Pedro Sánchez dice que no es su responsabilidad el uso de las bombas vendidas por España a Arabia Saudí

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/Pedro-Sanchez_0_815068865.html

Pedro Sánchez se desvincula del uso que Arabia Saudí pueda hacer con las bombas que España le vendió y cuya revisión ha causado una crisis en el Gobierno, ya que Margarita Robles era partidaria de paralizar esa venta:  “La responsabilidad que tiene este Gobierno llega  hasta  nuestra fronteras; lo que puedan hacer  terceros países no es responsabilidad de este Gobierno”, ha afirmado el presidente, que no quiere desvelar si pidió al régimen absolutista garantías de que esos proyectiles no se usaran contra la población civil.

El mandatario socialista ha reconocido que la situación era “muy complicada” y ha defendido  la decisión final que tomó el Ejecutivo frente al criterio de la ministra de Defensa basándose en que priorizó las relaciones comerciales con Arabia Saudí: “El dilema que tenía este Gobierno era romper las relaciones comerciales, económicas y políticas con un tercer país, con el impacto que eso podía tener en determinadas zonas de este país, por ejemplo la bahía de Cádiz, o cumplir con un contrato que firmó la anterior administración”, ha explicado. 

Arabia Saudí amagó con romper un contrato multimillonario con la empresa Navantia de más de 1.800 millones para la construcción de cinco navíos tras el anuncio de Defensa de dar marcha atrás en la venta de bombas similares a las que observadores internacionales aseguran que el régimen absolutista ha usado contra la población en Yemen. “Este Gobierno defiende los derechos humanos, la paz en el mundo (…) y todo lo que tenga que ver con llegar a acuerdos globales de control del armamento y de defensa de la paz y los derechos humanos, este Gobierno va a estar”, ha añadido.

Sánchez, que ha negado haber desautorizado a Margarita Robles a pesar de que ha asegurado que la ministra no vio “el impacto” que su anuncio podía tener en las relaciones comerciales, ha coincidido con la portavoz del Consejo de Ministras en que las bombas, por sus características, no se pueden usar de manera “indiscriminada”. No obstante, el presidente ha recordado que su Ejecutivo se ha limitado a “entregar” esas armas, ya que el contrato se firmó con Arabia Saudí en 2015, con la anterior administración de Mariano Rajoy.

“La política es muy compleja”

El presidente se ha pronunciado así en El Objetivo (La Sexta) este domingo tras una de las semanas más complicadas desde que está en Moncloa ya que se enfrentó a la dimisión de Carmen Montón, a la que  trató de mantener al frente del ministerio pese a las irregularidades en su máster, y la polémica suscitada por las acusaciones de plagio en su tesis doctoral, que le obligaron a hacerla pública. Durante la entrevista, Sánchez ha confesado en varias ocasiones que “la política es muy compleja”.

“Se están produciendo fake news”, ha aseverado sobre las acusaciones de plagio en su tesis doctoral: “No  ha habido plagio, ni me la ha escrito un tercero, ni ha habido un tribunal que hiciera un trato de favor. La verdad es que hice mi tesis”, ha asegurado el presidente, que ha restado importancia a haber cofirmado un artículo con uno de los profesores que le examinó al leer la tesis. “Ha quedado suficientemente acreditadas que las acusaciones que se vertían sobre mí eran falsas”, ha agregado.

“La oposición lo que está haciendo es montar ruido”, ha aseverado el presidente del Gobierno, que también ha dicho que no se querellará -por la vía penal- contra los medios que publicaron esas noticias, aunque sí ha dicho que presentará una demanda para restablecer su honor contra lo que considera que es una “difamación”.

Sobre la posibilidad de que acuda al Congreso a dar explicaciones sobre esa polémica, ha dicho que hará lo que planteen los grupos políticos, pero no se ha mostrado partidario al entender que no debe usarse el Parlamento para cuestiones “personales” que no tienen que ver con la política.

La periodista Ana Pastor le ha preguntado directamente por qué defendió a Montón a pesar de las irregularidades de su máster y Sánchez ha señalado que solo apoyó su gestión al frente del ministerio: “A mí no me mintió la ministra”, ha aseverado, frente al criterio de algunos de los miembros de su equipo.

Niega rectificaciones: “Son ruido”

Sánchez ha prometido que asumirá responsabilidades políticas personalmente cuando los fallos de su gabinete se produzca en el ejercicio de sus funciones al frente de sus correspondientes departamentos.

De hecho, el presidente ha quitado importancia a los vaivenes del Gobierno en sus poco más de 100 días de vida: “Le niego la mayor”, ha respondido sobre las rectificaciones, que ha calificado de “disfuncionalidad” e incluso ha asegurado que se tratan de “ruido”.

Sánchez ha atribuido buena parte de sus renuncias -como la de no derogar la reforma laboral o la creación de un impuesto a la banca- a su debilidad parlamentaria. Sánchez ha insistido en que solo cuenta con 84 diputados y que tiene que llegar a acuerdos con fuerzas muy diversas: “Entre 0 y 100, si no puedo lograr el 100, ¿me quedo en el 0 o llego al 50?”, se ha preguntado.

¿Elecciones? “Atarnos los dedos, lo justo”

El presidente no ha querido mojarse sobre la fecha orientativa para las elecciones y ha asegurado que dependerá de si puede seguir desarrollando actividad ejecutiva con el apoyo suficiente en las Cortes: “Si he aprendido algo en política es que atarnos los dedos, lo justo”, ha contestado sobre la posibilidad de que los comicios sean en 2018. 

No lo ha descartado, pero el objetivo de Sánchez es agotar la legislatura -ha explicado que su promesa de convocar elecciones cuanto antes la hizo al pedir el apoyo a Ciudadanos, pero que una vez Albert Rivera rechazó darle el ‘sí’ en la moción de censura, esa premisa caducó. Además, se ha mostrado convencido de que no hay una mayoría parlamentaria que quiera elecciones.

“Si anteponemos el diálogo al conflicto, si anteponemos el que podemos sacar adelante leyes que son buenas para la mayoría social y encontramos una mayoría parlamentaria que las respalde, ¿por qué vamos a tener que convocar elecciones?”, ha expresado Sánchez, que apela a la “corresponsabilidad” de los otros grupos y que considera que tendrá que convocar los comicios cuando se demuestren incapaces de llegar a acuerdos. 

El punto de inflexión para los socialistas son los Presupuestos Generales del Estado, que Sánchez admitió que va a retrasar hasta finales de noviembre. Ha reiterado su compromiso de que no subirá los impuestos a la clase media y trabajadora y, aunque asegura que “la gente rica no paga IRPF”, admite cederá en aumentarlo para los sueldos más altos: su horquilla es la de los 140.000 o 150.000 euros frente a los 120.000 que plantea Unidos Podemos. En cuanto al frenazo en el Pacto de Toledo al acuerdo para la subida de las pensiones, Sánchez ha prometido que en sus cuentas las ligará al incremento del IPC. 

Sánchez ha asegurado que los retos de su mandato son regeneración, justicia social y Catalunya. Ha repetido que el conflicto pasa por una votación referente al autogobierno y que Quim Torra debe “abrir un diálogo entre catalanes”. En lo que no ha querido mojarse ha sido en su opinión sobre el encarcelamiento de los presos independentistas, aunque varios ministros han reconocido que complican la situación política: “No puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión porque soy presidente y me lo he autoimpuesto porque siempre he sido muy respetuoso con la actuación judicial. Voy a defender siempre a los jueces”, ha dicho. Sánchez admite que tiene “una opinión”, pero cree que debe ser “escrupuloso” con las actuaciones judiciales.

Sobre la inmigración, Sánchez ha negado virajes en su posicióne incluso que se hayan producido devoluciones en caliente durante su mandato, y ha asegurado que su intención es quitar las concertinas de las vallas: “Es una promesa que queremos cumplir, pero el debate es cómo garantizamos de manera eficaz el control de las vallas”, ha señalado el presidente, que asegura que la cuestión está en estudio por parte del Ministerio de Interior, que ha solicitado los “informes técnicos” correspondientes.

Montón dimite por las irregularidades de su máster pese al apoyo de Sánchez

Fuente: https://elpais.com/politica/2018/09/11/actualidad/1536664736_500550.html

Pedro Sánchez intentó hasta el final, en contra del clamor de su partido, proteger a Carmen Montón. Pero la ya exministra de Sanidad no aguantó el último golpe, por la tarde, cuando La Sexta reveló que había plagiado buena parte de su trabajo de fin de máster. Montón ha dimitido en medio del alivio del PSOE y la incomprensión que se extendió durante todo el día en el partido por la decisión del presidente de respaldar a la ministra pese a que ya se sabía que sus notas habían sido alteradas. Es el segundo ministro de Sánchez que cae en poco más de 100 días. María Luisa Carcedo, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, ocupará la cartera de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

la tercera fue la vencida. Primero, tras la noticia del eldiario.es sobre las irregularidades de su máster, ella aguantó. Después, cuando el mismo medio reveló que se habían alterado las notas, algo aún más grave, ella también decidió resistir. Y contaba para ello con el apoyo del presidente. Pero el remate del plagio de su trabajo —un texto que ella se había negado a entregar a la prensa, precisamente para que no lo pudiera analizar— ha llevado a Montón a rendirse.

Crisis para el Gobierno

La dimisión ha provocado una crisis de Gobierno y ha abierto un nuevo flanco débil en un Ejecutivo que cuenta con el apoyo parlamentario directo más pequeño de la reciente historia democrática. “Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente haya contado conmigo en el Gobierno. He sentido su calidad humana, su apoyo y afecto. Los españoles tienen un magnífico presidente y, para que esta situación no influya, le he comunicado mi dimisión”, insistió Montón este martes por la noche.

El resultado supone un quebradero de cabeza para Sánchez muy superior al que provocó Màxim Huerta, que dimitió por antiguos problemas con Hacienda a la semana de ser nombrado. Montón era una ministra importante y la imagen de dos miembros del Gobierno dimitidos en poco más de 100 días es especialmente dura para un Ejecutivo que solo cuenta con 84 diputados. De rebote, eso sí, la crisis tiene un efecto secundario positivo para el PSOE: pone en una situación difícil a Pablo Casado, líder del PP, que tiene problemas similares con su máster —y un proceso legal en marcha— y también se ha negado a mostrar su trabajo de fin de carrera, que ahora se convierte en más sospechoso todavía. Aunque esa es, en todo caso, una segunda derivada: la renuncia de Montón abre una crisis de Gobierno inesperada para un Ejecutivo que afronta en los próximos días votaciones clave que pondrán a prueba —de nuevo— su resistencia parlamentaria.

Para cuando llegó la dimisión, varios dirigentes del PSOE y algunos ministros estaban muy inquietos por la decisión de Sánchez. Ya no solo la apoyaba de forma discreta, como hizo el lunes, sino que decidió mojarse expresamente en el Senado y comprometer así su imagen. El presidente se cuidó de no hablar en ningún momento del máster, solo de la gestión de Montón al frente de Sanidad. Pero a esas horas daba igual: nadie entendía por qué se arriesgaba así cuando todos veían claro que el final era inevitable.

Sánchez escuchó desde el lunes muchas voces que le pedían que dejara caer a la ministra de Sanidad por la polémica de su curso de posgrado, pero decidió respaldarla públicamente — “ha hecho un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo”— y ordenó al PSOE que frenara la presión.

Sin embargo, lejos de lograrlo, fue creciendo y explotó cuando se supo que, además de todas las irregularidades que estaban encima de la mesa, el trabajo de fin de carrera, al que ella se aferraba como prueba de su esfuerzo, había sido plagiado en buena parte, lo que demuestra que hizo muy poco para obtener un título que otros estudiantes debieron trabajarse con mucha más rigidez.

Poco antes de este final que muchos auguraban para los próximos días y que finalmente se precipitó, una pregunta sin respuesta clara, más allá de las hipótesis, se hicieron durante toda la jornada del martes el PSOE y el Gobierno. ¿Por qué se empeñaba Sánchez, un hombre con fama de frío y que suele tomar decisiones radicales de forma rápida, en mantener a la ministra de Sanidad después de que se confirmara que las notas de su máster fueron manipuladas? Nadie lo acababa de entender bien. Las especulaciones iban desde el compromiso personal con ella —Montón se negó a dimitir de la ejecutiva del partido en 2016, cuando se organizó una operación para destituir a Sánchez, y se enfrentó por ello a Ximo Puig, líder de su federación—, a la complicación política de ver dos dimisiones de ministros en los primeros 100 días o la estrategia de no querer meter ahora toda la presión sobre Casado, al que Sánchez está cuidando como un líder de la oposición que puede beneficiar al PSOE indirectamente por su batalla con Ciudadanos.

El presidente dejó pasar el lunes con un apoyo tímido, trasladado por sus portavoces pero sin mojarse. Sánchez habló varias veces con la ministra, con quien le une ese vínculo de lealtad. Le trasladó su respaldo y le mandó ánimos, pero no la apoyó en público. Llegó el martes y las cosas empeoraron con la confirmación de que las notas fueron manipuladas a posteriori. El PSOE era un auténtico clamor a favor de la dimisión.

Los ministros eran más discretos y, en muchos casos, solidarios con su compañera, de la que todos valoran la gestión, aunque varios temían que las cosas acabarían mal. Incluso Pablo Iglesias, líder de Podemos y socio principal de Sánchez, dijo que le producía “mucho pesar” la situación porque Montón “es una defensora de la sanidad pública muy competente”. Pero al igual que Iglesias, que en público dijo que si no explicaba todos los agujeros que ha dejado su historia debía dimitir, muchos dirigentes del PSOE y del Gobierno concluían en privado que a Montón no le quedaba mucha más salida que la dimisión.

“Va a seguir”

Sin embargo, cuando el silencio oficial empezaba a desatar los rumores, Sánchez ordenó a dos personas de su máxima confianza, primero Adriana Lastra, portavoz parlamentaria, y después José Luis Ábalos, secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, que salieran a mostrar públicamente un claro respaldo a la ministra. Ambos cumplieron disciplinadamente. Pero como no era suficiente, porque las especulaciones y la presión seguían, el propio Sánchez habló a media tarde, tras la sesión de control del Senado.

“Lo único que puedo decir como presidente es que la ministra está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo. He sido bastante claro”, trasladó el presidente del Gobierno a los periodistas en los pasillos de la Cámara alta, en una brevísima declaración.

No fue así: apenas cuatro horas después, Montón dimitió forzada por las revelaciones de plagio. “En 100 días has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos. Gracias, Carmen Montón, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra”, escribió Sánchez en Twitter, tras la salida de su ministra.

Solo un miembro de la ejecutiva del PSOE, Odón Elorza, se pronunció la noche del martes. Y lo hizo de forma crítica con Montón: “El ejercicio de dimitir tiene un gran valor ético cuando es voluntario y se hace a tiempo. Cuando es forzado por otros te deja muy mal cuerpo y resta confianza al Gobierno y al partido”, dijo el exalcalde de San Sebastián.

Podemos pidió finalmente la dimisión cuando corrió como la pólvora el plagio de la tesis, y apuntó directamente a Pablo Casado por la misma razón: el líder del PP no ha permitido ver sus trabajos del máster. “¿Qué oculta el presidente del PP?”, se preguntó el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique. Esa es una de las incógnitas por resolver del penúltimo sainete que ha sacudido la política española.

“He sido transparente y honesta. No he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido con toda convicción y la conciencia muy tranquila”, insistió la ya exministra en su despedida, este martes por la noche, después de alabar a Pedro Sánchez y asegurar que dimitía para no perjudicar al presidente. Montón hizo una breve comparecencia sin preguntas en la que reivindicó su gestión en estos 100 días. “Hemos recuperado la asistencia sanitaria universal. Hemos sentado bases para la aprobación de una ley de protección integral contra la violencia en la infancia. Es un buen balance para los primeros 100 días”

El Gobierno socialista de Zapatero conocía y amparó los negocios de Corinna como conseguidora del rey Juan Carlos I

Fuente: https://www.publico.es/politica/corinna-gobierno-socialista-conocia-amparo-negocios-corinna-conseguidora-rey-juan-carlos-i.html

Algunos se enteraron tarde, a punto de salir del Gobierno, y otros lo suponían pero ni preguntaban. Sólo un grupo de ellos confirmó entonces la entrañable relación entre el rey Juan Carlos y la alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la cual llevaba aparejado el posicionamiento de ella como conseguidora en negocios estratégicospara empresas españolas.  Negocios que, naturalmente, debían contar con el visto bueno del monarca, generalmente inclinado hacia el Este del globo terráqueo; concretamente, a los mercados ruso y árabe, en donde se encuentran sus más estrechas relaciones de amistad en el exterior.

Varios ex ministros y altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero consultados por Público en aquel entonces confirmaron la “presencia activa” de Zu Sayn-Wittgenstein, al menos, entre 2006 y 2011 y no sólo como acompañante del rey, sino como conseguidora o intermediaria -en ocasiones se quedó en intento- de negocios, como mínimo, entre empresas españolas y rusas (intento de compra de acciones de Repsol por parte Lukoil y Gazprom), entre otras compañías de nuestro país y las de Emiratos Árabes Unidos, propiedad mayoritariamente de Abu Dhabi (instalación de la planta Gemasolar en la localidad sevillana de Fuentes de Andalucía) o entre aquéllas y Arabia Saudí (adjudicación de parte del AVE La Meca-Media a un consorcio español). No se descarta que la alemana hiciera más negocios en otros ámbitos, como Latinoamérica (obras de ampliación del canal de Panamá).

Fue a partir de 2009, señalaron las fuentes consultadas, cuando la relación entre Juan Carlos de Borbón y Zu Sayn-Wittgenstein se hizo más explícita y provocó situaciones complicadas, que finalmente quedaron en nada en su momento, gracias en buena parte a las maniobras del secretario general de la Presidencia entonces, el diplomático Bernardino León. Estas dificultades, sin embargo, son muy ilustrativas del “ascendiente” de la alemana sobre el rey y el “riesgo” que entrañaba su relación para España, una relación que se da por terminada. Lo del rey con la entrada de Rusia en el mercado energético español era una “obsesión”.

El entonces enviado de la Unión Europea (UE) para el sur del Mediterráneo, siempre según los mismos interlocutores, era el responsable de coordinar la actividad de la Casa del Rey y La Moncloa y los intereses no siempre coincidían. Ocurrió así cuando la petrolera rusa Lukoil irrumpió en el panorama energético español y quiso hacerse con el 30% del accionariado de Repsol (20% de Sacyr-Vallehermoso y poco menos del 10% de La Caixa). El Gobierno empezó oponiéndose a la operación, pero ante la presión del rey -que llegó a llamar a Zapatero hasta seis veces sólo por este tema, según confirmó Público -, relativizó el asunto y dijo dejarlo en manos de las empresas española y rusa. La realidad es que, ante la presión del monarca -e implícitamente, según las fuentes de este diario, de Zu Sayn-Wittgenstein, que trabajaba para los rusos en la búsqueda de este negocio-, La Moncloa pidió a los ministros “perfil bajo”, sin apoyos, pero también sin oposición.

Hubo quien desde el Gobierno miró hacia Luis del Rivero – entonces presidente de Sacyr Vallehermoso y con el deseo explícito de vender su parte en Repsol- como detonante de este embrollo. Del Rivero lo negó, al margen de que la operación le viniera muy bien; también rechazó la hipótesis Antonio Brufau, presidente de Repsol: “Miren más arriba”, confirmaron en su entorno. El interés del rey por introducir a los rusos en el mapa energético español suponía una auténtica “obsesión”, que trató de materializarse tras una llamada a La Zarzuela de Vladimir Putin, en la que pedía a su amigo Juan Carlos de Borbón que esa operación saliese adelante. El propio Kremlin filtró la llamada al rey.

La operación Lukoil no pilló por sorpresa al Gobierno socialista, por tanto, pues ya el monopolio ruso Gazprom había intentado hacerse con el 20% de Repsol, según anunciara el propio vicepresidente de la Federación de Rusia durante una visita a España en noviembre de 2008. La idea de que el Kremlin entrara en la petrolera española “ponía los pelos de punta” al Gobierno de Zapatero, confirmó uno de sus miembros ahora, por lo que se rechazó de plano semejante posibilidad, además, con el apoyo de la UE y el PP de Mariano Rajoy, entonces en la oposición. La fuerza con que el rey manifestó sus deseos por contentar a los rusos no era individual; al lado tenía a Zu Sayn-Wittgenstein que quería su parte del negocio en el lado ruso, razona un alto cargo conocedor de esta relación. En cualquier caso, tanto los rusos como la Zarzuela o el ex Gobierno socialista negaron oficialmente que ella fuera la conseguidora -o intento de- en este asunto. En privado admiten, además, que lo negarán siempre.

Las relaciones con Rusia quedaron tocadas tras la resistencia del Gobierno de Zapatero y de la propia Repsol a la entrada de los gigantes energéticos en el mercado español; también el rey estaba molesto por la falta de apoyo de Zapatero, que había trastocado, además, la operación de Zu Sayn-Wittgenstein. La Moncloa se esmeró entonces por organizar una “cumbre energética” -la llamaron entonces- con todas las partes implicadas reunidas en Madrid en marzo de 2009, apenas cuatro meses después de la polémica con Lukoil. Allí estuvieron el entonces presidente ruso Dmitri Mevédev con sus empresas y Zapatero con las suyas para firmar un memorándum de colaboración energética entre la Federación de Rusia y el Gobierno de España, que incluía un par de acuerdos a “futuro próximo” -nunca se materializaron- entre las españolas Gas Natural e Iberdrola y las rusas Gazprom e Inter Rao, respectivamente.

El poder público y empresarial hispano-ruso concentrado en La Moncloa ese día fue del agrado del rey y de gran provecho para la alemana, según alguno de los protagonistas de entonces, aunque nadie quiere entrar a concretar los negocios posteriores de Zu Sayn-Wittgenstein con los rusos, “porque no afectan a los intereses de España”.

Al poco de tomar posesión de su cargo, el director del Centro Nacional de Inteligencia y anterior Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) llegó a reconocer en ámbitos muy reducidos su inquietud por esta amistad que, a mayores, suponía un auténtico intercambio de intereses personales, empresariales y estratégicos “no siempre adecuados”. Félix Sanz Roldán acababa de llegar al CNI, pero conocía perfectamente los movimientos del rey, a quien, por encima de todo, le une una amistad personal. De hecho, fue Juan Carlos de Borbón quien pidió a Mariano Rajoy que mantuviese al general amigo al frente de los servicios de Inteligencia cuando el PP llegó al Gobierno.

El rey sigue, por tanto, con la garantía intacta de que PP y PSOE mantendrán su silencio oficial sobre su relación con Zu Sayn-Wittgenstein y sobre cualquier otra. El pacto no escrito para proteger la Corona de los dos partidos con opciones de gobierno no evita, sin embargo, fuertes filtraciones de quienes en sus filas ya están cansados de tanta “oscuridad y mala praxis”.

Gobierno y sindicatos acuerdan convocar 19.000 plazas de empleo público este año

Fuente:www.publico.es/politica/publico-gobierno-sindicatos-acuerdan-convocar-19000-plazas-publico-ano.html

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha suscrito este lunes con los sindicatos de Función Pública (CCOO, UGT, CSIF y CIG) un acuerdo que contempla una oferta de empleo público (OEP) para 2018 que, a falta de concretar, podría situarse entre 17.300 y 19.300 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), según las estimaciones de los sindicatos.

También se ha acordado un plan extraordinario con 323 nuevos efectivos para asilo y refugio de migrantes y la recuperación del 100% de retribución de los funcionarios por Incapacidad Temporal (IT), que va acompañado de la creación de un grupo de trabajo sobre absentismo.

En una rueda de prensa celebrada al término de la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE), presidida por el secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto y mantenida con los sindicatos más representativos del área pública, Batet ha agradecido el “trabajo y esfuerzo” de los sindicatos para alcanzar tres acuerdos que suponen un “importante avance” en materia de empleo público y que se aprobarán en el Consejo de Ministros de este viernes.

Batet ha detallado que uno de los acuerdos conlleva 2.800 plazas de estabilización de interinos de 2017 y el compromiso de convocar simultáneamente las de 2018; otro pasa por reforzar las plazas en materia de migración ante unos servicios que están “desbordados”, ya que en dos años se ha pasado de 15.000 solicitudes de asilo a 32.000; y un tercer acuerdo de recuperación del 100% de la retribución desde el primer día de los funcionarios con Incapacidad Temporal (IT). Según Batet, los acuerdos suscritos suponen “recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis” y “mejorarán la calidad del empleo en términos generales”.

Con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% entre los empleados públicos, el Gobierno aprobará el viernes un real decreto con la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Así, dará luz verde a la estabilización de empleo en el ámbito de la AGE y sus entes, tanto personal funcionario como laboral (previsión actual de 2.329 plazas), personal estatutario del Ministerio de Defensa e INGESA (534 plazas) y personal al servicio de la Administración de Justicia (2.248 más 424 de promoción interna).

CCOO y UGT estiman que la OEP rondará las 19.341 plazas, distribuidas en unas 10.016 de ingreso libre, que incluye las 323 de la oferta extraordinaria para reforzar los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIs) y los Centros de Acogida al Refugiado (CAR), así como los servicios de Prevención de Riesgos, y un 5% adicional de plazas del total de la OEP, lo que supone otras 485 plazas, que se destinarán a la Seguridad Social y a la lucha contra el fraude fiscal y laboral. A esto se suman 5.997 plazas de promoción interna y las 2.863 plazas restantes destinadas para estabilizar interinos.

Según CSIF, el acuerdo contempla una oferta de empleo público de la Administración General del Estado para este año de 17.534 plazas, de las cuales 8.371 serán de nuevo ingreso, 2.863 de estabilización de plazas interinas y 5.977 plazas de promoción interna, según datos aportados por dicho sindicato. En las plazas de nuevo ingreso se incluyen más de 400 derivadas de un 5% adicional de nuevo ingreso -contemplado ya en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo-. A esto se suma la oferta extraordinaria de empleo público de 323 plazas para migración.

La diferencia respecto a las cifras de CSIF es que CCOO y UGT incluyen en las 10.000 plazas de nuevos ingreso unas 1.800 plazas que estaban previstas para este año pero que se adelantaron a 2017 por necesidades de distintas administraciones. De hecho, el Ministerio de Función Pública terminará de perfilar las cifras definitivas hasta el viernes, cuando aprobará los decretos con las ofertas de empleo público, una vez que analice las necesidades en las distintas administraciones.

La ministra y los portavoces sindicales han celebrado también que se ha acordado la ejecución del acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales en marzo de 2018, con lo que se aprueba la normativa para suprimir la reducción retributiva que se venía aplicando desde el año 2012, cuando los empleados públicos se encontraban en situación de incapacidad temporal. Dicha reducción suponía un descuento del 50% de las retribuciones del primer al tercer día de incapacidad temporal y de un 25% entre el cuarto y hasta el vigésimo día, ambos inclusive.

Pedro Sánchez sigue adelante con el acercamiento de presos de ETA y el diálogo con Catalunya pese a los ataques de PP y Cs

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ETA y Catalunya. La estrategia de oposición de la derecha española con el recién estrenado Gobierno socialista es casi idéntica al machaque al que sometió el PP a José Luis Rodríguez Zapatero con esos dos mismos asuntos. Ahora hay un actor nuevo, Ciudadanos, y escenarios diferentes en Catalunya, donde hubo hace unos meses una fallida declaración de independencia, y en Euskadi, donde ETA se ha disuelto. El “talante” que enarbolaba entonces Zapatero lo ha sustituido el nuevo Ejecutivo por “distensión”. Pedro Sánchez sigue adelante con su plan, a pesar de los ataques.

El presidente se ha sometido a dos sesiones de control desde que llegó a Moncloa y las preguntas del portavoz del PP, Rafael Hernando, han ido en la misma dirección: conocer los pactos detrás de la moción de censura con las que les arrebató el poder. Alentar la connivencia del nuevo Ejecutivo con los nacionalistas se ha convertido en el eje central de las intervenciones del ahora principal partido de la oposición.

En el primer cara a cara, Hernando llegó a reprochar a Sánchez el levantamiento de la supervisión de las cuentas de la Generalitat, que estaba ya prevista con el Gobierno de Mariano Rajoy. “Si hay que decir que Catalunya es una nación, se dice; si hay que tragarse los insultos a los españoles por parte de Torra, se tragan; si hay que trasladar presos y humillar a las víctimas de ETA, pues se hace; si tiene que aceptar de nuevo las embajadas hispanófobas en Europa, pues se aceptan”, le ha dicho Hernando, que ha centrado sus ataques por la intención del Gobierno de acercar a los presos de ETA a cárceles de Euskadi. Hernando ha acusado la presidente de “estar dispuesto a pagar a los terroristas”. El PP acercó a etarras a prisiones próximas a Euskadi cuando estaba el poder.

Pero Sánchez ha insistido en que el nuevo tiempo que se abre tras la disolución de ETA conlleva el estudio de una nueva política penitenciaria y, aunque ha asegurado que esta será “empática” con las víctimas, no está en su agenda prioritaria reunirse con ellas. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que minutos más tarde de que Hernando y otros diputados del PP airearan el apoyo de los “amigos de ETA” al gobierno socialista, confirmaba que el acercamiento se llevará a cabo y daba detalles: primero se moverá a enfermos terminales y presos mayores de 70 años. El grado de cumplimiento de las penas así como el repudio al terrorismo serán cuestiones tenidas en cuenta en esa nueva política individualizada y que aún no tiene plazos.

Ciudadanos, que también ha reprochado el uso de la política penitenciaria como “moneda de cambio”,  ha cargado contra Sánchez por otros gestos al nacionalismo: “Anunció que querían plantear por primera vez en democracia la ruptura de la caja de la Seguridad Social”, le ha dicho Albert Rivera –cuya pregunta iba a ser sobre una posible subida de impuestos– sobre la intención del Gobierno de analizar con la lehendakaritza la transferencia de algunas competencias. No obstante, en Moncloa ven “muy complicado” entrar en una de las reclamaciones de Iñigo Urkullu: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

“Cuando se renueve la vieja derecha, ¿dónde va a quedar usted? –le ha contestado Sánchez–. Está mimentizándose con el PP. Miente como mienten ellos”. “Señor Rivera, voy a cumplir con la Constitución, con el Estatuto de Guernica. Lea el Estatuto de Guernica y sabrá qué competencias se pueden transferir y cuáles no”, le ha contestado. Los gobiernos central y vasco crearán un grupo de trabajo para analizar esas transferencias.

Respecto a Catalunya, PP y Ciudadanos acusan a Sánchez de “pagar un precio” por llegar a Moncloa apoyado por los independentistas. “Cuando hable con Torra, que tenga muy claro que está hablando, dialogando y pactando con el separatismo, no con Catalunya”, ha advertido Inés Arrimadas al presidente del Gobierno.

Sánchez dejó claro que solucionar el conflicto territorial era una de sus prioridades desde el Ejecutivo y ha apelado al diálogo y la distensión desde el principio. De hecho, anunció su intención de reunirse con el presidente catalán. No obstante, para evitar conflictos, Moncloa decidió que la ronda de reuniones con los líderes autonómicos fueran en “estricto” orden de aprobación de los estatutos. Eso situó a Urkullu y Torra a la cabeza. Los siguientes serán Alberto Núñez Feijóo y Susana Díaz.

El Gobierno ofrece a la Generalitat reunirse en la comisión bilateral, estudiar 45 reivindicaciones que Carles Puigdemont hizo a Rajoy (queda fuera la posibilidad de celebrar un referéndum), retirar algunos recursos interpuestos por el anterior gobierno  contra leyes del Parlament y está dispuesto a restaurar los elementos del Estatut declarados inconstitucionales. Sin embargo, en Moncloa ha crecido el escepticismo ante la tardanza por parte del Govern de hacerles llegar las propuestas así como por que la única que ha trascendido es que Torra pondrá sobre la mesa el referéndum pactado. Esa es la línea que Sánchez no está dispuesto a traspasar.

Además, ERC está amagando con desmarcarse del Gobierno, que tiene una exigua mayoría en el Congreso, e incluso amenaza con no apoyar el decreto para la renovación de RTVE por la posición del PSOE en la votación de una moción que reclamaba diálogo “sin condiciones ni renuncias”. Los socialistas plantearon una enmienda que hablaba de “diálogo abierto” con la Generalitat en el seno de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en busca de soluciones “acordadas y democráticas”. Para ERC no era aceptable esa redacción.

A ERC también le molestaron las palabras del presidente desde Berlín en las que aseguraba que había que “pasar página del 1-O”. Joan Tardà ha avisado a Sánchez de que la relación estaba “deteriorada”. El presidente ha intentando limar asperezas y ha explicado que se refería a la necesidad de abandonar la vía unilateral.

A pesar de los ataques de la derecha y de las advertencias de los independentistas, Sánchez ha mantenido su emplazamiento a un diálogo entre las partes, aunque ha admitido que el problema no se resolverá en esta legislatura: “Las cosas han cambiado. No tienen enfrente a un Gobierno que va a usar el agravio para tener votos”, ha señalado Sánchez, que se ha mostrado esperanzado en abrir un “diálogo abierto y sincero” que pueda restañar “heridas”.

El Gobierno impulsa la agenda social tras la crisis por la dimisión de Màxim Huerta

Fuente: http://www.eldiario.es/politicaGobierno-defiende-Maxim-Huerta-responsabilidades_0_782522081.html

El Gobierno ha acelerado la agenda social tras la crisis que ha tenido esta semana por la dimisión del ministro de Cultura Màxim Huerta por su fraude a Hacienda. Aunque no se ha producido ningún avance concreto, la portavoz, Isabel Celáa, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras para anunciar algunas iniciativas que se van a ir poniendo en marcha.

Aunque no le ha citado expresamente, Celáa ha presumido de la “capacidad de resistencia y de reacción rápida” del presidente ante el caso de Huerta: “Aquí no se tardan meses en asumir responsabilidades, sino horas, y es una buena noticia para la ciudadanía, que ve cómo sus representantes políticos dan cuenta”. Pero Celáa ha dado la crisis por zanjada: “En doce horas el ministro José Guirao está al frente de su ministerio, que es lo relevante”. El Gobierno quiere pasar página e iniciar su agenda social.

Pedro Sánchez quiere recuperar la sanidad universal que lapidó el PP en 2012 y los departamentos ministeriales afectados empezarán a trabajar con las comunidades autónomas para poder revertir aquella decisión que limitaba el acceso a los servicios sanitarios a personas extranjeras y migrantes.

Puedo aventurar que una vez que tengamos el real decreto para sustituir el de 2012, no habrá ninguna comunidad autónoma que no lo cumpla. Ya había comunidades que no cumplían el decreto y que estaban muy incómodas con él. Me atrevo a pensar que será cumplido en todos sus términos”.

El Gobierno espera un trabajo de campo con las comunidades autónomas y los departamentos a los que afecta la decisión de seis semanas. A continuación, el real decreto que anulará el que dejó a las personas inmigrantes sin sanidad se aprobará en el Consejo de Ministras y en un plazo de 30 días tendrá que ser convalidado en el Congreso.

Celaá ha asegurado que esa es la primera medida de la “agenda social” que pretende llevar a cabo Pedro Sánchez. A continuación, ha anunciado que el Tesoro otorgará un préstamos de 7.500 millones de euros para poder hacer frente a las nóminas ordinarias de los pensionistas y a la paga extra del mes de junio.

A pocas horas de que el barco Aquarius llegue a Valencia, la portavoz del Gobierno ha dedicado buena parte de la rueda de prensa a la gestión que han hecho con esa crisis humanitaria y ha aprovechado para anunciar medidas relacionadas con la llegada de inmigrantes, como el estudio que hará el Ministerio del Interior para la retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla o la elaboración de un plan integral para el campo de Gibraltar: “Hay que trabajar con medidas de empleo, educativas y de cohesión social”.

Sobre la gestión del Aquarius, Celáa ha afirmado que “se ha hecho como aldabonazo y símbolo para que Europa tome cartas en el asunto: somos Europa”: “Hemos dado puerto seguro porque las personas estaban en peligro y llegarán mañana y una a una serán visadas por un servicio sanitario en el barco y se les tratará uno a uno para saber dónde se acomodan y proveer sus necesidades. Vienen niños y mujeres embarazadas. En tierra ofreceremos toda la asistencia que sea menester”.

“Hemos prestado auxilio a 629 personas que estaban zozobrando en el mar, pero nada es descartable”, en cuanto a la posibilidad de que haya refugiados entre los migrantes. “En relación al efecto llamada, todos los países saben cómo están los demás países: no hay efecto llamada hoy en día. Es una cuestión de democracia y de recursos económicos, y las personas nos arriesgamos y cruzamos el mar para poder vivir mejor”.

Apoyo cerrado al ministro imputado

El Gobierno da un apoyo cerrado al ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, sobre el que pesa una imputación, aunque la Fiscalía pretende pedir su levantamiento. “El nivel de exigencia es altísimo, pero el ministro no tiene cuentas pendientes con la justicia, así que el gobierno tiene toda la confianza en el ministro Luis Planas: es una persona absolutamente de garantía, ha trabajado siempre en el servicio público y tenemos toda la plena confianza en él. No hay ninguna hipótesis al respecto [en alusión su hipotético cese si avanza la imputación]”.

“Nosotros seguimos pensando que el ministro no tiene cuentas pendientes con la justicia. El asunto se remonta a los años 90, cuando la finca fue cedida al Ayuntamiento de Almonte. En el procedimiento fueron citados varios funcionarios, además del entonces consejero, que dio todas las explicaciones. Y la Fiscalía ha asumido que Planas ni tenía conocimiento de los hechos. Así que conocemos que no se va a acusar a Planas, puesto que la Fiscalía dijo que no tenía conocimiento de los hechos”, ha insistido.

El acercamiento de presos, más adelante

En relación con los políticos catalanes presos, Celaá ha afirmado: “Es una cuestión de comunicación entre el Gobierno y el Poder Judicial y se actuará para el bien de todos”. No obstante, Celaá no ha confirmado si el Gobierno tiene intención de acercar o no los presos a Catalunya. Fuentes del Gobierno han aclarado después que la hipotética decisión se producirá una vez que el juez Pablo Llarena concluya la instrucción de la causa.

Celaá también ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará a reunirse con los presidentes autonómicos por orden de antigüedad de sus estatutos, arrancando con Euskadi. Le seguirá Catalunya, que fue el segundo estatuto autonómico en ser aprobado.

“Estas reuniones comenzarán antes de verano”, ha anunciado Celaá. “Se trata de intentar normalizar las relaciones entre comunidades y la vida política, evitar la tensión”. A partir de esos encuentros, el Gobierno pretende establecer las prioridades para la actuación con respecto a las cominidades.

Sobre la reapertura de las embajadas de Catalunya, Celáa le ha restado importancia y lo ha enmarcado en la normalidad de los centros que las autonomías tienen en el extranjero, pero ha avisado de que “el Gobierno tiene procedimientos para entrar a conocer qué se está haciendo en esos puntos del exterior”.

Lo que no ha querido anunciar la portavoz es cuándo comparecerá Sánchez ante la prensa, aunque fuentes del Gobierno han informado de que será entrevistado en TVE el próximo lunes.

Dimite Màxim Huerta

Resultado de imagen de Maxim Huerta

MADRID. En el día de ayer ha dimitido como Ministro de Cultura y Deporte el sr.D Màxim Huerta por las informaciones de su presunto fraude de Hacienda, Màxim Huerta ha sido el ministro mas breve de la historía de la Democracia en España, durando sólo 7 días en el cargo, en sus funciones será sustituido por el ex-director del Museo Reina Sofía de Madrid, el sr. D.José Guirao.

 

Màxim Huerta defraudó a Hacienda 218.322 euros a través de una sociedad limitada entre 2006 y 2008

Fuente: http://www.eldiario.es

El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, utilizó una casa en la playa para rebajar irregularmente su factura fiscal durante tres ejercicios entre 2006 y 2008. Según publica este miércoles El Confidencial, el ministro llevó a los tribunales las reclamaciones de la Agencia Tributaria por dejar de pagar 218.322 euros a Hacienda con una sociedad que montó en el año 2006. La justicia no le dio la razón a Huerta en los dos recursos que presentó por lo que tuvo que pagar una multa de  365.928 euros.

Siendo copresentador de ‘El programa de Ana Rosa’, Huerta creó una sociedad mercantil para facturar sus trabajos en televisión. Con Almaximo Profesionales de la Imagen S.L., el ahora ministro del Gobierno de Pedro Sánchez declaró durante los años 2006, 2007 y 2008 como gastos de la “actividad artística” la compra y el mantenimiento de un apartamento en Alicante. Hacienda considera que Huerta recurrió a este mecanismo para recortar su base imponible y así pagar menos impuestos.

La inspección de Hacienda concluyó que durante esos tres años el ministro había facturado un total de 798.521 euros a través de su sociedad, de la que era único accionista y administrador hasta que la liquidó a finales de 2016.

En sus dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se destaca que el ministro fue multado por un fraude a Hacienda de 218.322 euros. Las resoluciones concluyen que Huerta utilizó Almaximo Profesionales de la Imagen para “eludir los tipos impositivos más progresivos y más elevados del IRPF”. Por ello, le impuso una multa total de 365.928 euros al considerar que no actuó “de buena fe”.

Huerta descarta dimitir

En un “compromiso de transparencia”, el ministro de Cultura y Deporte ha explicado

El ministro de Cultura y Deporte ha asegurado este miércoles que no piensa dimitir por las informaciones publicadas por El Confidencial. Huerta ha atribuido sus irregularidades con Hacienda, que ya ha subsanado, a un “cambio de criterio fiscal”: “No defraudé. Es un cambio de criterio fiscal en una regularización que afectó a muchos. Lo regularicé y seguí adelante”.

“Estoy trabajando y mi compromiso es con la cultura y el deporte. De hecho, tengo la agenda llena”, ha señalado el ministro en una entrevista en la Cadena SER. Huerta ha remarcado que su caso es “una cosa que está caducada y ya resuelta” y que asumió sus compromisos con Hacienda “como ciudadano”. “Ahora asumo mi compromiso de transparencia”, ha zanjado.

El PSOE ve “solucionado” el problema

Desde el PSOE han defendido que el ministro de Cultura y Deporte ya “solucionó” en su día sus compromisos pendientes con Hacienda. “Eran unas deducciones que él hizo y que no se podían hacer, pero que ya está solucionado”, ha asegurado la número dos de Pedro Sánchez y portavoz parlamentaria de los socialistas, Adriana Lastra.

En declaraciones a RNE, la portavoz ha comparado la etapa de Mariano Rajoy en la que había dinero “en paraísos fiscales” con la actual, en la que, según ha apuntado, el nuevo ministro hizo unas “deducciones” que no se podían hacer “y lo solucionó”: “Hace tiempo hablábamos de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales y ahora estamos hablando de una persona que dedujo algo que no podía deducir y que luego lo solucionó”.

El Gobierno ha contactad con el ministro de Cultura para recabar toda la información sobre las multas impuestas por el TSJM. Un portavoz del Gobierno ha informado a eldiario.es de que están esclareciendo la información internamente y es intención del Ejecutivo poder aclararla a lo largo del día de hoy.

PP y Podemos exigen su dimisión

Desde Podemos y el Partido Popular, Pablo Iglesias y Fernando Martínez-Maillo, ha pedido la dimisión del ministro de Cultura y Deporte por las sentencias del tribunal madrileño y la investigación de Hacienda.

“No vamos a alentar comportamientos que recuerdan a los del Partido Popular”, ha asegurado el secretario general de la formación morada. “Si queda acreditado que la sentencia habla de una voluntad de defraudar a la Hacienda Pública”, Iglesias ha pedido a Pedro Sánchez que si el ministro no presenta su dimisión “inmediata”, le destituya.

Martínez-Maillo, coordinador general del PP,  se ha preguntado “con qué autoridad este Gobierno va a exigir a los españoles que paguen sus impuestos” después del caso Huerta. “Son las 9 de la mañana y el ministro de Cultura y Deporte, condenado por defraudar a Hacienda, ni ha dado explicaciones ni ha dimitido”, ha escrito el popular en Twitter antes de que el ministro se explicase.

 

El Marianato (2011-2018): en todo final hay un principio

Fuente: Diario Cuarto Poder

  • Los números de los destrozos infligidos al pacto social y a la mayoría de la gente común por las políticas económicas del PP son incontestables
  • La ausencia de responsabilidades de Gobierno le va a permitir al PP retornar a la crispación y disputarle así las posiciones ideológicas más duras a Ciudadanos

Un comienzo inesperado, pero previsible

Corría el año 2004 y había elecciones generales en esa primavera, en concreto, el 14 de marzo. El por aquel entonces superministro y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Mariano Rajoy, se las prometía muy felices tras haber sido designado su sucesor. El Partido Popular había ganado las dos anteriores citas electorales y, a pesar de la nefasta Guerra de Iraq y la catástrofe del Prestige, eran los tiempos del “España va bien” y los sondeos seguían siendo favorables. Sin embargo, algo iba a cambiarlo todo: los atentados del 11M. La mentira como reacción instintiva gubernamental y la indignación ciudadana acabaron por llevar a José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.

En aquellos duros momentos para los populares, en los que las expectativas se vieron, de pronto, frustradas y cuando se intensificaron las críticas internas y no se oteaba un horizonte claro, se pudo ver al político de raza que era Rajoy: un conservador de la escuela de Cánovas, ferviente creyente del turnismo y consciente de la importancia de la paciencia como virtud política. Lo decisivo era manejar los tiempos y los suyos eran geológicos.

Después de una legislatura y media del Gobierno socialista, caracterizado por un particular atrevimiento en el ámbito de los derechos civiles y las libertades públicas – Ley de Igualdad, Matrimonio Homosexual, Memoria histórica – y un equilibrismo pretendidamente virtuoso y dialogante en cuestiones económicas y vinculadas a la construcción del Estado de bienestar, Zapatero decidió suicidarse políticamente en dos actos ante una encrucijada europea marcada por la crisis económica y la subsiguiente crisis de deuda. El primero tuvo lugar el 10 de mayo de 2010, cuando las presiones de los mercados financieros y las recetas de la ortodoxia neoliberal le llevaron a anunciar un Plan de Choque – reducción del salario del funcionariado, congelación de las pensiones, recortes ingentes en el Estado social, etc. – para acelerar los Planes de Austeridad con el objetivo de ajustar el déficit fiscal. Además anunció las tres reformas estructurales planteadas y exigidas por la Troika: la del mercado de trabajo, la “revisión” del Pacto de Toledo y la reestructuración de las Cajas de Ahorro. El segundo acto, particularmente simbólico, se produjo el 29 de agosto del siguiente año con la reforma constitucional pactada con el PP, que modificó el artículo 135 para blindar los intereses de los acreedores, estableciendo el pago de la deuda pública como prioridad absoluta del Estado frente a cualquier otro gasto. Así daba comienzo el MarianatoRajoy ganó las elecciones generales a finales de ese mismo año, pero su tiempo ya había comenzado con anterioridad.

Un pulso moral y material a la sociedad española

Por fin había llegado al poder y comenzaba su reinado alejado de los delirios de grandeza global de Aznar, cumpliendo a rajatabla los compromisos europeos y el Diktat alemán y frente al 15-M y la movilización creciente de la sociedad civil. Con presteza y eficacia para los intereses de los financieros, los especuladores y los gobiernos neoliberales, y con indolencia con los de abajo dobló el pulso material a la sociedad española, que el PSOE ya había iniciado. Tanto es así que, a los diez días de ser investido, constituyó un nuevo gabinete que reforzó la continuidad de las políticas de ajuste y de reducción del déficit público. Durante el siguiente año su gobierno siguió implacable: una vuelta de tuerca a la contrarreforma laboral, nuevos recortes en educación y sanidad por valor de 10.000 millones de euros y una reestructuración bancaria que supondría una concentración del sector inaudita al mismo tiempo que un nuevo sacrificio para una población exhausta. Estas medidas de política-económica no hicieron sino profundizar la segunda recesión económica y convertir el Reino de España en un páramo laboral. Baste recordar un par de datos: una tasa de paro del 27,1% y un paro juvenil del 57,22%.

Más allá de la propaganda y los relatos autocomplacientes de estos días del propio Rajoy y de la órbita mediática de su partido, que insisten en un balance de gestión macroeconómico positivo con creación de empleo neta después de estos siete años en el poder, solo se puede comprender el significado político del Marianato como la instauración progresiva de una nueva normalidad tras la crisis económica, que ha consolidado los recortes del Estado del bienestar, la erosión de los contenidos sociales de la Constitución del 78 y una sociedad más desigual. Como ha demostrado recientemente Emilio de la Peña en CTXTlos números de los destrozos infligidos al pacto social y a la mayoría de la gente común por las políticas económicas del PP son incontestables y explican una parte del clima de la sociedad española – entre la apatía y la resignación o el abatimiento – durante este último período, particularmente, tras el infructuoso e inacabable 2016 y el bloqueo político permanente, del que Rajoy volvió a salir triunfante electoralmente ante las ingenuas perspectivas de un Unidos Podemos de nueva creación.

Otra parte de este clima tiene que ver con el pulso moral que Rajoy le echó a la sociedad española con el otro brazo prácticamente desde el comienzo de su reinado: la ‘ley Mordaza’ y su restricción de derechos civiles, el control de RTVE y la influencia creciente sobre otros medios de comunicación privados, la normalización de la corrupción en el partido y la extensión de estas prácticas a la institución o la politización de la justicia se volvieron elementos de nuestro paisaje. Parecía que España no podía ser mejor que el Partido Popular. Estábamos ante una suerte de maldición bíblica: la corrupción no pasaba factura al partido del Gobierno y la patrimonialización de las instituciones nos recordaban que éramos una anomalía en Europa. En realidad, no éramos tan diferentes a otros pueblos del Sur. No hubiera sido posible seguir el Diktat alemán y llevar a la práctica esa economía política de la desposesión de las mayorías, si no se hubiera generado ese clima de apatía, que dejaba herida la autoestima del pueblo e intacta la desconfianza hacia la política que puede transformar las cosas.

Además Rajoy y su gobierno tuvieron que hacer frente al Procés catalán, que siguió desde su comienzo congregando en las calles a millones de personas cada año durante cada 11-S desde su comienzo, organizando una sociedad civil independentista más densa y, al mismo tiempo, generando más tensión y división en el conjunto de Cataluña. Ante el movimiento democrático –construido en torno a la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña– más persistente y masivo que ha habido en Europa en las últimas décadas la respuesta del Partido Popular fue, de un lado, la judicialización del conflicto y, de otro, dejar pasar el tiempo, confiando en que el globo se deshinchase. Tras los acontecimientos del 1-O y la proclamación de una hipotética República catalana, se decidió por la inédita aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana. Toda la crispación que el PP había desatado contra el PSOE y la reforma del Estatut desde la oposición, se convertía ahora en un estado emocional defensivo de una buena parte de la sociedad española, que servía al constitucionalismo español de esa particular coartada denominada “sentido de estado” para penalizar el debate político en torno a la organización territorial del país y a una idea diferente de España.

La sentencia de la Gürtel y la infidelidad a uno mismo

La sentencia del caso Gürtel, destapado mediáticamente por el País ya en 2010 y que había incluso llevado a Rajoy a los juzgados, supuso un punto de inflexión en la legislatura, incluso para Albert Rivera, el socio más fiel del Gobierno, y abrió una ventana de oportunidad para el PSOE, que presentó una moción de censura y reunió con la inestimable colaboración activa de Unidos Podemos y, en particular, de Pablo Iglesias, apoyos parlamentarios diversos para echar al Partido Popular. La audacia de Sánchez, la astucia de Iglesias –en especial, con la presión al PNV bajo amenaza de una moción instrumental con Ciudadanos para convocar elecciones – y la soledad parlamentaria de Rajoy junto a su elección contra natura de acelerar los tiempos de la moción en un clima mediático de excepción acabaron con el primero de camino a la Moncloa y con el aún presidente en un infinita sobremesa de ocho horas.

Tras vivir, desde el Gobierno, la sucesión de la Corona española, ahora le toca a Rajoy afrontar su sucesión desde la oposición al recién conformado y celebrado Ejecutivo de Sánchez. De momento, su anuncio de renuncia a la Presidencia del partido y su paso a un lado marcan un nuevo tiempo en el PP, alejado de designaciones directas y mimetizado al espíritu de la época, que obliga a los partidos a una apariencia democrática. Es innegable que su paso a la oposición le complica objetivamente las cosas a los populares, pero hay varios elementos que juegan a su favor frente a los agoreros del derrumbamiento. Primero, el Partido Popular tiene un electorado muy fiel, cuenta con una organización fuertemente implementada en el territorio y una vasta red de poder local, aparte de las Comunidades Autónomas claves que aún controla (Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia). Segundo, la renovación en el liderazgo del partido puede suponer un punto de inflexión para dejar atrás la época de la corrupción. Y, por último, su ausencia de responsabilidades de Gobierno le va a permitir retornar a la crispación y disputarle así las posiciones ideológicas más duras a Ciudadanos, por ejemplo, en relación a la cuestión catalana.

El Marianato ha terminado y ello abre una nueva etapa tanto en la política española como en la derecha. Es pronto para saber qué le deparará ésta a unos y a otros, pero, de momento, el fin de Rajoy nos recuerda la importancia de la fidelidad a uno mismo y la importancia, pero también los límites, de las ilusiones de la política.