La dirección de Casado rechaza la moderación que reclaman los barones: “Nuestro electorado quiere contundencia”

El Partido Popular no escenificará finalmente un viraje al centro ante el ciclo electoral que se avecina, a pesar de planteárselo en las últimas semanas y querer evitar mencionar durante la campaña algunos de los asuntos que más debate interno generan como el aborto o la memoria histórica, que a juicio del entorno del líder del PP, Pablo Casado, no son más que “señuelos” que la izquierda quiere que los populares muerdan.

La dirección del partido desoye así a algunos de los principales barones territoriales, como los presidentes gallego y madrileño, Alberto Núñez Feijóo y Ángel Garrido, respectivamente, que este mismo lunes reivindicaban la moderación y la centralidad ante el equipo de Casado, que emprendió un giro a la derecha nada más llegar a la presidencia del partido, el pasado julio. 

“Nuestro electorado quiere contundencia”, responden fuentes de la dirección nacional del PP cuando se les pregunta sobre si se plantean moderar su discurso durante la campaña de las elecciones generales del próximo 28 de abril, un cambio que rechazan de plano. El equipo de Casado reconoce que hay ciudadanos que les reclaman un giro al centro, pero ironizan con que todos ellos son “socialistas”. “Los nuestros quieren claridad”, insisten en Génova 13, muy preocupados por el alza de Vox que reflejan todas las encuestas.

Uno de los objetivos del líder del PP para las generales es lograr el voto de todo el centro derecha –incluso el de los votantes que se pudieron marchar a Ciudadanos o al partido de Abascal en los últimos meses–, pero también el de socialistas descontentos con la gestión de Pedro Sánchez. Ese objetivo había llevado a Casado a plantearse en las últimas semanas un giro al centro que ahora rechazan los miembros de su equipo y para el que tampoco tenía demasiado tiempo con el adelanto electoral. 

Cierre de filas con Casado

La estrategia seguida por Casado desde julio, y que le llevó a endurecer su discurso sobre Catalunya o la inmigración, llegando incluso a asumir los mensajes de la extrema derecha en asuntos como el feminismo, el aborto o la violencia machista, es compartida “por todo el partido”, según explican desde la dirección nacional del PP. Como ejemplo de ese respaldo señalan que en la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido de este lunes –máximo órgano de los populares entre congresos– ninguno de la decena de dirigentes que pidieron la palabra cuestionaron la estrategia del nuevo líder.

Justo antes de entrar a la reunión, sin embargo, fueron dos de los principales barones territoriales del partido –Feijóo y Garrido– los que reivindicaron la moderación y la centralidad del PP, puesta en cuestión en los últimos meses por el viraje del equipo de Casado que se encuentra en plena batalla por el electorado más conservador con Ciudadanos y Vox. 

A las puertas de la sede nacional, el presidente gallego reivindicaba el PP como “un partido de centro, de centro-derecha”. Feijóo, que en la Convención del pasado enero para revisar el programa del PP que él mismo coordinó, defendió entonces el perfil más centrado del partido ante la deriva derechista y el acercamiento al aznarismo de Casado, lanzaba este lunes una nueva advertencia a la cúpula del PP: “Cada vez que nos hemos presentado como un partido de centro derecha hemos tenido unos buenos resultados”. 

“Hay que centrar el discurso y es la posición correcta; nosotros hemos sido un partido que ha ganado siempre que ha ocupado el espacio de centro y creo que eso es una realidad que tenemos clara. También el presidente nacional. Trabajar por el centro es lo que vamos a hacer de aquí en adelante”, añadía minutos después el presidente madrileño, Ángel Garrido, otro de los barones que siempre se han mostrado a favor de la moderación y cuya posición le ha llevado a no ser el elegido por Casado para la reelección como presidente de la Comunidad de Madrid, donde la aspirante será Isabel Díaz Ayuso, afín a las tesis más radicales de Génova.

“Cuando no estamos de acuerdo, crispamos”

Consciente del debate que existe dentro de sus propias filas sobre la estrategia a seguir ante el ciclo electoral que se abrirá en las próximas semanas y, sobre todo, ante la polémica generada por algunas de sus últimas declaraciones en las que ha elevado aún más el tono contra Sánchez –al que ha llamado “felón” o “traidor”, utilizando argumentos falsos– Casado empleaba parte de su discurso ante la Junta Directiva Nacional para negar que con su campaña busque crispar el debate político y para hablar sobre esa supuesta “moderación” del PP. 

“Una vez más, nos llaman crispadores. Es un clásico, como muy bien sabéis”, ironizaba durante su intervención ante los suyos. “Cuando no estamos de acuerdo, crispamos”, apuntaba, pasando por alto la larga lista de insultos proferida contra Sánchez durante las últimas semanas.

Para Casado, en cambio, “lo moderado es hacer que se cumpla la ley y la Constitución. Lo moderado es no sostener vivo el chantaje ni llamarlo diálogo”, insistía en relación a las supuestas “concesiones” del Gobierno de Sánchez a las fuerzas independentistas denunciadas por el PP y a la puerta abierta a la conversación manifestada por el Ejecutivo sobre la crisis en Catalunya. “Moderación sí, como siempre; sumisión, no. Ni lo sueñen”, concluía

Durante el mismo discurso en el que negaba ser un crispador, Casado volvía a dedicar descalificaciones al Gobierno de Sánchez, al que consideraba el Ejecutivo “más extremista y más dañino de las últimas décadas”.

Sin actos en jueves y viernes santo

Apenas ocho días después de la concentración de la Plaza de Colón de Madrid organizada por PP y Ciudadanos contra el Gobierno –a la que se sumaron Vox y partidos ultraderechistas y neonazis– en la que se leyó un manifiesto que contenía falsedades como que Sánchez “cedió al aceptar las 21 exigencias de los secesionistas”, el líder de los populares volvía a la carga: “Se sabe que una de las exigencias de Torra ya se está aceptando: la mediación internacional”.

Génova apunta que en la Junta Directiva de este lunes todos los intervinientes coincidieron en que la fecha de las elecciones le va “muy bien” al PP, lo que choca con las críticas lanzadas contra el Gobierno en los últimos días por no hacer coincidir las generales con las autonómicas y municipales de mayo, como quería Casado.

La dirección popular celebra que en el partido exista “unanimidad” sobre las razones por las que Sánchez ha adelantado los comicios: “Han sido Casado y su estrategia de sacar a los españoles a la calle”.

Respecto a que la primera semana de campaña coincida con la Semana Santa, los populares anuncian que para ellos la celebración religiosa “es sagrada”, por lo que no prevén organizar actos electorales ni el jueves ni el viernes santo, aunque algunos de sus principales dirigentes como el secretario general, Teodoro García Egea –es pregonero de la Semana Santa de Murcia–, participarán en procesiones y actos litúrgicos varios.

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Abascal asume que “no tiene el Estado en la cabeza” pero considera suficiente “tener a España en el corazón”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que no tiene “el Estado en la cabeza”. Preguntado en un foro organizado por el diario La Razón sobre asuntos de actualidad política que no ha sabido responder, Abascal ha señalado que tiene “a España en el corazón”, algo que, en su opinión es “fundamental” para “un proyecto político”. 

“No, no tengo el Estado en la cabeza -ha respondido el líder de Vox-. Yo tengo a España en el corazón. Y habrá quien piense que eso es poco para presentar un proyecto político, pero para mí es lo fundamental. Sobre todo porque ha sido hasta ahora lo más olvidado”.

En este sentido, Abascal ha apuntado que no es necesario tener “el Estado en la cabeza” porque el país tiene “altos funcionarios capacitadísimos” para encargarse de dichos asuntos y para que él pueda dedicar su “corazón” a España.

Preguntado sobre las próximas elecciones generales, el presidente de Vox ha asegurado que su formación ya es “el gran ganador” por haber conseguido “doblegar la rodilla” del presidente del Gobierno. Un mensaje que ha remarcado insistiendo en la misión de su partido de cara al 28A: “Espantar a las fuerzas enemigas de la unidad y la libertad de los españoles”.

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Pedro Sánchez busca encaje a sus ministros en las listas del PSOE: todos tienen las puertas abiertas

El PSOE ha activado toda la maquinaria tras la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones al 28 de abril. Ferraz presentará este martes su campaña y se ha puesto en marcha ya el proceso para la configuración de las listas que culminará el próximo mes con su aprobación definitiva en un Comité Federal el 17 de marzo. Al tradicionalmente complejo proceso de confección de las candidaturas, se suma en esta ocasión el encaje de ministros que, en su mayoría, no ocuparon un hueco en las últimas generales o que, en caso de ser diputados, renunciaron al llegar al Gobierno. 

Sánchez está buscando encaje para los miembros de su gabinete que quieran ir en las listas y ocupar un escaño en la próxima legislatura. Fuentes de la dirección socialista aseguran que el cuadro no está terminado y que el presidente ha iniciado una “ronda” de contactos con los ministros para saber qué planes tienen. 

Por ahora algunos ya han mostrado incluso públicamente su intención de acompañar a Sánchez en las urnas. Lo hizo la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Celaá, que tiene carné del partido –fue en las listas del PSE al Senado por Vizcaya pero no consiguió representación–. “Mantengo un compromiso político con lo que representa el presidente. Lo tuve antes –expresó sobre su pasado en la Comisión Federal de Ética y Garantías que defendió sus intereses cuando los barones le quisieron descabalgar–, lo mantengo durante y lo tendré después”, expresó Celaá. 

La ministra bilbaína tiene papeletas para encabezar la candidatura por Álava, ya que la circunscripción vizcaína tendrá de nuevo como número uno a Patxi López. En el caso de Guipúzcoa, el escaño de los socialistas lo ocupa Odón Elorza, que forma parte de la Ejecutiva de Sánchez, con quien estuvo en las primarias frente a Susana Díaz. En el primer puesto de esas listas no está previsto que haya cambios, por lo que fuentes socialistas apuntan a que Celaá puede desbancar a Javier Lasarte, actual diputado por Álava que apoyó a Susana Díaz en la pugna por liderar el PSOE.

En la misma rueda de prensa, Dolores Delgado se pronunció en términos similares al situarse a “disposición del presidente Sánchez”. La ministra de Justicia podría encontrar encaje en la lista por Madrid, al igual que Fernando Grande-Marlaska, que ha reconocido que quiere seguir vinculado a Sánchez al afirmar que está dispuesto a “colaborar con un proyecto del cual me siento absolutamente cómplice en estos momentos”. Fuentes socialistas dan por hecho que el hueco para el juez bilbaíno estaría en Madrid. 

Margarita Robles, que fue la número dos de la candidatura de Sánchez en 2016, también aspira a repetir en la candidatura. La trayectoria política de Reyes Maroto también está en Madrid, donde fue diputada en la Asamblea. Algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que encabece la lista por Valladolid, ante una salida de Soraya Rodríguez que se da por segura. No obstante, en la dirección del PSOE en Castilla y León afirman que ese asunto no se ha abordado. 

En el caso de que todos los paracaidistas acabaran en Madrid, los huecos podrían encontrarlos en las bajas que se dan por hechas: Antonio Hernando no repetirá –fue el número tres– y tampoco está previsto que lo haga en puestos de salida Ángeles Álvarez, que apoyó a Díaz en la batalla interna de hace dos años. Fuentes de la dirección del PSOE aseguran que Rafael Simancas sí irá en puestos relevantes para conseguir escaño. En Ferraz sostienen que también crecerá el número de diputados, por lo que los puestos de salida serán más a la hora de confeccionar las listas. 

El secretario de Organización y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que previsiblemente encabezará la lista por Valencia, admitió que los miembros del Gobierno tendrán preferencia en las candidaturas. “En este proyecto las personas que han tenido protagonismo, que tienen popularidad, es con las que hay que contar”. También envió un claro mensaje interno: Sánchez contará con aquellos que tienen su “sensibilidad federal”, es decir, que son afines a la actual dirección.

“Lo que voy a hacer es tener un grupo parlamentario que creo que debe recuperar la pluralidad del PSOE”, admitió después Sánchez en una entrevista en TVE, en la que también reconoció que ese grupo debería estar “alineado” con el Gobierno. Sus palabras de producen dos semanas después de que diputados como Soraya Rodríguez o José María Barreda cuestionaran públicamente la gestión del diálogo en Catalunya y de que la dirección del PSOE les quitara in extremis de puestos de responsabilidad. 

Montero, un valor al alza

A diferencia de lo que ocurrió hace cerca de cuatro años, cuando las principales federaciones del PSOE hicieron las listas a su gusto, como ocurrió en Andalucía, en esta ocasión Sánchez pretende meter mano y colocar a quienes le han sido leales en los últimos años. La vicepresidenta, Carmen Calvo, encabezará la lista por Córdoba, circunscripción por la que ya fue diputada. 

En las filas socialistas se da por hecho que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encabezará una de las listas más señaladas: la de Sevilla. La que fue consejera en el Gobierno de Díaz se ha convertido en una de las promesas de los socialistas. Sánchez le va a conferir un gran protagonismo, algo que ya ha empezado. Montero apareció por sorpresa en el mitin del presidente y su antigua rival de este sábado en Sevilla. Su presencia no estaba prevista porque inicialmente tenía un acto en Catalunya. El presidente alardeó de su fichaje ante la expresidenta andaluza: “¡Menuda ministra de Hacienda tenemos”, exclamó ante una de las figuras del Ejecutivo que no se ha quemado y que ha crecido políticamente a pesar del fracaso de los Presupuestos. 

Su número dos podría ser el actual delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el eterno rival de Díaz. La apuesta por dejarle en la comunidad puede ser leída como una opción de futuro para liderar la federación. A la espera de conocer sus planes, en el PSOE también apuntan al ministro de Cultura, José Guirao, como cabeza de lista por Almería. En el caso del responsable de Agricultura, Luis Planas, una opción puede ser Córdoba, pero también el Parlamento Europeo puede ser su destino de nuevo. 

Sánchez sí pretende esta vez imponer su criterio frente al de Emiliano García-Page para que Magdalena Valerio sea candidata por Guadalajara. En las últimas generales, la dirección regional se posicionó a favor del actual diputado Pablo Bellido, después de que en 2015 cediera su puesto a Luz Rodríguez por una imputación en un caso que luego se archivó. Valerio, que hasta entonces había sido parlamentaria volvió a su puesto de funcionaria. Ahora, desde la dirección autonómica apuntan a la “decisión de los militantes”. 

A pesar de que en el PSOE están convencidos de que aumentarán su representación y que, por tanto, tendrán más espacios para el encaje de bolillos, otra opción para los ministros es el Senado. Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, fue senadora por Asturias. Ese puede ser de nuevo su destino dado que Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, es la portavoz parlamentaria y ya encabezó la lista en 2015. Al tratarse de listas cremallera, el segundo puesto es para un hombre. Fuentes socialistas apuntan a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. 

Sánchez prepara un equipo a su medida

Meritxell Batet tiene casi todas las papeletas para repetir como número uno por Barcelona, un puesto que ya ocupó en 2016 sin necesidad de primarias tras la retirada de la política de Carme Chacón. Algunas fuentes apuntan a que Josep Borrell podría ocupar ese puesto si finalmente declina ser el candidato a las europeas. El ministro de Exteriores ha trasladado a su entorno su intención de retirarse de la política cuando acabe su mandato como jefe de la diplomacia, pero en Ferraz no pierden la esperanza de convencerle para que encabeza las listas al Parlamento Europeo. Para Sánchez es una de las bazas frente a quienes le acusan de estar en brazos del independentismo porque Borrell ha sido una de las voces más furibundas contra ERC y el PDeCAT en los últimos tiempos.

Dentro del Gobierno también hay algunas incógnitas, como las de Nadia Calviño, Pedro Duque o Teresa Ribera. En el Ministerio de Economía evitan pronunciarse sobre la incorporación de la ministra a las listas: “Seguir con su agenda, queda mucho trabajo por delante”, dicen sobre sus planes. “No hay nada hablado”, responden en el gabinete del titular de Ciencia. El astronauta era el ministro más alejado de la administración y la polémica sobre la compra de sus viviendas a través de una sociedad le hizo llevarse un disgusto. La ministra de Transición Ecológica era una de las más involucradas en el partido, donde preside un consejo que le confiere asiento en la dirección. Sin embargo, tampoco está claro qué quiere: “Es de las que tiene una opción profesional asegurada, podría volver a París al IDRRI, a un puesto directivo”, dicen en su entorno. 

Al encaje de los ministros le seguirá el de los miembros de la dirección del PSOE, que en su mayoría tampoco ocupaban un escaño. Sánchez nunca tuvo un grupo parlamentario afín –la mayoría de diputados se posicionó con Díaz– y configuró una Ejecutiva de cuadros que estaban alejados entonces del poder orgánico y, por tanto, institucional. La batalla, aunque sea soterrada, está servida. 

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El PP agita la crisis de Venezuela como munición contra el Gobierno en la precampaña para el 28A

El 23 de enero, Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela. Ese mismo día fue reconocido por los gobiernos de Estados Unidos y Brasil, entre otros. Pero también el Partido Popular y Ciudadanos. El Gobierno de Pedro Sánchez esperó, pero no tanto como otros países europeos o latinoamericanos, y reconoció a Guaidó como presidente encargado de convocar elecciones el pasado 3 de febrero por la mañana. El mismo día, el 3 de febrero, pero por la noche, la Asamblea Política del Partido Popular Europeo (PPE) aprobaba una resolución que reconocía a Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Es decir, la resolución de reconocimiento del Partido Popular Europeo llegaba después que la declaración de Pedro Sánchez.

Aun así, el PP no ha dejado de presionar al Gobierno con Venezuela, hasta el punto de considerarlo cómplice del “narcodictador”, como ya este lunes ha calificado Carlos Iturgaiz a Nicolás Maduro.

“A nadie se le escapa que Venezuela es un asunto de política nacional”, ha reconocido el ministro de Exteriores, Josep Borrell, en Bruselas, a cuenta del viaje del jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, junto con otros eurodiputados del PP a Venezuela. Un viaje infructuso en tanto que iban invitados por Juan Guaidó y el Gobierno de Maduro no les ha permitido la entrada.

“No es una misión del Parlamento Europeo, no hay que confundir un viaje personal de varios eurodiputados”, ha dicho Borrell: “Es como confundir una invitación al Parlamento de Berlín con que Puigdemont se tome un café dentro del Parlamento de Berlín. Y naturalmente que lo condenamos”.

La reacción del Partido Popular ha sido señalar al “narcodictador” de Maduro, pero también al Gobierno español, al que le han pedido que se retire del grupo de contacto internacional auspiciado por la UE con la finalidad de conducir al país “a elecciones presidenciales lo antes posible”, según su declaración fundacional del pasado 12 de febrero. “Es desproporcionado pedir que España se retire del grupo de contacto, que está para problemas más trascendentales. No se nos ha ocurrido abandonar el grupo por eso. Queda mucho trabajo por hacer”, ha respondido Borrell.

Y no sólo han pedido que España abandone un grupo en el que está la UE, países europeos como Italia y Portugal, así como latinoamericanos como Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Bolivia. El PP también ha exigido que se retiren credenciales diplomáticas a la embajadora ante la UE, Claudia Salerno, a pesar de que, como ella misma explicaba en eldiario.es, los embajadores son plenipotenciarios. “A los embajadores en Venezuela no los nombra el Gobierno, sino la Asamblea Nacional, la misma que dicen que es lo único que reconocen: ¿Van a echar a los embajadores, que son plenipotenciarios y nombrados por la Asamblea Nacional? Los embajadores representamos a más de 30 millones de personas, incluyendo a Guaidó. ¿Quién quita los poderes? ¿Guaidó con sus 97.000 votos?”, se preguntó Salerno.

González Pons y el resto del grupo intentarán entrar de nuevo en Venezuela, esta vez a través de la frontera colombiana.

Sánchez, acusado de “contemporizar” con Maduro

El Partido Popular, así, ha convertido la crisis en Venezuela en un arma más contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha llegado a acusar de “contemporizar” con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “porque se debe a los de Podemos” por su apoyo en la moción de censura, e incluso de ser “responsable” de la supuesta “aniquilación” del pueblo venezolano por no respaldar a Juan Guaidó como presidente del país desde el momento en el que el dirigente opositor se autoproclamó, hace ahora un mes.

El líder del PP, Pablo Casado, se ha erigido como el único capaz de defender los intereses de los venezolanos. Este mismo lunes, durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional, el presidente de los populares aseguraba que su partido “tiene claro que al régimen de Venezuela no hay que darle tiempo, sino salida”. La estrategia a seguir en el país sudamericano es, en su opinión, “dar salida a los tiranos y entrada a la ayuda humanitaria” que vaya “a entregar los alimentos que el socialismo real, el que le gusta a Podemos, no da un una sola vez al día”.

Aprovechando cualquier intervención para cargar contra la izquierda, Casado anunciaba ante los suyos que el sábado una delegación del PP participará en el intento de entrada de ayuda humanitaria en Venezuela a través de la frontera colombiana. Allí estará, entre otros, el portavoz de los populares españoles en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, en el que será su segundo intento de entrada en el país una semana después de que este domingo las autoridades aeroportuarias le hayan negado la entrada junto a una delegación del Partido Popular Europeo que se había desplazado a Caracas para reunirse con Guaidó y con líderes opositores.

“Hoy [por este lunes] estamos con Esteban González Pons, Gabriel Mato y José Ignacio Salafranca que han sido expulsados por el dictador cuando iban a reunirse con el presidente legítimo venezolano”, aseguraba Casado en la reunión del máximo órgano del PP entre congresos.

Minutos antes, el propio Pons elevaba la presión sobre el Gobierno español y también sobre la Unión Europea por su posición a favor del diálogo en Venezuela, llegando a pedir a ambas instituciones que abandonen el grupo de contacto con Latinoamérica sobre el país caribeño. A su juicio, el Gobierno de España, que condenó el veto de las autoridades venezolanas a la entrada de Pons en el país, debe ser “consecuente”. “No puede continuar formando parte ni alentando el grupo de contacto”. “La lucha del pueblo venezolano sigue y el tirano cierra puertas y ventanas y apaga luces para que no veamos”, zanjaba el portavoz popular.

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Los vetos preelectorales anticipan una campaña de bloques: el 28A se elegirá entre izquierda y derecha

En el primer trimestre de 2016 los españoles vieron cómo los vetos cruzados obligaron a repetir las elecciones al no lograrse un acuerdo que permitiera elegir un Gobierno. Durante la campaña electoral de las elecciones de diciembre de 2015, los candidatos se habían esforzado por aparecer abiertos a fórmulas transversales de alianzas postelectorales.

Tres años después y ante otros comicios que se presentan muy abiertos -a tenor de los sondeos publicados- las estrategias han cambiado radicalmente y ahora los partidos están mostrando sus cartas con mucha antelación.

El que más lejos ha ido, de momento, ha sido Ciudadanos. El Comité Ejecutivo del partido presidido por Albert Rivera ha aprobado una resolución por la que se compromete a “no pactar con Sánchez ni con el PSOE para un futuro Gobierno en España”.

No se trata de una declaración de un dirigente o de una respuesta en una entrevista. Es una decisión orgánica que define el campo de juego que se han marcado en Ciudadanos para la campaña y para ese mes que separará las elecciones generales de las autonómicas, municipales y europeas de mayo. En los ayuntamientos y gobiernos regionales el partido de Rivera sí se abre a encontrarse con el PSOE, pero solo “si se ha regenerado”

Algunos dirigentes de Ciudadanos han salido a defender la decisión y a dejar claro que no tienen intención de reconducirla.

La reacción de Rivera, que ha empujado a su Comité Ejecutivo a elegir sus vetos postelectorales dos meses antes de los comicios, intenta cerrar una hipotética fuga de votos hacia al PP e incluso a Vox. Dirigentes de Ciudadanos admiten que el 11% de sus votantes han marchado al partido de Santiago Abascal y de lo que se trata ahora es de contener la hemorragia.

Vistos los antecedentes -fueron muchos los portavoces de Ciudadanos, empezando por el propio Rivera, los que rechazaron durante meses la idea de hacer presidente a Mariano Rajoy, a quien acabaron votando en la sesión de investidura-, ahora la promesa de no permitir que Sánchez siga en La Moncloa se presenta como una decisión oficial tras ser ratificada por los órganos del partido. 

En Vox e incluso en el PP recuerdan ahora que Rivera dijo en múltiples ocasiones que nunca haría presidente a Mariano Rajoy y que acabó haciéndolo, con la ayuda de buena parte del grupo parlamentario socialista que se abstuvo.

El PSOE, por su parte, aspira a seguir gobernando como hasta ahora: en solitario. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, decía este lunes preferir un “Gobierno monocolor” como el que ha dirigido Pedro Sánchez durante ocho meses y que no ha logrado sacar unos Presupuestos Generales.

La estrategia de Ferraz busca desvincularse así del debate sobre los pactos postelectorales y desligarse de las campañas que lo relacionan con los independentistas. Preguntado durante la noche del lunes en TVE sobre si contemplaba volver a aceptar los votos de los partidos independentistas, Sánchez no negó que esté abierto a recibirlos, pero subrayó que su partido se ha entendido con otras formaciones políticas. “Como tampoco me cierro a acordar con Podemos y Ciudadanos, como hemos hecho últimamente”, dijo el presidente del gobierno a las preguntas de Carlos Franganillo sobre hipotéticos apoyos del independentismo.

El objetivo de los socialistas es también dejar de aparecer ligado a Unidos Podemos como su “socio preferente”.

La crisis desatada en el partido de Pablo Iglesias tras la espantada de Íñigo Errejón en Madrid y las encuestas a la baja empujan a algunos dirigentes del PSOE a mirar a Ciudadanos, con quienes podrán entenderse mejor sus barones más críticos, como Emiliano García-Page o Javier Lambán. 

Pero el veto de Ciudadanos cierra esa puerta y sitúa al PSOE a la izquierda del tablero. Allí le sigue esperando Unidos Podemos. La coalición (todavía pendiente de ratificarse) ha bloqueado ya cualquier opción de entendimiento con los socialistas si Ciudadanos está por medio. Lo hizo el pasado viernes la portavoz parlamentaria, Irene Montero, tras anunciarse la convocatoria electoral. “Es imposible pactar con Ciudadanos, que no tiene propuestas para mejorar la vida de la gente y que se ha situado del lado de la extrema derecha y del lado de quienes dicen que el aborto en España no es un derecho”, aseguró.

Y lo ha ratificado en las últimas horas Noelia Vera, portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos: “Ciudadanos está situado en la derecha cada vez más radical. Hay que ir a Andalucía y ver cómo está el pacto con Vox. Ciudadanos es lo mismo o peor que Vox”.

En Podemos, y en Ciudadanos, tienen grabado a fuego que el juego a dos bandas del PSOE en 2016 deparó una repetición electoral en la que ambos perdieron votos. El shock llevó a ambas fuerzas a tener una pésima relación que no ha hecho más que empeorar en estos dos años largos de legislatura. Ni rastro del espíritu del Tío Cuco.

Por último, el PP también ha dejado muy claras sus intenciones postelectorales. “Con quien no vamos a pactar es con los independentistas, ni con los comunistas, ni con los socialistas de Sánchez”, aseguró Pablo Casado este mismo lunes.

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Hay ancianos venerables de educación exquisita que son menos moderados que el Pedro Sánchez que pide el voto

Adiós al Pedro Sánchez que resistió hasta el límite y resucitó para derrotar al aparato del PSOE contra todo pronóstico. Adiós al hombre que denunció en la entrevista de ‘Salvados’ que una coalición de poderes sombríos habían intentado acabar con él para siempre. Adiós al político que asumió un gran riesgo con el viaje a Barcelona y la entrevista con Quim Torra.

Llega el Pedro Sánchez en modo electoral que defiende el diálogo, la estabilidad, la Constitución y las buenas maneras en la mesa. El que tacha a sus rivales de incendiarios peligrosos. El que planta cara a los independentistas catalanes, pero sin calentarse la boca. El que quiere repetir la campaña de Zapatero en 2008 y presentarse como estandarte de la moderación definiendo a todos los demás como extremistas.

El presidente del Gobierno inauguró su campaña electoral personal con una entrevista en horario de máxima audiencia en TVE. Las semanas anteriores a la convocatoria de elecciones habían ofrecido la imagen de un Gobierno superado por el ambiente radiactivo de la política española y arrinconado por sus propios errores estratégicos y de comunicación. La cuerda se tensó tanto que Sánchez decidió romperla antes de que saltara y le diera en la cara. Había que poner fin a la legislatura y no dejar que el sufrimiento se convirtiera en agonía. 

En primer lugar, se trataba en la entrevista de marcar distancias con ERC y el PDeCAT. Primero, negó que hubiera pactado con ellos para echar a Rajoy: “Discrepo del concepto del bloque de la moción de censura”, el mismo que ha empleado de forma constante Pablo Iglesias para intentar que el Gobierno sobreviviera. “Nunca ha habido un acuerdo con los independentistas”. 

Luego, pasó a criticarles directamente. Donde más les duele. “El independentismo tiene pavor a sentarse a negociar”, dijo. De inmediato, sacó el asunto del tuit de Gabriel Rufián de las “155 monedas de plata”, el símbolo de la división entre nacionalistas cuando Puigdemont dudó y pensó en convocar elecciones en Catalunya para encontrar una salida dialogada a la crisis. Sacar a colación el tuit es una de esas cosas que se llevan preparadas antes de que comience la entrevista.

Se trataba de negar que exista un bloque más o menos coherente en que Sánchez comparta espacio con los independentistas.

Hasta elogió el 155 “proporcional” que impuso Mariano Rajoy para distinguirlo del 155 permanente al que aspiran Pablo Casado y Albert Rivera.

El segundo paso consistía en definir el bloque opuesto como si fuera una entidad sólida y sin fisuras. Por eso, no hizo críticas personales a Casado o Rivera, tampoco en el día en que se supo que Ciudadanos ha descartado cualquier acuerdo futuro de gobierno con el PSOE y ha abandonado sus escrúpulos iniciales para situarse dentro de la Triple Alianza que a partir de ahora comparte con el PP y Vox.

Lo llamó “el bloque de la involución”, el que hará “retroceder” al país 40 años. La gente que “traiciona el espíritu y la letra del artículo 113 de la Constitución”, que regula la moción de censura. Los que “empobrecen” nuestra democracia. “No están echando agua para apagar ese incendio (de Catalunya), sino gasolina para aumentarlo”. Los pirómanos. 

Sánchez se hizo la víctima ante este doble acoso, la misma medicina que le funcionó tan bien a Zapatero en su reelección. Cuando llegan las campañas, los políticos sienten la tentación de emplear lo que ya ha funcionado antes.

El presidente recurrió también al mito fundacional de la democracia española, la Transición, cómo no. “¿Hubiera sido posible la Transición sin diálogo?”, dijo en un mensaje dirigido a los votantes mayores de 65 años, esos que votan haga frío o haga calor. Un caudal de votos con el que los partidos en el Gobierno creen que pueden contar en momentos de zozobra. 

En ese intento por tranquilizar, o sedar, a los votantes, Sánchez no tuvo inconveniente en elogiarles sin rubor. “Los ciudadanos nunca se equivocan en sus decisiones”, dijo en una declaración que no pasaría el ‘fact-checking’ más elemental. No era suficiente. También comentó que las elecciones “tienen que servir para unir a los españoles”. Sonaron en ese momento las campanas de la basílica de San Pedro.

Inevitablemente, las elecciones dividen a los votantes. Esa es la idea. Cada uno puede votar a quien quiera. Pero un poco de optimismo con poca base nunca ha hecho daño a un partido en el Gobierno.

La foto de la manifestación de Colón que muestra a las tres derechas reunidas en familia concedió a Moncloa el momento que esperaba para tomar una decisión que cuenta con muchos riesgos. Las encuestas parecen apuntar que el voto al PSOE sigue subiendo, pero Sánchez se encuentra en una situación no muy diferente a la de Rajoy ante las elecciones de diciembre de 2015: tener casi asegurado el primer puesto, pero quedarse a merced de un acuerdo de varios partidos de la oposición.

Pero de eso ya se preocupará Sánchez a partir del 28 de abril. Los políticos viven en el presente.

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La larga precampaña de las generales tensiona los primeros cien días del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla tomó posesión el pasado 22 de enero en el Palacio de San Telmo y, desde el minuto uno, el PSOE que había sido expulsado de allí tras 36 años y medio en el poder empezó a exigirle “responsabilidades de Gobierno”. “¡Llevan un mes y aún no han hecho nada!”, se queja la portavoz socialista, Ángeles Ferriz. “Llevamos en marcha unas semanas, no me pida tanta precisión” en las respuestas, replicó el portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, a un periodista en el último Consejo de Gobierno.

Los primeros cien días de este Gobierno de PP y Ciudadanos, sustentado en la ultraderecha de Vox, van a transcurrir a lo largo de una intensa precampaña y campaña electoral: son 96 días hasta las generales del 28 de abril. Su acción política, por tanto, será utilizada por los suyos como programa electoral, y por sus adversarios como manual de prevención contra “la alianza de las derechas”. Sus promesas y sus tropiezos serán “magnificados” por unos y otros candidatos nacionales, que mirarán una y otra vez su reflejo en Andalucía como paradigma de lo que unos quieren trasladar al resto de España y otros pretenden impedir.

La primera alternancia de partidos políticos en San Telmo en más de tres décadas de autonomía está siendo un “aterrizaje forzoso para todos: Gobierno y oposición”, en palabras de un nuevo y flamante consejero. El gabinete del popular Moreno Bonilla apenas lleva 28 días en activo y ya ha tenido que corregir algunas de sus primeras decisiones, algunos de sus primeros nombramientos y muchas de las críticas que PP y Ciudadanos vertían desde la oposición contra medidas y personas del anterior Ejecutivo socialista, que ahora mantienen como propias. Baste como ejemplo el rotundo “no” con el que Bendodo zanjó la polémica -36 años avivada por el PP- sobre las ayudas al alquiler de vivienda para los directores generales de la Junta.

Los socialistas no le han dado cien días de gracia a Moreno Bonilla, apenas le han dado un mes. Pero tampoco se los van a dar la dirección nacional del PP y de Ciudadanos. La convocatoria de las generales ya ha empezado a incrementar la presión y el foco político y mediático sobre el nuevo Gobierno andaluz, referente para los partidos conservadores como “ejemplo a seguir”, y referente para los grupos de izquierda como “lo que hay que evitar” en el resto de España. Andalucía es a la vez espejo cóncavo y convexo de la política nacional: un pacto de PP, Ciudadanos y Vox, tres fuerzas que fragmentan el voto de derechas, que compitieron entre sí por el mismo espacio electoral, pero que finalmente alcanzaron con facilidad un acuerdo programático para arrebatarle el poder a los socialistas.

Dimisiones y correcciones

Mientras el nuevo Gobierno andaluz coge rodaje, ha habido ya dos dimisiones de cargos recién designados, dos nuevos directivos imputados por la Justicia yotros dos vinculados a litigios que afectaron al anterior Ejecutivo socialista. Algunos consejeros, como el de Economía, han relativizado promesas electorales del PP como la “bajada masiva de impuestos” o la creación de 600.000 puestos de trabajo en una legislatura (“eso significaría crecer por encima del 4%”); y también cuestionan la bonificación de las matrículas universitarias, una de las medidas estrella del anterior Ejecutivo que, según el consejero, “no se van a revertir con carácter inmediato”). El titular de Educación ha anunciado también un recorte de mil plazas de profesores de la oferta de empleo pública pactada por el PSOE con los sindicatos de la enseñanza. Y la auditoría privada al sector público que anunció Moreno Bonilla ha sido encargada finalmente a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General de la Junta, que ya venían desempeñando esa función.

Sobre este último objetivo, el nuevo Ejecutivo está cumpliendo su promesa de adelgazar la Administración instrumental y prescindir de altos cargos. La reducción de entre el 12 y el 13% de directivos supondrá un ahorro de 6,5 millones de euros, según datos de Presidencia (1,1 millones de euros de ahorro al año, junto a los 500.000 euros anuales de recorte por la disminución de personal en las delegaciones territoriales). Además, la Junta empieza a desmantelar agencias públicas adscritas a determinadas consejerías porque las considera “chiringuitos” del PSOE, cuyas funciones puede asumir el propio departamento responsable. Hasta el momento, Ciudadanos ha eliminado el Consorcio Guadalquivir (“sin actividad”), la Agencia de Evaluación Educativa (con un ahorro de medio millón de euros al año) y está prevista la eliminación de la Fundación Mediana, órgano de intermediación en litigios adscrito a la Consejería de Justicia.

La oposición está ahora poniendo el acento en el capítulo de nombramientos que es, en realidad, el primer paso del nuevo Gobierno para empezar a rodar. El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Alberto García Valera, dimitió a los 21 días en el cargo “por problemas de salud”. Venía de la Agencia Tributaria en Andalucía, ex alto cargo del Ministerio de Hacienda, y era uno de los perfiles más tecnócratas de la Junta. Fue sustituido por otro inspector de Hacienda, Juan Bravo Baena, a la sazón, diputado casadista en el Congreso por Ceuta. El PSOE lo recibió, como a su antecesor, apremiándole para que presente el proyecto de Presupuestos Autonómicos de 2019 antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. Los socialistas, que prorrogaron las cuentas de 2018 y declinaron presentar su propuesta presupuestaria para 2019 alegando que ya estaban en campaña electoral, han cambiado de tercio para que PP y Cs “se quiten la máscara” antes de los comicios locales. Su primera iniciativa parlamentaria en el primer Pleno ordinario de esta semana va en este sentido.

De la lista de nombramientos -122 de una tacada en el tercer Consejo de Gobierno- salieron a los nombres de cuatro nuevos altos cargos implicados en complejos asuntos con la Justicia. La recién designada delegada provincial de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local en Granada, Elisa Fernández-Vivancos, dimitió antes siquiera de tomar posesión por la polvareda que levantó su nombramiento. Fernández-Vivancos era jefa del gabinete jurídico de la Junta en Granada cuando su departamento dejó pasar una citación judicial que, a la postre, supuso la indemnización de 165 millones de euros (hasta 250 millones por intereses de demora, según el PSOE) al promotor del centro comercial Nevada.

Los otros nombramientos polémicos han sido el del abogado penalista Carlos Sierra, que representaba al principal imputado del caso ERE, el ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y a El Cuco, el menor investigado por la muerte de Marta del Castillo. Ciudadanos ha colocado a Sierra al frente de la Oficina Judicial y Fiscal de la Junta, algo que no le ha gustado mucho a sus socios del PP. En sentido inverso, los populares eligieron como nuevo delegado territorial de Salud y Familias en Almería, a Juan de la Cruz Belmonte Mena, que está siendo investigado por presuntos delitos de administración desleal y delito societario en una empresa municipal de Vera. La formación naranja tiene suscrito un pacto con el PP que obliga a dimitir a los cargos públicos imputados formalmente por delitos relacionados con la corrupción, y ya han trasladado su malestar a sus socios. Otro imputado, pero por un asunto ajeno a la corrupción, es el nuevo secretario general de la Consejería de Cultura, Fernando Francés, investigado por un delito contra el patrimonio histórico.

El pulso PP-Ciudadanos

En el primer mes de Moreno Bonilla como presidente de la Junta, se anunció una estructura de Gobierno, luego se aprobó otra distinta, y más tarde se corrigieron aspectos de este último esquema. Se presentaron dos Gobiernos en uno: el líder nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó a los cinco consejeros de su partido en el Parlamento andaluz -la segunda institución andaluza, que ellos presiden- y lo hizo el mismo día y a la misma hora que Moreno Bonilla presentó a todo su gabinete desde la sede de la Junta (la novedad fueron los nombres de los consejeros del PP, porque Cs ya había filtrado los suyos). El presidente anunció entonces que desde ese momento “el Gobierno andaluz era uno”, tratando de enterrar así los riesgos de la ‘bicefalia’ PP-Ciudadanos. Pero sus socios no le hicieron caso.

Los sucesivos nombramientos de los altos cargos de la Administración andaluza -viceconsejeros, secretarios y directores generales, gerentes de agencias públicas- se han hecho en despachos separados, sin que PP consulte ni vete a los elegidos por Ciudadanos, y viceversa. “Yo no me meto en los suyos y ellos no se meten en los míos”, dijo Bendodo tras el tercer Consejo de Gobierno, en el que se aprobaron los 122 primeros nombramientos. El decreto de estructura de Gobierno suele ser un documento gris y arenoso que sólo recoge el reparto de competencias por consejerías, pero el de este gabinete -dos semanas prorrogado- se ha seguido con mucha expectación porque traduce a las claras la lucha de poder entre los dos partidos que gobiernan.

La foto más nítida es el forcejeo entre el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, y el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo. Ambos acaparan el mayor peso político del Gobierno, ambos se reparten la interlocución con las provincias, con los ayuntamientos y diputaciones y con el Parlamento. Esa fricción por atesorar el mayor grado competencial se ve en la duración excesiva de los Consejos de Gobierno, que postergan más de una hora su comparecencia ante la prensa. Pero también en algunas decisiones corregidas que demuestran que PP y Cs se resisten a ceder más espacio político al otro.

La antigua Dirección General de Comunicación Social, un órgano de gran influencia con los medios que gestiona la publicidad, las subvenciones y los convenios con la prensa, iba a estar inicialmente adscrita a un “ente compartido” por Vicepresidencia y Presidencia. También se iba a crear un órgano ad hoc para pilotar la reforma prevista en la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA). Esta solución salomónica no tenía encaje jurídico posible, de modo que finalmente Bendodo acapara unas funciones (Comunicación Social) y Marín otras (Relaciones con el Parlamento), y al margen del BOJA se crea una “comisión interdepartamental” para tomar las decisiones al respecto de forma conjunta. Ambos acordaron no reeditar la figura formal del director general de Comunicación Social, para que no hubiera un solo interlocutor de la Junta con los medios que decidiera cómo y a quién inyectar subvenciones. Luego se decidió lo contrario: existirá esa figura y dependerá directamente de Bendodo. De momento, las consecuencias de este reparto de poder sólo se intuyen.

De todo lo sucedido este primer mes, el hecho más paradigmático tanto de la bisoñez de PP y Cs en el Gobierno como del PSOE estrenando la oposición se ha producido en la Consejería de Cultura, último peldaño en orden de prelación de la Junta. Los populares han trasladado allí las competencias sobre Memoria Histórica, antes adscritas a Presidencia. Ni PSOE ni la coalición Adelante Andalucía (Podemos-IU) reclamaron presidir la Comisión de Cultura en el Parlamento andaluz, donde se ordenarán los debates legislativos sobre Memoria, y finalmente este órgano ha acabado en manos de Vox. La izquierda se ha echado las manos a la cabeza, aunque previamente había alcanzado un acuerdo con el resto de fuerzas que posibilitó esta carambola.

La preocupación ahora de PSOE y Adelante es real, porque la formación ultraderechista tiene firmado un acuerdo con el PP para derogar la Ley andaluza de Memoria, aprobada sin votos en contra hace dos años, y sustituirla por una Ley de Concordia. Vox ya ha anunciado que lo llevarán a la comisión parlamentaria que presiden y, entre tanto, el Gobierno de PP y Cs han asumido parte de su reclamación creando el Comisionado para la Concordia, una figura adscrita a la Consejería de la Cultura que hará las funciones del ex Director General de Memoria Histórica.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha amenazado desde Madrid con retirar el apoyo a PP y Ciudadanos en la futura negociación de los Presupuestos de la Junta si no se deroga antes la Ley de Memoria. Los populares responden que están abiertos a negociar otra ley “de más consenso”, y la formación naranja advierte de que la norma nueva tendría que tener “unanimidad” de la Cámara. “Otro incumplimiento de lo pactado por el PP en Andalucía. Ni su palabra ni su letra valen nada. Luego querrán aprobar los presupuestos… y no podrán”, ha escrito Abascal en su perfil de Twitter. Y así arranca la precampaña de las elecciones generales.

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Franco y el 28 de abril, ¿dentro o fuera?

El Gobierno pretende que el día 28 de abril los restos mortales de Francisco Franco no reposen ya en la abadía del Valle de los Caídos y mucho menos en la cripta de la catedral de la Almudena sino en un recoleto cementerio a las afueras de la capital de España. Si lo consigue —sin incurrir en vías de hecho— habrá obtenido una victoria política de fuerte carácter simbólico que singularizará el Ejecutivo de Sánchez de los otros socialistas presididos por González o Zapatero. Si no lo logra, incurrirá en un incumplimiento tan grave como pertinaz ha sido su deseo de conseguirlo.

Sobre el papel, la misión no se antoja fácil. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión definitiva de exhumación (el pasado viernes) cuya ejecución se demora 15 días desde entonces para que la familia de Franco señale un lugar de enterramiento que no sea la Almudena. Los nietos del dictador —propietarios de cuatro sepulturas en la cripta de la catedral— van a acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) para interponer un recurso contra la decisión gubernamental solicitando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros.

Veremos si el alto tribunal concede o no la petición preliminar que se le solicitará. De hacerlo, el Gobierno no podría ejecutar su decisión. Los Martínez-Bordiú aducirán también que el Real Decreto-ley (10/2018 de 24 de agosto) que modificó la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque se trata de una norma legal de “caso único”. Aducirán que es una ‘ley ad hoc’ y solicitarán que el Supremo eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del decreto ley que, además, según su criterio, no estaría justificado por razones de notoria urgencia sino por conveniencia política.

Además de estas trabas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros deberá enfrentarse a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no otorga la autorización para penetrar en la abadía y exhumar los restos de Franco que quedaron bajo su custodia. El templo, todos, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, es inviolable, es decir, una autoridad pública —salvo en el caso de delito flagrante— no podría penetrar en él sin la autorización eclesial correspondiente. Hasta el momento, y de manera formal y expresa, ni el arzobispo de Madrid, ni el superior jerárquico del prior del Valle de los Caídos ni el Vaticano han revocado la negativa de Santiago Cantera a la entrada en la abadía y a la consiguiente exhumación de los restos del dictador. Se supone que el Gobierno no deseará un conflicto diplomático de primer orden con el Vaticano.

En el supuesto, no obstante, de que el Gobierno lograse superar estas objeciones —las judiciales y las eclesiásticas—, se mantendría la negativa de la familia a una inhumación en lugar distinto a la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia debería proporcionar un enterramiento contra el criterio de los nietos de Franco que generaría un conflicto judicial adicional. De manera tal que, aun en el supuesto de que el día 28 de abril se hubiera producido la exhumación e inhumación de la momia del general, el proceso se desarrollaría de manera abrupta y provocaría un debate añadido al que ya existe.

Y el Gobierno no puede dilatar más el cumplimiento de su decisión política porque llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos, defraudadas la mayoría de ellas. El balance de estos meses de Gobierno sería demasiado pobre en lo material y escuálido en lo simbólico.

Exhumar a Franco del Valle de los Caídos no era tarea de meses sino de años. De, al menos, una legislatura. El Gobierno estaba advertido por el dictamen de la comisión de expertos de noviembre de 2011. Requería un trabajo de campo previo, especialmente con la jerarquía eclesiástica, y un pacto discreto con la familia, al tiempo que una normativa aprobada por el procedimiento ordinario con el mayor consenso parlamentario, comprendiendo la operación no solo la exhumación de Franco sino también su inhumación (ciertamente, no en la Almudena), todo ello en el contexto de una resignificación del Valle de los Caídos.

La exhumación de Franco no ha estado bien planteada, porque se ha pretendido ejecutarla en solo unos meses. El grave problema es que, urgido el Gobierno por esgrimir una victoria política ante las urnas del día 28, la ejecución de su decisión (que comprende también una inhumación indeseada por la familia del general) provoque un debate todavía más bronco que el que ha venido desarrollándose en los últimos meses. Un debate que será también simbólico y, seguramente, alejado de la comprensión de la inmensa mayoría del electorado, al que esta cuestión no deja de resultarle un tanto críptica. Y como tal, de difícil decodificación política. No es lógico meterse en laberintos sin conocer su salida.

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Franco y el 28 de abril, ¿dentro o fuera?

El Gobierno pretende que el día 28 de abril los restos mortales de Francisco Franco no reposen ya en la abadía del Valle de los Caídos y mucho menos en la cripta de la catedral de la Almudena sino en un recoleto cementerio a las afueras de la capital de España. Si lo consigue —sin incurrir en vías de hecho— habrá obtenido una victoria política de fuerte carácter simbólico que singularizará el Ejecutivo de Sánchez de los otros socialistas presididos por González o Zapatero. Si no lo logra, incurrirá en un incumplimiento tan grave como pertinaz ha sido su deseo de conseguirlo.

Sobre el papel, la misión no se antoja fácil. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión definitiva de exhumación (el pasado viernes) cuya ejecución se demora 15 días desde entonces para que la familia de Franco señale un lugar de enterramiento que no sea la Almudena. Los nietos del dictador —propietarios de cuatro sepulturas en la cripta de la catedral— van a acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) para interponer un recurso contra la decisión gubernamental solicitando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros.

Veremos si el alto tribunal concede o no la petición preliminar que se le solicitará. De hacerlo, el Gobierno no podría ejecutar su decisión. Los Martínez-Bordiú aducirán también que el Real Decreto-ley (10/2018 de 24 de agosto) que modificó la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque se trata de una norma legal de “caso único”. Aducirán que es una ‘ley ad hoc’ y solicitarán que el Supremo eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del decreto ley que, además, según su criterio, no estaría justificado por razones de notoria urgencia sino por conveniencia política.

Además de estas trabas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros deberá enfrentarse a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no otorga la autorización para penetrar en la abadía y exhumar los restos de Franco que quedaron bajo su custodia. El templo, todos, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, es inviolable, es decir, una autoridad pública —salvo en el caso de delito flagrante— no podría penetrar en él sin la autorización eclesial correspondiente. Hasta el momento, y de manera formal y expresa, ni el arzobispo de Madrid, ni el superior jerárquico del prior del Valle de los Caídos ni el Vaticano han revocado la negativa de Santiago Cantera a la entrada en la abadía y a la consiguiente exhumación de los restos del dictador. Se supone que el Gobierno no deseará un conflicto diplomático de primer orden con el Vaticano.

En el supuesto, no obstante, de que el Gobierno lograse superar estas objeciones —las judiciales y las eclesiásticas—, se mantendría la negativa de la familia a una inhumación en lugar distinto a la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia debería proporcionar un enterramiento contra el criterio de los nietos de Franco que generaría un conflicto judicial adicional. De manera tal que, aun en el supuesto de que el día 28 de abril se hubiera producido la exhumación e inhumación de la momia del general, el proceso se desarrollaría de manera abrupta y provocaría un debate añadido al que ya existe.

Y el Gobierno no puede dilatar más el cumplimiento de su decisión política porque llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos, defraudadas la mayoría de ellas. El balance de estos meses de Gobierno sería demasiado pobre en lo material y escuálido en lo simbólico.

Exhumar a Franco del Valle de los Caídos no era tarea de meses sino de años. De, al menos, una legislatura. El Gobierno estaba advertido por el dictamen de la comisión de expertos de noviembre de 2011. Requería un trabajo de campo previo, especialmente con la jerarquía eclesiástica, y un pacto discreto con la familia, al tiempo que una normativa aprobada por el procedimiento ordinario con el mayor consenso parlamentario, comprendiendo la operación no solo la exhumación de Franco sino también su inhumación (ciertamente, no en la Almudena), todo ello en el contexto de una resignificación del Valle de los Caídos.

La exhumación de Franco no ha estado bien planteada, porque se ha pretendido ejecutarla en solo unos meses. El grave problema es que, urgido el Gobierno por esgrimir una victoria política ante las urnas del día 28, la ejecución de su decisión (que comprende también una inhumación indeseada por la familia del general) provoque un debate todavía más bronco que el que ha venido desarrollándose en los últimos meses. Un debate que será también simbólico y, seguramente, alejado de la comprensión de la inmensa mayoría del electorado, al que esta cuestión no deja de resultarle un tanto críptica. Y como tal, de difícil decodificación política. No es lógico meterse en laberintos sin conocer su salida.

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