La ley Sinde no viene sola: tres normas que se negocian fuera de foco y pueden afectar a tus derechos en la red

“Hubo un tiempo en el que la libertad en Internet se percibía como frágil y peleamos por mantenerla. Esa pelea está aparcada porque creemos que la libertad se mantendrá a unos niveles aceptables o suficientemente amplios. No es así. Eso nunca estuvo garantizado y lo veremos pronto”. Fue la reflexión de David Bravo, jurista digital, cuando el Parlamento Europeo votó a favor de la renovación de la directiva de derechos de autor. Tras un intenso debate en torno a su proporcionalidad, el texto que salió adelante introdujo medidas como un filtro automático de contenidos que registre todo lo que se suba a la red en busca de violaciones de copyright y con capacidad de anular publicaciones de los usuarios sin autorización judicial.

El pronóstico de Bravo no tardó en cumplirse. Justo una semana después de la votación en la Eurocámara, PP, PSOE y Ciudadanos propusieron de forma conjunta endurecer la ley Sinde. En medio de las negociaciones para reformar la Ley de Propiedad Intelectual, los tres grupos plantean eliminar la necesaria autorización judicial para ordenar el cierre de una página web.

Ocho años después de que la negociación para aprobar la misma norma generara un movimiento de rechazo que acabó acampado en la Plaza de Sol durante el 15M, PP, PSOE y C’s vuelven a la carga. Su objetivo es que si la administración considera que la web es reincidente y sigue acumulando denuncias por violación de los derechos de autor, esta pueda forzar su cierre sin volver a consultar al juez.

El Ministerio de Cultura negó a eldiario.es que la enmienda suponga un peligro para la extensión a la red de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva. No convencidos con esta explicación, este lunes se han sumado a las quejas la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), la organización de consumidores Facua y las patronales de radios y televisiones privadas, que denuncian que las enmiendas fortalecen “la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios” y “la vuelta a los tiempos de los abusos” de estas entidades.

La nueva polémica alrededor de la ley Sinde muestra que pese a las quejas ciudadanas, las fuerzas políticas siguen dispuestas a apoyar regulaciones para Internet que tendrían un difícil encaje fuera del ciberespacio. En España, al menos tres leyes que se encuentran en proceso de negociación amenazan con desligar los derechos durante la actividad en la red de los ciudadanos de los que tendrían en el mundo físico.

Ley de Protección de Datos 

La renovación de la Ley de Protección de Datos también se encuentra en negociación en el Congreso. El nuevo texto debe respetar íntegramente los mínimos impuestos en el Reglamento europeo que entró en vigor en mayo, pero puede ir más allá en algunos aspectos. En este caso varias enmiendas elevadas por el PSOE han elevado las dudas de los expertos por la eliminación de salvaguardas judiciales.

En sus propuestas, el PSOE propone que sean las empresas privadas que sostienen las plataformas digitales quienes decidan sobre la veracidad de los contenidos y que puedan anular el anonimato de sus usuarios; o la obligación de los medios a publicar rectificados de las personas que se mencionan en las publicaciones. En la actualidad, solo un juez puede dirimir sobre la veracidad de una información, la revelación de la identidad de un ciudadano que se comunica bajo un seudónimo o forzar a un medio a publicar una determinada versión de los hechos. 

“La propuesta del PSOE en materia de derecho al olvido también es excesiva. Se desvía de la reciente jurisprudencia del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] y es un ataque al derecho a difundir información veraz”, señaló a su vez el abogado especialista en libertades digitales, Carlos Sánchez Almeida, sobre otra enmienda socialista en referencia a este cuestionado derecho. 

El anonimato es un objetivo habitual de las políticas restrictivas. Considerado por la ONU como un derecho clave para asegurar la libertad de expresión, el PP ha intentado prohibirlo en las redes sociales varias veces durante esta legislatura. La última el pasado mes de diciembre, argumentando que el anonimato ampara los ataques al honor en estas plataformas.

Filtradores y alertadores 

Con la democratización de Internet y las herramientas digitales, las filtraciones de información cambiaron de forma radical. En cuestión de minutos una sola persona que sea testigo de irregularidades y conductas corruptas puede descargar y enviar a un medio de comunicación decenas de miles de documentos más que los que desencadenaron el escándalo Watergate. Sin embargo, esa persona también está mucho más desprotegida: esas mismas herramientas digitales permiten rastrearla e identificarla igualmente rápido.

Las grandes filtraciones de información de la era digital han estado acompañadas de sentencias y persecuciones más duras que nunca. Para corregir esta situación, la mayoría de países desarrollados han impulsado leyes para proteger a los informantes y evitar que queden desamparados ante aquellos a los que denuncian. España aún no lo ha hecho, y ha quedado como el único país entre los 37 que integran la OCDE que no tiene prevista ninguna protección específica para sus denunciantes de corrupción, ni mediante una ley propia ni en el articulado de otras normas.

La ley que debe corregir la situación lleva desde comienzos de 2018 empantanada en el Congreso, esperando a que el PP, que preside la comisión que la tramita, permita continuar con el proceso. PSOE, Podemos y Ciudadanos explicaron en junio a eldiario.es que sus posturas ya están próximas pese a las diferencias iniciales, pero que la negociación no puede concluir debido a inacción del PP.

Reforma de la ley mordaza

Los grupos políticos negocian desde 2016 cómo derogar el paquete de normas que el PP aprobó gracias a su anterior mayoría absoluta y que dieron forma a la conocida como ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana). La llegada del PSOE al Gobierno ha supuesto un impulso a las conversaciones. Estas se centran en los artículos de esas leyes recurridos ante el Tribunal Constitucional, grupo que no incluye artículos como el de “falta de respeto” a policías, una de las sanciones que entraron en vigor con la ley mordaza que más se interponen, como denuncian organizaciones como la PDLI.

Por ahora, el Ejecutivo no ha conseguido la mayoría necesaria para derogar los artículos del Código Penal que han provocado las condenas a tuiteros y raperos por enaltecimiento del terrorismo o incitación al odio. Comentarios que difícilmente habrían tenido repercusión de no haber quedado registrados en el archivo de una red social, son motivo de condenas de cárcel por realizarse online.

De momento ha sido la fiscala general del Estado quien se ha posicionado más claramente a favor de virar el rumbo en su discurso de entrada del año judicial, reclamando ponderar “adecuadamente” las penas de prisión en los casos en los que está en juego la libertad de expresión. Las últimas sentencias de la Audiencia Nacional también han reconocido que animar a atentar a una banda terrorista desaparecida no pone en riesgo a nadie. Impulsado por ello, el Gobierno planea reducir los castigos con prisión y cambiarlos por trabajos en beneficio de la comunidad, pero la posibilidad de que se convoquen elecciones antes de que se llegue a un acuerdo puede dar al traste con meses de trabajo para tumbar la ley mordaza.

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“De niño nunca quise ser astronauta, quizá no soñaba a lo grande”

En los años 60 de la carrera espacial, la política estadounidense era un polvorín. Las calles clamaban contra el dispendio del Gobierno y Gil Scott Heron cantaba que a su hermana Nell le mordían las ratas “mientras el blanquito está en la Luna”.

Los programas Mercury, Gemini y Apolo, todos destinados a posarse sobre el satélite terrestre, costaron 25.000 millones de dólares y la vida de siete astronautas que fueron lanzados al espacio en cacharros un poco más sofisticados que una cafetera de juguete. Su misión era llegar a la Luna y la de los políticos venderlo como “el gran paso para la humanidad” que luce bien en campaña y en una pieza de merchandising.

Damien Chazelle, sin embargo, no ha querido olvidarse de los detalles incómodos en First Man, el biopic sobre Neil Armstrong que compite en el festival de San Sebastián. Quizá por eso el protagonista no clava la bandera estadounidense sobre la superficie antes de regresar a la Tierra, un final que Trump no piensa perdonar.

“Hasta donde yo sé, las críticas vienen de personas que aún no la han visto. Estoy deseando que se estrene y saquen las conclusiones por ellos mismos”, dice un esquivo Ryan Gosling, embajador de la cinta en España junto a su compañera de reparto Claire Foy. El tema lleva coleando desde que el canadiense dijo en Venecia que la misión lunar sobrepasa “fronteras y banderas” y su declaración llegó a oídos de la Casa Blanca, donde el presidente y varios senadores republicanos iniciaron un fuego abierto en contra de la película.

Ante esto, la actriz británica, conocida por su papel de la reina de Inglaterra en The Crown, ríe poniendo los ojos en blanco: “Les aseguro a los que la critican que hay muchas, pero muchas otras banderas estadounidenses en la película”. Foy interpreta a Janet, la paciente esposa de Neil Armstrong, a quien da vida Gosling.

Ambos comparten protagonismo con la propia misión Apollo, ya que el director de La La Land ha querido humanizar a aquel hombre que se coló en las televisiones de todo el planeta un julio de 1969. “Es importante ver a la persona detrás del mito, no solo en esta película. Hay cientos de historias de personas con vidas desinteresadas que sirven a una causa mayor, y esas historias sí que son relevantes”, piensa el actor.

Es la segunda vez que Gosling coincide con Chazelle después del musical que sacudió los prejuicios del mundo hace dos inviernos. Por aquellas ya quedó clara la maestría del director detrás de la cámara y la confianza extrema en su colega, que tan pronto hace gala de su perfil taciturno como baila un claqué encima de un banco. Ahora le ha regalado el papel de un auténtico “héroe americano” con la complicada tarea de acercarlo al estrato mundanal.

“Conocemos la parte pública de aquellas misiones y todo lo que salió por la tele, pero no la parte humana. Para mí fue una sorpresa descubrir el sacrificio que supuso para ellos”, concede el actor. Poca gente conoce que Neil y Janet Armstrong perdieron a su hija a causa de un tumor unos meses antes de involucrarse en la carrera espacial. “Su valentía y la dignidad que demostraron al sobrellevar esa enorme pérdida me parece motivo suficiente para rendirles homenaje”, afirma.

Durante una época, aquellos hombres que estaban “haciendo posible lo imposible” eran la estampa de la esperanza y el modelo a seguir de toda una generación. Sin embargo, Gosling asegura que los tiempos han cambiado y que él nunca tenido el clásico deseo infantil de conquistar el espacio a lomos de una nave espacial.

“De niño nunca quise ser astronauta, quizá no soñaba a lo grande. Además, recuerdo que solo tenía seis años cuando ocurrió el accidente del Challenger. Así que, si lo pienso en retrospectiva, los viajes espaciales me daban una sensación de tragedia”, admite.

De hecho, First Man pivota en gran medida sobre el sentimiento de pérdida, tanto previo como posterior a las pruebas de alunizaje. La muerte de la hija de Armstrong y las de sus compañeros astronautas fueron minando poco a poco al ingeniero, pero nunca tanto como para alejarle de la misión Apollo. Quizá por eso su viaje al espacio era la vía de escape para el duelo que vivía en la tierra. Y para los demás, ¿mereció la pena el esfuerzo?

“La película explora los costes económicos y humanos, y deja a la audiencia decidir si cree que mereció la pena o no la carrera espacial. Habrá tantas respuestas distintas como personas. Habría que preguntar a las familias de los astronautas fallecidos en el proceso si mereció la pena, es a ellos a quienes corresponde responder”, sugiere.

Aunque ahora estemos acostumbrados a películas grandilocuentes sobre el espacio, la tecnología punta no siempre fue tal y hubo un tiempo en el que era más fácil arder dentro de la cabina de mandos que perderse por la galaxia como Sandra Bullock. La virtud de First Man es que contagia la asfixia y la claustrofobia como si el espectador estuviese sentado al lado de quienes confiaron en una misión, en ocasiones suicida, y diseñada a contrarreloj. 

“Ha sido una de las experiencias más claustrofóbicas, viscerales y surrealistas de mi vida. Al principio ni siquiera iba a haber planos del espacio, aunque finalmente Damien decidió incluir unos pocos. Quería que los espectadores se sintieran como si estuviesen flotando en la atmósfera y fueran enviados a la Luna”, explica Gosling sobre su preparación.

“[Chazelle] no hizo nada con croma verde, solo con pantallas de led para tener todo listo en cámara. Nosotros estábamos en esas cápsulas entre seis y ocho horas al día, respirando oxígeno a través de nuestras máscaras y escuchando las grabaciones reales de las misiones originales”, desvela el intérprete.

El resultado, que se puede ver en pantalla el próximo 11 de octubre, convence con unas misiones lunares brillantes por su tosquedad a la vez que ofrece el contexto de esos “grandes hombres” detrás de los cuales “siempre hay una gran mujer”. Con la salvedad de que ellas nunca estaban detrás, sino abajo, en la Tierra, y delante de una casa, una familia y la supervivencia de un hogar.

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La número 2 de Justicia con el PP llamó a la jueza del caso Máster para saber si iba a pedir la imputación de Casado

La jueza que investiga los másteres de la Universidad Rey Juan Carlos, Carmen Rodríguez-Medel, recibió una llamada en su teléfono móvil alrededor de las 16:30 del pasado 4 de agosto. Al otro lado del terminal se identificó Carmen Sánchez-Cortés, la secretaria de Estado del Ministerio de Justicia durante todo el mandato de Rafael Catalá. La número dos del Ministerio los últimos cuatro años de Gobierno de Mariano Rajoy quería saber cuáles eran los planes de la magistrada con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. No lo consiguió. 

Dos días después de la llamada, la jueza dictó una exposición razonada solicitando al Tribunal Supremo la imputación de Casado por prevaricación y cohecho, ante los indicios recabados de que obtuvo un máster en la universidad pública Rey Juan Carlos de forma irregular.

Rodríguez-Medel había dejado el juzgado de instrucción entre febrero de 2017 y enero de 2018 para trabajar en el Ministerio de Justicia como asesora, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Quien la llamaba, por tanto, había sido su jefa hasta hacía solo siete meses. La jueza despachó a Sánchez-Cortés sin contestar a su pregunta y reprochándole lo improcedente de la llamada, según han trasladado a eldiario.es fuentes conocedoras de la conversación. Ante la reacción de la magistrada, Carmen Sánchez-Cortés se excusó en que se había visto obligada a llamarla, precisan las mismas fuentes.

Este martes, eldiario.es se ha puesto en contacto con la exsecretaria de Estado de Justicia para preguntarle sobre el motivo de esa llamada, pero Sánchez-Cortes ha declinado hacer ningún comentario. Esta redacción ha intentado también recabar la versión de la jueza Rodríguez-Medel a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sus responsables han trasladado la respuesta de la magistrada: “Sin comentarios”.

Carmen Sánchez-Cortés pertenece al Cuerpo Superior de Aminsitradores Civiles del Estado. Ha ocupado varios puestos de responsabilidad en los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas e Industria. También fue asesora en el Ministerio del Interior. De bajo perfil político, su máxima responsabilidad le llegó por decisión de Rafael Catalá, cuando éste fue señalado por Rajoy para sustituir al dimitido Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014.

Los vaivenes internos en el PP han terminado por convertir a Catalá en un hombre de Pablo Casado. En las primarias para sustituir a Rajoy se alineó con María Dolores de Cospedal. Al quedar eliminada ésta en la primera vuelta del proceso interno, Rafael Catalá apoyó a Casado, en contra de Soraya Sáenz de Santamaría, con quién había mostrado sintonía en el pasado. Fue uno de los miembros del gabinete de Rajoy que participó en la comida de exministros alineados con Casado en el tramo final de la carrera sucesoria y dijo que prestaba su apoyo al actual presidente del PP porque “tiene un proyecto para España, con medidas como defender la unidad”. El nuevo presidente del PP ha recompensado a Rafael Catalá con un cargo en su ejecutiva: secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido.

La llamada, en un momento crítico para Casado

El 4 de agosto, día de la llamada de la antigua número dos de Catalá a la jueza, era sábado. El jueves y viernes de esa semana habían resultado claves para la instrucción de la pieza separada del caso Cifuentes en la que Rodríguez-Medel investiga supuestos tratos de favor en el curso 2008/09 del mismo máster. El 2 de agosto, jueves, declararon como imputadas tres alumnas con idéntico expediente que Casado. Como él, las tres tenían vínculos con el PP o con la Universidad en aquel curso.

Una de esas alumnas, María Dolores Cancio, admitió ante la jueza que no hizo nada por obtener el máster; que el director del IDP, Enrique Álvarez Conde, le dijo lo que tenía que hacer para conseguir el título sin asistir a clase, a pesar de ser presencial; que obtuvo el título sin hacer trabajos y sin examinarse. Cancio había sido becaria de investigación de Álvarez Conde, principal imputado en los casos Cifuentes y Casado.

El círculo de los indicios contra Casado terminó de cerrarse al día siguiente, viernes. Varios alumnos del mismo curso habían sido citados por la jueza como testigos. Ellos sí tuvieron que ir a clase, presentar trabajos y examinarse, según le detallaron a la magistrada. Ninguno tenía vínculos con el PP o con la Universidad.

Tanto al término de la jornada del jueves como de la del viernes, los medios de comunicación recogieron lo que había ocurrido en el Juzgado de Instrucción número 51 citando fuentes presentes en la declaración. El sábado, la jueza recibió la llamada de su antigua jefa en el Ministerio. El lunes, Rodríguez-Medel dictó la exposición razonada de 54 páginas en la que concluyó indiciariamente que Casado recibió su máster “a modo de prebenda o dádiva”.

El futuro político del nuevo presidente del PP quedó en el aire a la espera de lo que decidiera el Tribunal Supremo. Y esa ha sido la situación hasta el pasado viernes, cuando la Fiscalía del Alto Tribunal ha pedido a la Sala de Admisión que no investigue a Casado. En su escrito, el teniente fiscal Luis Navajas desautoriza todo el trabajo de la Fiscalía de Madrid en los cuatro meses de instrucción de la pieza separada sobre el máster de Casado y ataca con dureza a la magistrada Rodríguez-Medel, a la que acusa de haber ignorado la jurisprudencia del propio Supremo en la materia. El Partido Popular reaccionó exultante al escrito de la Fiscalía del Supremo. “La verdad se abre camino”, sentenció Teodoro García-Egea, la persona a la que Casado colocó como secretario general tras su victoria en el congreso.

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El 1-O desde las cámaras de los antidisturbios de la Policía

Los vídeos que grabaron los votantes han resultado claves para que el juez que investiga las cargas del 1-O en Barcelona impute a una veintena de policías nacionales. Casi un año después del referéndum, eldiario.es ha tenido acceso a decenas de vídeos en varios colegios desde otra perspectiva: la de las cámaras que llevaban los antidisturbios de la Policía Nacional que intervinieron sobre el terreno.

De los cuarenta vídeos de la actuación policial en poder de este medio, el de mayor duración es el grabado en el colegio Nostra Llar de Sabadell, un centro simbólico por ser donde tenía que votar Carme Forcadell. La por entonces presidenta del Parlament terminó votando en la escuela Joanot Alisanda de la misma localidad. Durante media hora de grabación sin cortes, la cámara capta cómo los agentes desalojan a los votantes parapetados en la puerta del colegio Nostra Llar. Se observa también un diálogo antes de la intervención con una patrulla de dos agentes de los Mossos d’Esquadra. El juez de Sabadell archivó las denuncias al no poder identificar a ningún agente.

Una vez apartadas la cuarentena de personas que impedía el acceso al colegio, los agentes rompen con un mazo un cristal y acceden al interior. Tras ser recibidos con los brazos en alto por los miembros de la mesa electoral, empiezan a buscar las urnas. Durante diez minutos, recorren de arriba abajo el colegio sin éxito. El vídeo recoge la frustración de un agente por no encontrar “las putas urnas”. Se revientan puertas a golpe de mazo o a patadas, pero ni rastro de las urnas. Estuvieron escondidas hasta que se reabrió el colegio tras la salida de los agentes. Los concentrados que quedaban frente al colegio hicieron retroceder, mientras cantaban ‘Els Segadors’, a la comitiva policial hacia los furgones, que antes de retirarse lanzó salvas –disparos sin proyectil.

Uno de los primeros colegios donde intervino la Policía fue el Mediterrània, en Barcelona. Pasaban pocos minutos de las ocho de la mañana cuando los antidisturbios sacaron a empujones a los votantes. El agente que lleva la cámara insta a sus compañeros a “seguir sacando” a los votantes. Tanto el mando del operativo en esta escuela como un subinspector están doblemente imputados por su actuación en el Mediterrània así como en las escuelas Pías de Sant Antoni y el colegio Pau Claris.

Las grabaciones en el colegio Ramon Llull de la capital catalana muestran a decenas de votantes cogidos los unos a los otros para evitar la entrada de los agentes. Los antidisturbios deciden ir sacando una por una a las personas, agarrando a los votantes bien por las piernas, los brazos o incluso la cabeza. “Cuando pase una desgracia no digas que ha sido la Policía”, dice un agente a uno de los votantes tras recriminar que una joven no salga de las puertas del colegio. “Por los sanfermines dirá que es violación”, tercia otro agente, en referencia al caso de ‘la manada’.

Las advertencias y las conversaciones de los agentes con los concentrados son constantes, al igual que la negativa de los segundos a moverse. “Vais a salir igual con daño y sin daño”, lanza el agente a un grupo de jóvenes, tras lo que otro añade que “no tenemos prisa”. La resistencia de los votantes se alargó casi una hora, y al filo de las 9 de la mañana finalmente los agentes se incautaron de las urnas y las papeletas. Fue uno de los primeros colegios en cerrarse.

A la salida de la comitiva, se produjeron varias cargas policiales en los aledaños del colegio, donde Roger Español perdió la visión de un ojo debido al disparo de una bala de goma. Fue uno de los colegios donde más cargas se produjeron. El juez ha imputado a un total de 13 agentes por su intervención desproporcionada en el Ramon Llull, así como a Español por lanzar una valla a un policía.

Por contra, en el colegio Via Favència del barrio de Nou Barris de la capital catalana la menor concentración de votantes facilita una intervención rápida y sin uso de la fuerza por parte de los agentes, solo con algún empujón. En menos de cinco minutos, la comitiva cumple con la orden del TSJC para impedir el referéndum. Los antidisturbios facilitan el paso de los agentes de información que se incautan de las urnas y las papeletas. Los agentes también piden que se identifiquen los miembros de las mesas del interior del colegio.

En conjunto, el juez ha archivado la investigación en seis colegios bien porque la actuación de los agentes fue proporcional bien porque no se ha podido identificar a los causantes de las lesiones. Tras recibir más de 200 denuncias, el juez de Barcelona abrió 29 piezas separadas, una por cada colegio de la capital catalana donde se denunciaron lesiones por la intervención policial. De las 29 piezas, 23 permanecen vivas, aunque se esperan nuevos archivos conforme avance la investigación.

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Artur Mas reclamó a la Generalitat que pagara tres millones de euros de su fianza por el 9-N

La noticia fue poco más que un rayo en medio de la tormenta, pero la semana que acabó con el referéndum del 1 de octubre comenzó con el Tribunal de Cuentas reclamando a Artur Mas y a otros altos cargos de su Govern una fianza de 5,25 millones. La cantidad es el coste público de la consulta 9 de noviembre del 2014. El expresident acabaría depositándolos, en parte gracias a la caja de solidaridad de la ANC y en parte de su bolsillo. Pero antes, Mas intentó que fuera la Generalitat quien se hiciera cargo de tres millones de la fianza, reclamándolo formalmente al departamento de Enseñanza.

Ocurrió el 13 de octubre, mientras el Govern estaba enfrascado en cómo responder al requerimiento previo al 155 tras la extraña declaración de independencia suspendida en el Parlament. El expresident de la Generalitat y la exconsellera Irene Rigau, encausada por los mismos hechos, presentaron una solicitud ante el registro del Departament d’Esenyament a la que, un año después, este diario ha tenido acceso. En aquel momento, Mas era aún presidente del PDeCAT.

En ella Mas y Rigau solicitan que fuera la Generalitat la que depositase unos equipos informáticos de su propiedad para saldar la parte de la fianza que les reclamaba el Tribunal de Cuentas por los mismos. El razonamiento de los políticos es que el dinero que se les requería a ellos personalmente fue en gran medida destinado a los ordenadores que se usaron el 9-N, pero que la administración sigue utilizando ahora para fines educativos.

“Esos ordenadores fueron adquiridos para ser utilizados en los centros docentes de la Generalitat”, asegura la solicitud, argumentando que “por tanto, forman parte del patrimonio de la Generalitat, y se utilizan para la prestación de un servicio público”. Los solicitantes llegan más lejos al asegurar que, en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas acabe condenándoles a pagar la cantidad que les reclama, “nos encontraríamos ante una clara situación de enriquecimiento injusto de la Generalitat de Catalunya y, por tanto, se nos debería reintegrar el coste de aquellos ordenadores”.

Según explica Artur Mas a este diario, la solicitud se registró por recomendación de los abogados. “Estábamos presentando las alegaciones y nos explicaron que era un escándalo que depositáramos una fianza por unos bienes de los que la Generalitat disponía y que tenía en uso”, asegura el expresident, quien resalta la paradoja de que la administración les reclamase pagar por unos equipos que eran de la administración. “Los ordenadores no se tenían que mover de donde estaban ni siquiera en el caso de que nos acabasen condenando, ya que el destino final siempre es la Generalitat”, abunda Mas.

Pero la pretensión de los expolíticos no convenció, de entrada, a la entonces consellera de Ensenyament, Clara Ponsatí, nombrada por el PDeCAT como independiente para pilotar una de las áreas más sensibles durante el referéndum. En un correo electrónico enviado dos días después de que llegase la solicitud, Ponsatí escribe a Elsa Artadi, entonces coordinadora interdepartamental, diciéndole: “He recibido esto. No lo acabo de entender pero me temo que no estaré de acuerdo, y no lo haré”.

La consellera pide además que Artadi ponga la cuestión en conocimiento del president Carles Puigdemont. Unas horas después, Artadi le responde: “Consellera, mañana lo hablamos”. Finalmente Ponsatí llegó a encargar un informe jurídico sobre la cuestión, según explica ella misma a este diario, para conocer cuáles eran las obligaciones del Departament sobre los ordenadores. Pero su destitución unos pocos días después tras la intervención de la Generalitat con el 155 de la Constitución no le permitió llegar a recibir respuesta, por lo que ni siquiera acabó tomando una decisión. “Ya no tuve de hacer nada más”, apostilla Ponsatí. 

 

Finalmente la Generalitat acabó rechazando depositar la parte de la fianza que el expresidente y la consellera reclamaban. Según explican fuentes de Ensenyament, en el informe jurídico encargado se dictaminó que los equipos pertenecían al Centro de Telecomunicaciones (CTTI), que se los prestaba a la conselleria. Además el Tribunal de Cuentas también se mostró contrario a aceptar los equipos como parte de la fianza.

Finalmente, el monto reclamado a los políticos fue pagado en parte con cerca de 3 millones de la caja de resistencia de la ANC, otra parte fue puesta en metálico por los propios encausados y, una última suma, mediante embargos del domicilio de Artur Mas y otros inmuebles y propiedades de otros cuatro de los acusados, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs.

Cabe recordar que el procedimiento contable en el Tribunal de Cuentas se abrió después del juicio por el que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a los tres políticos por desobediencia en el 9-N. El delito de malversación de fondos públicos ni llegó a juicio, pues se descartó al inicio de la instrucción.

Mas y otros diez miembros de su Govern volverán ante el Tribunal de Cuentas el próximo 10 de octubre, cuando serán finalmente juzgados por los gastos del 9-N. Si finalmente se cumple la petición de la acusación, iniciada por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, los encausados podrían perder las propiedades depositadas, entre otras, la casa familiar del expresident. La Generalitat finalmente no acusará a Mas. Torra tumbó la personación en la causa ordenada por el Gobierno de Rajoy bajo el 155.

El expresident se muestra optimista, al menos respecto a la parte de los ordenadores, de 3.044.399 euros en total. “No contemplo que acabe mal. Los ordenadores existen y están en uso, y ni siquiera se compraron para el 9-N, sino que se aprovecharon. Como mucho tenemos responsabilidad sobre el uso de los equipos un día de entre los varios años que han dado servicio a la Generalitat”, explica.

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Los jueces solo usan el protocolo forense para conocer el riesgo de una mujer maltratada en un 2% de las valoraciones

El uso de la herramienta forense que pueden pedir los jueces para valorar si una víctima de violencia de género necesita o no protección no deja de descender desde 2015. Se trata de un protocolo puesto en marcha en 2011 que aplican los médicos forenses adscritos a los juzgados diseñado para realizar una evaluación del riesgo lo más objetiva posible de una forma urgente. Sin embargo, los jueces solo usaron este instrumento en un 2,2% de las órdenes de protección solicitadas en 2017 en las cinco comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia, según datos de la Fiscalía.

Son cifras incluidas en la Memoria Anual elaborada por el Ministerio Fiscal, que solo cuenta con estadísticas sobre las comunidades que no tienen las competencias transferidas. No obstante, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que se trata de una situación extensible a todo el país, donde “el grado de implantación es bajo”. Algunas autonomías que no están incluidas en los datos de la Fiscalía, como Valencia o Andalucía, reconocen que apenas se aplica y desde Catalunya aseguran que “se utiliza”, pero sin ofrecer cifras concretas.

“Tenemos constancia de que no se pide, pero estamos trabajando en esa línea, en darle publicidad”, admiten fuentes de la Junta de Andalucía. Precisamente el desconocimiento es uno de los principales obstáculos que identifican las expertas y que dan lugar a que, según informa la Fiscalía, en Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura solo se emitieran el año pasado 175 informes de conformidad con el protocolo. Lo que supone un 2,2% sobre las 7.666 órdenes de protección solicitadas, según el CGPJ, que no publica datos referidos a Ceuta y Melilla.

La cifra no ha dejado de mermar desde 2015, cuando se dictaron 421 para pasar un año después a los 284. Un dato que, para la Fiscalía, es “a todas luces insuficiente e insignificante”, explica en su memoria en el mismo sentido que en años anteriores.

“Se trata de una herramienta fundamental que nos ayuda a los jueces a pronunciarnos, pero no se pide. Los operadores jurídicos no tienen conocimiento de que esto es una posibilidad. Hay mucho desconocimiento. Yo creo que sería muy positivo que hubiera una campaña de información porque es un instrumento fundamental. En primer lugar porque lo elabora un profesional con capacidad para ello y, en segundo lugar, porque lo hace en el momento”, explica la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instruccion nº3 de Carlet (Valencia), Lara Esteve. 

El Protocolo Médico-Forense de Valoración Urgente del Riesgo es aplicado por el médico forense adscrito a los juzgados a petición del juez, el Ministerio Fiscal o las defensas y da como resultado un informe. El magistrado puede utilizar esta información de forma complementaria al atestado y la valoración policial del riesgo, los testimonios de las partes y otro tipo de pruebas para, en definitiva, decidir la conveniencia de que se dicten medidas cautelares (órdenes de protección, de alejamiento, prisión provisional…) o no durante el juicio rápido, es decir, pocas horas después de la denuncia.

“No hay coordinación”

Para el médico forense y profesor de la Universidad de Granada, Miguel Lorente, “más que una herramienta útil, se trata de algo necesario” porque “sabemos que, en muchas ocasiones, con el relato de los hechos no es suficiente, ya que precisamente la violencia de género se caracteriza por la normalización de lo que se está viviendo”. Fue en la época en la que Lorente ocupaba el cargo de delegado del Gobierno para la Violencia de Género (2008-2011) cuando la Delegación y el Ministerio de Justicia elaboraron el protocolo, que se aplica sobre el presunto agresor y establece una metodología formada por varios ítems que sirvan “de interés predictivo del comportamiento violento en el futuro”.

“¿Por qué no se aplica? –se pregunta Lorente– Porque hay una falta de voluntad”, reflexiona. “Sabemos que hay muchas mujeres asesinadas tras poner la denuncia e incluso con orden de alejamiento…Esta es una herramienta que nos sirve para acertar en qué medidas son las más adecuadas”.

La jueza de Violencia sobre la Mujer nº 2 de las Palmas, Auxiliadora Díaz, comparte la opinión de su compañera Esteve en cuanto al desconocimiento entre los operadores jurídicos y, aunque reconoce que la última palabra la tiene el magistrado, este instrumento “es muy útil y no se está pidiendo”. Además, llama la atención sobre el hecho de que los médicos forenses adscritos a los juzgados no siempre estén especializados en violencia machista y apunta a la conveniencia de que los profesionales que aplican el protocolo tengan una formación específica en la materia.

“Aquí en Valencia se conoce muy poco… pero además es que tienes que resolver muy rápido y a veces no tenemos tiempo porque son muchos casos en una jornada”, explica Rosa Guiralt, fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer de Valencia. Y es que el protocolo está concebido para ser utilizado de urgencia, tras la denuncia y en el juicio rápido, con el objetivo de que las medidas de protección sean adoptadas lo más rápido posible. “Llevamos con la Ley de Violencia de Género desde 2004, pero aún no hay coordinación en este sentido”, incide Guiralt.

Cosa aparte son los juzgados que no tratan de forma exclusiva la violencia de género y que la compatibilizan con otras materias, como en el que ejerce Lara Esteve. “En estos casos los forenses atienden todo y muchas veces están sobrecargados. Esto hace que a veces tarden cuatro horas en llegar…y, claro, la mujer lo que quiere es irse a su casa protegida. Hay que sopesar todas las circunstancias, pero es que a veces los forenses tienen que recorrerse 60 o 70 kilómetros para ir de un sitio a otro. Es un problema estructural”, cuenta Esteve.

La falta de información suficiente sobre la situación del riesgo de la denunciante, alude el Ministerio Fiscal en su memoria, puede explicar junto a otros factores la situación de desigualdad que se vive entre unos juzgados y otros. Tal y como alerta la Fiscalía, los datos de órdenes de protección concedidas dibujan un mapa de grandes diferencias, hasta el punto de que dependiendo de dónde denuncie una víctima, tendrá más o menos posibilidades de ser protegida. Así, con datos correspondientes al periodo comprendido entre 2010 y 2016, hay partidos judiciales que rechazan el 80% de las órdenes y otros solo el 4%.

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El multimillonario Juan Abelló se alía con un fondo británico para cultivar cannabis medicinal en España

Torreal, la firma de inversiones del multimillonario Juan Abelló, y el fondo británico GHO, nuevo propietario de Alcaliber (dueña del monopolio del opio en España y controlada por Abelló hasta hace unos meses), han unido fuerzas para cultivar y comercializar cannabis en España y poner en valor la licencia que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) concedió en octubre de 2016 a Alcaliber para llevar a cabo esta actividad.

Torreal y GHO han constituido Linneo Health, SL, una sociedad con domicilio en el número 27 de la calle Génova de Madrid (donde está la sede de Alcaliber), que comenzó sus operaciones el pasado 27 de julio y tiene como objeto social “la realización, tanto en España como en el Extranjero, de las actividades de cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercio de cannabis y sus productos para fines médicos y científicos, así como la investigación ligada al desarrollo de estas actividades”, según el Registro Mercantil.

La nueva firma, según fuentes de Torreal, tiene como accionistas a la firma de Abelló (40%) y a GHO, accionista mayoritario con el 60%. Este fondo londinense, especializado en inversiones en el sector sanitario, ocupa tres de los cinco puestos del consejo de administración de Linneo Health, incluyendo la presidencia. Torreal ha nombrado a los otros dos consejeros: David García-Ganuza de Mier, su director de Asesoría Fiscal, y Francisco de Borja Pinedo de Zúñiga y de Noriega, del área de Inversiones.

La creación de Linneo llega después de que, en mayo, GHO lograse el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para adquirir Alcaliber, líder mundial en producción de morfina, que hasta entonces pertenecía a Torreal (60%) y a la multinacional francesa Sanofi (40%).

Con esa venta, por un importe que no trascendió pero que se cifró en más de 200 millones de euros, el discreto Abelló, una de las mayores fortunas de España, se desprendió de un negocio extremadamente rentable que había fundado su padre en 1973 y que llevaba tiempo en el foco público: de hecho, se puso en venta en plena epidemia de opiáceos en EEUU.

Paraíso fiscal

Para vehicular su participación en Alcaliber, GHO ha recurrido, como es habitual en el mundo del capital riesgo, a una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Islas Caimán. Aunque la propietaria de Alcaliber es la española Alfa Topco (Spain) SA, su socio único es la luxemburguesa Alfa Luxco, que a su vez tiene como socio mayoritario a Healthcare Capital Luxco. El dueño de esta última es GHO Capital Fund I L.P., domiciliado en George Town, Islas Caimán, que hace unas semanas dio entrada en el capital de Alfa Luxco (con pequeñas participaciones) a algunos directivos de Alcaliber, encabezados por el director general, José Antonio de la Puente.

La creación de Linneo refleja que las incipientes actividades de Alcaliber en el negocio del cannabis quedaron fuera de la operación de venta de la compañía, lo que ilustra el interés de Abelló por participar en un mercado que en España es actualmente cosa de dos operadores y que a escala mundial está en plena ebullición, por las posibilidades que ofrecen los usos medicinales de esta droga y tras la decisión de grandes potencias como Canadá de legalizar el uso recreativo de la marihuana, también en vigor en nueve estados de EEUU (Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon, Vermont, Washington) y en Washington DC.

Mientras, en España, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, reclamó en junio pasado la legalización de la marihuana con usos recreativos y “que nuestro país sea una referencia en exportación de marihuana y que eso revierta, no en el beneficio privado de cuatro señores, sino de la sanidad o los servicios públicos”, en una velada amenaza a los planes de Abelló y Alcaliber.

Alcaliber fue la primera empresa española que, en octubre de 2016, logró licencia de la Agencia del Medicamento para el cultivo, producción, fabricación, importación, exportación, distribución y comercialización de cannabis. Un año después, firmó un acuerdo de suministro con la canadiense Canopy Growth (la mayor compañía del sector en el mundo) para cultivar sus semillas en España. En Portugal, otra firma canadiense del sector, Tilray (que desde que salió a Bolsa en julio pasado ha llegado a multiplicar por nueve su valor), va a invertir 20 millones en la macroplantación que pondrá en marcha cerca de Coimbra, al norte del país, según publicó el pasado fin de semana Jornal de Negòcios.

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“La educación está demasiado centrada en hacer que la gente sea empleable”

Tara Westover no sabe qué día nació. Recuerda que fue en Idaho (EEUU) a finales del mes de septiembre del año 1986, pero nadie recuerda el día exacto porque el parto fue en la casa familiar y no se inscribió su nacimiento en el registro civil hasta que cumplió los siete años de edad. “Hasta que mi madre decidió inscribirme en el registro civil, nunca me había parecido extraño ignorar mi fecha de nacimiento”, cuenta la escritora en Una educación (Lumen, 2018).

Westover nunca fue a la escuela. Sus padres, dos mormones obsesionados con la llegada del Apocalipsis, creían que los profesores eran “enviados de Satán” y que su hija no necesitaba aprender historia, literatura o matemáticas para seguir el camino que Dios había escrito para ella: aprender primeros auxilios y botánica para apoyar a su madre como comadrona y cuidar de su familia. Una educación es la historia de cómo la autora decidió romper con la vida que su padre había escrito para ella.

Doctorada en Historia por la Universidad de Cambridge después de una estancia en Harvard, Westover decidió aprender por su cuenta todo lo que tendrían que haberle enseñado en el colegio. Cuando llegó a la facultad, con 16 años, no había oído hablar de guerras mundiales ni sabía si Napoleón Bonaparte era un personaje más de Los miserables o un personaje real.

¿Por qué decidió escribir la historia de su relación con su familia y de su proceso de aprendizaje?

La historia sobre mi familia y la de mi educación es la misma historia. La parte educativa es una historia que habla de cambio y de la forma en la que podemos evolucionar cuando entramos en contacto con el mundo, con la filosofía o con los libros. En mi caso, esa parte tuvo un efecto profundísimo en mi relación con mi familia.

Pasó su infancia sin pisar un aula, sin ir a un hospital.

Así es. Nunca fui al médico y nunca fui al colegio, pero eso era lo normal para mí. Una de las cosas buenas que tiene la infancia es que cualquier cosa que vivas te parece normal porque no tienes ningún otro punto de referencia, no tienes otro modelo con el que compararte. Desde pequeña, por las creencias de mi padre, en mi casa me enseñaron que esas cosas eran malas.

A lo largo de Una educación, las ideas de su padre, un fundamentalista mormón obsesionado con el Apocalipsis, empiezan a radicalizarse. Por ejemplo, sus hermanos pasan de poder ir al colegio a quedarse en casa por decisión de su padre. ¿Cómo explica esos cambios? ¿Qué cree que pudo producir esas pinceladas de radicalización?

Personalmente, creo que mi padre padece algún tipo de trastorno mental… Sé que no soy médico y nunca lo sabré con certeza porque nunca permitiría que le examinen o que le hagan un diagnóstico, pero pensar que se comportaba así por algún tipo de trastorno me permite comprender mejor mi infancia, reconciliarme con algunas experiencias difíciles y responder a algunas preguntas que me sigo haciendo.

¿Qué le ayuda a comprender?

Por ejemplo, por qué amándonos tanto como nos amaba, nos ponía en peligro con cada una de sus decisiones. Cuando pienso que eso lo hace porque tiene un trastorno mental, puedo aceptar algunas cosas complicadas, como el hecho de que quisiera mantenernos seguros y no fuera capaz de hacerlo. Sus relaciones con nosotros podían ser bienintencionadas y basadas en el amor, pero al mismo tiempo nos hacía mucho daño.

¿No había una especie de incoherencia en su forma de actuar?

Sí, era una persona muy aleatoria, que pasaba de un extremo a otro rápidamente. Nunca tuvimos un televisor en casa y de repente teníamos televisión por cable. Pasó lo mismo con el teléfono y con Internet: no lo quería, pero acabó aceptándolo. Era una enorme falta de coherencia. 

¿Qué papel jugaba su madre en esos cambios que se van produciendo en su casa? ¿Cree que era ella la que los impulsaba?

Mi madre defendía a mi padre y le permitía hacer todo lo que hizo, o al menos era quien lo propiciaba. Al principio, pensaba que era alguien inofensivo y que apoyándole las cosas estarían tranquilas en su casa, pero al final tomó algunas decisiones que tuvieron consecuencias terribles que no supo prever.

¿Se fueron radicalizando las ideas de su madre por la influencia de su padre o ella también comulgaba con el mormonismo radical y la obsesión por la supervivencia?

Ambas a la vez. Cuando mi padre tenía una idea nueva que era algo extrema, mi madre le seguía la corriente. El problema es que rápidamente pasaba a creer en lo que proponía mi padre en sus sermones y empezaba a asumir esas ideas como propias. Y lo hacía con la misma intensidad con la que lo hacía él.

Cuando con siete años usted empieza a trabajar asistiendo a su madre en su trabajo como comadrona, su abuela, que siempre se ha posicionado en contra de las creencias de su padre, le propone marcharse con ella y empezar una nueva vida.

Sí.

¿Por qué tomó la decisión de quedarse en casa?

Porque confiaba más en mis padres que en mi abuela. Ella pertenecía a ese mundo exterior que iba al médico y que había ido a la escuela. En la educación que me dieron en mi casa, eso quería decir que esa persona era ajena a la familia. 

¿Se arrepintió de quedarse?

No. Tampoco creo que mi vida hubiera cambiado mucho. Sí, habría ido unos meses a la escuela, pero mi padre habría venido a buscarme para llevarme de vuelta a casa y nunca me habría permitido volver a ver a mi abuela.

¿En qué momento empieza a cuestionar las ideas religiosas que se imponen en su casa?

Tenía unos 16 años y recuerdo que mi hermano acababa de tener un accidente de tráfico: se había caído de la moto, estaba tirado en una cuneta y tenía la cabeza abierta. Cuando llamé a mi padre porque no sabía lo que tenía que hacer, me dijo que lo llevase directamente a casa, que podíamos curarle. No lo entendí. Tenía la cabeza abierta y me estaba diciendo que debía volver a casa con él. Colgué, cogí a mi hermano y le llevé a un hospital. Nunca antes había estado en uno y estaba aterrada porque siempre me habían dicho que eran lugares peligrosos y que Dios se enfadaría si iba a ver a un médico. 

Creo que en ese momento fue cuando decidí romper con mi familia y con las creencias de mi padre.

En el libro cuenta que usted quiere ir al colegio pero que no puede hacerlo porque su padre no se lo permite. A pesar de ello, decide empezar a estudiar por su cuenta ¿de dónde saca la motivación para hacerlo? ¿Qué le lleva, por ejemplo, a comprar libros de álgebra para estudiarlos?

Va a sonar raro, pero la motivación procedía de mi amor por la música. Quería ir a la universidad porque quería ir a la escuela de canto, así que no creo que sea exagerado decir que aprendí álgebra porque quería aprender a cantar. 

No sé si se puede extraer alguna enseñanza de esto, pero lo que sí tengo claro es que no podemos matar nuestras pasiones o dejar de hacer aquello que nos gusta. Yo quería estudiar música y eso es lo que me llevó a estudiar Filosofía e Historia, me permitió doctorarme y escribir un libro. Toda mi trayectoria empezó con el deseo de cantar y eso me ha enseñado que hay que avanzar en lo que nos apasiona porque no sabemos hasta dónde nos puede llevar. Lo que no nos llevará a ningún sitio es la apatía.

¿En los colegios no se fomenta esa pasión?

La educación está extremadamente cerrada en hacer que la gente sea empleable. A veces se confunde el valor de la educación con la formación para el trabajo. Sí, están relacionadas, pero no son lo mismo: adquirir formación para un empleo consiste en adquirir las destrezas necesarias para trabajar en una empresa, mientras que la educación debería servir para dotarnos de competencias que sean útiles para nuestro desarrollo personal e intelectual. 

Cuando cuenta cómo fueron sus primeras lectura, centradas sobre todo en los textos religiosos de su familia, escribe: “Estaba adquiriendo una aptitud fundamental: la paciencia para leer algo que aún no entendía”. ¿Ha perdido eso la educación? ¿Nos estamos acostumbrando a simplificar las cosas y a huir de lo complejo?

Probablemente. Si de verdad creemos en la educación como un proceso de autocreación, lo primero que deberíamos hacer es dejar que los estudiantes puedan participar de forma más activa en el proceso, que puedan sentir que son dueños de su propia formación y se les permita opinar sobre ello. La educación, tal y como la entendemos ahora, es demasiado pasiva: los alumnos llegan, escuchan, memorizan y se marchan. Ese proceso tiene que cambiar.

¿Qué descubre en esa primera lectura de los textos mormónicos?

Me ayudó a saber cómo debía afrontar algunas ideas complejas. Las doctrinas de la teología mormónica son muy difíciles y complejas, pero fue muy útil tratar de comprender todo lo que estaba leyendo ahí. En aquel entonces, leía la Biblia tratando de encontrar en las escrituras pistas sobre cómo debía pensar pero, a medida que fui creciendo y empecé a confiar en mis propias capacidades de razonamiento, empecé a interpretar y reflexionar sobre lo que pensaba que los textos querían decir. Adquirí la capacidad de decidir y debatir sobre aquello en lo que estaba de acuerdo y sobre aquello en lo que no lo estaba. 

¿Cómo es su relación con la iglesia mormónica?

Ya no soy mormona, pero les respeto mucho. Quiero dejar claro que mi familia y todo lo que cuento en el libro no es representativo de lo que es ser mormón. Los mormones –y muchos de mis vecinos lo son– van a los hospitales y van a la escuela. 

Creí firmemente en el mormonismo radical de mi padre. Creí con tal intensidad que no creo que pueda volver a creer en algo con la misma fuerza con la que lo hacía entonces. Y también quiero dejar claro que no culpo a la iglesia mormónica por el radicalismo de mis padres, pero ya no soy una de ellos.

¿Echa de menos a su familia?

 Sí… No lamento mis decisiones, pero es una pérdida que me dolió y me sigue doliendo. Ha sido una pérdida enorme.

¿Qué ha aprendido escribiendo Una educación?

No sé si he aprendido algo… Sí he conseguido recuperar algunas cosas, como los buenos recuerdos de mi infancia. Cuando me aparté de mi familia hubo un periodo largo de tiempo en el que traté de convencerme de que todo lo que había pasado en casa de mis padres había sido malo. Me consolaba pensar eso porque no quería sentirme mal conmigo misma por haber perdido la relación con ellos. Ahora siento el dolor de la pérdida, pero he recuperado todos esos recuerdos.

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Choque total entre el Gobierno y la Mesa del Congreso que amenaza la supervivencia del Gobierno de Sánchez

La Mesa del Congreso que preside Ana Pastor y el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios han entrado en una pelea a cara de perro que amenaza la propia supervivencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El PSOE trata de evitar que la mayoría del PP haga uso de la capacidad de veto en el Senado -que se arrogó gracias a su mayoría absoluta a través de un cambio legislativo- para evitar la aprobación de los presupuestos del Gobierno de Sánchez, lo que acercaría el adelanto electoral. Socialistas y Unidos Podemos pretendían evitarlo con la aprobación de una enmienda que eliminaba el veto del Senado y abría la puerta a incrementar en seis mil millones sobre lo previsto el gasto público de todas las Administraciones en 2019. La enmienda fue admitida en la Comisión de Justicia, en donde Sánchez y sus socios tienen mayoría. Se trataba de utilizar la tramitación de una ley para modificar otra, una práctica que suelen utilizar los Gobiernos -sean del color que sean- y criticar la oposición.

La noche en la que eso sucedió en la comisión de Justicia Moncloa era una fiesta y los asesores de Presidencia calificaban de “gol por la escuadra” la operación para ampliar el gasto y alargar la vida a la presidencia de Sánchez. El júbilo les ha durado apenas una semana.

La Mesa del Congreso, en donde la mayoría sigue siendo del PP y Ciudadanos, ha frenado la operación en su reunión de este lunes. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha implicado personalmente en una decisión que se ha adoptado sin darle voz a los letrados de la Cámara. La Mesa del Congreso se ha impuesto sobre lo que decidió la Mesa de una Comisión. La enmienda, en la que el Gobierno veía un “gol” político, ha sido anulada. 

Durante el debate, Unidos Podemos y PSOE han pedido que los letrados de la Cámara redactasen un informe aclarando si la Mesa tenía o no atribuciones para tumbar la enmienda que aprobó en su día la Comisión de Justicia. PP y Ciudadanos se han negado. “Hemos considerado que no era necesario”, aseguran en Ciudadanos. En la misma línea, en el PP argumentan: “¿Por qué era necesario pedir un informe a los letrados si la Comisión de Justicia tampoco lo hizo en su momento?”. 

El PSOE ha calificado el acuerdo adoptado por la mayoría de PP y Ciudadanos como “arbitrario, inaudito e inaceptable”. Sobre Ana Pastor, el PSOE opina que “actúa al dictado de su partido y está usando la mayoría circunstancial en la Mesa para vulnerar los derechos del Pleno”, aseguran fuentes de la dirección de su grupo parlamentario. 

La propia presidenta del Congreso se ha visto en la necesidad de explicar su decisión en una comparecencia inédita, en la que ha defendido la “legalidad” de una medida que califica como “ajustada a derecho”. 

Sobre el asunto deberá posicionarse ahora la Junta de Portavoces. Es previsible que lo haga este martes en el sentido que beneficia las intenciones del Gobierno de Sánchez. En ese momento el tema volverá a la Mesa que deberá decidir si reconsidera su decisión de hoy, como ha solicitado el PSOE. Con ese escenario queda, al menos, una semana de polémica.

“Esto no se da por perdido”

Moncloa prepara ya su reacción en esa batalla reglamentaria. “El partido se está jugando y esto no se da por perdido”, aseguran fuentes del Gobierno. El PSOE debe decidir si impulsa la petición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, ante quien denunciarían la vulneración de los derechos de los parlamentarios. El argumento se parece al aplicado en los múltiples recursos interpuestos contra la Mesa del Parlament en medio del procés. Unidos Podemos también estudia recurrir al alto tribunal.

En caso de que el Constitucional reciba el encargo de desempatar el conflicto, la sentencia no llegaría a tiempo para tener efectos sobre el debate presupuestario. En el precedente catalán, la mayoría de decisiones del alto tribunal se solventaron con la imposición de medidas cautelares en tiempo récord, después ratificadas en sentencias. “En este caso parece improbable que el Constitucional acepte la petición de suspender el acuerdo de la Mesa de manera preventiva”, aseguran sin embargo fuentes jurídicas. Además, en el caso catalán era el propio Gobierno quien tenía atribuciones para recurrir y suspender automáticamente los acuerdos del Parlament. En este caso, el presidente carece de esas atribuciones sobre los acuerdos del Congreso. 

“No recuerdo precedentes” de un enfrentamiento de este calibre entre el Congreso y el Gobierno, asegura un veterano diputado socialista que desempeño labores de coordinación entre ambas instituciones. “Ahora tenemos un problema adicional y es que la presidenta del Congreso está en un alineamiento férreo con el PP y así vamos a tener conflictos todos los días”, asegura. 

El Gobierno no da por perdida la posibilidad de sacar adelante sus presupuestos y darle estabilidad al Gobierno de Sánchez. Según fuentes del Grupo Socialista, el debate sobre la enmienda anulada “no es la única vía para sacar adelante las cuentas”. Las mismas fuentes señalan que “se puede llevar el presupuestos a la Cámara sin aprobar el techo de gasto”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se muestra determinada a llevar las cuentas del próximo año al Congreso. Incluso en Unidos Podemos valoran prestarles su apoyo sin pasar por el trámite previo de aprobar una nueva senda de déficit. El Gobierno de Sánchez sigue trabajando con el objetivo de agotar la legislatura. “No estamos en clave electoral”, aseguran en Moncloa.

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Ana Pastor, la presidenta del Congreso amiga de Rajoy que ejerce de ariete del PP de Casado

Ana Pastor llegó a la presidencia del Congreso en 2016 gracias a los votos a favor de PP y Ciudadanos y la abstención de los nacionalistas vascos y catalanes. La entonces ministra de Fomento, una de las personas más cercanas a Mariano Rajoy, habitual de su círculo de amistades de Pontevedra, se convirtió en la tercera autoridad del Estado y, sobre todo, en un árbitro cómodo para un Gobierno en minoría que temía una legislatura imposible en el Congreso.

Tras la moción de censura sigue en su puesto. La nueva configuración de las mayorías que llevaron a Pedro Sánchez a La Moncloa no la puede apartar por más indignación que hayan suscitado sus últimas decisiones en la Cámara Baja. Entre los disconformes están algunos de los que votaron a favor de Pastor frente al socialista Patxi López. 

Los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez dan por hecho que Pastor está ejecutando el torpedeo a los Presupuestos Generales de 2019 que anunció Pablo Casado. PSOE y Unidos Podemos la acusaron de “filibusterismo” político cuando se opuso a la tramitación en lectura única y por la vía de urgencia de una iniciativa para modificar la ley de estabilidad presupuestaria que da al Senado la capacidad de vetar la senda de déficit.

Sánchez y Pablo Iglesias pactaron cambiar esa ley para garantizarse que los nuevos objetivos de déficit pactados con Bruselas salieran adelante. Las nuevas cifras dan oxígeno al Ejecutivo, unos 1.000 millones más de gasto para las cuentas del próximo año solo en los presupuestos del Gobierno central, 6.000 millones adicionales para el conjunto de las Administraciones Públicas. Pero el Gobierno juega a contrarreloj porque tiene que presentar un boceto de los presupuestos antes del 15 de octubre por lo que solicitó su tramitación urgente.

Pastor, apoyada por la mayoría parlamentaria conservadora, impidió la aceleración de los plazos. El argumento fue que para decretar esa vía urgente es necesario que la propuesta esté admitida a trámite. PSOE y Unidos Podemos salieron en tromba contra la presidenta con el pretexto de que es tradición otorgar el trámite exprés en la misma sesión en la que se votaba su admisión. 

PP y Ciudadanos ganaron esa primera batalla con la que conseguían retrasar más de dos meses la tramitación. Entonces el PSOE recurrió a un atajo legal para acelerar la reforma porque entendía que se había bloqueado su iniciativa. Pastor convocó una inusual reunión de la Mesa del Congreso este lunes para abordar la queja del PP y su voto, junto con el de los otros cuatro representantes de la derecha parlamentaria, permitió tumbar el ardid de Moncloa. 

La presidenta del Congreso compareció después en una rueda de prensa para justificar su maniobra que, según ella, es perfectamente legal y basada en la doctrina del Constitucional. Pastor recordó además que no cedería ante las “presiones”. En la dirección del PSOE son conscientes de que tendrán que lidiar con ella en lo que se ha convertido en una batalla legal que puede acabar en el Tribunal Constitucional. 

La exministra se significa así en la principal enemiga de PSOE y Unidos Podemos, justo ahora que su amigo Mariano Rajoy está fuera de la política en su plaza de registrador de la propiedad. El Gobierno presentó una queja formal en el Congreso después de que permitiera a Albert Rivera cambiar sobre la marcha el tema de su pregunta a Sánchez en la sesión de control sin llamarle al orden. Pastor respondió a la vicepresidenta en una carta que ninguna de las dos partes quiere hacer pública, aunque fuentes socialistas señalan que se limitó a apuntar a la separación de poderes.

La polémica sobre la actuación de Pastor al frente de la Cámara Baja se ha recrudecido en las últimas fechas, desde que Sánchez es presidente; pero las denuncias sobre su uso partidista de la institución se mantuvieron durante toda la legislatura.

Pastor paralizó la actividad parlamentaria mientras el Ejecutivo del PP estaba en funciones, apañó la fecha de la investidura con Rajoy (Albert Rivera se enteró antes de que se hiciera pública) y usó el mismo formato que Patxi López en la investidura fallida de Sánchez a pesar de que el PP lo había calificado de “cacicada”. 

También en el proceso de renovación de RTVE Pastor jugó un papel fundamental para el PP al prolongar los tiempos, una estrategia que ha repetido en otros momentos de su mandato al intentar dilatar algunos plazos, como las comparecencias de los ministros del PP.

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