Otras mociones de censura sin visos de prosperar que cambiaron el rumbo de la política en España

Fuente: http://www.publico.es/politica/jaque-presidente-mociones-censura-giros.ht

Felipe González durante la moción de censura al Gobierno de Adolfo Suárez

Felipe González durante la moción de censura al Gobierno de Adolfo Suárez

La celebración de los debates parlamentarios en el Congreso de los Diputados de las dos mociones de censura planteadas hasta ahora supuso un punto de inflexión para la evolución de la vida política española en cada uno de los momentos en que tuvieron lugar, aunque sus repercusiones tardaron un tiempo en ser efectivas.

Ambas contenían de entrada un pronóstico fácil de acertar: ninguna de las dos tenía la más mínima posibilidad de triunfar. En mayo de 1980 el candidato propuesto en la moción de censura suscrita por el grupo socialista –en aquel momento dividido en tres al formar grupos propios el PSC y los socialistas vascos–, Felipe González, reunió 155 votos a favor, los 120 propios más los 23 del grupo comunista.

Enfrente tuvo a todo el grupo centrista de UCD, 166 escaños; fueron los únicos en oponerse. Otros 19 se abstuvieron, entre ellos Fraga y sus correligionarios, el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar,  y los diputados del grupo de la Minoría Catalana, posteriormente CiU. Hubo varias ausencias, entre ellos la de los cinco parlamentarios del PNV.

Pese a ese resultado adverso, el debate supuso la consagración de Felipe González como líder de la oposición y la percepción de que el PSOE era una alternativa real a la UCD para gobernar el país. De hecho, dos años y medio después el partido socialista lograba la victoria con una abrumadora mayoría absoluta, y Felipe González era investido presidente del Gobierno, puesto que conservó durante más de 13 años.

La moción de censura siguiente, en mayo de 1987, fue registrada por los diputados de Alianza Popular (AP) con su ocasional líder de entonces, Antonio Hernández Mancha, como candidato a sustituir a Felipe González en La Moncloa. Fue también una acción fallida, ya que el aspirante conservador apenas cosechó 66 respaldos, tres menos de los que aportaba su propio partido al conglomerado electoral Coalición Democrática, que logró 105 escaños con Manuel Fraga como líder.

Antonio Hernandez Mancha

Antonio Hernandez Mancha

Ese magro resultado puso en evidencia la endeblez de Hernández Mancha como sustituto de Fraga, ya que además de tener enfrente a 195 diputados –en la bancada socialista se permitieron varias ausencias; también en el banco azul gubernamental– hubo otras 71 abstenciones, la mitad de diputados de formaciones conservadoras como el PDP de Óscar Alzaga o el PL de José Antonio Segurado.

Pero esa debacle, a la que contribuyó el pobre debate que sostuvo el aspirante, dio paso a un profundo proceso de renovación en la arcaica Alianza Popular que derivó en la “refundación” de la formación conservadora bajo la denominación de Partido Popular. Al cabo de dos años y medio José María Aznar era el candidato electoral, convirtiéndose en líder de un “nuevo” PP que, a la postre, le llevaría a La Moncloa.

La tercera de la democrática: algunas diferencias

La moción de censura registrada por el grupo parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea con Pablo Iglesias como candidato inicia su debate este martes con unas características propias que la diferencian de las dos anteriores. Si acaso, la única similitud es la imposibilidad de que triunfe debido a la composición del hemiciclo.

Es la primera vez que una moción de censura no la presenta el grupo de la oposición más numeroso, como lo eran el PSOE, en 1980, y AP, en 1987; ahora lo hace la tercera fuerza parlamentaria que, a diferencia de otras legislaturas, cuenta con un número suficiente de diputados para hacerlo. Esa es una de las principales características del actual ciclo legislativo.

La formación morada justifica la presentación de esta iniciativa por razones de “emergencia social y democrática” con el propósito de “echar al PP del Gobierno” para evitar que continúe la fractura social que han generado sus políticas, con una parte significativa de la sociedad en situación de marginación. La censura, además, se presenta contra un Gobierno y su presidente, que apenas cuentan con un respaldo de 137 escaños, menos de lo que tenían Suárez y González.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias,se dirige al ministro del Interior, Juan Antonio Zoido, durante la sesión de control al Gobierno que se celebra hoy en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/Ballesteros

El líder de Podemos, Pablo Iglesias,durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso. – EFE

Pero lo que sin duda confiere una peculiaridad propia a esta iniciativa es el hecho de estar protagonizada por una formación política emergente y su líder, Pablo Iglesias, que ha roto en apenas año y medio el esquema bipartidista imperante en el hemiciclo del Congreso de los Diputados junto a la irrupción de Ciudadanos. Una situación que ha supuesto todo un revulsivo en la política española y que, sencillamente, era ciencia-ficción hace 30 años.

Ahora bien, aquellos dos debates previos de 1980 y 1987 tampoco tuvieron muchas similitudes. En primer lugar, por las diferentes situaciones políticas que se vivían en 1980 ─en plena Transición, crisis económica y con un Gobierno muy inestable─ y en 1987 ─en pleno proceso de integración en la CEE, dinamismo económico y un Gobierno con mayoría absoluta─.

También hubo grandes diferencias en cuanto a los procedimientos: en el primero había un reglamento provisional para la Cámara baja que permitió debates e intervenciones muy ágiles, con amplios poderes discrecionales para la presidencia; en el segundo ya era de aplicación un reglamento estable ─prácticamente el mismo que el actual─ aprobado en febrero de 1982 que establece mucha más rigidez para los debates.

20 horas y media de debate en 1980

La duración de los debates, por ejemplo, es buena muestra ello. La moción de censura socialista se desarrolló durante tres días (28, 29 y 30 de mayo) y los discursos de los numerosos diputados que tomaron la palabra (todos hombres) consumieron 20 horas y media, con apenas un breve receso en la primera jornada, que arrancó pasadas las 16.30 h y no concluyó hasta algo después de las 21 h.

El plato fuerte llegó al día siguiente con 10 horas y media de parlamentos sin interrupción alguna, que no finalizaron hasta la 1.30 h del jueves día 30. De la intensidad de los debates y de su agilidad da una idea el hecho de que el día anterior, el presidente de la cámara, el centrista Landelino Lavilla, anunció su voluntad de que la votación se produjera a las 21 h de ese jueves.

Finalmente se votó al tercer día, pero no sin antes dedicar otras tres horas a un nuevo cruce de pareceres entre varios protagonistas del debate, sobre todo entre el candidato y el portavoz del grupo centrista, Calvo Ortega. En el fragor del debate de la noche anterior se enzarzaron Felipe González y Adolfo Suárez, quien sin embargo subió a la tribuna antes para responder a Santiago Carrillo.

En diversos momentos llegaron a tomar la palabra hasta siete miembros del Gobierno de Suárez: Arias Salgado (Presidencia), que respondió a la presentación de la moción de censura que hizo Guerra; Abril Martorell (vicepresidente), Rodríguez Sahagún (Defensa); Pérez Llorca (Administración Territorial); Gámir (Comercio); Ortega y Díaz Ambrona (Coordinación Legislativa), y Sánchez Terán (Trabajo).

Ese fragor de intervenciones disminuyó sustancialmente en la siguiente moción de censura, dilucidada también a lo largo de tres jornadas como la anterior que, a su vez, generaron 15 horas y cuarenta minutos de debates. Eso sí, con algunos “trucos”. Aparte de un receso de algo más de dos horas para la comida en el primer día ─que se alargó durante más de dos horas─, lo más llamativo de esta moción es que la votación se hizo al tercer día, pero mediando un fin de semana entre la suspensión de la sesión, un viernes poco después de mediodía, y su reanudación al lunes siguiente.

Adolfo Suárez y Felipe González

Adolfo Suárez y Felipe González

Buena parte del debate de la primera sesión lo acapararon el portavoz parlamentario de AP, Juan Ramón Calero, que defendió la idoneidad de la moción de censura registrada por su grupo, y el vicepresidente Alfonso Guerra, que repitió protagonismo de nuevo aunque esta vez desde el Gobierno. El aspirante Hernández Mancha consumió el resto de la mañana sin que nadie del Ejecutivo le diese réplica.

La tarde de ese primer día y la mañana del siguiente tuvieron un desarrollo más pautado, similar a los actuales debates, con las intervenciones del resto de los portavoces de los grupos, de menor a mayor importancia numérica. En esta ocasión Adolfo Suárez también intervino por alusiones a unas frases pronunciadas por el candidato aspirante después de la intervención que había realizado el portavoz del grupo del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, otro de los intervinientes en la anterior moción.

Sólo al final subió a la tribuna de oradores el presidente González para mantener un no muy intenso cruce de pareceres con el aspirante Hernández Mancha. El debate, en el que tampoco tomó la palabra ninguna mujer, se diluyó finalmente entre el portavoz del grupo socialista, Eduardo Martín Toval, y el propio candidato conservador.

La sesión se retomó el lunes siguiente por la tarde para, exclusivamente, celebrar el proceso de votación. El escaso interés que suscitó aquella cita parlamentaria queda reflejado en el hecho de que tan sólo participaron en la votación, a priori muy trascendente, 332 diputados de un pleno compuesto por 350 escaños.

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Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Moix-pierde-apoyos-seguir-Anticorrupcion_0_649536139.html

Manuel Moix es un hombre solo. Mantiene de momento su cargo como fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, pero el descubrimiento de la sociedad panameña en la que participa y  su gestión de este último escándalo le han hecho perder todos los apoyos con los que ha contado desde el inicio de su convulso mandato.

Primero fue su jefe directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien el martes negó que fuese informado por Moix, tal y como este había contado en la cadena SER, de que tenía junto a su familia participaciones en una empresa panameña propietaria de un chalé en la sierra de Madrid. Moix, acostumbrado a que Maza le respaldase desde que tomó posesión el pasado febrero, contó que este no le había dado importancia a la noticia publicada por Infolibre y que cuando regresase de su viaje el fiscal general, hablarían sobre el tema. La reunión está prevista para las próximas horas. Maza ya sabe que el Gobierno ha decidido descargar en él toda la responsabilidad sobre la continuidad de Moix.

Lejos de mojarse para respaldar al jefe de Anticorrupción -como había hecho la víspera el presidente Mariano Rajoy cuando respondió con un lacónico “sí” a la pregunta de si mantenía la confianza en Moix, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se quitó de en medio este miércoles: “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía es a la Fiscalía a la que le corresponde los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales, y nosotros respetamos esa autonomía”.

Igual que hizo en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien volvió a señalar a Maza, la persona que él coloco al frente de la Fiscalía General del Estado, como el único con competencias para destituir a Moix. En su afán por desmarcarse, Catalá incluso deslizó cuál debe ser el procedimiento para hacerlo: “Es al fiscal general al que corresponde proponer un expediente para remover a [Manuel Moix] de la fiscalía anticorrupción”.

Las gélidas reacciones del Gobierno llegan después de que todos los partidos a excepción del PP hayan pedido la cabeza de Moix, quien, como Maza y el propio ministro Catalá,  ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, por su intervención en el caso Lezo.

En ese sumario, Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción ya el pasado otoño.

Sus polémicas decisiones en Lezo abrieron una crisis interna en Anticorrupción, donde una veintena de fiscales -la práctica unanimidad- se posicionaron en contra de su criterio y respaldaron a los dos profesionales que asumieron el caso desde el principio. Las transcripciones de las conversaciones de González provocaron estupor en la carrera.

En aquel momento, tanto Mariano Rajoy, como Catalá, que también aparece en mensajes comprometedores con González, optaron por respaldar a Moix. Ahora el asunto de la sociedad panameña es distinto: la polémica viene originada por el comportamiento privado del fiscal jefe de Anticorrupción y no involucra a nadie del Gobierno ni del PP, como sí sucedía en la Operación Lezo, más allá de poner en evidencia el error que supuso su nombramiento para un cargo tan delicado como la jefatura de Anticorrupción.

Con los dirigentes del PP colocados de perfil y Maza guardando silencio, y sus subordinados en la unidad especial desolados por la sucesión de escándalos, la última estocada a Moix llegó en forma de comunicado de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, la misma que había respaldado su nombramiento el pasado febrero. La nota remitida por la AF a los medios durante la tarde del miércoles pedía al jefe de Anticorrupción que pusiese su cargo a disposición de José Manuel Maza, con quien la asociación había pactado el nombramiento. Sus aliados naturales también le habían retirado su confianza.

La Unión Progresista de Fiscales  había sido mucho más dura y llevaba ya semanas reclamando su dimisión para limpiar la imagen del ministerio público.

Por si quedaba alquien que aún no hubiese dado la espalda al jefe de Anticorrupción, los diarios  El Español, El País , los medios a los que según afirmó en una entrevista reciente en la cadena SER concede credibilidad Moix, publicaron editoriales a última hora del miércoles en el que reclaman su marcha.

El Español, el medio al que recurrió Moix para reventar la información de la sociedad panameña cuando un periodista de Infolibre le llamó para recabar su versión, anunció de madrugada que el jefe de Anticorrupción ha sucumbido a la presión con el siguiente titular: Moix ofrecerá su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución”.

Los funcionarios condenados por prevaricación en el Ayuntamiento de Rota podrán volver a sus puestos gracias a los indultos

Fuente: http://elboenuestrodecadadia.com/2017/02/13/los-funcionarios-condenados-por-prevaricacion-en-el-ayuntamiento-de-rota-podran-volver-a-sus-puestos-gracias-a-los-indultos/

  • El Gobierno indulta a los seis funcionarios del caso ‘horas extra’
  • Cambia sus condenas por inhabilitación por suspensiones temporales

El BOE de hoy recoge los primeros 11 indultos de 2017. Tres de ellos a condenados por delitos contra la salud pública, uno por lesiones y los otros seis por prevaricación continuada. Se trata de los funcionarios y un exconcejal implicados en el caso horas extra del Ayuntamiento de Rota, por el que durante años se pagó a un funcionario, en forma de horas extra, en su nómina trabajos que el Consistorio debía haber adjudicado vía contrato, aprobados en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

La condena tiene doble vía: dieron un contrato a un funcionario -algo ilegal- y, además, lo hicieron vía horas extra, un método totalmente irregular. La pena se rebaja, para los que tienen condenas superiores de cárcel, a dos años. Así, si el juez así lo decide, podrán evitar la entrada en prisión. Además, los indultos cambian sus condenas de inhabilitación por suspensiones temporales, por lo que no perderán sus puestos ni su condición de funcionarios.

Ismael Puyana Román, exconcejal de Fiestas y Personal, pasa de una condena de cuatro años y medio de cárcel a una multa y dos años; y de nueve años y tres meses de inhabilitación a una suspensión temporal de seis meses, con lo que podrá volver a su puesto. Mismas condenas y mismo tratamiento para la funcionaria Manuela Serrano, José Manuel Caballero, director técnico del Ayuntamiento y Francisco Arjona, que era delegado de personal. Según la sentencia, ambos dieron su aprobación a estos métodos. Los tres fueron condenados, además de por prevaricación, por falsificar documentos oficiales.

Manuel García, el funcionario que realizó las tareas encargadas por el ayuntamiento en su taller, pasa de sumar cinco años y nueve meses de inhabilitación a dos de suspensión. Su pena de cárcel ya era de dos años, por lo que se queda igual. Por último, Miguel Fuentes, el interventor, para el que la condena era de dos años y siete meses de inhabilitación, pasa a estar suspendido en su empleo un mes.

El Ayuntamiento envió la petición de indulto en junio, de la que excluyó a la exalcaldesa, Eva Corrales (PP). Pero porque su petición se empezó a tramitar más tarde.

En esta nueva ronda de indultos, el Gobierno sigue sin explicarel, en los decretos, por qué los concede, algo que sí hizo en la anterior ronda de Semana Santa y que el Tribunal Supremo le ha recriminado.

Buenos días.

Rajoy, sobre la luz: “Nos preocupa, pero no todo en este mundo depende del Gobierno”

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-26/mariano-rajoy-precio-luz-gobierno-pp-onda-cero_1321901/

26.01.201709:58 H.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo un repaso a la actualidad de España ante los micrófonos de ‘Más de uno’ de ‘Once Cero’, donde no rehusó en hablar sobre el elevado precio de la luz durante los días de más frío en lo que va de año. Pese a que asegura que se debe trabajar con la intención de conseguir que las cantidades que desembolsan los ciudadanos no sean tan elevadas, considera que el Ejecutivo poco más puede hacer al respecto.

SARA DE DIEGO

Después de asegurar que no se plantea modificar el sistema con el que se fijan los precios de la luz, el presidente del Gobierno entiende que esperar a que llueva o haga aire “no es la solución”. Sin embargo, también entiende que el Gobierno ya ha hecho lo que debía de hacer: “La tarfia de los peajes, que es lo que depende del Ejecutivo, está congelada. Nos preocupa, pero no todo en este mundo depende del Gobierno. Ahora, la parte fija sí, y es la que está congelada”, confiesa.

Para el líder del Partido Popular, los precios de la factura de la luz subirán “unos 8 euros mensuales“, una situación que provocaría que el precio a final de año supusiera “unos 100 euros más“. Sin embargo, considera que el principal problema no depende del propio Ejecutivo, sino que tiene que es algo común a “los países en los que no hay petróleo”, que está siendo especialmente sangrante en este comienzo de año porque “2016 fue especialmente bueno“.

Estos son los precios de la electricidad para hoy en diferentes países europeos @marianorajoy

No es un problema exclusivo de España. Hoy, los precios medios del mercado mayorista de luz son: en Italia es de 110 €/MWh; en Suiza de 110; en Bélgica y Francia 109; y en España, 87€. Hemos vuelto a los precios de la electricidad de 2015, pero hay que tener en cuenta que 2016 fue especialmente bueno porque bajó el precio del petróleo y porque las condiciones meteorológicas acompañaron. Ahora, como va a llover y va a hacer viento, el precio volverá a bajar”, asegura Rajoy.

Entre los problemas que han llevado a subir el precio de la luz durante estas semanas de enero, Rajoy considera que varios son los factores que afectan. No sólo la falta de lluvia o viento, que provocan que las tecnologías para generar luz se encarezcan y, con ello, suba el precio -además del crecimiento de la demanda-, si no que también considera fundamental “la subida del 100 por 100 del precio del petróleo“, además de “exportar electricidad a Francia”.

Cataluña, su otro frente

Otro de los grandes retos que afronta el Ejecutivo de Rajoy tiene que ver con el secesionismo catalán. La intención del ‘Govern’ no es otra más que llevar a cabo una consulta con la que buscar los resquicios legales para proclamar la separación del territorio español, algo que el presidente del Gobierno no entiende si no se cuenta con la opinión de todos los españoles, quienes “deben decidir sobre lo que ocurre en su país“.

“Tenemos un sistema constitucional que tiene reservado para el pueblo español ciertas decisiones y, entre ellas, se encuentra la ruptura de la soberanía nacional. Por ejemplo, alguien de Zamora puede opinar sobre Santiago de Compostela, porque es parte de su país”, aseguró. “Además ni quiero ni puedo liquidar la soberanía nacional. Tengo muy claro que no voy a hacer nada contra España, la igualdad de los españoles o la soberanía nacional”, afirmó Rajoy.

Presidentes autónomicos y Gobierno sellan un pacto para la financiación autonómica.

Resultado de imagen de conferencia de presidentes

El Gobierno acuerda con los presidentes autónomicos un nuevo sistema de financiación para este año que entra.

Urkullu y Puigdemont rehusaron presentarse a la conferencia, Puigdemont alegó que las relaciones con el Gobierno central tienen que ser bilateralidad.

El Gobierno ha aceptado dar estabilidad a la cumbre, tras cinco años sin celebrarla.

 

 

REUNIÓN EN BARCELONA Santamaría y Junqueras constatan la imposibilidad de acuerdo por el referéndum

Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20170110/413232216616/santamaria-dialogo-reunion-oriol-junqueras.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social&utm_campaign=politica

, Barcelona

10/01/2017 17:39 | Actualizado a 11/01/2017 07:18

Los números dos de los gobiernos del Estado y de la Generalitat han vuelto a constatar lo alejadas que están sus posiciones en torno a la posibilidad de un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras se han reunido este martes en Barcelona durante más de dos horas y no han aproximado ni un ápice sus posturas.

La vicepresidenta ha insistido en que no puede ni siquiera abordar la cuestión y el vicepresident se ha limitado a aprovechar el encuentro para trasladar a su interlocutora que el referéndum se va a celebrar sin condicionarlo a “un permiso” del Ejecutivo central.

No al referéndumNo podemos negociar sobre lo que no podemos disponer”
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA

Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales

Santamaría ha reiterado el mismo mensaje tanto al entrar como al salir de la reunión: el referéndum es una línea roja y no es posible hablar de ello. “Nosotros no podemos negociar sobre aquello de lo que no podemos disponer”, ha subrayado la vicepresidenta en declaraciones a los medios reunidos frente a la sede del departamento de Economia de la Generalitat.

Por su parte, Junqueras, ha descrito la reunión como “larga, intensa y cordial”. El también líder de ERC ha insistido en que ha explicado a la vicepresidenta la “voluntad del Govern de celebrar un referéndum” y que, por lo tanto, “no espera ningún permiso para celebrarlo”. “

El Gobierno se marcha convencido de que habrá un referéndum en Catalunya”, ha concluido el vicepresidente catalán, que también ha desvelado que Santamaría le ha dejado claro que el Gobierno “hará lo posible por evitarlo”.

Sanidad anuncia subir el repago farmaceútico a las pensiones mas altas

La ministra de Sanidad anuncia que subirá el porcentaje del repago farmaceutico a las rentas superiores a 30.000 euros anuales.

Desde 2012, la anterior ministra Ana Mato decretó que los pensionistas deberían pagar un porcentaje de sus medicinas, los que perciben de 18.000 a 100.000 euros abonan el 10% del coste. Antes lo pensionistas no tenían que pagar las recetas y la Seguridad Social cubría el coste de sus medicamentos en su totalidad.

Las rentas mas altas abonan hasta el 60%.

Resultado de imagen de copago farmaceutico

 

El Gobierno planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo

Fuente: http://www.publico.es/economia/gobierno-planea-salvar-banca-clausulas.html

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy planea salvar a la banca del callejón de las cláusulas suelo tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que establece que el dinero cobrado de manera indebida debe devolverse desde que se firmó el contrato hipotecario.

El borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía prevé un protocolo de actuación para resolver las reclamaciones de los consumidores. Será voluntario para las entidades financieras y no pagarán ni costas ni intereses si se someten a él.

El Gobierno tiene previsto aprobar este borrador en forma de decreto ley el próximo Consejo de Ministros, que se celebraría el 13 de enero. El primer borrador fue tumbado por el PSOE, ya que preveía un código de buenas prácticas para la banca que se sumaría de manera voluntaria.

Los propios bancos lo rechazaron porque, de aceptar, suponía que casi todas sus hipotecas con cláusulas suelo eran nulas: este borrador asume la doctrina del Tribunal Supremo según la cual las entidades financieras debieron ofrecer al consumidor antes de firmar el contrato información suficiente, incluso con simulaciones de escenarios relacionados con el comportamiento previsible del tipo de interés. Nada de esto habían hecho.

El segundo borrador da un paso adelante, pero no suficiente según los juristas consultados: el “avance” es que prevé un protocolo de actuación obligatorio para las entidades, a no ser que en el plazo de un mes rechacen formar parte de dicho Protocolo, según ha sabido Público de fuente jurídicas. Este proyecto es negociado por el Gobierno con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria.

El presidente del Senado, Pío García Escudero (i), junto a los portavoces en el Congreso del PP, Rafael Hernando (2-i), y del PSOE, Antonio Hernando (3-i); el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera (d), y el diputado de este partido, Ignacio Prendes, dur

El PP negocia el protocolo para la banca con el PSOE, Ciudadanos y Coalición Canaria. En la imagen, los portavoces del PP en el Congreso, Rafael Hernando; del PSOE, Antonio Hernando, y el presidente de C’s, Albert Rivera. EFE

Fuentes jurídicas consultadas por ‘Público’ sostienen que habría que devolver el dinero a los afectados en condiciones de igualdad, pero los bancos se resisten a este desembolso

El decreto ley en ciernes recoge que tanto el banco como el consumidor no pagarían costas si se someten al protocolo y acaban en el juzgado por discrepar de la devolución, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. En la práctica, sin embargo, este artículo se traduce en que será el banco el que no pague el coste del abogado de la parte contraria, porque los consumidores no suelen ser condenados en costas en este tipo de pleitos.

El borrador del decreto ley no hace referencia al pago de los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta. Por ello, deja la puerta abierta a que el banco no pague este dinero. El decreto, que se aprobará este viernes 13, introduce un mecanismo para dirimir las discrepancias entre el banco y el consumidor antes de saltar a la vía judicial: crea una comisión de cinco miembros para resolver la disputa.

“El borrador del decreto del Gobierno evita la referencia a los intereses devengados por la devolución del dinero cobrado de manera fraudulenta, dejando así la puerta abierta a que el banco no pague”

Esta comisión “dirimente” estará formada por representantes del Banco de España, Ministerio de Justicia, asociaciones de consumidores, notarios y registradores mercantiles. Su decisión será recurrible a una subcomisión integrada por tres de estos representantes. La vía judicial no se cierra al someterse a este protocolo, ya que lo prohíbe la ley.

Esta crisis afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, que tiene las competencias de consumo. Pero sólo Economía y Hacienda dirigen la batuta de estas negociaciones e inclinan su balanza en las consecuencias macroeconómicas y en el impacto de estas devoluciones para las entidades financieras, en lugar de en la defensa de los consumidores.

Poca motivación para pequeñas hipotecas

En cambio, Rafael Catalá, que debiera vigilar por la aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, lleva un papel secundario. Y la responsable de los consumidores, la ministra Dolors Montserrat, está desaparecida, mientras asociaciones de consumidores como Facua denuncian el secretismo con el que se llevan las negociaciones.

La crisis de las cláusulas suelo afecta a tres ministerios: Economía, Justicia y Sanidad, este último que tiene las competencias de consumo

Los bancos se resisten a devolver el dinero de las cláusulas suelo cobradas de manera indebida y que el Banco de España cifra en 4.200 millones de euros. Las entidades saben que tienen perdidos los casos que se presenten contra ellas, pero temen las consecuencias de estas pérdidas en sus balances. Su objetivo es dilatar los casos en el tiempo porque aspiran a superar las cuentas de 2017.

Fuentes jurídicas consultadas sostienen que la solución tendría que pasar por la devolución del dinero a los afectados en condiciones de igualdad. Pero los bancos también se resisten a este desembolso universal, conscientes de que habrá muchos consumidores que no demandarán por cuantías pequeñas. Las devoluciones se realizarían en metálico o amortizando la cuantía en la hipoteca.