El Parlament exige a Torra que se someta a una cuestión de confianza o convoque elecciones

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La mayoría parlamentaria ha constatado la “inoperancia” del Govern, reprochándole que no haya presentado un proyecto de presupuestos para este año, pese a que había sido reclamado por el Parlament. El vicepresident económico, Pere Aragonès, presentó los números del borrado de los presupuestos ante la prensa, pero no llegó a llevarlos al hemiciclo, al constatar que no tenía suficientes apoyos para aprobarlo. Por esta razón la oposición ha disparado contra el Ejecutivo de Quim Torra, asegurando que “falta al respeto” a los acuerdos tomados por la Cámara.

“Tenemos un Govern que no gobierna, que no respeta los acuerdos del Parlament, que no tiene mayoría y que además ha renunciado a presentar unos presupuestos a esta Cámara”, ha resumido la portavoz socialista Eva Granados. Desde el PSC han señalado que los principales indicadores sociales han ido a peor desde la llegada de Torra a la Generalitat. “Solo hemos visto retroceso”, ha asegurado.

La moción aprobada este jueves es un serio toque de atención a la coalición de JxCat y ERC, pero tendrá pocos efectos prácticos. Pese a la debilidad del Govern, la oposición tampoco tiene mayorías para sacar adelante una moción de censura, porque no hay un candidato alternativo a Torra que suscite los apoyos de toda la oposición, que va del PP a la CUP. En vista de esto, el pasado martes el Govern retó a la oposición a proponer una moción de censura o dejar de bloquear la investidura.

El contraataque de los partidos del Govern ha ido en la misma dirección. La portavoz de ERC Anna Caula ha reclamado a la oposición que pasen de la crítica y traten de consensuar un candidato alternativo. “Sean valientes y planteen una moción de censura”, ha reiterado la diputada. También el vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha calificado la iniciativa de “moción de confianza encubierta”, rechazando que haya un pérdida de confianza del Govern en vista de que mantiene los mismos votos con los que Torra fue investido, es decir, los de JxCat y ERC. “No aceptaremos que se dé a entender que ha habido una pérdida de confianza en base a unos votos usurpados por los tribunales”, ha proclamado Costa.

Los miembros del Ejecutivo, comenzando por el propio Torra, han negado reiteradamente en las últimas semanas que tenga intención de someterse a una cuestión de confianza o de convocar elecciones en este momento. En el Govern cuentan con que los diputados suspendidos que se presentan a las elecciones generales o europeas dejen sus escaños en el Parlament, con lo cual recuperarían su efectividad. Si eso llega a ocurrir, pasado el ciclo electoral la coalición de gobierno tendría 66 diputados de los 135 de la Cámara, con lo que solo necesitarían la abstención de la CUP para sacar adelante su acción legislativa. 

Para aprobar el varapalo al Govern de este jueves ha sido clave la posición de la CUP, que ha decidido no participar en la votación. Pese a que los anticapitalistas se abstuvieron en la investidura de Quim Torra, la formación se ha ido alejando de la política del Govern durante los últimos meses. Este jueves además los anticapitalistas han reclamado a Torra que convoque elecciones, sumándose al resto de la oposición. Con todo, la portavoz María Sirvent ha cargado con dureza contra el PSC, promotores de la iniciativa, por su apoyo al 155.

La crisis entre JxCat y ERC agrieta el Govern y rompe el tabú sobre unas elecciones anticipadas en Catalunya

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El primer pleno del Parlament catalán del curso, después de tres meses sin celebrar uno, ha dejado una fotografía contundente: ni el Govern ni la mayoría parlamentaria son estables. La crisis abierta entre JxCat y ERC a cuenta de la fórmula para sustituir a los diputados suspendidos ha obligado a aplazar el pleno en el que se debían votar más de un centenar de iniciativas y, al mismo tiempo, ha abierto la caja de Pandora con gruesas acusaciones cruzadas que incluso llegaban a cuestionar el Govern conjunto.

El auto de suspensión dictado por el juez Llarena en julio pasado contra seis diputados procesados por rebelión ha acabado teniendo un efecto devastador en la cohesión del independentismo, que ha saltado por los aires tan pronto como ha habido una sesión plenaria. JxCat pretendía no solo rechazar la suspensión desde la Cámara, algo que se hizo el martes pasado, sino también no dejar ningún margen de duda a que no se acogía a la fórmula dispuesta por Llarena de sustituir a los diputados.

Pero la negativa del grupo de Carles Puigdemont a designar un sustituto para sus cuatro parlamentarios, tal como hicieron Oriol Junqueras y Raül Romeva el mismo martes, dejaba al Govern sin mayoría para sacar adelante sus iniciativas. “Si la oposición nos cuela cien propuestas de resolución ya podemos irnos”, aseguraba un dirigente republicano este jueves en los pasillos del Parlament. Según las horas pasaban y JxCat no registraba sus delegaciones de voto, el pleno más se aplazaba y los reproches entre los independentistas crecían.

JxCat y ERC han acabado salvando la mayoría parlamentaria, de momento, con un acuerdo in extremis que han representado en una rueda de prensa conjunta, siete horas después de la hora prevista para el debate. Para el acuerdo ha sido clave la intervención del vicepresident Pere Aragonès y la consellera de la Presidència Elsa Artadi, que han terciado a última hora. Pero el daño al proyecto mutuo ya estaba hecho.

Después de mostrarse incapaces de solucionar en tres meses el obstáculo de las suspensiones, en las propias filas independentistas se extiende la duda de si el Govern será capaz de superar el siguiente revés.

Por si los problemas de entendimiento entre los grupos fuera poco, el debate de Política General más accidentado que se recuerda comenzó con una inesperada desautorización al president de la Generalitat. En el discurso de apertura,  Quim Torra lanzó un ultimátum al Gobierno de Pedro Sánchez para que negociara sobre la autodeterminación antes de noviembre, pero ni siquiera su propio partido le tomó la palabra, al presentar una propuesta de resolución que reclama el referéndum pactado sin límites temporales.

Tanto Torra como el independentismo mayoritario de JxCat y ERC han acusado en las últimas semanas la presión de sus propias bases, que les reprochan no estar haciendo lo suficiente por la secesión. Esos dardos hacen más daño a los de Puigdemont que a los republicanos, más acostumbrados a verse cuestionados por este flanco. Pero lo cierto es que hasta ahora los miembros del Govern no habían recibido abucheos en ninguna manifestación independentista, algo que sí pasó en la conmemoración del 1 de octubre.

La semana en la que debía comenzar el “otoño caliente” anunciado por Torra ha servido, por tanto, para constatar que el Govern tiene al menos tres problemas: un president con el liderazgo mermado, una mayoría inestable y críticas en la calle de sus propias bases. En esta situación, a nadie le sorprende que en los partidos del Govern se haya roto el tabú del avance electoral. Según el Estatut, la primera fecha en la que Torra podría disolver el Parlament es un año después de la última disolución del Parlament que, ironías de la historia, decretó Mariano Rajoy al aplicar por primera vez el artículo 155 de la Constitución el 27 de octubre de 2017.

El portavoz de JxCat, Eduard Pujol, ha negado que en la negociaciones de los grupos la cuestión electoral se haya tocado pero, en privado, ningún partido negaba con convencimiento esa opción. Y menos aún cuando la fórmula pactada por JxCat y ERC para la sustitución de los cuatro diputados del grupo de Puigdemont no ha recibido el aval de los letrados y, antes o después, habrá de pasar por el filtro del Constitucional. Roger Torrent ha dejado el pleno de las votaciones en suspenso, previsiblemente hasta el próximo martes. Dejar que el tiempo pase parece haberse convertido en la única solución que el independentismo es capaz de consensuar.

La suspensión de Puigdemont evidencia discrepancias en el soberanismo y vuela el pleno

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IÑAKI PARDO TORREGROSA, Barcelona
El último pleno del Parlament del periodo ordinario de sesiones ha quedado desconvocado por el desacuerdo entre ERC y Junts per Catalunya a la hora de aplicar la suspensión de los diputados procesados por rebelión que Pablo Llarena dictó la semana pasada. La suspensión de Carles Puigdemont ha desatado la bronca entre las dos familias hegemónicas del soberanismo.

En la votación de la reunión de la Mesa de la propuesta de los letrados de la cámara, uno de los miembros de Junts per Catalunya se ha abstenido mientras que el otro ha votado en contra de la propuesta -respaldada por PSC, ERC y Catalunya en Comú Podem- junto con los dos diputados de Ciutadans, aunque por motivos distintos, según fuentes parlamentarias. Los letrados sugirieron, recogiendo la puerta abierta por Llarena en su auto de conclusión de la instrucción, que diputados del mismo grupo parlamentario asuman las funciones de sus compañeros suspendidos.

Después de que en la reunión de la Mesa no se haya desencallado la situación por la suspensión de Puigdemont, se ha convocado a la Junta de Portavoces para tomar una decisión sobre el pleno y finalmente se ha desconvocado sine die con el respaldo de todos los grupos menos Ciutadans y la CUP. El PSC abogó este martes por suspender la sesión del hemiciclo si no había acuerdo del órgano rector de la cámara sobre los diputados procesados. Desde Junts per Catalunya se acusa a Torrent de romper el acuerdo de Govern sobre la suspensión de los diputados, mientras que ERC ha negado que hubiera un pacto previo al pleno.

Quim Torra  con Pere Aragoonés y otros miembros del Parlament a la espera de que arranque la sesión de control este miércoles

Quim Torra con Pere Aragoonés y otros miembros del Parlament a la espera de que arranque la sesión de control este miércoles (Marta Perez / EFE)

Estaba previsto que el pleno que arrancó este martes se retomara a las 10:00 horas con la sesión de control al Govern de Quim Torra, pero se ha retrasado por el choque entre los dos partidos soberanistas en la reunión de la Mesa. Hasta la tarde de este miércoles, no obstante, no debía haber ninguna votación, cuando se debía decidir sobre la prórroga presupuestaria y una modificación de la renta garantizada a petición del PSC.

Fuentes republicanas aseguran que Junts per Catalunya ha sugerido en la reunión del órgano rector que Carles Puigdemont renuncie a su voto delegado de forma temporal -algo que ya hizo Toni Comín cuando se denegó su entrega a España el pasado mes de mayo-; pero desde ERC lo rechazan porque se alterarían las mayorías parlamentarias.

Las premisas básicas de los republicanos -también de los comuns– era que no hubiera renuncias al acta de diputado ni se alteren los guarismos en la cámara catalana, además de que no haya consecuencias jurídicas para los miembros de la Mesa. El PSC, que fue quien pidió el informe de los servicios jurídicos, respaldaba el informe de Joan Ridao y abogaba por la suspensión y la sustitución temporal.

“Hemos constatado la desorientación absoluta de las fuerzas políticas que gobiernan Catalunya”, ha apuntado el líder de los comuns, Xavier Domènech, sobre el voto diferenciado en la reunión de la Mesa de los dos miembros de Junts per Catalunya y sus discrepancias con ERC.

En la reunión de la Mesa, que ha arrancado a las 9:00 horas, el secretario general de la cámara, Xavier Muro, ha advertido que los votos de los procesados no pueden ser contabilizados y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha reafirmado su postura que no haya alteraciones en las mayorías ni renuncias al acta de diputado, apuntan fuentes parlamentarias.

En la reunión se ha recalcado el carácter provisional del mecanismo de sustitución temporal de los diputados procesados por los recursos de reforma interpuestos contra el auto de conclusión de la instrucción de la causa del procés, que incluía dicha suspensión, y por las peticiones de libertad de los abogados de los presos soberanistas, cursadas esta semana y que previsiblemente la Fiscalía rechazará aunque se hayan ofrecido medidas menos gravosas o la totalidad del patrimonio de los presos para ser puestos en libertad.

Inés Arrimadas ya anunció este martes que presentarían una petición de reconsideración al acuerdo de la Mesa sobre la suspensión si seguía la línea propuesta por los servicios jurídicos de la cámara y si no se tenía en cuenta, que presentarían un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. La líder del partido naranja ve un “fraude de ley” en esa sustitución temporal y Carlos Carrizosa ha advertido que no aceptarán que se aplique una medida fuera del reglamento parlamentario. El PPC coincide con Ciutadans en que esa sustitución temporal sería un “fraude de ley” y piden a los procesados por rebelión que renuncien al acta.