El calvario por el que está pasando el teniente Segura es una vergüenza para un país

Fuente: http://www.nuevatribuna.es/opinion/candido-marquesan-millan/luis-gonzalo-segura/20171111094100145172.html

Los acontecimientos actuales de Cataluña eclipsan cualquier otro tema político. Al respecto Naomi Klein acaba de señalar que la actuación de Rajoy en Cataluña es una estrategia de shock deliberada, como la de Trump: lo prohíben todo para agravar el ambiente de crisis y así evitar que se fijen en sus recortes sanitarios o en las reformas fiscales; lo de facilitar los cambios de sede de empresas catalanes forma parte de la guerra económica, es una trampa antigua… No obstante, me referiré a un tema muy grave, que está dinamitando nuestra democracia: la corrupción. Seguro que alguno alegará “Bah, otra vez con la misma tabarra”, “vaya rollo”, ¡qué hastío! Y están justificados tales juicios. Pero mientras no desaparezca, no queda otra opción que hablar de ella.  Me agradaría  mucho más hablar de los sueldos dignos, la desaparición de la precariedad, del desarrollo del Estado de Bienestar, de una corrección del cambio climático…

Poco ha en el artículo Corrupción incorregible,  señalaba que  los principales campos de la corrupción han sido y son: contrataciones de obra pública, el urbanismo, y las privatizaciones de empresas y servicios públicos. Igualmente que la culpabilidad de la corrupción recaía en las empresas, los políticos, y algunos funcionarios por la excesiva politización de la administración pública. Para Víctor Lapuente, esta politización de las Administraciones Públicas extiende en los funcionarios el conocimiento de las reglas de juego: «Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se apercibirá que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto». Y es más, esta politización llega también a las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas, etc.).En cuanto a posibles  soluciones una es clave: la protección del  funcionario denunciante –whistleblower-, sobre la que existe una regulación en casi todos los países avanzados- porque son los funcionarios los que median en el día a día de las contratas, de las actividades del Estado.

En la sesión de la Comisión Constitucional del 27 de septiembre actual entre las comparecencias en relación con la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, me impactó la del teniente(delator) LuisSegura de Oro-Pulido, miembro de la Plataforma X la Honestidad, de la que forman parte también Roberto Macías,  que denunció las presuntas facturas falsas de UGT de Andalucía: la exfuncionaria Ana Garrido,  que destapó el caso Gürtel en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte; y Azahara Peralta ingeniera agrónoma, que fue directora de obra del proyecto de Acuamed y que se negó a firmar unos sobrecostes reclamados por FCC. La incorporación más reciente ha sido la de Maite Morao, la exjefa de Planificación del Ayuntamiento de Sabadell, que ha quedado exonerada tras el archivo de la causa que falsamente se había redireccionado contra su persona, tras denunciar ésta a sus superiores por la concesión de Can Balsach.

El teniente Segura hizo una descripción dramática del auténtico infierno -algunos detalles escabrosos los omitiré-, por el que ha tenido que pasar por haber denunciado la corrupción en el ejército. Dificultades extensibles a sus compañeros. Señala que los denunciantes suelen ser personas de mediana edad, con cierta madurez y sin cargas familiares, ya que es muy complejo el denunciar para una persona joven, con dos hijos, una hipoteca. Todos, sigue diciéndonos,  hemos seguido un mismo patrón. Lo primero: todos perdemos nuestro puesto de trabajo. A continuación sufrimos procesos judiciales, pasamos de ser los que denunciamos a ser los denunciados, y además en la plataforma ninguno hemos sufrido una denuncia por denuncia falsa. Es decir, nadie jamás ha conseguido demostrar que lo que denunciamos es falso.

El siguiente paso es calumniarnos en los medios de comunicación afines. En mi caso, y cualquiera puede entrar y verlo en Google, Luis Gonzalo Segura, y comprobarán que la primera publicación que encontrarán es que he sido investigado por acoso sexual. Falso, y yo lo denuncié en el año 2014. Estamos en 2017 y afortunadamente he conseguido que impongan una fianza de 250 000 euros al medio, y que se les impute un delito, tanto al periodista como al medio de comunicación, pero han pasado tres años. No obstante, el juicio no será hasta 2018. Mientras tanto quien googlea Luis Gonzalo Segura se encuentra con que yo he sido investigado por acoso sexual.

Además todos somos denunciantes que hemos denunciado elementos de corrupción que no nos afectaban directamente. En el caso de Zaida Cantera  era algo que le afectó directamente. En cambio, nosotros hemos denunciado situaciones que no nos afectaban. Me afecta como ciudadano que me hagan jefe de un sistema de telecomunicaciones por el que pagamos más de un millón de euros si no existe, claro, pero no me afecta directamente. Es decir, yo podría haber seguido en mi trabajo sin ningún problema. Por suerte en mi caso creo que todo este proceso no ha conseguido trastornarme mentalmente, por lo menos más de lo que ya estaba, y entonces no necesito ayuda psicológica, pero muchas personas sí la necesitan.

Más allá de las enmiendas que hemos presentado, necesitamos una ley integral que nos proteja, porque lo más tremendo de nuestros casos es que encima estamos siendo utilizados para amedrentar al resto de los denunciantes. Hay militares que están pendientes de lo que me pase a mí para denunciar  o no. Por tanto, nosotros tenemos dos opciones: o nos callamos y no decimos lo que estamos pasando, o si relatamos el infierno que estamos pasando amedrentamos a todos los demás, a todos aquellos que están pensando en denunciar. En este país si tú eres corrupto terminas en un consejo de administración sin mucho problema; si eres denunciante de corrupción nadie te quiere contratar. Es decir, pasas de ser teniente del ejército y poder llevar la seguridad de un cuartel o poder llevar las telecomunicaciones, incluso de todas las Fuerzas Armadas, a que no vales para estar en una garita.

Termina, señalando  “Somos la materialización del fallo de un sistema”.  Yo no tendría por qué pasar hambre, pasar penuria y lo que es peor, nuestros hijos no tendrían por qué heredar nuestro estigma. Esto no puede pasar en este país. Son ustedes, Sres. diputados, los que pueden cambiar esto, los que nos pueden equiparar al resto de Europa, porque el dato está ahí: somos uno de los cuatro únicos países de la OCDE que no tienen una ley de protección al denunciante. Acabo con una pregunta: ¿Por qué  en 40 años de democracia no la tenemos todavía?

Además de la intervención son muy interesantes las respuestas de los representantes de los distintos grupos políticos, como las réplicas del teniente Segura. De las primeras destacaría por su contundencia y gravedad  la del  diputado Monereo por  el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. “Este es el testimonio de una víctima por el ejercicio de un derecho democrático. Creo que eso tiene una enorme importancia. Que venga una plataforma en la que se mezclan muchos casos nos puede hacer desviarnos de un problema real, que es el problema de una institución como la militar, un microcosmos, un subsistema con vocación de sistema que aparece como cuerpo separado y que acaba teniendo leyes propias, más allá de las leyes que son comunes para todos. Yo he tenido cierta prudencia, porque me interesa el tema militar un poquito, en discutir la palabra valor y cómo ha ido transformándose, pero todavía no hemos conseguido unas Fuerzas Armadas que hagan del valor una virtud cívica, cuyo punto más alto de ciudadanía sea la defensa, con las armas, del país. Aquello que Maquiavelo nos recordó y que Maurizio Viroli, en un libro memorable, Por amor a la patria, reivindica. Frente a lo que ha sido la norma general de la cultura militar, que yo llamaría prusiano-monárquica, a una cultura democrático-republicana, que todavía se resiste justamente convirtiendo en víctima a una persona que ha ejercido con valor, con valor, una virtud cívica en el interior de las Fuerzas Armadas. Creo que eso hay que tenerlo presente para que no haya cuerpos separados que al final, como en aquella película Algunos hombres buenos, tengan un código rojo que no se compadece sino que se enfrenta al código real de la sociedad. Si alguna vez queremos acabar con la corrupción, la democracia tendrá que entrar en la empresa, en la institución económica. Pero si alguna vez queremos acabar con ella, la democracia tiene que entrar también en el Ejército, en las Fuerzas Armadas haciendo de la virtud republicana y democrática un elemento esencial”.

El teniente Segura en las respuestas a los diferentes grupos, añadió enjundiosos nuevos datos a su exposición.  “En las legislaciones que hemos estudiado de otros países, una de las mejores es la de Bosnia, en la que cuando alguien quiere expulsar de un puesto de trabajo a un denunciante de corrupción tiene que emprender un procedimiento judicial, es decir, se tiene que ir a un juez y demostrarle jurídicamente que va a despedir a esa persona por una cuestión completamente ajena a las denuncias que ha realizado, pero a mí me expulsan no por incompetente sino porque denuncio por corrupción a mis jefes.” Cita un caso de denuncia reciente.  “Esta semana ha salido una denuncia del Patronato de Huérfanos del Ejército de Tierra, que maneja unos 35 o 36 millones de euros. El que gestiona el Patronato de Huérfanos fue la última persona o el último mando que me sancionó a mí. Pueden ustedes leer lo que ha pasado en el Patronato de Huérfanos esta semana, es tremendo. Resulta que ahora el ejército ha perdido 1,5 millones de euros en el Banco Madrid, porque tenían congelados 2 millones y pico. Ha perdido 1,8 millones de euros porque estaban en un Depósito Cristiano Ronaldo, y eso es lo más suave que se puede decir.”

En la respuesta a  Unidos Podemos señala que en aquellos países en los que existe la jurisdicción militar, porque no existe en todos, se utiliza única y exclusivamente en periodos de guerra, en embarcaciones o en situaciones similares. Que se utilice una jurisdicción militar en tiempos de paz y en territorio nacional es un auténtico anacronismo que debería desaparecer.

Por último, al Partido Popular y a Ciudadanos les responde a los dos a la vez de una manera contundente y sin contemplaciones. “Como he dicho, en el ejército hay más de cien oficiales y suboficiales condenados por diferentes delitos —robo, malversación, agresión sexual, acoso sexual—, y el paradigma es el del capitán condenado por veintiocho agresiones sexuales. Esos señores siguen siendo militares, yo no. Por tanto, más allá de cualquier otra cuestión, les invito a que hablen con la Plataforma X la Honestidad, con nosotros, porque hay casos que siguen vivos. Por ejemplo, mi caso sigue vivo. El día 3 de octubre el Tribunal Supremo tiene que decidir. El año que viene tendrá que volver a decidir si regreso a las Fuerzas Armadas, y resulta que uno de los mayores problemas que tenemos, yo y el resto de los denunciantes, es el abogado del Estado y la fiscalía, que permanentemente nos están machacando. Esos señores, hasta donde llego, creo  que tienen alguna relación con ustedes, y ustedes son los que gobiernanBueno, Ciudadanos sostiene al Gobierno. Sería de una gran ayuda que el abogado del Estado y la fiscalía no siguieran machacando a los denunciantes de corrupción cada vez que vamos a un procedimiento. Como les digo, el 3 de octubre resuelve el Supremo, o sea que todavía tienen tiempo, si quieren, de revisar este caso y cambiar su posición. Y el año que viene habrá otra falta grave, que tendrá que resolver de nuevo la fiscalía, que está subordinada, y el abogado del Estado. Como digo, si nos dejan de machacar a los denunciantes de corrupción y empiezan a perseguir a esos oficiales delincuentes que hay dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente al que agredió sexualmente a veintiocho reclutas, muchos lo agradeceríamos.”

Creo que lo expuesto es de una claridad meridiana y de una gravedad extraordinaria, además de una prueba incuestionable de las grandes carencias de nuestra democracia. No sólo por la plaga de la corrupción, sino también porque en determinadas instituciones, que se presentan como las representantes más genuinas del patriotismo, la democracia es todavía una asignatura pendiente. E igualmente el nulo interés por parte de los diferentes gobiernos de corregir estas deficiencias expuestas. Determinadas instituciones son intocables: Iglesia, Ejército, Monarquía… El auténtico calvario por el que está pasando el teniente Segura es una vergüenza para un país, que alardea de prácticas democráticas.

Anuncios

La Opinión de Oscar Iglesias “Rajoy dimision”

01 OCTUBRE 2017, 10:30
Yo, como ciudadano de España, que ama profundamente su país y le duele profundamente lo que está pasando en una parte de su territorio que es Cataluña, además de su incapacidad manifiesta de solucionar el conflicto de Cataluña, que dicho sea de paso es la gota que ha colmado el vaso, soportamos pacientemente su nefasta acción de gobierno, ruego al Sr. Presidente Don Mariano Rajoy Brey, presente de manera irrevocable su dimisión como Presidente del Gobierno de España y se proceda a la disolución del Parlamento y de manera inmediata convoque Elecciones Generales, como hará caso omiso a mi petición, pido al Sr.D.Pedro Sánchez Pérez Castejón y al Sr D.Pablo Iglesias Turrión convoquen una moción de censura contra el Presidente de Gobierno, de manera inmediata,y pido a los grupos de la oposición apoyen la moción, esto va también por el Sr.D.Albert Rivera Díaz.

Como ciudadano español pido que este país avance y no retroceda, sea un país próspero, culto, diverso y pacifico, y veo que el Sr.Rajoy el país se le ha ido de las manos.

Le saluda atentamente.

Óscar Iglesias Casado.

La oferta pública de empleo que negocian Gobierno y sindicatos convertirá en fijas miles de plazas interinas

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-sindicatos-publico-historica-plazas_0_625387456.html

El Gobierno ultima con los sindicatos un plan para atajar la interinidad y la temporalidad en las administraciones públicas. Ambas partes se han sentado a la mesa de negociación en varias ocasiones para intentar acercar posturas sobre empleo y salarios públicos. Aunque será la semana que viene cuando se concreten los detalles, te contamos cuáles son las líneas generales del plan: una oferta pública de empleo que convocarán las comunidades autónomas. Además, el Gobierno aprobará por decreto las oposiciones en el sector de la educación el 31 de marzo para que dé tiempo a convocarlas este año puesto que los plazos son ya muy ajustados. Aunque la oferta de empleo irá incluida en los Presupuestos, el decreto permitirá que las comunidades convoquen ya esas plazas en la educación sin esperar a su aprobación.

¿Qué se va a hacer con los interinos de las administraciones?

El Gobierno aprobará una oferta de empleo público extraordinaria para reducir la temporalidad en las administraciones públicas del 20% actual al 8% en tres años. Esta oferta de empleo implicará sacar a concurso las plazas de los interinos y de los que ahora ocupan un puesto temporal. Las personas que hasta ahora han ocupado esas plazas podrán presentarse al proceso, pero no tendrán garantizada la plaza. Es decir, la oferta de empleo hace fija las plazas, pero no directamente a las personas que las ocupan, que tendrán que pasar por el concurso u oposición.

La estimación es que este proceso extraordinario afecte a entre 250.000 y 300.000 plazas. Los sectores a los que afectará son, fundamentalmente, educación, sanidad y justicia. Entre estas tres áreas suman unos 243.000 interinos y temporales, según datos del Gobierno. La oferta también se convocará en servicios sociales, policía local, gestión de recaudación, e inspecciones y sanciones.

¿Quién convocará la oferta de empleo?

Serán las comunidades autónomas las que convoquen la oferta de empleo pública porque es de ellas de quien dependen la mayoría de interinos, en sectores como la sanidad o la educación. Por decirlo de alguna manera, el Estado permitirá que las comunidades convoquen estas plazas, pero serán ellas quienes finalmente decidan cuántas sacan a concurso, cómo sera el proceso de selección y en qué plazos.

¿Cómo hará el Gobierno para aprobar esta medida?

Esta oferta pública de empleo estará incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que dará autorización a las comunidades a convocar estas plazas en los próximos tres años. No obstante, en sectores como la educación los plazos son ya muy ajustados para convocar a tiempo las plazas de este año. Es por eso que el Gobierno buscaba alguna fórmula legal para, mientras se tramitan los Presupuestos, aprobar con urgencia la oferta pública en la educación. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez De Vigo, ha anunciado este jueves que las oposiciones en la enseñanza se aprobarán mediante decreto el 31 de marzo, el mismo día que se presentan los Presupuestos Generales. Sin embargo, algunas comunidades, como Asturias, aseguran que ya no hay plazo suficiente para convocar las oposiciones educativas este año.

¿Los interinos que terminen su contrato serán indemnizados?

Las últimas sentencias europeas reconocieron que los interinos tienen derecho a una indemnización cuando termina su contrato. Esta oferta pública de empleo hará que estos interinos terminen su relación laboral. Incluso los que consigan aprobar su plaza pasarán a tener un contrato diferente. El Gobierno, sin embargo, no se pronunciará a este respecto. Todo indica que quien quiera reclamar su indemnización tendrá que ir a los tribunales. La sentencia europea, además, hacía referencia a una interina que ocupaba una plaza laboral. Por contra, la mayoría de las plazas interinas que saldrán a concurso son de funcionarios, por lo que la aplicación de la sentencia es más dudosa y se debe solucionar por la vía contenciosa. administrativa.

¿Qué pasa con la tasa de reposición?

Por otro lado, el Gobierno mantendrá la tasa de reposición del 100% para los colectivos que ya la tenían, como la sanidad, y añade otros sectores, como los de atención directa a la ciudadanía, emergencias o transporte público. En todos ellos se cubrirá el 100% de las plazas de las personas que se jubilen. El resto de colectivos tendrán una tasa de reposición del 50%. Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida, porque consideran que limitar la tasa de reposición implica crear nuevas bolsas de interinidad y temporalidad.

¿Subirá el sueldo de los empleados públicos?

El Gobierno plantea una subida del 1%, igual que la que se produjo el último ejercicio. Se trata de un planteamiento inaceptable para los sindicatos porque esa cifra implicará seguir acumulando pérdida de poder adquisitivo. En 2016, por ejemplo, la inflación terminó en el 3% y este año se prevé que acabe por encima del 1%. Las centrales no ven posibilidad de acuerdo en este sentido.

Cassandra no irá a prisión por los chistes sobre el atentado de Carrero Blanco

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/cassandra-no-ira-prision-chistes.html

Tras casi tres horas de juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha rebajado la petición de prisión contra Cassandra, acusada de un delito de enaltecimiento al terrorismo por los chistes sobre el general Carrero Blanco, de dos años y seis meses a un año. Por tanto, la joven estudiante, que no tiene antecedentes penales, no entrará en prisión aún en el caso de ser condenada por realizar chistes sobre el expresidente del Gobierno franquista.

La Fiscalía también ha reducido a siete los años que solicita de inhabilitación absoluta para Cassandra.

El portavoz del despacho BGD Abogados ha declarado a Público que el juicio ha tenido una respuesta sorprendentemente buena por parte de la Audiencia. “Nos esperábamos más dureza y Cassandra ha podido responder tranquila en todo momento a pesar de los nervios que impone esta sala”.

La Fiscalía, a Cassandra: “¿Podría explicar a la sala qué intención tenía usted al publicar Spiderman Vs Carrero Blanco?”

La defensa de Cassandra se ha centrado en la defensa de la libertad de expresión y la aplicación del error de prohibición, en el que ha alegado que no se puede sancionar una conducta por estar considerada como ilícita y tener un agravamiento penal por el contenido expresado en los mensajes sobre esta víctima de ETA.

Además se ha tratado el ámbito de aplicación del artículo 578 de humillación de víctimas al terrorismo, asegurando que “la acusada no perseguía en ningún caso manifestaciones de burla sobre la figura de Carrero Blanco”.

Una hora de interrogatorio. ¿Cómo conociste la figura de Carrero Blanco?

Cassandra ha sido interrogada al menos durante una hora en el juicio sobre la figura de Carrero Blanco. Entre las preguntas más destacadas, el juez ha preguntado a Cassandra sobre cuándo fue la primera vez que oyó hablar sobre la figura del almirante franquista. Cassandra ha explicado a la sala: “Cuando tenía siete años mi abuela cordobesa hizo un comentario jocoso sobre la figura de Carrero Blanco”. Así conoció la joven murciana de 21 años la figura de Carrero, asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

Otra de las preguntas para la joven ha sido la descripción exhaustiva de cada uno de los tweets publicados entre 2013 y 2014 en su cuenta de Twitter. “¿Podría explicar a la sala qué intención tenía usted al publicar Spiderman Vs Carrero Blanco?” (uno de los más graves para la Fiscalía por enaltecer supuestamente el terrorismo). Ante esto, Cassandra ha respondido que “Spiderman era mi personaje favorito y lo comparé con Carrero Blanco porque nunca logró enfrentarse a él”. Además, la acusada ante la explicación de este absurdo ha insistido a la sala que “tenía solo 18 años y no era consciente de todos los seguidores que estaban siguiendo mis bromas por las redes sociales”, aclara.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)) 

Las leyes anti-Rajoy se estancan en la maraña de los trámites parlamentarios

Fuente: http://www.publico.es/politica/congreso-ralenti-leyes-anti-rajoy.html

 

¿Qué pasa con la LOMCE, la ley “mordaza”, la reforma laboral, la modificación de la ley del Tribunal Constitucional, las tasas judiciales, el recorte a la universalización de la asistencia sanitaria, el tijeretazo a la revalorización de las pensiones, la “modificación” del Estatuto de la RTVE para poder manipularla, la dotación económica de la ley de la Memoria Histórica, la limitación de las instrucciones judiciales y un largo etcétera?

Estas son algunas de las modificaciones legislativas que llevaron a cabo Mariano Rajoy y su Gobierno gracias a su mayoría absoluta parlamentaria entre finales de 2011 las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Unas reformas “estructurales”, justificadas por la “herencia recibida” y la crisis económica, que conformaron la mayor “contrarreforma” realizada por un Gobierno desde 1977 y que estuvo acompañada de una gran carga ideológica ultraconservadora.

Pero, al margen de la legislatura frustrada del primer semestre del pasado año, Rajoy está en el Gobierno con apenas el respaldo expreso de los 134 escaños de su grupo parlamentario más otros tres de sus coaligados; apenas 137 frente a 213 de la oposición. Durante el mandato hegemónico buena parte de la oposición, minoritaria en aquel momento, se juramentó para derogar esas iniciativas cuando lo permitiera la aritmética. En consecuencia, ¿qué está pasando con aquellas promesas?

Hasta ahora el Gobierno ha tenido una existencia realmente tranquila en términos parlamentarios. Consciente de su debilidad, y de la incapacidad de Rajoy de buscar apoyos, apenas ha presentado un par de proyectos de ley, aparte de una serie de decretos-ley para su convalidación. El resto ha sido un deambular por debates sobre proposiciones no de ley, las famosas PNL, y mociones en los que ha salido derrotado en no pocas votaciones, algunas significativas; pero a la postre sin mayor trascendencia ya que tan solo “instan” al Gobierno acometer una determinada acción, pero sin fuerza legal.

La primera derrota parlamentaria de trascendencia que ha sufrido el Gobierno ha sido esta semana con la derogación del decreto-ley para liberalizar el sector de la estiba en los puertos españoles. Además, ha sido una experiencia que no había vivido ningún Gobierno desde 1977 (hubo un par de “errores” que se subsanaron inmediatamente).

Las contrarreformas parecen estar estancadas

Pero pese a la debilidad de Rajoy y su Gobierno en el hemiciclo del Congreso de los Diputados las iniciativas para derogar las contrarreformas de la anterior legislatura parecen estar estancadas, cuando no en proceso de maceración. Aunque es un proceso que ya ha comenzado a echado a andar.

La iniciativa más avanzada es la relativa a la paralización del calendario de la LOMCE, una de las leyes “malditas” del anterior Gobierno de Rajoy. La proposición de ley, del grupo socialista, se encuentra en la comisión de Educación en plazo para la presentación de enmiendas.

Se trata de una reforma parcial y urgente, que no supone la derogación total de la “ley Wert”, pero sobre l que hay consenso en la oposición para aprobarla. Una nueva ley educativa está a examen en una subcomisión parlamentaria para llegar a un “pacto de Estado” sobre la cuestión.

Otra iniciativa en materia laboral para reformar el estatuto de los Trabajadores con el fin de equiparar a los empleados de las subcontratas con los de las empresas para las que trabajan también está en fase de enmiendas en la comisión de Empleo. Ambas fueron vetadas por el Gobierno, pero la Mesa de la Cámara baja decidió no hacer caso y se están tramitando.

Sobre la reforma laboral de Rajoy no hay presentada ninguna iniciativa para derogarla. PSOE y Podemos, entre otros grupos, son conscientes de la complejidad que representa elaborar un texto que sea aceptado por todos, aparte de que sirva para echar bajo los duros recortes de derechos impuestos en 2012. Sin embargo, si hay textos para combatir otras polémicas leyes de Rajoy, principalmente del PSOE, de Podemos y ERC.

Para empezar, este martes el pleno debate la proposición de ley socialista para derogar la “ley mordaza” de Fernández Díaz. Podemos la apoyará, aunque en su debate presentará enmiendas ya que en principio se propone volver a la legislación anterior, es decir la “ley Corcuera” de 1992. Hay presentada otra iniciativa, pero parcial, contra la misma ley, del PNVC, que no tiene fecha para su debate de toma en consideración por el pleno.

El mismo grupo socialista, según han confirmado a Público, llevará al pleno a la semana siguiente, es decir el día 28, su proposición de ley para eliminar la reforma que introdujo Rajoy para nombrar al presidente de RTVE, eliminando las garantías que hicieron posible una desconocida independencia del ente público en la segunda legislatura de Zapatero.

“El presidente de RTVE tiene los días contados”

“José Antonio Sánchez, actual presidente de RTVE designado por Rajoy, tiene los días contados. Antes de julio habrá una nueva ley en el BOE”, aseguran fuentes socialistas que dicen contar con apoyos necesarios para que en la nueva temporada haya una estructura independiente para gestionar la televisión y la radio públicas.

A día de hoy los grupos parlamentarios de la izquierda han hecho ya una parte del trabajo para derogar la legislación de Rajoy. Así, por ejemplo, el grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem-En Marea tiene presentada una proposición de ley para eliminar la reforma del Tribunal Constitucional que permitió la imposición de sus resoluciones. Está “a la cola” para ser tomada en consideración. Este mismo grupo defiende otra iniciativa legal para regular el aumento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se encuentra en fase de enmiendas en la comisión de Empleo.

El grupo independentista catalán de ERC y el PSOE tienen presentadas sendas proposiciones de ley – la primera en fase de enmiendas y la segunda a la espera de toma en consideración – para “devolver” la capacidad de la justicia española para intervenir en asuntos considerados de “justicia universal” que eliminó Rajoy con si reforma de la ley del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre la administración de justicia existe otra iniciativa legislativa, del grupo socialista, que busca eliminar la contrarreforma de Rajoy consistente en acortar y limitar el procedimiento de instrucción de las causas judiciales, con el consiguiente perjuicio a las partes implicadas. También se encuentra en fase de espera a la toma en consideración por el pleno de la cámara.

El ejecutivo tiene vetadas siete proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios

Por su parte, el Gobierno también interviene, negativamente, paralizar el proceso de reconversión legislativa que pretende la oposición, que tiene una amplia mayoría en la Cámara baja. El Ejecutivo, con una interpretación más que discutible – tal como se recoge en un informe elaborado por los letrados de la institución parlamentaria – de la Constitución, tiene vetados de momento siete proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.

De ellos, tres se refieren a iniciativas que quieren eliminar otras tantas contrarreformas hechas por el anterior Gobierno también presidido por Rajoy: cambiar los criterios para la revalorización de las pensiones – es una iniciativa firmada por todos los grupos parlamentarios de la oposición, sin excepción -; volver al criterio de la universalización de la asistencia sanitaria – del PSOE – y eliminar las tasas judiciales impuestas por el ex ministro Ruiz-Gallardón, también del grupo socialista.

La mayor dificultad para que estas iniciativas lleguen a buen puerto, es decir al BOE, según reconocen fuentes parlamentarias, estriba en los recelos de unos grupos respecto a las iniciativas de los otros. “Hay coincidencia en que hay que cambiar la legislación de Rajoy, pero en el método, menos en el fondo, hay discrepancias. Es posible que con el paso del tiempo se eliminen; o no”, explica un veterano diputado de la oposición.

El Gobierno sufre una derrota histórica por el decreto de la estiba

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Congreso-recuerda-Gobierno-derrotado-absoluta_0_622937841.html

El Gobierno del PP ha sufrido este jueves una derrota histórica, de la que no hay precedentes desde 1979. El Congreso ha rechazado por 142 votos a favor (PP, PNV, UPN y Foro), 175 en contra (PSOE, UP, ERC, PdeCAT, Compromís, Bildu, CC y NC) y 33 abstenciones (C’s) convalidar el real decreto para modificar el régimen de los trabajadores de la estiba. El Ejecutivo ha advertido de que la segunda multa de Bruselas, que obliga a cambiar las condiciones del sector, está “a punto de caer”.

El debate se inició a las 9:00 horas con la defensa de la gestión de esta crisis de un cabizbajo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ya sabía que el texto no saldría adelante, ni siquiera por la mínima o por sorpresas de última hora. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, acababa de anunciar en los pasillos que su partido se iba a abstener en la votación, en lugar de votar a favor como había anunciado un día antes. Su argumento era que no se había conseguido un acuerdo entre patronal y sindicatos y que el texto igualmente se iba a rechazar. Además estaban a punto de aterrizar las tres diputadas de Podemos, ERC y Compromís que se habían ido de viaje a Nueva York con la comisión de Igualdad, y con cuya ausencia contaba el PP para intentar cuadrar sus números.

http://widget.smartycenter.com/webservice/embed/9359/2112826/643/362/0/0/0/100/1/1

En un hemiciclo prácticamente vacío -en el banco azul sólo ha estado sentada, intermitentemente, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que también ha estado involucrada en la negociación- y con su antecesora en el cargo, ahora presidenta del Congreso, Ana Pastor, a la espalda, De la Serna aseguró que “el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer”. Quizás para evitar comparaciones históricas ha recalcado que “este no es un real decreto cualquiera” y que su rechazo “no es un varapalo al Gobierno” sino “al conjunto de los españoles que tendrán que pagar la multa”.

La ministra Fátima Báñez se sube a hablar con Teófila Martínez al gallinero para que no le hagan fotos con @idlserna …abandonan el barco

Reclamó “sentido de Estado” al resto de los grupos e insistió una y otra vez en la amenaza de una segunda sanción -de 134.000 euros al día, que se añade a los 23 millones ya estipulados- del Tribunal de Justicia de la UE.

Sobre su gestión de la crisis, defendió que el proceso lleva en marcha dos años con una activa participación del Gobierno. Pero los portavoces de la oposición le han criticado por haberse sentado en la mesa sólo a última hora para negociar un acuerdo “in extremis” y en una reunión técnica en la que ni siquiera estaban los representantes de los trabajadores capacitados para tomar una decisión.

El portavoz de PdeCat, Ferrán Bel, advirtió de que “cuando las reformas estructurales se hacen de forma unilateral y sin mayoría absoluta las cosas pasan como pasan”, y aseguró que la responsabilidad de esta situación “es del Gobierno. Ni los sindicatos, ni las empresas ni los grupos la podemos asumir”.

De la Serna agradeció su labor “incansable” a Báñez y al mediador entre estibadores y la patronal Anesco, el presidente del CES, Marcos Peña. “Empezó con una tarea difícil y se acabó tornando imposible. Y de eso nos encargamos todos”, admitió. También reconoció que perder una votación como esta “no es lo más agradable que le puede suceder a uno cuando acaba de iniciar una legislatura”.

El ministro reprochó al PSOE que anunciase en plenas negociaciones que iba a rechazar el decreto: “El mayor obstáculo fue que desde los primeros momentos se anunciara la posición negativa de algún grupo político. Si alguien está en una situación de monopolio (en referencia a los estibadores), y le comunican que puede seguir así, ¿para qué va a dar un paso adelante?”.

El portavoz del PSOE en el debate, César Ramos, contestó que habían hecho lo que dijeron desde el principio: “Que votaríamos en contra si no había acuerdo con los trabajadores”. Ha pedido a los estibadores presentes que en el proceso que comienza ahora no haya paros en los puertos (la Coordinadora de Trabajadores del Mar ya ha anunciado que si no salía el decreto adelante la huelga se desconvocaría). “Pongan un plazo razonable al acuerdo, pónganse a trabajar desde mañana y que no acabe la película diciendo quienes son los malos y los buenos”, recomendó.

Dimisión del ministro

Con especial dureza ha intervenido en el debate Félix Alonso, de Unidos Podemos-En Comú Podem. Ha empezado saludando a los representantes de los trabajadores que han seguido el debate en la tribuna de invitados -en ese momento se han levantado a aplaudir y a levantar el puño sus compañeros de grupo- y ha llegado a pedir la dimisión de De la Serna, al que ha acusado de tener “actitudes de tahúr”, o del secretario de Estado de Infraestructras, Julio Gómez-Pomar.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el debate de la estiba, Fèlix Alonso, y estibadores presentes en el Pleno del Congreso.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; el portavoz de Unidos Podemos-En Comú-En Marea en el debate de la estiba, Fèlix Alonso, y estibadores presentes en el Pleno del Congreso.

Calificó el decreto como “salvaje” y lamentó las “tretas de taberna y de última hora” del Gobierno -en referencia al retraso en la votación hasta que estuvieran de viaje las diputadas- y el “cambio de cromos” con grupos como el PNV -a los que han ofrecido apoyar en los presupuestos del País Vasco- para obtener unos apoyos que al final no han conseguido.

Para el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, el Gobierno “ha infravalorado al sector de la estiba”, que a su juicio es “un ejemplo a seguir” contra la precarización. “El sueldo de los estibadores no lo pagan los españoles, sino empresas internacionales que ganan muchísimo dinero, en función de la productividad”, abundó la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas.

“Si hubieran tenido un poco más cintura esto no hubiera ocurrido. La culpa es del PP y del Gobierno. Hoy no acaba la negociación, hoy empieza”, concluyó Joan Baldoví, de Compromís.

Bruselas: España no cumplirá el déficit ni en 2016 ni en 2017

Fuente: http://www.elmundo.es/economia/2017/02/13/58a17de8268e3ec0048b45fc.html

“La economía europea se ha demostrado resiliente a los muchos shocks que ha experimentado en los últimos año. El crecimiento sigue al ala y el paro y los déficits están descendiendo. Sin embargo, con la incertidumbre en niveles altísimos es más importante que nunca que usemos todas las herramientas a nuestra disposición para apoyar el crecimiento. Por encima de todo debemos asegurarnos de que los beneficios lleguen a todas las partes de la Eurozona y a todos los segmentos de la sociedad”, ha dicho Moscovici esta mañana, en una clara defensa de la postura de la Comisión a favor de un estímulo fiscal generalizado, una idea a la que Alemania se niega en redondo y que, habiendo elecciones, es del todo impensable en 2017.

Los expertos designados por el Gobierno se inclinan por indemnizar a los interinos con solo 12 días

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/expertos-propondra-duracion-contratos-interinos_0_609639300.html

El grupo de expertos nombrados por el Ministerio de Empleo para analizar las sentencias europeas sobre interinidad acaba de cerrar sus conclusiones. Los sabios han elaborado un documento que ultimaron a lo largo de este lunes en el que expresan sus coincidencias y también diferencias.

Entre las coincidencias está la necesidad de limitar la duración de los contratos de interinidad, que ahora pueden durar años, y su rechazo al contrato único como respuesta a las sentencias europeas sobre interinos.

Entre las diferencias, la indemnización que se debe dar a los trabajadores con este tipo de contrato. Según ha podido saber eldiario.es, los expertos han reflejado dos posiciones:  esperar a los siguientes pronunciamientos europeos para tomar una decisión, ya que creen que lo razonable sería pagar doce días de indemnización (la postura mayoritaria), y pagar una indemnización de veinte días por año (la posición minoritaria). Finalmente, esa postura mayoritaria aboga por esperar a los siguientes pronunciamientos de la justicia europea al respecto para tomar una decisión.

Por partes. Las sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaron en septiembre pusieron patas arriba el sistema de interinos del sector público español. Por un lado, cuestionaban el uso de este tipo de contratos para cubrir plazas estructurales. Por otro, constataban el derecho de los interinos a cobrar una indemnización cuando acabara su contrato (hasta ahora no tenían derecho a una) y defendían la equiparación de las indemnizaciones entre interinos e indefinidos.

Sus conclusiones iban más allá, puesto que el TJUE decía que no podía discriminarse a ningún tipo de trabajador temporal en su indemnización. Es decir, sugería que las indemnizaciones de indefinidos y todo tipo de temporales debían ser idénticas.

El Ministerio de Empleo puso en marcha un grupo de expertos para analizar las consecuencias de estos pronunciamientos y concluir cuáles deben ser los efectos legales. En este grupo hay seis expertos (cinco hombres y una mujer): dos de ellos nombrados a propuesta de la patronal y otros dos a propuesta de los sindicatos. Sus trabajos comenzaron en noviembre y aunque tenían un mes de plazo, su labor se alargó.

Según ha podido saber eldiario.es, el documento deja constancia de una posición compartida por todos: hay que limitar la duración de los contratos de interinidad. Actualmente, hay interinos que llevan años (décadas en muchos casos) encadenando este tipo de contratos. Cubren plazas que no han sido sacadas a concurso público. Los expertos se proponen cortar estas situaciones y mencionan varios artículos del Estatuto de los Trabajadores que habría que modificar. También muestran su rechazo al contrato único como solución a las sentencias europeas.

El pronunciamiento de los expertos solo tendrá efecto directo sobre los interinos que cubran plazas laborales, porque son los que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. Los interinos funcionarios o estatutarios (como los que trabajan en la sanidad) tienen como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público. El mandato del Ministerio de Empleo era, por tanto, limitado: los expertos solo debatían sobre lo que afecta a los interinos laborales.

Qué pasa con las indemnizaciones

La división en el grupo de expertos está en cuál debe ser la indemnización a pagar a los interinos que finalicen su contrato. Hasta ahora no tenían derecho a ella. Aunque la sentencia europea decía que no podían existir diferencias entre las que cobran los temporales y los indefinidos, los expertos están divididos.

El documento refleja dos posiciones. Una mayoritaria: la sentencia europea no es clara y hay que esperar  a que el Tribunal Supremo se pronuncie y también a que el TJUE vuelva a fallar dos cuestiones prejudiciales sobre el mismo asunto que tiene pendientes. Esa posición es partidaria de reconocerles una indemnización de doce días, que es la que ahora tienen los contratos temporales cuando finalizan sus contratos. Y una minoritaria, que la indemnización debe ser de veinte días (que es la que tanto temporales del sector privado como indefinidos tienen reconocida por despido objetivo) y que no hay que esperar más para evitar más inseguridad jurídica.

La posición mayoritaria está sostenida por los expertos nombrados por la patronal (y que de hecho pertenecen a sus directivas), mientras que la minoritaria es la que mantienen los expertos cercanos a los sindicatos. Esa posición mayoritaria es favorable a que la indemnización debería ser en todo caso de doce días.

Quienes defienden los doce días aseguran que no puede equipararse un despido objetivo (por causas económicas, organizativas, técnicas o de la producción) al final de un contrato de interinidad.

Quienes subrayan que debe ser de veinte días esgrimen que la sentencia europea deja claro que no pueden existir diferencias entre temporales e indefinidos, y que aprobar una indemnización menor supone que la diferencia entre unos y otros persistiría. Cualquier opción implica una reforma del Estatuto de los Trabajadores.

En este caso también el mandato de Empleo les limita: aunque la sentencia abría la puerta a la equiparación de indemnizaciones ente indefinidos y todo tipo de temporales, el documento no incluye una solución porque no se les ha encargado.

La estrategia de Galicia

Mientras tanto, las administraciones públicas se van cubriendo las espaldas, en previsión de una posible avalancha de indemnizaciones. Es el caso de la Xunta de Galicia. La comunidad presidida por Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que va a aprobar la transformación de miles de trabajadores laborales interinos en funcionarios interinos. Esto que a primera vista parece una excelente noticia para estos trabajadores es en realidad una “jugada maquiavélica”, según el abogado Fabián Valero, del despacho Zeres Abogados.

Valero advierte de que lo que va a hacer la Xunta es “cesar a miles de empleados temporales sin indemnización”. Esto es, transformando sus contratos de laborales interinos en funcionarios interinos (no fijos). La sentencia europea tiene aplicación directa sobre los laborales interinos, que tendrían derecho de indemnización, algo que no está claro en el caso de los funcionarios interinos. Después de pasar de un estatus a otro, en dos o tres meses, puede haber un concurso de traslados que supondría quedarse en la calle si un funcionario “fijo” pide su plaza, sin compensación alguna por los años trabajados anteriormente.

Tampoco está claro, según Valero, que tenga derecho a ser indemnizado el personal laboral que no acepte este “chantaje” y no quiera pasar a ser funcionario interino. “Es un vicio de consentimiento como la copa de un pino”, resume el abogado. A su juicio, lo que hace el gobierno de Galicia es “huir” de la aplicación de las sentencias europeas y “buscar argucias”.

En una entrevista en La Voz de Galicia, el director general de Función Pública, José María Barreiro, explicaba que la transformación de estos 8.000 laborales obedece a un “proceso de modernización” para “evitar la fragmentación de las condiciones de trabajo”.  

Qué es un interino

Es una persona que sustituye a otro trabajador con reserva de plaza: bajas por maternidad, paternidad, vacantes por liberación sindical o cargo público… La figura de los interinos es más conocida en las administraciones públicas, pero existe igualmente en el sector privado aunque se confunda con un temporal común. En ningún caso tenían derecho a indemnización al acabar su contrato.

En las administraciones públicas los interinos pueden cubrir una plaza de personal laboral (que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores) o de personal funcionario (que tienen como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público).

El Gobierno rechaza cualquier cambio en el sistema eléctrico pese a la escalada de la luz

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/2944320/0/gobierno-luz-alvaro-nadal/#xtor=AD-15&xts=467263

ÁNGEL CALLEJA 26.01.2017 – 17:13h@angelcallejaGoogle+ El Gobierno de Mariano Rajoy renuncia a bajar la parte fija del recibo de la luz o a modificar el sistema de fijación de precios en el mercado mayorista de la electricidad para combatir la escalada que llegó a disparar el coste de la energía un 80% (de 51,09 euros el megavatio hora a los 91,88 euros entre los días 1 y 25) en plena ola de frío. Imágenes 1 Foto El propio presidente lo adelantó en la mañana de este jueves durante una entrevista en Onda Cero, donde se encomendó a la meteorología para solucionar el problema: “Va a bajar la luz porque va a llover”. Menos prosaico fue su ministro de Energía, Álvaro Nadal, que confirmó y amplió la posición por la tarde, durante una comparecencia extraordinaria en el Congreso a petición de la oposición: ni abandono del sistema marginalista de precios, ni auditoría de costes a las eléctricas, ni fomento del autoconsumo si esto supone eximir a quienes produzcan su propia energía de los gastos del sistema -la deuda reconocida por el Estado con las eléctricas y las primas a las renovables, entre otros- que abonan el resto de los usuarios. La situación puede repetirse Nadal empleó más de tres horas en repetir los factores que han provocado que el mercado mayorista se dispare no solo en España, sino en toda Europa: aumento de la demanda, caída del suministro que llega desde Francia, escasa producción de las energías renovables  y encarecimiento del gas, el carbón y el petróleo. La auditoría del sistema figura en el pacto de investidura que firmaron PP y CiudadanosEl conocido como mix energético español -el conjunto de fuentes de suministro y tecnologías que inyectan energía en el sistema-, reconoció, no es “perfecto” y, aunque aseguró que los precios actuales son transitorios, admitió que la escalada puede repetirse en el futuro: “No es la primera vez que ocurre, el actual no es el nivel de precios récord, ni tampoco es una situación que no pueda volver a darse”. A pesar de ello, el ministro descartó todas las propuestas de la oposición y se cerró en banda a un cambio en las reglas del juego. “Cuando pasamos del sistema estable de fijación de precios [la antigua subasta Cesur] al sistema marginalista [que fija el precio de toda la electricidad negociada en un día en función de la tecnología más cara] la electricidad bajó un 30%. Ustedes pueden tener su opinión, el resto de europa, 23 países, tiene otra”, reprochó. La auditoría para saber si las compañías eléctricas producen realmente al coste que dicen o si inflan artificialmente los precios tampoco está sobre la mesa del Consejo de Ministros, a pesar de que figura en el acuerdo para la investidura de Rajoy que PP y Ciudadanos firmaron en octubre de 2016. La excusa, en esta ocasión, es que el Gobierno ya examinó los costes fijos del sistema (no a las empresas) cuando recalculó los pagos anuales para sufraga el déficit de tarifa y las primas a renovables. Cuando paguemos las hipotecas tendremos unas de las electricidades más baratasEl Estado pagó en 2015 -último año con datos definitivos- hasta 6.587 millones por primas a renovables y a la cogeneración de energía. El déficit de tarifa del mismo ejercicio cerró en 25.056 millones. “¿Por qué no copiamos lo que hacen otros? Porque no tienen esas hipotecas. Cuando lo hagamos, si nadie introduce un coste adicional, tendremos una de las electricidades más baratas de Europa”, aseguró. “No vamos a aceptar propuestas que eluden el pago de unos consumidores para que lo paguen otros”, zanjó para resolver la petición de una ley que permita que los particulares instalen, de forma individual o en comunidades colectivas, sus propias placas fotovoltaicas sin tener que abonar el coste de mantenimiento de la red y la factura pendiente del sistema. “La parte fija del recibo solo paga el 60% de los costes fijos del sistema. El resto de los consumidores estaríamos subvencionando el 40% de su aportación al sistema fijo”, concluyó. Renovables y pacto por la energía El primer y único paso que el Ministerio de Energía dará para intentar que el recibo de la luz baje es el desarrollo del mercado del gas, que está pendiente de la introducción de competidores con las normas que establezca la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Nadal insistió en que, entretanto, el organismo regulador continúa vigilando a las eléctricas para evitar irregularidades. El ministro se mostró conciliador a la hora de hablar del pacto por la energía propuesto varios grupos. También concedió que la madurez de las energías renovables hace que sea un buen momento para apostar por ellas, aunque aprovechó para criticar la apuesta que en su día hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “Ahora podemos volver a poner en marcha el motor de las renovables. Lo que se hizo en 2008 fue una auténtica locura”.