El Gobierno cambiará la ley para que el banco pague el impuesto hipotecario

Fuente: https://elobrero.es/nacional/item/20837-el-gobierno-cargara-a-la-banca-el-impuesto-hipotecario-pese-fallo-del-supremo.html

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que cambiará la ley para que sea la banca y no el cliente el que deba pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) en la firma de una hipoteca, tras la polémica decisión adoptada en la víspera por el Tribunal Supremo.

En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que esta modificación, motivada para “que nunca más los españoles paguen este impuesto”, se realizará a través de un real decreto ley, que aprobará mañana el Consejo de Ministros y que deberá contar posteriormente con el visto bueno del resto de grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Respecto a una posible supresión de esta tasa, ha reiterado que la voluntad del Gobierno es la de atribuir los actos jurídicos documentados al sector bancario, no su eliminación, por lo que, ha dicho, quien quiera hacerlo deberá primero hablarlo con los presidentes autonómicos, al tratarse de una competencia trasferida.

En palabras de Sánchez, “la voluntad del Gobierno es garantizar la seguridad jurídica” en pos de la ciudadanía, motivo por el cual ha destacado su compromiso por “garantizar un escenario previsible y estable del interés de todos los operadores implicados”, y ha anticipado la creación de una autoridad independiente que vele por los derechos de los clientes.

Esta mañana el presidente del Ejecutivo se ha reunido en el Palacio de la Moncloa con su vicepresidenta, Carmen Calvo, y los ministros Nadia Calviño, María Jesús Montero y José Luis Ábalos para analizar el criterio del alto tribunal, que ayer dio marcha atrás y ratificó la doctrina vigente hasta el pasado 16 de octubre que carga al cliente con un impuesto que, para una hipoteca media, supone un coste de alrededor de 1.500 euros.

“Ayer habló el poder judicial y hoy y mañana el poder ejecutivo”, ha aseverado con rotundidad, antes de señalar que si bien Moncloa “respeta la labor y la independencia” de la magistratura, lamenta la situación generada por la rectificación del Supremo al no ser positiva ni para la banca, ni para los jueces ni para los ciudadanos.

No obstante, se ha dirigido a Unidos Podemos, que ha convocado una manifestación ante el alto tribunal el próximo sábado, y ha recordado que aunque cada partido es libre de hacer su oposición como considere, debe hacerse en las instituciones.

Tras casi 16 horas de deliberaciones y un agrio debate, por 15 votos contra 13, el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo acordó desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del impuesto de actos jurídicos documentados en los préstamos hipotecarios es el prestatario.

Los detalles del fallo se conocerán en los próximos días.

Las asociaciones de consumidores y abogados se apresuraron a criticar con dureza el fallo, y mientras Facua acusaba al sector financiero de difundir mensajes “engañosos y alarmistas” para no tener que asumir el impuesto, Adicae calificaba la decisión de “anómala y extraña”, y avanzaba su intención de impugnarla “en España y en Europa”.

Sobre la posibilidad de los hipotecados de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado como fórmula para intentar recuperar el dinero pagado en el pasado por este gravamen, Sánchez ha concluido que desconoce “si tienen capacidad o no” al tratarse de un tema fuera de su competencia.

 

 

El PSOE da casi por hecho que no se aprobarán los Presupuestos, pero pide al Gobierno que agote la legislatura

Fuente: https://www.publico.es/politica/cuentas-2019-psoe-da-hecho-no-aprobara-presupuestos-no-adelantara-elecciones.html

En la Ejecutiva Federal del PSOE que este lunes se celebró en la sede socialista de la calle de Ferraz hubo conjura para que el Gobierno siga gobernando con o sin Presupuestos Generales del Estado y, aunque no se tira la toalla a que todavía puedan ser aprobados, la sensación mayoritaria es que se volverán a prorrogar los del Gobierno del PP.

Así lo expresó el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en una larga conferencia de prensa en la que no se aburrió de repetir que “el Gobierno tiene más claro que nunca que su obligación es gobernar el país y darle una estabilidad necesaria, que otros niegan”, afirmó.

Ábalos indicó que el PSOE anima al Ejecutivo a “agotar la legislatura” y, sobre todo, a llevar a cabo la agenda social que ha puesto sobre la mesa y  que, en su opinión, cuenta con respaldo parlamentario suficiente.

El “número tres” del PSOE indicó que aún tiene esperanzas en que los Presupuestos pasen la enmienda a la totalidad porque, según dijo, “nada tienen que ver el proceso judicial con el debate de Presupuestos, y estas medidas también afectan a los ciudadanos de Catalunya”, afirmó.

No obstante, calificó como “reacciones lógicas” la de los partidos catalanes tras conocer las peticiones de penas en el “proces”, pero aseguró que “nuestro posición no podía ser otra como Gobierno” dijo.

Ábalos indicó que si finalmente no se aprueban los Presupuestos, el Gobierno buscará otras fórmulas jurídicas y parlamentarias para sacar adelante sus proyectos y, en concreto, citó tres: la subida del Salario Mínimo Interprofesional; la subida de las pensiones y recuperar el subsidio para los parados mayores de 52 años.

Por otra parte, él dirigente socialista se refirió a la dimisión de María Dolores de Cospedal como componente de la dirección del Partido Popular, pero indicó que esta decisión como “un gesto menor de carácter interno”, dando a entender que no puede seguir como diputada y presidiendo una comisión en el Congreso

Para Ábalos es “escadaloso” lo que se está conociendo de la dirigente del PP, “y a Casado le corresponde regenerar el partido, y no aceptar estas conductas como normalizadas en una democracia”, afirmó.

Porque confías en Público

Público es un medio veraz, libre y valiente. Trabajamos para que sea sostenible, pero solo lo conseguiremos si recibimos el apoyo de la gente comprometida.

El Gobierno pide que Torra defina “si sigue representando a una minoría radical o se suma al diálogo”

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/Gobierno-Torra-representando-minoria-radical_0_821018044.html

 

El Gobierno quiere aclarar si las amenazas de Quim Torra encierran una ruptura real o son solo la expresión de “una gesticulación exagerada”. Mientras tanto, Moncloa insiste en su apuesta por buscar una solución dialogada al problema en Catalunya que, en ningún caso, contempla la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, le ha pedido a Quim Torra que aclare “si sigue representando a una minoría radical o se suma al diálogo”.

Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Batet ha recordado que para encontrar soluciones “hay que tener voluntad de llegar a acuerdos”. “No creo que la solución esté a la vuelta de la esquina”, ha asegurado.

Las presiones explicitadas por Quim Torra no son aceptables para el ejecutivo, en donde no se aclara si la situación creada tras el 1-O puede empujar a Sánchez a tener que dar por concluida la legislatura. “Depende del presidente del Gobierno, yo no tengo opinión al respecto”, ha asegurado Batet.

La ministra ha insistido en que la cooperación con el Govern se mantiene en marcha, a través de comisiones bilaterales en las que se están abordando inversiones y la posibilidad de acelerar transferencias pendientes.

Frente a la petición del mundo independentista, el Gobierno ha vuelto a reiterar que la convocatoria de un referéndum de independencia no es una posibilidad. Batet insiste en el mensaje con el que quieren afrontar la crisis catalana: “Ley y diálogo”.

PSOE

@PSOE

🗣️ @meritxell_batet El derecho de autodeterminación no cabe en nuestro ordenamiento jurídico. Autogobierno sí, independencia, no.
Una cosa son las gesticulaciones. Otra el diálogo, que existe porque funcionan las comisiones bilaterales con Generalitat.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ya había asegurado  este martes que el Gobierno “no acepta ultimátums” y que Torra no tenía que esperar al mes de noviembre para conocer la posición del Ejecutivo: “La contestación es autogobierno sí, independencia no. El Gobierno catalán debe respetar la convivencia y los derechos de nacionalistas y no nacionalistas”, aseguró Celaá.

Podemos pide la dimisión de Dolores Delgado tras su campaña contra “las cloacas” policiales

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/policiales-Pablo-Iglesias-Dolores-Delgado_0_818219264.html

 

“Hay algunos que quieren que nuestro país debata de otras cosas, pero a nosotros nos parece crucial que la gente se preocupe por la vivienda, las pensiones, el SMI, la luz o la fiscalidad. Nosotros queremos que se hable de esto. Lo más importante que va a ocurrir en 2018 es la aprobación de unos Presupuestos de carácter social”. Así justificaba este lunes Pablo Iglesias el acto para presentar un nuevo documento para la negociación con el Gobierno. Una amplia batería de propuestas que el grupo confederal quiere sacar adelante.

Al día siguiente, el relato político no atendía a esa iniciativa, sino a la segunda tanda de grabaciones que relacionan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo, en prisión preventiva imputado por varios delitos. Poco antes del inicio del Pleno del martes, Iglesias pedía la dimisión de Delgado, aunque no de forma expresa: “Hay que alejar de la política a quien mantenga amistad con las cloacas“.

Con Máxim Huerta y Carmen Montón Podemos esperó a exigir la dimisión a que los hechos denunciados por los medios fueran incontestables. En el caso del exministro de Cultura, fue inmediato. Dos sentencias judiciales confirmaban que Huerta había defraudado a Hacienda. Con la extitular de Sanidad, fueron las informaciones sobre el plagio de su trabajo de fin de máster las que decantaron al partido.

En el caso de la ministra de Justicia, Podemos ha pedido su dimisión sin que haya habido un cambio sustancial en los hechos desde que estallara la crisis. Delgado ya cayó en contradicciones desde el primer día que publicaron los audios de la comida que mantuvo con el exjuez Baltasar Garzón, Villarejo y otros mandos policiales, algunos implicados hoy en diversas causas judiciales.

El caso de Delgado es distinto no solo por su dimensión política. Villarejo encarna para Podemos eso que se ha dado en llamar “la cloaca”, un entramado policial que durante 40 años han trabajado de forma descontrolada y ha recibido  encargos “especiales” de todos los gobiernos.

Y esa “cloaca” ha sido la responsable de la fabricación y filtración de informes falsos realizados en los márgenes de las instituciones  con intención de atacar a rivales políticos. Un ejemplo fue el llamado Informe PISA, que desvelaba la supuesta financiación ilegal de Podemos y que fue desestimado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no sin antes haber llenado portadas y horas de televisión.

Las “cloacas” son, para Podemos, una frontera. O de este lado o de aquél. “No es aceptable que en este país haya ministros amigos de tipejos como Villarejo”, señalaba Iglesias para pedir la dimisión de Delgado. Y añadía: “Creo que estoy siendo cristalino. Cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble”.

Pablo Iglesias

@Pablo_Iglesias_

Un presidente español dijo una vez que la democracia se defendía también desde las cloacas. De aquella aberración viene lo que vemos hoy. Afecte a la monarquía, a políticos o juristas de distinto color, las cloacas y sus telesicarios son el cáncer de nuestra democracia.

Sostener al Gobierno para “cambiar” las cosas

Podemos tiene un empeño: demostrar que supresencia en la vida política puede “cambiar las condiciones de vida de la gente”. Una idea que han expresado en público todos los portavoces del partido y que su secretario general reformulaba este mismo lunes, en el acto de presentación del documento presupuestario: “No estamos negociando tonterías. Negociamos sus impuestos, sus pensiones, la factura de la luz”.

La estrategia tiene su origen en la fracasada investidura de abril de 2016, cuando Pedro Sánchez cerró un acuerdo con Ciudadanos que luego intentó que fuera refrendado por Podemos. El partido de Iglesias y las confluencias catalana y gallega, además de IU, Equo o Compromís, optaron por el  no.

Las consiguientes elecciones de junio de 2016, pese al acuerdo con IU, supusieron un varapalo. El espacio político de Unidos Podemos perdió un millón de votos. Podemos se enfrascó en un duro debate interno que estuvo a punto de romper el partido fundado apenas un par de años atrás.

Dos años después, el grupo confederal comenzó a quitarse el estigma de 2016 con la votación de la moción de censura de Pedro Sánchez, que celebraron al grito de “Sí se puede” nada más terminar la votación. En Podemos creen que  sostener a Sánchez para lograr avances reales en aquellas materias que bloqueó el PP durante un largo año terminará de reconciliarles con esa parte de la sociedad que se desenganchó de su proyecto en la primera mitad de aquél año.

Pero también creen que hay que separarse del PSOE en todo lo que les diferencia. Como señalaba un miembro de la dirección de Podemos el martes en el Congreso: “A nosotros no nos van a sacar audios con Villarejo”.

Pedro Sánchez dice que no es su responsabilidad el uso de las bombas vendidas por España a Arabia Saudí

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez_0_815068865.html

Pedro Sánchez se desvincula del uso que Arabia Saudí pueda hacer con las bombas que España le vendió y cuya revisión ha causado una crisis en el Gobierno, ya que Margarita Robles era partidaria de paralizar esa venta:  “La responsabilidad que tiene este Gobierno llega  hasta  nuestra fronteras; lo que puedan hacer  terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, ha afirmado el presidente, que no quiere desvelar si pidió al régimen absolutista garantías de que esos proyectiles no se usaran contra la población civil.

El mandatario socialista ha reconocido que la situación era “muy complicada” y ha defendido  la decisión final que tomó el Ejecutivo frente al criterio de la ministra de Defensa basándose en que priorizó las relaciones comerciales con Arabia Saudí: “El dilema que tenía este Gobierno era romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó la anterior administración”, ha explicado. 

Arabia Saudí amagó con romper un contrato multimillonario con la empresa Navantia de más de 1.800 millones para la construcción de cinco navíos tras el anuncio de Defensa de dar marcha atrás en la venta de bombas similares a las que observadores internacionales aseguran que el régimen absolutista ha usado contra la población en Yemen. “Este Gobierno defiende los derechos humanos, la paz en el mundo (…) y todo lo que tenga que ver con llegar a acuerdos globales de control del armamento y de defensa de la paz y los derechos humanos, este Gobierno va a estar”, ha añadido.

Sánchez, que ha negado haber desautorizado a Margarita Robles a pesar de que ha asegurado que la ministra no vio “el impacto” que su anuncio podía tener en las relaciones comerciales, ha coincidido con la portavoz del Consejo de Ministras en que las bombas, por sus características, no se pueden usar de manera “indiscriminada”. No obstante, el presidente ha recordado que su Ejecutivo se ha limitado a “entregar” esas armas, ya que el contrato se firmó con Arabia Saudí en 2015, con la anterior administración de Mariano Rajoy.

“La política es muy compleja”

El presidente se ha pronunciado así en El Objetivo (La Sexta) este domingo tras una de las semanas más complicadas desde que está en Moncloa ya que se enfrentó a la dimisión de Carmen Montón, a la que  trató de mantener al frente del ministerio pese a las irregularidades en su máster, y la polémica suscitada por las acusaciones de plagio en su tesis doctoral, que le obligaron a hacerla pública. Durante la entrevista, Sánchez ha confesado en varias ocasiones que “la política es muy compleja”.

“Se están produciendo fake news”, ha aseverado sobre las acusaciones de plagio en su tesis doctoral: “No  ha habido plagio, ni me la ha escrito un tercero, ni ha habido un tribunal que hiciera un trato de favor. La verdad es que hice mi tesis”, ha asegurado el presidente, que ha restado importancia a haber cofirmado un artículo con uno de los profesores que le examinó al leer la tesis. “Ha quedado suficientemente acreditadas que las acusaciones que se vertían sobre mí eran falsas”, ha agregado.

“La oposición lo que está haciendo es montar ruido”, ha aseverado el presidente del Gobierno, que también ha dicho que no se querellará -por la vía penal- contra los medios que publicaron esas noticias, aunque sí ha dicho que presentará una demanda para restablecer su honor contra lo que considera que es una “difamación”.

Sobre la posibilidad de que acuda al Congreso a dar explicaciones sobre esa polémica, ha dicho que hará lo que planteen los grupos políticos, pero no se ha mostrado partidario al entender que no debe usarse el Parlamento para cuestiones “personales” que no tienen que ver con la política.

La periodista Ana Pastor le ha preguntado directamente por qué defendió a Montón a pesar de las irregularidades de su máster y Sánchez ha señalado que solo apoyó su gestión al frente del ministerio: “A mí no me mintió la ministra”, ha aseverado, frente al criterio de algunos de los miembros de su equipo.

Niega rectificaciones: “Son ruido”

Sánchez ha prometido que asumirá responsabilidades políticas personalmente cuando los fallos de su gabinete se produzca en el ejercicio de sus funciones al frente de sus correspondientes departamentos.

De hecho, el presidente ha quitado importancia a los vaivenes del Gobierno en sus poco más de 100 días de vida: “Le niego la mayor”, ha respondido sobre las rectificaciones, que ha calificado de “disfuncionalidad” e incluso ha asegurado que se tratan de “ruido”.

Sánchez ha atribuido buena parte de sus renuncias -como la de no derogar la reforma laboral o la creación de un impuesto a la banca- a su debilidad parlamentaria. Sánchez ha insistido en que solo cuenta con 84 diputados y que tiene que llegar a acuerdos con fuerzas muy diversas: “Entre 0 y 100, si no puedo lograr el 100, ¿me quedo en el 0 o llego al 50?”, se ha preguntado.

¿Elecciones? “Atarnos los dedos, lo justo”

El presidente no ha querido mojarse sobre la fecha orientativa para las elecciones y ha asegurado que dependerá de si puede seguir desarrollando actividad ejecutiva con el apoyo suficiente en las Cortes: “Si he aprendido algo en política es que atarnos los dedos, lo justo”, ha contestado sobre la posibilidad de que los comicios sean en 2018. 

No lo ha descartado, pero el objetivo de Sánchez es agotar la legislatura -ha explicado que su promesa de convocar elecciones cuanto antes la hizo al pedir el apoyo a Ciudadanos, pero que una vez Albert Rivera rechazó darle el ‘sí’ en la moción de censura, esa premisa caducó. Además, se ha mostrado convencido de que no hay una mayoría parlamentaria que quiera elecciones.

“Si anteponemos el diálogo al conflicto, si anteponemos el que podemos sacar adelante leyes que son buenas para la mayoría social y encontramos una mayoría parlamentaria que las respalde, ¿por qué vamos a tener que convocar elecciones?”, ha expresado Sánchez, que apela a la “corresponsabilidad” de los otros grupos y que considera que tendrá que convocar los comicios cuando se demuestren incapaces de llegar a acuerdos. 

El punto de inflexión para los socialistas son los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez admitió que va a retrasar hasta finales de noviembre. Ha reiterado su compromiso de que no subirá los impuestos a la clase media y trabajadora y, aunque asegura que “la gente rica no paga IRPF”, admite cederá en aumentarlo para los sueldos más altos: su horquilla es la de los 140.000 o 150.000 euros frente a los 120.000 que plantea Unidos Podemos. En cuanto al frenazo en el Pacto de Toledo al acuerdo para la subida de las pensiones, Sánchez ha prometido que en sus cuentas las ligará al incremento del IPC. 

Sánchez ha asegurado que los retos de su mandato son regeneración, justicia social y Catalunya. Ha repetido que el conflicto pasa por una votación referente al autogobierno y que Quim Torra debe “abrir un diálogo entre catalanes”. En lo que no ha querido mojarse ha sido en su opinión sobre el encarcelamiento de los presos independentistas, aunque varios ministros han reconocido que complican la situación política: “No puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión porque soy presidente y me lo he autoimpuesto porque siempre he sido muy respetuoso con la actuación judicial. Voy a defender siempre a los jueces”, ha dicho. Sánchez admite que tiene “una opinión”, pero cree que debe ser “escrupuloso” con las actuaciones judiciales.

Sobre la inmigración, Sánchez ha negado virajes en su posicióne incluso que se hayan producido devoluciones en caliente durante su mandato, y ha asegurado que su intención es quitar las concertinas de las vallas: “Es una promesa que queremos cumplir, pero el debate es cómo garantizamos de manera eficaz el control de las vallas”, ha señalado el presidente, que asegura que la cuestión está en estudio por parte del Ministerio de Interior, que ha solicitado los “informes técnicos” correspondientes.

Montón dimite por las irregularidades de su máster pese al apoyo de Sánchez

Fuente: https://elpais.com/politica/2018/09/11/actualidad/1536664736_500550.html

Pedro Sánchez intentó hasta el final, en contra del clamor de su partido, proteger a Carmen Montón. Pero la ya exministra de Sanidad no aguantó el último golpe, por la tarde, cuando La Sexta reveló que había plagiado buena parte de su trabajo de fin de máster. Montón ha dimitido en medio del alivio del PSOE y la incomprensión que se extendió durante todo el día en el partido por la decisión del presidente de respaldar a la ministra pese a que ya se sabía que sus notas habían sido alteradas. Es el segundo ministro de Sánchez que cae en poco más de 100 días. María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, ocupará la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

la tercera fue la vencida. Primero, tras la noticia del eldiario.es sobre las irregularidades de su máster, ella aguantó. Después, cuando el mismo medio reveló que se habían alterado las notas, algo aún más grave, ella también decidió resistir. Y contaba para ello con el apoyo del presidente. Pero el remate del plagio de su trabajo —un texto que ella se había negado a entregar a la prensa, precisamente para que no lo pudiera analizar— ha llevado a Montón a rendirse.

Crisis para el Gobierno

La dimisión ha provocado una crisis de Gobierno y ha abierto un nuevo flanco débil en un Ejecutivo que cuenta con el apoyo parlamentario directo más pequeño de la reciente historia democrática. “Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente haya contado conmigo en el Gobierno. He sentido su calidad humana, su apoyo y afecto. Los españoles tienen un magnífico presidente y, para que esta situación no influya, le he comunicado mi dimisión”, insistió Montón este martes por la noche.

El resultado supone un quebradero de cabeza para Sánchez muy superior al que provocó Màxim Huerta, que dimitió por antiguos problemas con Hacienda a la semana de ser nombrado. Montón era una ministra importante y la imagen de dos miembros del Gobierno dimitidos en poco más de 100 días es especialmente dura para un Ejecutivo que solo cuenta con 84 diputados. De rebote, eso sí, la crisis tiene un efecto secundario positivo para el PSOE: pone en una situación difícil a Pablo Casado, líder del PP, que tiene problemas similares con su máster —y un proceso legal en marcha— y también se ha negado a mostrar su trabajo de fin de carrera, que ahora se convierte en más sospechoso todavía. Aunque esa es, en todo caso, una segunda derivada: la renuncia de Montón abre una crisis de Gobierno inesperada para un Ejecutivo que afronta en los próximos días votaciones clave que pondrán a prueba —de nuevo— su resistencia parlamentaria.

Para cuando llegó la dimisión, varios dirigentes del PSOE y algunos ministros estaban muy inquietos por la decisión de Sánchez. Ya no solo la apoyaba de forma discreta, como hizo el lunes, sino que decidió mojarse expresamente en el Senado y comprometer así su imagen. El presidente se cuidó de no hablar en ningún momento del máster, solo de la gestión de Montón al frente de Sanidad. Pero a esas horas daba igual: nadie entendía por qué se arriesgaba así cuando todos veían claro que el final era inevitable.

Sánchez escuchó desde el lunes muchas voces que le pedían que dejara caer a la ministra de Sanidad por la polémica de su curso de posgrado, pero decidió respaldarla públicamente — “ha hecho un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo”— y ordenó al PSOE que frenara la presión.

Sin embargo, lejos de lograrlo, fue creciendo y explotó cuando se supo que, además de todas las irregularidades que estaban encima de la mesa, el trabajo de fin de carrera, al que ella se aferraba como prueba de su esfuerzo, había sido plagiado en buena parte, lo que demuestra que hizo muy poco para obtener un título que otros estudiantes debieron trabajarse con mucha más rigidez.

Poco antes de este final que muchos auguraban para los próximos días y que finalmente se precipitó, una pregunta sin respuesta clara, más allá de las hipótesis, se hicieron durante toda la jornada del martes el PSOE y el Gobierno. ¿Por qué se empeñaba Sánchez, un hombre con fama de frío y que suele tomar decisiones radicales de forma rápida, en mantener a la ministra de Sanidad después de que se confirmara que las notas de su máster fueron manipuladas? Nadie lo acababa de entender bien. Las especulaciones iban desde el compromiso personal con ella —Montón se negó a dimitir de la ejecutiva del partido en 2016, cuando se organizó una operación para destituir a Sánchez, y se enfrentó por ello a Ximo Puig, líder de su federación—, a la complicación política de ver dos dimisiones de ministros en los primeros 100 días o la estrategia de no querer meter ahora toda la presión sobre Casado, al que Sánchez está cuidando como un líder de la oposición que puede beneficiar al PSOE indirectamente por su batalla con Ciudadanos.

El presidente dejó pasar el lunes con un apoyo tímido, trasladado por sus portavoces pero sin mojarse. Sánchez habló varias veces con la ministra, con quien le une ese vínculo de lealtad. Le trasladó su respaldo y le mandó ánimos, pero no la apoyó en público. Llegó el martes y las cosas empeoraron con la confirmación de que las notas fueron manipuladas a posteriori. El PSOE era un auténtico clamor a favor de la dimisión.

Los ministros eran más discretos y, en muchos casos, solidarios con su compañera, de la que todos valoran la gestión, aunque varios temían que las cosas acabarían mal. Incluso Pablo Iglesias, líder de Podemos y socio principal de Sánchez, dijo que le producía “mucho pesar” la situación porque Montón “es una defensora de la sanidad pública muy competente”. Pero al igual que Iglesias, que en público dijo que si no explicaba todos los agujeros que ha dejado su historia debía dimitir, muchos dirigentes del PSOE y del Gobierno concluían en privado que a Montón no le quedaba mucha más salida que la dimisión.

“Va a seguir”

Sin embargo, cuando el silencio oficial empezaba a desatar los rumores, Sánchez ordenó a dos personas de su máxima confianza, primero Adriana Lastra, portavoz parlamentaria, y después José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, que salieran a mostrar públicamente un claro respaldo a la ministra. Ambos cumplieron disciplinadamente. Pero como no era suficiente, porque las especulaciones y la presión seguían, el propio Sánchez habló a media tarde, tras la sesión de control del Senado.

“Lo único que puedo decir como presidente es que la ministra está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo. He sido bastante claro”, trasladó el presidente del Gobierno a los periodistas en los pasillos de la Cámara alta, en una brevísima declaración.

No fue así: apenas cuatro horas después, Montón dimitió forzada por las revelaciones de plagio. “En 100 días has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos. Gracias, Carmen Montón, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra”, escribió Sánchez en Twitter, tras la salida de su ministra.

Solo un miembro de la ejecutiva del PSOE, Odón Elorza, se pronunció la noche del martes. Y lo hizo de forma crítica con Montón: “El ejercicio de dimitir tiene un gran valor ético cuando es voluntario y se hace a tiempo. Cuando es forzado por otros te deja muy mal cuerpo y resta confianza al Gobierno y al partido”, dijo el exalcalde de San Sebastián.

Podemos pidió finalmente la dimisión cuando corrió como la pólvora el plagio de la tesis, y apuntó directamente a Pablo Casado por la misma razón: el líder del PP no ha permitido ver sus trabajos del máster. “¿Qué oculta el presidente del PP?”, se preguntó el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique. Esa es una de las incógnitas por resolver del penúltimo sainete que ha sacudido la política española.

“He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila”, insistió la ya exministra en su despedida, este martes por la noche, después de alabar a Pedro Sánchez y asegurar que dimitía para no perjudicar al presidente. Montón hizo una breve comparecencia sin preguntas en la que reivindicó su gestión en estos 100 días. “Hemos recuperado la asistencia sanitaria universal. Hemos sentado bases para la aprobación de una ley de protección integral contra la violencia en la infancia. Es un buen balance para los primeros 100 días”

El Gobierno socialista de Zapatero conocía y amparó los negocios de Corinna como conseguidora del rey Juan Carlos I

Fuente: https://www.publico.es/politica/corinna-gobierno-socialista-conocia-amparo-negocios-corinna-conseguidora-rey-juan-carlos-i.html

Algunos se enteraron tarde, a punto de salir del Gobierno, y otros lo suponían pero ni preguntaban. Sólo un grupo de ellos confirmó entonces la entrañable relación entre el rey Juan Carlos y la alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la cual llevaba aparejado el posicionamiento de ella como conseguidora en negocios estratégicospara empresas españolas.  Negocios que, naturalmente, debían contar con el visto bueno del monarca, generalmente inclinado hacia el Este del globo terráqueo; concretamente, a los mercados ruso y árabe, en donde se encuentran sus más estrechas relaciones de amistad en el exterior.

Varios ex ministros y altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consultados por Público en aquel entonces confirmaron la “presencia activa” de Zu Sayn-Wittgenstein, al menos, entre 2006 y 2011 y no sólo como acompañante del rey, sino como conseguidora o intermediaria -en ocasiones se quedó en intento- de negocios, como mínimo, entre empresas españolas y rusas (intento de compra de acciones de Repsol por parte Lukoil y Gazprom), entre otras compañías de nuestro país y las de Emiratos Árabes Unidos, propiedad mayoritariamente de Abu Dhabi (instalación de la planta Gemasolar en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía) o entre aquéllas y Arabia Saudí (adjudicación de parte del AVE La Meca-Media a un consorcio español). No se descarta que la alemana hiciera más negocios en otros ámbitos, como Latinoamérica (obras de ampliación del canal de Panamá).

Fue a partir de 2009, señalaron las fuentes consultadas, cuando la relación entre Juan Carlos de Borbón y Zu Sayn-Wittgenstein se hizo más explícita y provocó situaciones complicadas, que finalmente quedaron en nada en su momento, gracias en buena parte a las maniobras del secretario general de la Presidencia entonces, el diplomático Bernardino León. Estas dificultades, sin embargo, son muy ilustrativas del “ascendiente” de la alemana sobre el rey y el “riesgo” que entrañaba su relación para España, una relación que se da por terminada. Lo del rey con la entrada de Rusia en el mercado energético español era una “obsesión”.

El entonces enviado de la Unión Europea (UE) para el sur del Mediterráneo, siempre según los mismos interlocutores, era el responsable de coordinar la actividad de la Casa del Rey y La Moncloa y los intereses no siempre coincidían. Ocurrió así cuando la petrolera rusa Lukoil irrumpió en el panorama energético español y quiso hacerse con el 30% del accionariado de Repsol (20% de Sacyr-Vallehermoso y poco menos del 10% de La Caixa). El Gobierno empezó oponiéndose a la operación, pero ante la presión del rey -que llegó a llamar a Zapatero hasta seis veces sólo por este tema, según confirmó Público -, relativizó el asunto y dijo dejarlo en manos de las empresas española y rusa. La realidad es que, ante la presión del monarca -e implícitamente, según las fuentes de este diario, de Zu Sayn-Wittgenstein, que trabajaba para los rusos en la búsqueda de este negocio-, La Moncloa pidió a los ministros “perfil bajo”, sin apoyos, pero también sin oposición.

Hubo quien desde el Gobierno miró hacia Luis del Rivero – entonces presidente de Sacyr Vallehermoso y con el deseo explícito de vender su parte en Repsol- como detonante de este embrollo. Del Rivero lo negó, al margen de que la operación le viniera muy bien; también rechazó la hipótesis Antonio Brufau, presidente de Repsol: “Miren más arriba”, confirmaron en su entorno. El interés del rey por introducir a los rusos en el mapa energético español suponía una auténtica “obsesión”, que trató de materializarse tras una llamada a La Zarzuela de Vladimir Putin, en la que pedía a su amigo Juan Carlos de Borbón que esa operación saliese adelante. El propio Kremlin filtró la llamada al rey.

La operación Lukoil no pilló por sorpresa al Gobierno socialista, por tanto, pues ya el monopolio ruso Gazprom había intentado hacerse con el 20% de Repsol, según anunciara el propio vicepresidente de la Federación de Rusia durante una visita a España en noviembre de 2008. La idea de que el Kremlin entrara en la petrolera española “ponía los pelos de punta” al Gobierno de Zapatero, confirmó uno de sus miembros ahora, por lo que se rechazó de plano semejante posibilidad, además, con el apoyo de la UE y el PP de Mariano Rajoy, entonces en la oposición. La fuerza con que el rey manifestó sus deseos por contentar a los rusos no era individual; al lado tenía a Zu Sayn-Wittgenstein que quería su parte del negocio en el lado ruso, razona un alto cargo conocedor de esta relación. En cualquier caso, tanto los rusos como la Zarzuela o el ex Gobierno socialista negaron oficialmente que ella fuera la conseguidora -o intento de- en este asunto. En privado admiten, además, que lo negarán siempre.

Las relaciones con Rusia quedaron tocadas tras la resistencia del Gobierno de Zapatero y de la propia Repsol a la entrada de los gigantes energéticos en el mercado español; también el rey estaba molesto por la falta de apoyo de Zapatero, que había trastocado, además, la operación de Zu Sayn-Wittgenstein. La Moncloa se esmeró entonces por organizar una “cumbre energética” -la llamaron entonces- con todas las partes implicadas reunidas en Madrid en marzo de 2009, apenas cuatro meses después de la polémica con Lukoil. Allí estuvieron el entonces presidente ruso Dmitri Mevédev con sus empresas y Zapatero con las suyas para firmar un memorándum de colaboración energética entre la Federación de Rusia y el Gobierno de España, que incluía un par de acuerdos a “futuro próximo” -nunca se materializaron- entre las españolas Gas Natural e Iberdrola y las rusas Gazprom e Inter Rao, respectivamente.

El poder público y empresarial hispano-ruso concentrado en La Moncloa ese día fue del agrado del rey y de gran provecho para la alemana, según alguno de los protagonistas de entonces, aunque nadie quiere entrar a concretar los negocios posteriores de Zu Sayn-Wittgenstein con los rusos, “porque no afectan a los intereses de España”.

Al poco de tomar posesión de su cargo, el director del Centro Nacional de Inteligencia y anterior Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) llegó a reconocer en ámbitos muy reducidos su inquietud por esta amistad que, a mayores, suponía un auténtico intercambio de intereses personales, empresariales y estratégicos “no siempre adecuados”. Félix Sanz Roldán acababa de llegar al CNI, pero conocía perfectamente los movimientos del rey, a quien, por encima de todo, le une una amistad personal. De hecho, fue Juan Carlos de Borbón quien pidió a Mariano Rajoy que mantuviese al general amigo al frente de los servicios de Inteligencia cuando el PP llegó al Gobierno.

El rey sigue, por tanto, con la garantía intacta de que PP y PSOE mantendrán su silencio oficial sobre su relación con Zu Sayn-Wittgenstein y sobre cualquier otra. El pacto no escrito para proteger la Corona de los dos partidos con opciones de gobierno no evita, sin embargo, fuertes filtraciones de quienes en sus filas ya están cansados de tanta “oscuridad y mala praxis”.

Gobierno y sindicatos acuerdan convocar 19.000 plazas de empleo público este año

Fuente:www.publico.es/politica/publico-gobierno-sindicatos-acuerdan-convocar-19000-plazas-publico-ano.html

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha suscrito este lunes con los sindicatos de Función Pública (CCOO, UGT, CSIF y CIG) un acuerdo que contempla una oferta de empleo público (OEP) para 2018 que, a falta de concretar, podría situarse entre 17.300 y 19.300 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), según las estimaciones de los sindicatos.

También se ha acordado un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de migrantes y la recuperación del 100% de retribución de los funcionarios por Incapacidad Temporal (IT), que va acompañado de la creación de un grupo de trabajo sobre absentismo.

En una rueda de prensa celebrada al término de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto y mantenida con los sindicatos más representativos del área pública, Batet ha agradecido el “trabajo y esfuerzo” de los sindicatos para alcanzar tres acuerdos que suponen un “importante avance” en materia de empleo público y que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este viernes.

Batet ha detallado que uno de los acuerdos conlleva 2.800 plazas de estabilización de interinos de 2017 y el compromiso de convocar simultáneamente las de 2018; otro pasa por reforzar las plazas en materia de migración ante unos servicios que están “desbordados”, ya que en dos años se ha pasado de 15.000 solicitudes de asilo a 32.000; y un tercer acuerdo de recuperación del 100% de la retribución desde el primer día de los funcionarios con Incapacidad Temporal (IT). Según Batet, los acuerdos suscritos suponen “recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis” y “mejorarán la calidad del empleo en términos generales”.

Con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% entre los empleados públicos, el Gobierno aprobará el viernes un real decreto con la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Así, dará luz verde a la estabilización de empleo en el ámbito de la AGE y sus entes, tanto personal funcionario como laboral (previsión actual de 2.329 plazas), personal estatutario del Ministerio de Defensa e INGESA (534 plazas) y personal al servicio de la Administración de Justicia (2.248 más 424 de promoción interna).

CCOO y UGT estiman que la OEP rondará las 19.341 plazas, distribuidas en unas 10.016 de ingreso libre, que incluye las 323 de la oferta extraordinaria para reforzar los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) y los Centros de Acogida al Refugiado (CAR), así como los servicios de Prevención de Riesgos, y un 5% adicional de plazas del total de la OEP, lo que supone otras 485 plazas, que se destinarán a la Seguridad Social y a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. A esto se suman 5.997 plazas de promoción interna y las 2.863 plazas restantes destinadas para estabilizar interinos.

Según CSIF, el acuerdo contempla una oferta de empleo público de la Administración General del Estado para este año de 17.534 plazas, de las cuales 8.371 serán de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y 5.977 plazas de promoción interna, según datos aportados por dicho sindicato. En las plazas de nuevo ingreso se incluyen más de 400 derivadas de un 5% adicional de nuevo ingreso -contemplado ya en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo-. A esto se suma la oferta extraordinaria de empleo público de 323 plazas para migración.

La diferencia respecto a las cifras de CSIF es que CCOO y UGT incluyen en las 10.000 plazas de nuevos ingreso unas 1.800 plazas que estaban previstas para este año pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de distintas administraciones. De hecho, el Ministerio de Función Pública terminará de perfilar las cifras definitivas hasta el viernes, cuando aprobará los decretos con las ofertas de empleo público, una vez que analice las necesidades en las distintas administraciones.

La ministra y los portavoces sindicales han celebrado también que se ha acordado la ejecución del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales en marzo de 2018, con lo que se aprueba la normativa para suprimir la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012, cuando los empleados públicos se encontraban en situación de incapacidad temporal. Dicha reducción suponía un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive.

Pedro Sánchez sigue adelante con el acercamiento de presos de ETA y el diálogo con Catalunya pese a los ataques de PP y Cs

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ETA y Catalunya. La estrategia de oposición de la derecha española con el recién estrenado Gobierno socialista es casi idéntica al machaque al que sometió el PP a José Luis Rodríguez Zapatero con esos dos mismos asuntos. Ahora hay un actor nuevo, Ciudadanos, y escenarios diferentes en Catalunya, donde hubo hace unos meses una fallida declaración de independencia, y en Euskadi, donde ETA se ha disuelto. El “talante” que enarbolaba entonces Zapatero lo ha sustituido el nuevo Ejecutivo por “distensión”. Pedro Sánchez sigue adelante con su plan, a pesar de los ataques.

El presidente se ha sometido a dos sesiones de control desde que llegó a Moncloa y las preguntas del portavoz del PP, Rafael Hernando, han ido en la misma dirección: conocer los pactos detrás de la moción de censura con las que les arrebató el poder. Alentar la connivencia del nuevo Ejecutivo con los nacionalistas se ha convertido en el eje central de las intervenciones del ahora principal partido de la oposición.

En el primer cara a cara, Hernando llegó a reprochar a Sánchez el levantamiento de la supervisión de las cuentas de la Generalitat, que estaba ya prevista con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Si hay que decir que Catalunya es una nación, se dice; si hay que tragarse los insultos a los españoles por parte de Torra, se tragan; si hay que trasladar presos y humillar a las víctimas de ETA, pues se hace; si tiene que aceptar de nuevo las embajadas hispanófobas en Europa, pues se aceptan”, le ha dicho Hernando, que ha centrado sus ataques por la intención del Gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles de Euskadi. Hernando ha acusado la presidente de “estar dispuesto a pagar a los terroristas”. El PP acercó a etarras a prisiones próximas a Euskadi cuando estaba el poder.

Pero Sánchez ha insistido en que el nuevo tiempo que se abre tras la disolución de ETA conlleva el estudio de una nueva política penitenciaria y, aunque ha asegurado que esta será “empática” con las víctimas, no está en su agenda prioritaria reunirse con ellas. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que minutos más tarde de que Hernando y otros diputados del PP airearan el apoyo de los “amigos de ETA” al gobierno socialista, confirmaba que el acercamiento se llevará a cabo y daba detalles: primero se moverá a enfermos terminales y presos mayores de 70 años. El grado de cumplimiento de las penas así como el repudio al terrorismo serán cuestiones tenidas en cuenta en esa nueva política individualizada y que aún no tiene plazos.

Ciudadanos, que también ha reprochado el uso de la política penitenciaria como “moneda de cambio”,  ha cargado contra Sánchez por otros gestos al nacionalismo: “Anunció que querían plantear por primera vez en democracia la ruptura de la caja de la Seguridad Social”, le ha dicho Albert Rivera –cuya pregunta iba a ser sobre una posible subida de impuestos– sobre la intención del Gobierno de analizar con la lehendakaritza la transferencia de algunas competencias. No obstante, en Moncloa ven “muy complicado” entrar en una de las reclamaciones de Iñigo Urkullu: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

“Cuando se renueve la vieja derecha, ¿dónde va a quedar usted? –le ha contestado Sánchez–. Está mimentizándose con el PP. Miente como mienten ellos”. “Señor Rivera, voy a cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Guernica. Lea el Estatuto de Guernica y sabrá qué competencias se pueden transferir y cuáles no”, le ha contestado. Los gobiernos central y vasco crearán un grupo de trabajo para analizar esas transferencias.

Respecto a Catalunya, PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de “pagar un precio” por llegar a Moncloa apoyado por los independentistas. “Cuando hable con Torra, que tenga muy claro que está hablando, dialogando y pactando con el separatismo, no con Catalunya”, ha advertido Inés Arrimadas al presidente del Gobierno.

Sánchez dejó claro que solucionar el conflicto territorial era una de sus prioridades desde el Ejecutivo y ha apelado al diálogo y la distensión desde el principio. De hecho, anunció su intención de reunirse con el presidente catalán. No obstante, para evitar conflictos, Moncloa decidió que la ronda de reuniones con los líderes autonómicos fueran en “estricto” orden de aprobación de los estatutos. Eso situó a Urkullu y Torra a la cabeza. Los siguientes serán Alberto Núñez Feijóo y Susana Díaz.

El Gobierno ofrece a la Generalitat reunirse en la comisión bilateral, estudiar 45 reivindicaciones que Carles Puigdemont hizo a Rajoy (queda fuera la posibilidad de celebrar un referéndum), retirar algunos recursos interpuestos por el anterior gobierno  contra leyes del Parlament y está dispuesto a restaurar los elementos del Estatut declarados inconstitucionales. Sin embargo, en Moncloa ha crecido el escepticismo ante la tardanza por parte del Govern de hacerles llegar las propuestas así como por que la única que ha trascendido es que Torra pondrá sobre la mesa el referéndum pactado. Esa es la línea que Sánchez no está dispuesto a traspasar.

Además, ERC está amagando con desmarcarse del Gobierno, que tiene una exigua mayoría en el Congreso, e incluso amenaza con no apoyar el decreto para la renovación de RTVE por la posición del PSOE en la votación de una moción que reclamaba diálogo “sin condiciones ni renuncias”. Los socialistas plantearon una enmienda que hablaba de “diálogo abierto” con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en busca de soluciones “acordadas y democráticas”. Para ERC no era aceptable esa redacción.

A ERC también le molestaron las palabras del presidente desde Berlín en las que aseguraba que había que “pasar página del 1-O”. Joan Tardà ha avisado a Sánchez de que la relación estaba “deteriorada”. El presidente ha intentando limar asperezas y ha explicado que se refería a la necesidad de abandonar la vía unilateral.

A pesar de los ataques de la derecha y de las advertencias de los independentistas, Sánchez ha mantenido su emplazamiento a un diálogo entre las partes, aunque ha admitido que el problema no se resolverá en esta legislatura: “Las cosas han cambiado. No tienen enfrente a un Gobierno que va a usar el agravio para tener votos”, ha señalado Sánchez, que se ha mostrado esperanzado en abrir un “diálogo abierto y sincero” que pueda restañar “heridas”.