Dimite Màxim Huerta

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MADRID. En el día de ayer ha dimitido como Ministro de Cultura y Deporte el sr.D Màxim Huerta por las informaciones de su presunto fraude de Hacienda, Màxim Huerta ha sido el ministro mas breve de la historía de la Democracia en España, durando sólo 7 días en el cargo, en sus funciones será sustituido por el ex-director del Museo Reina Sofía de Madrid, el sr. D.José Guirao.

 

La incertidumbre sobre las pensiones le estalla al Gobierno en las calles

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/incertidumbre-pensiones-estalla-Gobierno-manifestaciones_0_742976521.html

Miles de jubilados, muchos con sus cartas sobre la subida anual de la pensión hechas trizas o incluso arrojadas a la hoguera,  han salido a la calle en numerosas ciudades de toda España para protestar por las reformas del sistema público de 2013 y, especialmente, por la revalorización anual del 0,25%, que tachan de “miseria”. Los gritos contra el Gobierno, incluso con cánticos de “Rajoy Corleone nos roba las pensiones”, iban acompañados de conversaciones acerca del temor de un sistema público en decadencia y unas pensiones menguantes en los próximos años, como  apuntan numerosos expertos. El Gobierno niega que las pensiones vayan a caer debido a sus políticas, aunque no aporta datos ni estudios que lo respalden.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó a finales de enero que  no sabía como afectaría el factor de sostenibilidad de las pensiones que aprobó su Gobierno hace cinco años y que entra en vigor en enero de 2019 para las personas que se jubilen a partir de esa fecha. Apuntó que necesitaba los datos oficiales de defunciones de 2017, aún sin publicar. El factor de sostenibilidad es uno de los elementos clave del rediseño del sistema de pensiones que hizo el PP, sin el consenso de la oposición política ni los agentes sociales en virtud de su mayoría absoluta.

A esta respuesta de Báñez se suman otras declaraciones que inciden en que el factor de sostenibilidad “es una fórmula que no significa que la pensión primera del que entre [se jubile] dentro de 5 años sea menor que el de hoy, eso no es verdad”. Las estimaciones publicadas, en cambio, indican que así será, que el factor rebajará las cuantías iniciales de pensión de los futuros pensionistas. Lo dice la OCDE, los sindicatos y, entre otros, un último informe de Afi para la Asociación Empresarial del Seguro (aunque Báñez ha desmerecido esta última al ser “de parte, para vender un producto comercial concreto”).

Solo aplicar el factor de sostenibilidad “significa medio punto menos de pensión por cada año a partir de 2019”, afirma Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO. De este modo, si la pensión de una persona que se jubilara en 2018 fuera el 100%, en 2019 se jubilaría con el 99,5%.Y si lo pospusiera a 2020, su pensión incial sería del 99%. “Un efecto que es pequeño, pero que es acumulativo en el tiempo. Si te vas a muchos años, el efecto es importante”, insiste Bravo, que recuerda que si se combina con una revalorización continuada de solo un 0,25%, “en 2050, la pensión caerá 30 puntos: ahora es del 78% respecto el último sueldo y en 2050 sería del 48%, según datos de la Comisión Europea”.

Un cartel contra el presidente del Gobierno y las subidas de las pensiones del 0,25% en la manifestación de pensionistas de este 22 de febrero en madrid.
Un cartel contra el presidente del Gobierno y las subidas de las pensiones del 0,25% en la manifestación de pensionistas de este 22 de febrero en madrid. LAURA OLÍAS

Más transparencia para reducir la inquietud

El Gobierno niega estos descensos, pero no aporta sus propios cálculos al respecto. Dos de los 12 expertos que asesoraron al Ejecutivo en el diseño de su reforma de 2013, Mercedes Ayuso y José Ignacio Conde-Ruiz, han explicado a eldiario.es que si no hay otros cambios en el sistema, las pensiones iniciales se irán reduciendo en los próximos años al incorporar la esperanza del vida al cálculo de la pensión. La idea es igualar la prestación entre diferentes generaciones: como previsiblemente las personas tendrán cada vez una mayor esperanza de vida, cobrarán la prestación durante más años, así que su cuantía será menor repartida durante más ejercicios.

José Ignacio Conde-Ruiz, doctor en Economía e investigador de Fedea, considera que un error habitual de los políticos es “hacer electoralismo con las pensiones, no querer hablar del tema cuando están en el Gobierno y hacer todo lo contrario cuando se está en la oposición”. En su opinión, el cortoplacismo en las medidas y reformas es otro de los problemas, que no permiten a la población asimilar ni planificar su jubilación. “La parálisis política y el no hacer nada tienen un coste, el atrasar la reforma hace que afecte a personas que se jubilan muy cerca. Si la gente tiene más tiempo, puede adaptarse, pensar si quiere alargar más su vida laboral, si va a compaginar el cobro de la pensión con un salario…”, argumenta el experto.

Conde-Ruiz cree que el Gobierno informará “con transparencia” en los próximos meses del efecto del factor de sostenibilidad, aunque en su opinión el Ejecutivo ya tendría que conocer una horquilla de su alcance. “Es fundamental que no haya un salto en su aplicación, es decir, que la caída de la pensión inicial podría ser de un 4% o un 3% y eso debería evitarse”, añade.

El 0,25% y la ruptura del consenso político

Desde CCOO y UGT afirman que modificar la reforma de 2013 es un mínimo irrenunciable para las organizaciones sindicales. Sin este paso, las movilizaciones sociales como las vistas este jueves no cesarán, aseguran. Ya hay dos manifestaciones de pensionistas convocadas en marzo, el 1 y el 15, “y programaremos más en abril”, adelanta Carlos Bravo. “El Gobierno sabe que exigimos que se modifique y no dicen que estén cerrados a ello, pero no toma la iniciativa con los interlocutores sociales ni con los partidos políticos y es su responsabilidad”, prosigue el sindicalista.

Una mujer rompe la carta que informa de la subida de pensiones en la manifestación en Murcia / CARLOS TRENOR
Una mujer rompe la carta que informa de la subida de pensiones en la manifestación en Murcia / CARLOS TRENOR

José Ignacio Conde-Ruiz opina que el Gobierno se verá abocado a negociar una nueva reforma de las pensiones debido a las subidas mínimas del 0,25%. “El mecanismo de casi congelar la pensión para siempre políticamente es muy inestable, llega un detonante para que se haga una reforma”. Las medidas que se deben tomar, según el experto, no siempre son populares y requieren de consenso político.

Ese consenso, la unidad en las políticas sobre pensiones públicas, es lo que el PP dinamitó en 2013 con su reforma, critica CCOO. Carles Campuzano, diputado del PDeCAT –que ha presentando la última proposición parlamentaria para acabar con la reforma de Rajoy– y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, suscribe esta idea. “Este Gobierno se equivocó en el año 2013 y ha proyectado temores e incertidumbre, algunos reales y otros infundados”, afirma Campuzano. La soledad del PP en la defensa de un sistema rechazado por la totalidad de la oposición y las organizaciones sindicales no solo le está pasando factura, sino que “dificulta hacer política sobre pensiones”, lamenta el parlamentario catalán.

En el peor momento para el PP

La movilización de los pensionistas llega en un momento delicado para el Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy. Aunque la designación del ministro de Economía, Luis de Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo le había dado un respiro a los populares, las manifestaciones de los pensionistas han vuelto a encender las alarmas en el PP, ya que se trata de un sector de la población que siempre ha sido un caladero de votos para la formación conservadora.

De momento la respuesta de los populares a las exigencias de los jubilados ha sido fallida. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, trató este jueves de rebajar la protesta asegurando que desde que gobierna el presidente Mariano Rajoy este colectivo “puede considerarse positivo si se compara con otros sectores”.

El malestar de los pensionistas puede nublar aún más el horizonte del Partido Popular. Las últimas elecciones catalanas han colocado a Ciudadanos como alternativa real a los populares en el espectro del centroderecha sin que Ejecutivo de Rajoy tenga capacidad de respuesta por su minoría parlamentaria. Con encuestas semanales en las que se acrecenta la imagen de Ciudadanos como alternativa y con el desgaste que suponen los continuos problemas de los populares en los tribunales por los casos de corrupción, la movilización callejera de los pensionistas se convierte en una tormera perfecta para el desgaste del Partido Popular. 

El inmovilismo de PP y Cs deja en vía muerta la derogación de la ‘ley mordaza’

Fuente: http://www.publico.es/politica/mordaza-bloqueo-pp-c-s-deja-via-muerta-derogacion-ley-mordaza.html

El Congreso de los Diputados aprobó hace casi un año derogar o modificar la ley de seguridad ciudadana, más conocida como ley mordaza. Después de un debate que auguró el difícil entendimiento entre los partidos para llegar a consensos de cara a una nueva norma, el pleno de la Cámara baja admitió a trámite las iniciativas de PSOE y PNV para revertir una de las normas más emblemáticas y más contestadas de la mayoría absoluta del PP. Sucedió el 21 de marzo de 2017 pero, desde entonces, su trámite parlamentario está parado.

Ambas iniciativas se registraron en la Mesa del Congreso y ahí siguen, esperando a que finalice el plazo de enmiendas para que sus ponencias sean debatidas en la Comisión de Interior. Cada 15 días, desde el pasado 24 de abril, PP o Ciudadanos pide una prórroga que siempre sale adelante porque, entre los dos, tienen mayoría en la Mesa del Congreso. Al principio, varios grupos apoyaron la solicitud de esas prórrogas, pero al cabo de unos meses, PP y Cs se quedaron solos en la petición de ampliaciones. Por eso la oposición denuncia que el partido en el Gobierno y “su socio” están “secuestrando” la actividad legislativa y “bloqueando” la revisión de una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional que “vulnera derechos sociales”.

El Congreso tomó en consideración dos iniciativas: una propuesta del PSOE, que pide derogar la ley mordaza y retornar como punto de partida para el debate a la legislación de 1992, conocida como ley Corcuera o ley de la patada en la puerta; y otra del PNV, que plantea la reforma de 44 artículos de la actual normativa. El PP se quedó solo votando en contra de ambas iniciativas. Ciudadanos —que siempre ha manifestado su intención de reformar la ley de seguridad ciudadana, pero no derogarla— apoyó la proposición de ley del PNV y se abstuvo en la del PSOE. Sin embargo, en la Mesa vota sistemáticamente a favor de la prórroga del periodo de enmiendas.

PNV: “A Ciudadanos sólo le interesan los derechos fundamentales si defenderlos le ayuda en sus posiciones estratégicas”

“Hasta el más inútil de los asesores de Ciudadanos ha tenido tiempo, desde abril, para analizar la norma”, responde a Público el diputado de IU en Unidos Podemos Ricardo Sixto. La formación morada, que ya tiene listas las enmiendas, pide al partido naranja que “deje de secuestrar” la actividad legislativa y de “torpedear” la labor del Congreso actuando como “cómplice deliberado” del PP.

David Serradaportavoz de Interior en el Grupo Parlamentario Socialista, opina lo mismo: “Cuando uno comete un atropello como éste, necesita un colaborador y para eso está Ciudadanos”, denuncia a Público, “para bloquear con el PP cualquier iniciativa que suponga derogar recortes presupuestarios o recortes de derechos fundamentales”.

El grupo parlamentario de Ciudadanos, en cambio, niega la mayor: “Nosotros no queremos frenar ni bloquear la tramitación de las propuestas”, declara a Público su secretario general, Miguel Guitérrez. “Queremos reformar la ley de seguridad ciudadana y tenemos listas las enmiendas a la propuesta del PNV, pero tenemos que ver cómo abordamos la propuesta del PSOE porque supone enmendar todo un articulado sobre el mismo tema en base a una ley anterior”, explica.

Dos textos con un mismo objetivo en la misma comisión

Es cierto que la tramitación de dos iniciativas con el mismo objeto en la misma comisión es técnicamente “compleja”. Así lo han señalado, de hecho, los letrados del Congreso, que remitieron un informe a los portavoces de los grupos en mayo del año pasado sobre cómo proceder en este caso. Ahora ambas propuestas tienen números de registro diferentes y sus enmiendas se deben presentar por separado. Luego, si hay acuerdo entre el PNV y el PSOE, los letrados proponen fusionar los textos para debatir una sola ponencia en la Comisión de Interior.

Aun así, el PP insiste en que será difícil unir “dos propuestas antagónicas” y Ciudadanos lamenta el “complejo escenario” que provoca “la manía del PSOE de derogar leyes”. Los socialistas, sin embargo, insisten en que este tipo de tramitación doble “es una práctica parlamentaria conocida” y no puede servir de “excusa para bloquear el proceso parlamentario”.

PP: “Es lógico que el debate de un tema  sensible y de gran impacto político tenga un ritmo lento”

La ley mordaza, aprobada en 2015 con el rodillo del PP, ha sido ampliamente criticada por todas las formaciones políticas. Incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, exdiputada del PP, cuestionó hace menos de un año las sanciones que plantea la norma que, por cierto, se sigue aplicando. Una de las últimas multas recayó al cantante de un grupo musical por gritar “¡mucha policía, poca diversión!”: 375 euros por parafrasear la consigna de la banda vizcaína Eskorbuto. Y también recientemente, la Administración ha rechazado el recurso interpuesto por la periodista Cristina Fallarás por la sanción de 600 euros que le interpuso la Policía durante una concentración pacífica contra los asesinatos de periodistas en México.

Cs: “No queremos frenar ni bloquear la tramitación de la reforma de la ley de seguridad ciudadana”

Desde este punto de vista, es lógico que el PP esté retrasando el debate sobre la derogación o la modificación de una ley propia que, además, sigue siendo aplicada por las instituciones gubernamentales. Sin embargo, fuentes del Grupo Parlamentario Popular, niegan su falta de voluntad política al respecto y señalan a Público que la prórroga de enmiendas es “un mecanismo habitual del proceso parlamentario”. Al tratarse de un “tema sensible” y de “mucho impacto y peso político”, es lógico que su debate “tenga un ritmo lento“, afirman las mismas fuentes.

En este escenario, el PNV no espera nada del PP, pero tacha de “incomprensible” la actitud de Ciudadanos apoyando al partido en el Gobierno en la prórroga de enmiendas. “A Cs sólo le interesan los derechos fundamentales si defenderlos le ayuda en sus posiciones estratégicas”, denuncia a Público Mikel Legardaportavoz adjunto del Grupo Vasco en el Congreso. “Es el único acuerdo que está funcionando entre ellos y muestra el verdadero comportamiento del partido; sus hechos, por encima de sus palabras”, insiste el diputado.

El partido naranja, que como el PNV, prefiere trabajar con la ley actual como texto de partida y no con la ley Corcuera (como plantea el PSOE), ha anunciado a Públicosu intención de plantear en la próxima Mesa de Portavoces la finalización del plazo de enmiendas a ambas propuestas de ley.

Otras mociones de censura sin visos de prosperar que cambiaron el rumbo de la política en España

Fuente: http://www.publico.es/politica/jaque-presidente-mociones-censura-giros.ht

Felipe González durante la moción de censura al Gobierno de Adolfo Suárez

Felipe González durante la moción de censura al Gobierno de Adolfo Suárez

La celebración de los debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados de las dos mociones de censura planteadas hasta ahora supuso un punto de inflexión para la evolución de la vida política española en cada uno de los momentos en que tuvieron lugar, aunque sus repercusiones tardaron un tiempo en ser efectivas.

Ambas contenían de entrada un pronóstico fácil de acertar: ninguna de las dos tenía la más mínima posibilidad de triunfar. En mayo de 1980 el candidato propuesto en la moción de censura suscrita por el grupo socialista –en aquel momento dividido en tres al formar grupos propios el PSC y los socialistas vascos–, Felipe González, reunió 155 votos a favor, los 120 propios más los 23 del grupo comunista.

Enfrente tuvo a todo el grupo centrista de UCD, 166 escaños; fueron los únicos en oponerse. Otros 19 se abstuvieron, entre ellos Fraga y sus correligionarios, el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar,  y los diputados del grupo de la Minoría Catalana, posteriormente CiU. Hubo varias ausencias, entre ellos la de los cinco parlamentarios del PNV.

Pese a ese resultado adverso, el debate supuso la consagración de Felipe González como líder de la oposición y la percepción de que el PSOE era una alternativa real a la UCD para gobernar el país. De hecho, dos años y medio después el partido socialista lograba la victoria con una abrumadora mayoría absoluta, y Felipe González era investido presidente del Gobierno, puesto que conservó durante más de 13 años.

La moción de censura siguiente, en mayo de 1987, fue registrada por los diputados de Alianza Popular (AP) con su ocasional líder de entonces, Antonio Hernández Mancha, como candidato a sustituir a Felipe González en La Moncloa. Fue también una acción fallida, ya que el aspirante conservador apenas cosechó 66 respaldos, tres menos de los que aportaba su propio partido al conglomerado electoral Coalición Democrática, que logró 105 escaños con Manuel Fraga como líder.

Antonio Hernandez Mancha

Antonio Hernandez Mancha

Ese magro resultado puso en evidencia la endeblez de Hernández Mancha como sustituto de Fraga, ya que además de tener enfrente a 195 diputados –en la bancada socialista se permitieron varias ausencias; también en el banco azul gubernamental– hubo otras 71 abstenciones, la mitad de diputados de formaciones conservadoras como el PDP de Óscar Alzaga o el PL de José Antonio Segurado.

Pero esa debacle, a la que contribuyó el pobre debate que sostuvo el aspirante, dio paso a un profundo proceso de renovación en la arcaica Alianza Popular que derivó en la “refundación” de la formación conservadora bajo la denominación de Partido Popular. Al cabo de dos años y medio José María Aznar era el candidato electoral, convirtiéndose en líder de un “nuevo” PP que, a la postre, le llevaría a La Moncloa.

La tercera de la democrática: algunas diferencias

La moción de censura registrada por el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea con Pablo Iglesias como candidato inicia su debate este martes con unas características propias que la diferencian de las dos anteriores. Si acaso, la única similitud es la imposibilidad de que triunfe debido a la composición del hemiciclo.

Es la primera vez que una moción de censura no la presenta el grupo de la oposición más numeroso, como lo eran el PSOE, en 1980, y AP, en 1987; ahora lo hace la tercera fuerza parlamentaria que, a diferencia de otras legislaturas, cuenta con un número suficiente de diputados para hacerlo. Esa es una de las principales características del actual ciclo legislativo.

La formación morada justifica la presentación de esta iniciativa por razones de “emergencia social y democrática” con el propósito de “echar al PP del Gobierno” para evitar que continúe la fractura social que han generado sus políticas, con una parte significativa de la sociedad en situación de marginación. La censura, además, se presenta contra un Gobierno y su presidente, que apenas cuentan con un respaldo de 137 escaños, menos de lo que tenían Suárez y González.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias,se dirige al ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, durante la sesión de control al Gobierno que se celebra hoy en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Ballesteros

El líder de Podemos, Pablo Iglesias,durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. – EFE

Pero lo que sin duda confiere una peculiaridad propia a esta iniciativa es el hecho de estar protagonizada por una formación política emergente y su líder, Pablo Iglesias, que ha roto en apenas año y medio el esquema bipartidista imperante en el hemiciclo del Congreso de los Diputados junto a la irrupción de Ciudadanos. Una situación que ha supuesto todo un revulsivo en la política española y que, sencillamente, era ciencia-ficción hace 30 años.

Ahora bien, aquellos dos debates previos de 1980 y 1987 tampoco tuvieron muchas similitudes. En primer lugar, por las diferentes situaciones políticas que se vivían en 1980 ─en plena Transición, crisis económica y con un Gobierno muy inestable─ y en 1987 ─en pleno proceso de integración en la CEE, dinamismo económico y un Gobierno con mayoría absoluta─.

También hubo grandes diferencias en cuanto a los procedimientos: en el primero había un reglamento provisional para la Cámara baja que permitió debates e intervenciones muy ágiles, con amplios poderes discrecionales para la presidencia; en el segundo ya era de aplicación un reglamento estable ─prácticamente el mismo que el actual─ aprobado en febrero de 1982 que establece mucha más rigidez para los debates.

20 horas y media de debate en 1980

La duración de los debates, por ejemplo, es buena muestra ello. La moción de censura socialista se desarrolló durante tres días (28, 29 y 30 de mayo) y los discursos de los numerosos diputados que tomaron la palabra (todos hombres) consumieron 20 horas y media, con apenas un breve receso en la primera jornada, que arrancó pasadas las 16.30 h y no concluyó hasta algo después de las 21 h.

El plato fuerte llegó al día siguiente con 10 horas y media de parlamentos sin interrupción alguna, que no finalizaron hasta la 1.30 h del jueves día 30. De la intensidad de los debates y de su agilidad da una idea el hecho de que el día anterior, el presidente de la cámara, el centrista Landelino Lavilla, anunció su voluntad de que la votación se produjera a las 21 h de ese jueves.

Finalmente se votó al tercer día, pero no sin antes dedicar otras tres horas a un nuevo cruce de pareceres entre varios protagonistas del debate, sobre todo entre el candidato y el portavoz del grupo centrista, Calvo Ortega. En el fragor del debate de la noche anterior se enzarzaron Felipe González y Adolfo Suárez, quien sin embargo subió a la tribuna antes para responder a Santiago Carrillo.

En diversos momentos llegaron a tomar la palabra hasta siete miembros del Gobierno de Suárez: Arias Salgado (Presidencia), que respondió a la presentación de la moción de censura que hizo Guerra; Abril Martorell (vicepresidente), Rodríguez Sahagún (Defensa); Pérez Llorca (Administración Territorial); Gámir (Comercio); Ortega y Díaz Ambrona (Coordinación Legislativa), y Sánchez Terán (Trabajo).

Ese fragor de intervenciones disminuyó sustancialmente en la siguiente moción de censura, dilucidada también a lo largo de tres jornadas como la anterior que, a su vez, generaron 15 horas y cuarenta minutos de debates. Eso sí, con algunos “trucos”. Aparte de un receso de algo más de dos horas para la comida en el primer día ─que se alargó durante más de dos horas─, lo más llamativo de esta moción es que la votación se hizo al tercer día, pero mediando un fin de semana entre la suspensión de la sesión, un viernes poco después de mediodía, y su reanudación al lunes siguiente.

Adolfo Suárez y Felipe González

Adolfo Suárez y Felipe González

Buena parte del debate de la primera sesión lo acapararon el portavoz parlamentario de AP, Juan Ramón Calero, que defendió la idoneidad de la moción de censura registrada por su grupo, y el vicepresidente Alfonso Guerra, que repitió protagonismo de nuevo aunque esta vez desde el Gobierno. El aspirante Hernández Mancha consumió el resto de la mañana sin que nadie del Ejecutivo le diese réplica.

La tarde de ese primer día y la mañana del siguiente tuvieron un desarrollo más pautado, similar a los actuales debates, con las intervenciones del resto de los portavoces de los grupos, de menor a mayor importancia numérica. En esta ocasión Adolfo Suárez también intervino por alusiones a unas frases pronunciadas por el candidato aspirante después de la intervención que había realizado el portavoz del grupo del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, otro de los intervinientes en la anterior moción.

Sólo al final subió a la tribuna de oradores el presidente González para mantener un no muy intenso cruce de pareceres con el aspirante Hernández Mancha. El debate, en el que tampoco tomó la palabra ninguna mujer, se diluyó finalmente entre el portavoz del grupo socialista, Eduardo Martín Toval, y el propio candidato conservador.

La sesión se retomó el lunes siguiente por la tarde para, exclusivamente, celebrar el proceso de votación. El escaso interés que suscitó aquella cita parlamentaria queda reflejado en el hecho de que tan sólo participaron en la votación, a priori muy trascendente, 332 diputados de un pleno compuesto por 350 escaños.

Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Moix-pierde-apoyos-seguir-Anticorrupcion_0_649536139.html

Manuel Moix es un hombre solo. Mantiene de momento su cargo como fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, pero el descubrimiento de la sociedad panameña en la que participa y  su gestión de este último escándalo le han hecho perder todos los apoyos con los que ha contado desde el inicio de su convulso mandato.

Primero fue su jefe directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien el martes negó que fuese informado por Moix, tal y como este había contado en la cadena SER, de que tenía junto a su familia participaciones en una empresa panameña propietaria de un chalé en la sierra de Madrid. Moix, acostumbrado a que Maza le respaldase desde que tomó posesión el pasado febrero, contó que este no le había dado importancia a la noticia publicada por Infolibre y que cuando regresase de su viaje el fiscal general, hablarían sobre el tema. La reunión está prevista para las próximas horas. Maza ya sabe que el Gobierno ha decidido descargar en él toda la responsabilidad sobre la continuidad de Moix.

Lejos de mojarse para respaldar al jefe de Anticorrupción -como había hecho la víspera el presidente Mariano Rajoy cuando respondió con un lacónico “sí” a la pregunta de si mantenía la confianza en Moix, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se quitó de en medio este miércoles: “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía es a la Fiscalía a la que le corresponde los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales, y nosotros respetamos esa autonomía”.

Igual que hizo en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien volvió a señalar a Maza, la persona que él coloco al frente de la Fiscalía General del Estado, como el único con competencias para destituir a Moix. En su afán por desmarcarse, Catalá incluso deslizó cuál debe ser el procedimiento para hacerlo: “Es al fiscal general al que corresponde proponer un expediente para remover a [Manuel Moix] de la fiscalía anticorrupción”.

Las gélidas reacciones del Gobierno llegan después de que todos los partidos a excepción del PP hayan pedido la cabeza de Moix, quien, como Maza y el propio ministro Catalá,  ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, por su intervención en el caso Lezo.

En ese sumario, Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción ya el pasado otoño.

Sus polémicas decisiones en Lezo abrieron una crisis interna en Anticorrupción, donde una veintena de fiscales -la práctica unanimidad- se posicionaron en contra de su criterio y respaldaron a los dos profesionales que asumieron el caso desde el principio. Las transcripciones de las conversaciones de González provocaron estupor en la carrera.

En aquel momento, tanto Mariano Rajoy, como Catalá, que también aparece en mensajes comprometedores con González, optaron por respaldar a Moix. Ahora el asunto de la sociedad panameña es distinto: la polémica viene originada por el comportamiento privado del fiscal jefe de Anticorrupción y no involucra a nadie del Gobierno ni del PP, como sí sucedía en la Operación Lezo, más allá de poner en evidencia el error que supuso su nombramiento para un cargo tan delicado como la jefatura de Anticorrupción.

Con los dirigentes del PP colocados de perfil y Maza guardando silencio, y sus subordinados en la unidad especial desolados por la sucesión de escándalos, la última estocada a Moix llegó en forma de comunicado de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, la misma que había respaldado su nombramiento el pasado febrero. La nota remitida por la AF a los medios durante la tarde del miércoles pedía al jefe de Anticorrupción que pusiese su cargo a disposición de José Manuel Maza, con quien la asociación había pactado el nombramiento. Sus aliados naturales también le habían retirado su confianza.

La Unión Progresista de Fiscales  había sido mucho más dura y llevaba ya semanas reclamando su dimisión para limpiar la imagen del ministerio público.

Por si quedaba alquien que aún no hubiese dado la espalda al jefe de Anticorrupción, los diarios  El Español, El País , los medios a los que según afirmó en una entrevista reciente en la cadena SER concede credibilidad Moix, publicaron editoriales a última hora del miércoles en el que reclaman su marcha.

El Español, el medio al que recurrió Moix para reventar la información de la sociedad panameña cuando un periodista de Infolibre le llamó para recabar su versión, anunció de madrugada que el jefe de Anticorrupción ha sucumbido a la presión con el siguiente titular: Moix ofrecerá su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución”.

Los funcionarios condenados por prevaricación en el Ayuntamiento de Rota podrán volver a sus puestos gracias a los indultos

Fuente: http://elboenuestrodecadadia.com/2017/02/13/los-funcionarios-condenados-por-prevaricacion-en-el-ayuntamiento-de-rota-podran-volver-a-sus-puestos-gracias-a-los-indultos/

  • El Gobierno indulta a los seis funcionarios del caso ‘horas extra’
  • Cambia sus condenas por inhabilitación por suspensiones temporales

El BOE de hoy recoge los primeros 11 indultos de 2017. Tres de ellos a condenados por delitos contra la salud pública, uno por lesiones y los otros seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato, aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

La condena tiene doble vía: dieron un contrato a un funcionario -algo ilegal- y, además, lo hicieron vía horas extra, un método totalmente irregular. La pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Además, los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios.

Ismael Puyana Román, exconcejal de Fiestas y Personal, pasa de una condena de cuatro años y medio de cárcel a una multa y dos años; y de nueve años y tres meses de inhabilitación a una suspensión temporal de seis meses, con lo que podrá volver a su puesto. Mismas condenas y mismo tratamiento para la funcionaria Manuela Serrano, José Manuel Caballero, director técnico del Ayuntamiento y Francisco Arjona, que era delegado de personal. Según la sentencia, ambos dieron su aprobación a estos métodos. Los tres fueron condenados, además de por prevaricación, por falsificar documentos oficiales.

Manuel García, el funcionario que realizó las tareas encargadas por el ayuntamiento en su taller, pasa de sumar cinco años y nueve meses de inhabilitación a dos de suspensión. Su pena de cárcel ya era de dos años, por lo que se queda igual. Por último, Miguel Fuentes, el interventor, para el que la condena era de dos años y siete meses de inhabilitación, pasa a estar suspendido en su empleo un mes.

El Ayuntamiento envió la petición de indulto en junio, de la que excluyó a la exalcaldesa, Eva Corrales (PP). Pero porque su petición se empezó a tramitar más tarde.

En esta nueva ronda de indultos, el Gobierno sigue sin explicarel, en los decretos, por qué los concede, algo que sí hizo en la anterior ronda de Semana Santa y que el Tribunal Supremo le ha recriminado.

Buenos días.

Rajoy, sobre la luz: “Nos preocupa, pero no todo en este mundo depende del Gobierno”

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-26/mariano-rajoy-precio-luz-gobierno-pp-onda-cero_1321901/

26.01.201709:58 H.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo un repaso a la actualidad de España ante los micrófonos de ‘Más de uno’ de ‘Once Cero’, donde no rehusó en hablar sobre el elevado precio de la luz durante los días de más frío en lo que va de año. Pese a que asegura que se debe trabajar con la intención de conseguir que las cantidades que desembolsan los ciudadanos no sean tan elevadas, considera que el Ejecutivo poco más puede hacer al respecto.

SARA DE DIEGO

Después de asegurar que no se plantea modificar el sistema con el que se fijan los precios de la luz, el presidente del Gobierno entiende que esperar a que llueva o haga aire “no es la solución”. Sin embargo, también entiende que el Gobierno ya ha hecho lo que debía de hacer: “La tarfia de los peajes, que es lo que depende del Ejecutivo, está congelada. Nos preocupa, pero no todo en este mundo depende del Gobierno. Ahora, la parte fija sí, y es la que está congelada”, confiesa.

Para el líder del Partido Popular, los precios de la factura de la luz subirán “unos 8 euros mensuales“, una situación que provocaría que el precio a final de año supusiera “unos 100 euros más“. Sin embargo, considera que el principal problema no depende del propio Ejecutivo, sino que tiene que es algo común a “los países en los que no hay petróleo”, que está siendo especialmente sangrante en este comienzo de año porque “2016 fue especialmente bueno“.

Estos son los precios de la electricidad para hoy en diferentes países europeos @marianorajoy

No es un problema exclusivo de España. Hoy, los precios medios del mercado mayorista de luz son: en Italia es de 110 €/MWh; en Suiza de 110; en Bélgica y Francia 109; y en España, 87€. Hemos vuelto a los precios de la electricidad de 2015, pero hay que tener en cuenta que 2016 fue especialmente bueno porque bajó el precio del petróleo y porque las condiciones meteorológicas acompañaron. Ahora, como va a llover y va a hacer viento, el precio volverá a bajar”, asegura Rajoy.

Entre los problemas que han llevado a subir el precio de la luz durante estas semanas de enero, Rajoy considera que varios son los factores que afectan. No sólo la falta de lluvia o viento, que provocan que las tecnologías para generar luz se encarezcan y, con ello, suba el precio -además del crecimiento de la demanda-, si no que también considera fundamental “la subida del 100 por 100 del precio del petróleo“, además de “exportar electricidad a Francia”.

Cataluña, su otro frente

Otro de los grandes retos que afronta el Ejecutivo de Rajoy tiene que ver con el secesionismo catalán. La intención del ‘Govern’ no es otra más que llevar a cabo una consulta con la que buscar los resquicios legales para proclamar la separación del territorio español, algo que el presidente del Gobierno no entiende si no se cuenta con la opinión de todos los españoles, quienes “deben decidir sobre lo que ocurre en su país“.

“Tenemos un sistema constitucional que tiene reservado para el pueblo español ciertas decisiones y, entre ellas, se encuentra la ruptura de la soberanía nacional. Por ejemplo, alguien de Zamora puede opinar sobre Santiago de Compostela, porque es parte de su país”, aseguró. “Además ni quiero ni puedo liquidar la soberanía nacional. Tengo muy claro que no voy a hacer nada contra España, la igualdad de los españoles o la soberanía nacional”, afirmó Rajoy.

Presidentes autónomicos y Gobierno sellan un pacto para la financiación autonómica.

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El Gobierno acuerda con los presidentes autónomicos un nuevo sistema de financiación para este año que entra.

Urkullu y Puigdemont rehusaron presentarse a la conferencia, Puigdemont alegó que las relaciones con el Gobierno central tienen que ser bilateralidad.

El Gobierno ha aceptado dar estabilidad a la cumbre, tras cinco años sin celebrarla.

 

 

REUNIÓN EN BARCELONA Santamaría y Junqueras constatan la imposibilidad de acuerdo por el referéndum

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20170110/413232216616/santamaria-dialogo-reunion-oriol-junqueras.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=politica

, Barcelona

10/01/2017 17:39 | Actualizado a 11/01/2017 07:18

Los números dos de los gobiernos del Estado y de la Generalitat han vuelto a constatar lo alejadas que están sus posiciones en torno a la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras se han reunido este martes en Barcelona durante más de dos horas y no han aproximado ni un ápice sus posturas.

La vicepresidenta ha insistido en que no puede ni siquiera abordar la cuestión y el vicepresident se ha limitado a aprovechar el encuentro para trasladar a su interlocutora que el referéndum se va a celebrar sin condicionarlo a “un permiso” del Ejecutivo central.

No al referéndumNo podemos negociar sobre lo que no podemos disponer”
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales

Santamaría ha reiterado el mismo mensaje tanto al entrar como al salir de la reunión: el referéndum es una línea roja y no es posible hablar de ello. “Nosotros no podemos negociar sobre aquello de lo que no podemos disponer”, ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a los medios reunidos frente a la sede del departamento de Economia de la Generalitat.

Por su parte, Junqueras, ha descrito la reunión como “larga, intensa y cordial”. El también líder de ERC ha insistido en que ha explicado a la vicepresidenta la “voluntad del Govern de celebrar un referéndum” y que, por lo tanto, “no espera ningún permiso para celebrarlo”. “

El Gobierno se marcha convencido de que habrá un referéndum en Catalunya”, ha concluido el vicepresidente catalán, que también ha desvelado que Santamaría le ha dejado claro que el Gobierno “hará lo posible por evitarlo”.

Sanidad anuncia subir el repago farmaceútico a las pensiones mas altas

La ministra de Sanidad anuncia que subirá el porcentaje del repago farmaceutico a las rentas superiores a 30.000 euros anuales.

Desde 2012, la anterior ministra Ana Mato decretó que los pensionistas deberían pagar un porcentaje de sus medicinas, los que perciben de 18.000 a 100.000 euros abonan el 10% del coste. Antes lo pensionistas no tenían que pagar las recetas y la Seguridad Social cubría el coste de sus medicamentos en su totalidad.

Las rentas mas altas abonan hasta el 60%.

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