probar que hubo una agresión sexual cuando no se dan los elementos que el sistema considera que deben darse. Si no hubo forcejeo, por ejemplo, se entiende que fue consentida”, dice Arce. Y es que el uso de la fuerza, detalla el grupo Antígona en su investigación, es otro de los estereotipos que más complejidad plantea.

“Existe una visión preconcebida de que las agresiones sexuales implican un alto nivel de violencia física, pero la mayoría de las víctimas en el proceso de denuncia o durante el posterior relato manifiestan que tenían miedo de recibir lesiones graves o de perder la vida y que, por lo tanto, han opuesto poca resistencia al ataque. En consecuencia, en la mayoría de los casos puede no haber lesiones físicas”. La prevalencia de este estereotipo, prosigue el estudio, “provoca que las víctimas que han ofrecido poca o ninguna resistencia al ataque sean cuestionadas por la policía y el sistema judicial”.

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¿Hacia la ciudad ‘black friday’?

Una forma de mirar la ciudad es a través de su actividad comercial. Así lo ha hecho Urban Discovery, el proyecto de BBVA Data & Analytics y Carto que ha analizado cinco años de gasto de tarjetas de crédito en Madrid, Barcelona y Ciudad de México y ha creado una interesante herramienta de visualización a través de mapas interactivos. La aplicación señala distintas zonas de cada localidad por sus principales características: centro (alta densidad comercial, turismo y ocio cultural), barrio acomodado (alta densidad comercial, atracción de clientes con alto poder adquisitivo y baja densidad de ocio cultural), barrio popular (baja densidad comercial y especial importancia del comercio de proximidad, con bajo ticket medio y poco gasto en fin de semana), centro de trabajo (con patrones temporales de consumo vinculados a oficinas e industria), nuevo desarrollo (alta densidad de zonas residenciales, baja actividad comercial y gasto concentrado en el fin de semana) y centro comercial (baja densidad comercial concentrada en grandes superficies).

Como explica en el blog del proyecto Juan Murillo, responsable de análisis urbanos de BBVA Data & Analytics, el resultado dice que la ciudad real no se parece a la ideal. En la modélica, los barrios son equilibrados y hay mezcla de usos, conviven los residenciales con los laborales, comerciales, culturales, turísticos y de ocio. No es así en verdad y en los mapas se ve que los distritos tienden a la especialización si no hay acciones que lo remedien. De momento, no parece que abunden pero si alguien se anima, esta herramienta puede ser útil.

Además de las tarjetas de crédito, fijarse en la actividad comercial puede servir para ver la evolución de las ciudades, su presente y hasta su futuro. Aunque este año han aparecido titulares que hablan del fin de la era de los malls y algunos militantes de la vida en el centro los han celebrado como una victoria de su equipo frente al del coche para todo, lo cierto es que a los centros comerciales todavía les queda aire en las afueras —“el parque de centros comerciales en España se incrementará con cerca de 150.000 m2 de superficie bruta alquilable”, dice esta noticia— y además se están metiendo de lleno en la ciudad. Lo muestra muy bien el mapeo de Urban Discovery, en el que se ve cómo las zonas urbanas centrales (y los barrios acomodados que las rondan) se han convertido ya casi en malls al aire libre con altas densidades de usos comerciales, turísticos y de ocio. Y se ve también en las recientes y próximas aperturas. 

En Madrid acaba de aterrizar Plaza Río 2, una nave espacial encallada en aquella orilla del Manzanares. Decathlon, que ya tiene tienditas urbanas llamadas City, está a punto de abrir tres locales de entre 1.700 y de 2.600 m2 en las calles Fuencarral, Princesa y Ortega y Gasset (ya inaugurado). Media Markt se ha posado en la Plaza del Carmen para proclamar que el entorno de la Gran Vía es ya definitivamente un centro comercial urbano. Leroy Merlín llega el año que viene (Madrid y Barcelona). Ikea también hace sus pinitos en Serrano. Las franquicias de Carrefour se han hecho con el territorio Malasaña.

Está pasando aquí, en Europa y en todos los continentes y es una pista para ver que las ciudades están cambiando porque las costumbres están cambiando porque los tiempos están cambiando. El asunto, más allá del presunto triunfo de los centros urbanos, tiene también muchísimo que ver con las compras online. En Estados Unidos, el comercio por internet ya representa el 17% de las ventas del negocio minorista y se prevé que para 2030 sea el 35%. En España vamos más despacio pero se apuesta a que para 2019 ya estaremos en el 12%. De momento, y según Nielsen, compramos por la red mucha moda, tecnología y cultura y menos productos frescos, aunque eso también va a cambiar.

Grandes tiendas como escaparate para la venta online

Lo que está pasando es algo que suena raro pero es que la modernidad sólo puede ser paradójica: las grandes cadenas del retail están abriendo enormes tiendas en las ciudades para atraer a quienes hoy entienden que ir de compras es una forma de ocio y para aumentar también su cuota de ventas online. Son los dinosaurios que se renuevan y se modernizan para plantar cara a otros gigantes casi recién nacidos como Amazon, Alibaba, Zalando, Asos, Privalia… Una pelea de godzillas que, como anticipaban las películas japonesas, tiene lugar entre calles y edificios y, también como en esos filmes, provoca procesos de renovación urbana un poco brutos.

El pequeño comercio, que lleva años resistiendo como puede la presión de las cadenas y la liberalización de horarios, ve ahora cómo se le vienen encima Amazon y compañía, con una variedad y fondo de stock, unos precios y una capacidad logística contra la que sólo pueden competir esos otros gigantes que se están metiendo en los enormes locales que dejan vacantes los cines. Sí, las grandes tiendas físicas serán cada vez más escaparates del comercio online en un ejercicio de presencia constante ante los ojos y la cartera del consumidor que deja fuera de juego a las pequeñas. Aunque es verdad que la mismísima Amazon ha ido haciendo acuerdos de colaboración con algunas, es probable que su implantación en las calles sea con todo su poderío, bien a través de experimentos aún en pruebas como las tiendas en las que no hay ni que sacar la tarjeta bien a través de adquisiciones como la de Whole Foods. De todos modos, habrá que prestar mucha atención a cómo evoluciona su negocio de supermercado y sus alianzas al respecto.

Mientras tanto, Alibaba está moviendo ficha en China, miles de fichas que serán pronto millones si le sale bien la cosa. Además de haber invertido 2.500 millones de euros en Sun Art, una cadena de supermercados de allí, se está asociando a través de su marca Tmall.com con pequeños comercios familiares de todo el país para ofrecerles una renovación tanto de aspecto como de herramientas tecnológicas. Las tienditas no sólo cambian su cara y ganan orden, también reciben ayuda para gestionar su inventario y ofrecen a sus consumidores toda la inmensa oferta de Tmall.com. La empresa, por su parte, consigue miles de puntos de almacenaje y distribución y añade nuevos servicios (comida cocinada, por ejemplo). Antes de fin de año serán 10.000 las tiendas pero los responsables del grupo fundado por Jack Ma hablan de la posibilidad de alcanzar a seis millones de comercios de conveniencia del país. No es un farol, allí se las gastan así: su competencia, JD, anda enfrascada en un plan para abrir un millón de tiendas propias en cinco años. En ambos casos, parece una forma de acaparar cuota de mercado en el presente y prepararse para un futuro con otras formas de consumo. A ver qué pasa mañana por ahí.

Por aquí, lo que pasará ya se puede ver, al menos en los centros de las ciudades. En Madrid y en Barcelona, como demuestran los datos de Urban Economy y un paseo un poco observador, son barrios llenos de bares y restaurantes y de tiendas cada vez más grandes (y de cadenas más grandes) para el disfrute de turistas de fuera y de dentro. Pero, ¿cómo puede afectar el avance del comercio electrónico a otras zonas de menos aluvión? ¿Qué pasará en las ciudades cuando se vayan borrando las pequeña tiendas? ¿Cómo será la vida en la calle cuando casi todo lo compremos online? Creo que nos va a quedar más remedio que verlo.

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Ratko Mladic, de “juventud guerrera” a carnicero de los Balcanes

Ratko Mladic había prometido no sucumbir jamás a la humillación que sufrió en la mañana del miércoles: ser juzgado por un tribunal extranjero. Para asegurarse de que cumpliría su palabra, le había dicho a sus oficiales que no lo agarrarían vivo y que llevaría una bolsa llena de armas a lo largo de todos sus años de fuga.

Pero cuando llegó el momento crítico, el hombre que había dado la orden de matar a miles de personas no pudo terminar con su propia vida. Cuando los oficiales de paisano del Ministerio del Interior serbio aparecieron el 26 de mayo de 2011 en su último escondite (una habitación en la casa de su primo en un remoto pueblo del norte), el viejo general, debilitado por dos derrames y un infarto, dejó la ametralladora Heckler & Koch en el fondo de un armario, donde la había escondido entre sus calcetines.

“Supongo que la gente se preguntará por qué no me suicidé”, le dijo a uno de sus partidarios semanas después, en la cárcel. “No fui psicológicamente capaz de hacerlo y no quería que dijeran que somos una familia de suicidas”.

Unos 17 años antes, en febrero de 1994, el conflicto bosnio estaba estancado en un sangriento punto muerto y Ana, la hija de Mladic, usó la pistola favorita de su padre para matarse. Estaba enamorada de un médico al que le horrorizaba la matanza que se estaba cometiendo en Bosnia en nombre de la nación serbia. Él solo se casaría con ella si renunciaba a su padre. Ana resolvió el dilema quitándose ella misma de enmedio.

Mladic nunca admitió que sus propias acciones pudieran tener algo que ver con la muerte de Ana. En lugar de eso, inventó teorías de conspiración para echar la culpa a otros, a los históricos enemigos de los serbios. Su sed de venganza se redobló. En una vida rodeada de muerte, Ana era una de las pocas personas que le importaban.

Primeros pasos

Mladic nació para el conflicto. Su nombre puede ser traducido como “juventud guerrera”. El padre, un partisano, murió en la guerra en 1945, cuando Mladic tenía dos años. La madre, Stana, crió a los tres hijos por su cuenta.

De adolescente, Ratko probó a ser aprendiz de hojalatero antes de abandonarlo todo para dedicar su vida al ejército nacional yugoslavo. Luchó en Croacia para mantener unida a una Yugoslavia dirigida por serbios y perdió. Luchó por una Bosnia dominada por serbios y también perdió, en una batalla donde murieron 100.000 personas. Luego pasó 14 años como fugitivo pero, finalmente, esa batalla también la perdió.

“Encontraron lo que buscaban”, dijo a los oficiales de la unidad de crímenes de guerra que lo capturaron. Mladic se sentó sobre una gorra militar negra y arrugada en los asientos traseros del coche que lo llevó hacia el sur, de vuelta a Belgrado. Una vez allí, hizo dos peticiones al juez. Visitar la tumba de su madre en Bosnia, y la de Ana en Belgrado. El juez sólo accedió a la segunda. Mientras los funcionarios del gobierno esperaban para llevarlo en avión a La Haya, él se quedó de pie frente a la tumba murmurando palabras para su hija.

14 años fugitivo, seis detenido

En los seis años que ha pasado detenido en Scheveningen, en la periferia de La Haya y frente al mar, y en los más de 500 días que ha pasado en las cortes del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Mladic se ha presentado como la víctima de conspiraciones extranjeras para acabar con el pueblo serbio. Es el mismo culto a la victimización que disparó su marca de nacionalismo agresivo y que ha demostrado ser un combustible fenomenal para la crueldad.

En varias ocasiones Mladic ha descrito su campaña de “limpieza étnica” en Bosnia, dirigida abrumadoramente contra los bosnios musulmanes, como una venganza contra el imperio otomano. En julio de 1995, cuando entró con sus asistentes militares en Srebrenica (el supuesto “refugio seguro” protegido por la ONU que nunca lo fue), dijo que su “victoria” era una venganza por una antigua masacre sufrida por los serbios a manos de “los turcos”. Las cámaras lo grabaron mientras acaricaba la cabeza de un niño bosnio y hambriento de ocho años, Izudin Alic, al que también le dio una barra de chocolate y le aseguró que la gente de Srebrenica estaría a salvo. En pocos días, el padre del niño sería localizado y asesinado por las tropas de Mladic junto a más de 7.000 hombres y adolescentes bosnios.

Durante más de siete años, mucho después de que los huesos de los muertos hubieran sido recuperados de las fosas comunes, y de que los crímenes del ejército de Mladic hubieran sido expuestos al mundo, el ejército serbio cuidó de Mladic en nombre de la solidaridad étnica frente a un mundo hostil.

La frágil mentira vigente en Bosnia, como la del este de Ucrania hoy, era que las fuerzas serbo-bosnias eran luchadoras de la libertad sedientas de independencia. Lo cierto es que operaban con la guía y el apoyo de un vecino más fuerte, el régimen de Slobodan Miloševic en Belgrado.

Protegido por el ejército al principio

A Mladic y a otros oficiales serbo-bosnios les pagaba el 30º Centro de Personal del Ejército Yugoslavo, dirigido por Belgrado. En 1997, cuando los cuerpos de paz de la OTAN y los servicios occidentales de inteligencia en Bosnia comenzaron a tomarse en serio la búsqueda de sospechosos de crímenes de guerra, Mladic fue refugiado y cuidado por toda Serbia en recintos recreativos del ejército.

Según John Sipher, un exoficial de la CIA que participó en la caza de sospechosos de crímenes de guerra en los Balcanes, “el gobierno y el ejército serbio estaban claramente protegiendo a Mladic”. “Recuerdo que los montenegrinos nos hablaban de los viajes que hacía para ver a viejos amigos del ejército; estaba claramente protegido y se sentía cómodo viviendo en Serbia”, dijo Sipher.

La CIA sabía que Mladic pasaba parte de su tiempo como uno de los hombres más buscados de Europa en su propia casa, en una rica zona residencial de Belgrado donde también viven empleados de la embajada estadounidense. No había nada que la agencia pudiera hacer.

Tras la caída de Miloševic en el año 2000, el nuevo primer ministro del país, Zoran Dindic, ofreció a Estados Unidos y al Reino Unido que entraran con sus tropas para atrapar a Mladic. Pero Dindic no controlaba el ejército y los aliados declinaron la oferta. No quisieron arriesgarse a un enfrentamiento con armas a partir de la poco segura información que les proporcionaba un político en una posición precaria. Dindic fue asesinado en 2003.

Hasta que un día incluso el ejército tuvo que ponerse bajo el control de los gobiernos civiles electos, y Mladic se vio obligado a confiar en un círculo cada vez menor de fieles refugiándose en apartamentos anónimos y parcelas rurales de familias. Pero aún así siguió manteniéndose fuera del alcance de sus enemigos.

“No teníamos fuentes que hubiéramos podido contrastar durante mucho tiempo, aunque alguien te dijera que Mladic estaba en algún lugar cercano a la frontera donde incluso era posible llegar, habría sido una lotería total”, recordó Sipher.

Un triunfo parcial

Al final, a Mladic lo entregaron sus compañeros serbios, cansados de las sanciones y del aislamiento. Pero incluso con la culminación del juicio de cinco años y de su condena, el triunfo de la justicia internacional sobre la impunidad está muy lejos de ser total.

El nacionalismo ha vuelto a Serbia y a la república serbobosnia, junto con la negación generalizada de los crímenes de guerra. El gobierno serbio anunció en octubre que un criminal de guerra convicto, Vladimir Lazarevic, comenzaría a dar conferencias en la academia militar del país. Salió de la cárcel en 2005 tras cumplir dos tercios de su condena.

Uno de los miembros del equipo de investigación del tribunal de La Haya que coordinó la caza de criminales de guerra de los Balcanes hizo este verano una nostálgica gira en moto por Bosnia. En Kalinovic decidió hacer un desvío para pasar por el municipio serbio donde nació Mladic. Al bajarse de su moto lo recibió un mensaje de dos palabras pintado con spray en la pared: “Mladic – Héroe”.

Traducido por Francisco de Zárate

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La Universidad Autónoma de Madrid utilizó cientos de becarios de forma irregular para cubrir puestos de trabajo

La Universidad Autónoma de Madrid ha utilizado de forma irregular a centenares de becarios sin relación laboral alguna para cubrir puestos de trabajo estructurales que necesita para su funcionamiento diario. Así lo ha constatado la Inspección de Trabajo, que obliga a la Universidad a pagar las cuotas a la Seguridad Social de las 376 personas que se encontraban en esa situación durante 2016 y parte de 2017. El acta, al que ha tenido acceso eldiario.es, señala que se trata de una práctica irregular que no cumple con las normas que rigen este tipo de becas. 

La Universidad cuenta con un programa de prácticas remuneradas en su Oferta de Prácticas Externas. Ese programa ofrece becas de 300 euros mensuales a estudiantes de grado con una jornada máxima de 25 horas semanales y de 600 euros mensuales para estudiantes de postgrado con 18 horas de trabajo a la semana.

El sindicato CCOO presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que señalaba que estas prácticas no cumplían con las normas de referencia: en su escrito decían que tenían como objetivo “el desarrollo de actividades principales o complementarias de una actividad laboral” y que llegaban a cubrir puestos de trabajo ya existentes. El sindicato decía también que las becas no tenían relación con la formación de los alumnos que las desarrollaban, tal y como obliga la norma.

El acta de la Inspección de Trabajo, que data de comienzos de octubre y que se emite después de varias visitas a la universidad, dice que los inspectores comprobaron que el contenido de las prácticas “en nada tiene que ver con la titulación cursada por los estudiantes”. El organismo, dice el acta, no puede negar que estas becas “no suponen ningún beneficio en la formación teórica recibida por los estudiantes”. 

Los estudiantes con estas prácticas, prosigue el acta, “eran incluidos inmediatamente en el organigrama funcional del departamento o servicio en el que las realizaban, de manera que con la prestación de tales prácticas el departamento cubría por turnos determinados puestos tales como atención al público, préstamos de libros, mantenimiento de bases de datos…”. Los propios responsables de los servicios reconocían que, en muchos casos, de no contar con estos estudiantes no podrían mantenerse abiertos en el mismo horario.

La UAM recurre

La UAM contesta que rechaza el acta levantada por la Inspección. Fuentes del rectorado explican que la universidad, “no estando de acuerdo con la inspección de trabajo”, ha pedido la nulidad del proceso porque, argumentan, solo ha analizado tres casos concretos de estudiantes en prácticas y ha extendido sus conclusiones a la totalidad, “lo que no es muy representativo”. Además, añaden que las prácticas se ajustan a la normativa del Real Decreto 592/2014 “por que completan el aprendizaje de los estudiantes, facilitan la adquisición de competencias transversales y favorecen su inserción laboral” 

“El trabajo realizado es un trabajo sustancialmente productivo de cuyos frutos se beneficia de forma inmediata y directamente la Universidad, primando el beneficio productivo para ésta sobre el proceso formativo del estudiante”, concluye la Inspección. La Seguridad Social ha dado de alta como trabajadores a estos estudiantes con efectos retroactivos durante el periodo que desarrollaron las prácticas. Estos estudiantes pueden ahora reclamar los salarios dejados de percibir durante esos meses. De momento, solo el alta a la Seguridad Social de estas personas tiene un coste para la universidad de unos 300.000 euros, tal y como se refleja en el escrito de la Inspección.

El efecto de este acta no queda aquí. Actualmente unas 150 personas siguen desarrollando este tipo de tareas como becarios, algunas como prórroga de sus anteriores prácticas, otras comenzaron el pasado septiembre. Todas estas personas podrían reclamar en un juzgado la laboralidad, es decir, que su beca es en realidad un puesto de trabajo, lo que obligaría a la universidad a reconocer su plaza. 

Por todos los campus

La UAM tiene becarios en un centenar de servicios, que van desde las diferentes bibliotecas del campus hasta el archivo central, pasando por atención a la diversidad, el observatorio astronómico, centros culturales, de estudios, decanatos, aulas de informática, servicios de atención al alumno o laboratorios, entre otros, según se recoge en la web que ofertaba las plazas.

Los becados, casi 400 estudiantes de grado y posgrado de la universidad, se sienten estafados y que, además, se les está culpando de la situación. En una reunión de afectados que tuvo lugar el martes pasado, decidieron que irán a la huelga los días 4 y 13 de diciembre, y advierten: “Muchos servicios se van a colapsar”. Los becarios de la UAM están repartidos por todo el campus y fuentes de la universidad aseguran que sin su presencia muchos servicios directamente no funcionarían.

Para solventar la situación, la universidad pretende convertir las becas, que actualmente tienen un carácter formativo externo, en curriculares. Esto quiere decir que para poder acogerse a una beca, el estudiante tiene que estar dado de alta en una asignatura específica que justifique esa beca en concreto como prácticas de la materia. “El porcentaje de actuales becarios que puede acogerse a esta fórmula es mínimo”, explica Ana (nombre ficticio, prefiere no dar el suyo por temor a represalias), una de las afectadas.

Así, la inmensa mayoría perderán la plaza en diciembre. “En teoría las becas eran para diez meses, pero nos hicieron firmar hasta diciembre de este año para luego renovarlas porque por motivos presupuestarios y burocráticos hay que dar la baja en diciembre”, expone. Ahora no van a renovar, según les han comunicado, lo que creará un problema a más de uno.

“Yo necesito estos ingresos para pagar el alquiler, entre otras cosas”, cuenta Ana. Y como ella están muchos. Los becarios tampoco se engañan a sí mismos. Sabían a lo que iban, al menos Ana. “Tengo compañeros que habían trabajado en mi puesto y era consciente. No diría que estoy explotada, pero sí que estoy realizando labores que corresponden a los funcionarios”, asegura.

De hecho, de ahí vienen las denuncias a la UAM. “Las becas no son formativas, cubren puestos de trabajo”, explica una becaria. La universidad alega que sí lo son cuando habla de “completar el aprendizaje”, “adquisición de competencias transversales” e “inserción laboral”, pero la Inspección de Trabajo ha creído lo contrario. “¿En qué se está formando un estudiante de biología catalogando libros en la biblioteca?”, pone como ejemplo Ana.

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La Policía Municipal retira la placa y la pistola a los agentes que amenazaron a Carmena

La Policía municipal ha abierto un expediente a los tres agentes denunciados por amenazas graves en el chat en el que también se deseó la muerte de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. La investigación interna ha revelado que estos policías han cometido “faltas muy graves”, así que se les suspende de funciones y se les retira temporalmente el arma reglamentaria y la placa.

Según informa el Ayuntamiento, los policías también tendrán prohibido el acceso a cualquier base de datos policial y corporativa del Ayuntamiento de Madrid, así como a las dependencias de Policía Municipal sin autorización. Estas medidas estarán vigentes mientras dure la investigación interna contra ellos tras publicar eldiario.es el contenido del chat en el que había amenazas, apología del fascismo y comentarios racistas.

Tras abrir una información reservada, fruto de la denuncia presentada por un agente contra ellos por amenazas graves, el departamento de Asuntos Internos ha decidido incoar un expediente disciplinario “existiendo elementos de juicio e investigación suficientes, de forma preventiva y motivada para adoptar las medidas cautelares”.

Asuntos Internos sostiene que estos agentes podrían haber incurrido en faltas graves o muy graves. Por ejemplo, citan la discriminación por razón de origen racial o étnico, además de “grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos”. Señalan también que los agentes han provocado un “descrédito notorio a la Institución Policial”.

El Ayuntamiento señala que el proceso penal abierto tras la denuncia prevalece sobre el disciplinario. Así, la resolución definitiva de este expediente tendrá que esperar a una eventual sentencia. El juez aún no ha decidido si admite a trámite la denuncia y está pendiente de tomar declaración a los tres agentes.

Mientras, el agente que denunció está de baja y tiene escolta policial. Además, ha seguido sufriendo nuevas amenazas de sus compañeros por denunciar el contenido del chat, pensado inicialmente para tratar reivindicaciones laborales.

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