La mitad de las comunidades autónomas no cuentan con centros especializados para víctimas de violencia sexual

Si eres víctima de una agresión sexual, la atención que recibas dependerá del lugar en el que vivas. Las diferencias de abordaje de la violencia sexual entre una comunidad autónoma y otra dibujan un mapa desigual que convierte en “una lotería” los derechos de las mujeres. Es una de las principales conclusiones del informe Ya es hora de que me creas. Un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas que Amnistía Internacional ha lanzado este jueves. De hecho, en ocho comunidades autónomas, entre ellas Aragón, Canarias o Extremadura (incluidas también Ceuta y Melilla) no existen centros especializados para atender a las víctimas.

Ante la práctica ausencia de normativas públicas de carácter estatal que la organización ha comprobado, el modelo de prevención, atención y reparación “ha quedado supeditado a las decisiones que cada comunidad autónoma tome al respecto”, lo que provoca disparidades entre territorios, algo que Amnistía considera “muy grave”. Además, también se producen desigualdades dentro de las mismas comunidades, sobre todo en zonas rurales o fuera de las capitales de provincia. Por otro lado, España carece de los llamados centros de crisis, concebidos para la atención de emergencia y 24 horas, aunque el Ayuntamiento de Madrid anunció la puesta en marcha de uno.

Este escenario conduce a la organización a considerar que “el Estado español está incumpliendo su deber de diligencia debida en el marco de la asistencia y prestación de servicios a las víctimas y supervivientes”. Esto tiene consecuencias para las mujeres, que se enfrentan a una situación “desesperanzadora” en la que “recuperar las consecuencias derivadas de la violencia se proyecta en solitario, dificultando la recuperación de su autoestima y la reestructuración de su personalidad”.

A lo largo del estudio, al que pertenece la historia de Mónica, cuya hija se suicidó tras haber sido acosada por whatsapp, la ONG ha constatado cómo las mujeres que sufren violencia sexual “siguen enfrentándose a un camino lleno de obstáculos y adversidades” porque a la ausencia de políticas públicas que la aborden de forma integral y el déficit de formación especializada y en perspectiva de género de los operadores jurídicos, forenses o policiales “se une en muchas ocasiones la falta de un trato adecuado y profesionalizado por parte de los equipos implicados”, lo que “redunda y ahonda en la revictimización de las mujeres ante el sistema que debería protegerlas”.

Amnistía Internacional echa la vista atrás para concluir que mientras en los últimos años se han dado importantes avances en la lucha contra la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja -con la Ley Integral de 2004 como punto de partida-, otras violencias, como la violencia sexual, “quedaban desatendidas”. Así, sugiere que la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha dejado fuera la cuestión del “desarrollo de una política pública para combatir la violencia sexual” y medidas de reparación.

Un procedimiento judicial traumático

En este sentido, la ONG denuncia que apenas se han desarrollado campañas de sensibilización sobre el tema y pone sobre la mesa el déficit estadístico que rodea a esta realidad. En cuanto al acceso a la denuncia, asegura que el trato que recibe una víctima que acude a una comisaría “depende de la sensibilidad personal de quien la asista” porque no existen protocolos o directrices “desde un enfoque de derechos humanos y de género”. Así, aunque algunas mujeres entrevistadas para el informe han valorado positivamente la actuación policial, muchas otras han lamentado que el primer contacto fue “bastante traumático”, lo que provoca una pérdida de confianza en las instituciones.

Entre otros testimonios, la organización ha recabado el de Gloria y Andrés, dos padres de una niña que con 12 años fue acosada por redes sociales. Cuando se enteraron, acudieron a la comisaría de Policía a denunciar, en la que lo primero que se encontraron fue a un agente que comenzó “a reñir” a Gloria por permitir que su hija dispusiera de un móvil propio. Durante la toma de la denuncia, Andrés estaba junto a su hija, que se encontraba nerviosa y avergonzada, pero fue apercibida por uno de los agentes delante de su padre: “Niña, no te rías”, le espetó.

En cuanto al ámbito sanitario, Amnistía Internacional denuncia que “la heterogeneidad” de actuaciones puede “comprometer los derechos de las víctimas y supervivientes” y cuestiona la inexistencia de un protocolo que garantice el mismo procedimiento de los médicos forenses en todos los territorios y hospitales. Algunas víctimas han hecho referencia a la larga espera que tuvieron que afrontar, lo que une al trauma estrés, cansancio y que tengan que esperar sin ducharse y vestirse, algo que corroboran los forenses entrevistados, que lo asocian a una ausencia de personal.

El informe también aborda el procedimiento judicial, sobre el que la mayoría de abogadas especializadas consultadas afirman sigue lastrado por “prejuicios y estereotipos en la mayoría de juzgados” que tienden a “dudar de las víctimas, minimizar las agresiones o, en el peor de los casos, a responsabilizarlas de los hechos”. “Todas las mujeres supervivientes y familiares con quienes ha hablado la organización, así como en las entrevistas con las organizaciones expertas en el acompañamiento a las víctimas en casos de violencia sexual, han coincidido en señalar su experiencia con el sistema judicial como traumática”, esgrime el estudio.

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“El acoso sexual que mi hija sufrió por whatsapp fue la gota que colmó el vaso para que se suicidara”

A Mónica no se le pasó en ningún momento por la cabeza, pero echa la vista atrás y recuerda aquellos días anclados a un mal presentimiento. No habían pasado ni 24 horas desde que había acudido con su hija Raquel, de 15 años, a denunciar a la comisaría de Policía de un barrio al norte de Madrid los mensajes amenazantes que llevaba recibiendo en su teléfono móvil desde hacía unos 15 días. Era sábado, 19 de abril de 2013, y Mónica salió de casa para ir a buscar a una amiga a la boca de metro. No tardó ni diez minutos, pero cuando regresó, vio a los bomberos y un tumulto de gente junto a su portal y se esperó lo peor.

“Mi hija se suicidó tras una vida muy dura que la convirtió en una niña vulnerable, pero el acoso sexual que sufrió por whatsapp la empujó y fue la gota que colmó el vaso”, cuenta esta mujer a eldiario.es. Más de cinco años después, ha encontrado fuerzas para hablar públicamente de los días más dolorosos de su vida con ayuda de Amnistía Internacional, que este jueves lanza el informe sobre violencia sexual Ya es hora de que me creas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo 25 de noviembre.

Un par de días antes de su suicidio, Raquel le había contado a su madre que desde hacía un tiempo hablaba con un chico por whatsapp, de 25 años, que estaba intentando chantajearla para que le enviara fotos desnuda. Según consta en el informe realizado por la Policía Judicial días después del suicidio de la joven, en dichas conversaciones el hombre “le exige que le mande fotografías de ella desnuda bajo la amenaza de ‘hackear’ su teléfono dado que le está ‘controlando’ el mismo manifestando también que ya tiene fotos de ella desnuda y que si no le manda más las pondrá en ‘malas manos’ aún a sabiendas de que Raquel era menor de edad”.

“Las fotos k salgas sin ropa solo 2 y no te molesto nunca más te lo juro”, le escribía el hombre, según aparece en el informe pericial realizado por el grupo de informática forense de la Policía Científica. Mónica supo después, por medio de las amigas de su hija, que Raquel llevaba recibiendo este tipo de mensajes desde hacía casi dos meses, lo que la sumió en una situación de angustia y miedo. “Yo ya llevaba días viéndola mal, no comía, apenas dormía y estaba muy nerviosa. De hecho, pocos días antes de que se suicidara, la llevé al médico en un par de ocasiones y la mandaron a casa”.

2.000 euros de multa

Raquel también habló con su tía Rosa antes de acabar con su vida. “Lo hizo después de contárselo a mi hermana. Yo intenté calmarla porque ella tenía mucho pánico a que publicara sus fotos en su instituto…y estaba aterrorizada. Le decía que era ilegal y denunciable, pero estaba convencida de que lo iba a hacer y no había manera de convencerla”, explica Rosa, que hace hincapié en que su sobrina no quería denunciar, entre otras cosas porque iba a tener que reconocer que a otro chico sí le había enviado una foto desnuda. De hecho, según consta en la denuncia, sospechaba que este otro joven, al que conoció en un chat de Internet, le había pasado la foto a su amigo, que la utilizó para chantajearla.

El caso llegó finalmente a instancias judiciales. Aunque Rosa explica que su propia defensa decidió no presentar denuncia por incitación al suicidio al pensar que no iba a prosperar, cuatro años después de los hechos, el Juzgado de lo Penal nº 9 de Madrid condenó al hombre que había acosado a Raquel a 2.000 euros de multa como autor de un delito de coacciones, tal y como especifica la sentencia fechada el 4 de septiembre de 2017. Además de la larga espera que vivió Mónica para que la vista judicial fuera fijada, el fallo fue producto de un acuerdo, según cuenta ella misma, ante el miedo de que la otra parte desplegara en la vista los antecedentes personales de la chica. “Mi abogada me dijo que lo iban a hacer y mi entorno me recomendó llegar al acuerdo”. 

La madre de Raquel reconoce que su hija no había tenido una vida nada fácil. Sufría múltiples secuelas, entre ellas trastornos de la conducta alimentaria, producto del abuso sexual que, según denunció su madre, sufrió por parte de su padre cuando era una niña. “Con tres años empezó a verbalizarlo. Yo ya estaba separada de él porque había ejercido violencia de género contra mí, de hecho, fue condenado cuando todavía no existían los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Raquel, su hermano y yo acabamos en una casa de acogida y ellos tenían que cumplir con las visitas, hasta que denuncié el abuso. Sin embargo, la denuncia fue archivada”, cuenta Mónica.

“Menuda era la niña…”

Durante varios años, ambos hermanos estuvieron viendo a su padre en un Punto de Encuentro Familiar (PEF), donde se cumplía el régimen de visitas, pero “mostraban muchísima oposición, no querían ir con él”, recuerda la madre. De hecho, un informe del equipo psicosocial del Juzgado de Familia nº 25 de Madrid, fechado en marzo de 2010, atestigua que los niños se negaban a responder a las preguntas de los peritos que les iban a explorar alegando que “han dicho 50 veces que no quieren ver a su padre y nadie les hace caso, por lo que no piensan hablar más veces”. Desde entonces, ni Raquel ni su hermano volvieron a tener ningún tipo de contacto con su progenitor. 

“Sufrimos muchos años de maltrato judicial por parte del sistema. A Raquel esto le condicionó muchísimo y, de hecho, desconfiaba totalmente de que la Policía le fuera a proteger con el caso del chantaje, por eso no quería denunciar”, cuenta su madre, que señala entre otras secuelas del abuso la forma en que la joven construyó la idea sobre la sexualidad. “La niña chateaba y conocía a chicos con los que hablaba, pero fuera como fuera no justifica que la acosaran. Ya he oído bastantes veces que ella se lo había buscado…¿Qué más da cómo fuera la niña?”, se pregunta Mónica. 

A algo parecido da vueltas Rosa cuando piensa en la historia de su sobrina Raquel –”menuda era la niña”, asegura que dijo la abogada del hombre que la acosó–. Su corta vida, dice, estuvo marcada por la violencia machista y la lucha judicial en busca de protección que acabó por hacer creer a la joven que “contar la verdad una y otra vez no solo no servía de nada, sino que además tenía consecuencias nefastas para ella”, cuenta su tía. Rosa está convencida de que hubo varios culpables de la vulnerabilidad de Raquel “de la que se aprovechó un depredador sexual” y apunta y dispara directamente a “una sociedad patriarcal que, entre otras cosas, culpabiliza a la víctima” –”menuda era la niña…”, repite–, algo que “Raquel seguramente sabía que ocurriría si esas fotos hubieran salido a la luz”.

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El tribunal de ‘la manada’ condena a diez meses de prisión por “maltrato ocasional” a un hombre que intentó estrangular a su exmujer

Los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra responsables de la sentencia de ‘la manada’ han condenado a diez meses de prisión a un hombre que intentó estrangular a su exmujer. Le consideran responsable de “un delito de maltrato ocasional” pero no de tentativa de homicidio, según informa Público.

La Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel y la acusación particular, diez años. El tribunal deja la condena en diez meses porque, aunque “los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa”, esa tentativa “fue desistida de forma eficaz”.

Según los hechos que la sentencia considera probados, el hombre, que llevaba seis meses separado de la víctima, acudió al domicilio en el que ella vivía con los dos hijos de ambos para desmontar un ordenador cuando faltaban tres días para que firmasen el divorcio. En medio de una “fuerte discusión”, el hombre “se dirigió a la cocina de donde cogió un cuchillo de unos 15 cm de hoja y salió apresuradamente”. Se dirigió hacia la mujer “portando en su mano derecha el cuchillo, que esgrimió dirigiéndolo hacia ella, siendo consciente de que con tal acción podía poner en peligro su vida”.

Tras un forcejeo en el que la mujer acabó con “una herida incisa muy superficial, de 1 cm de trayectoria lineal irregular”, ambos cayeron al suelo y el hombre “agarró con su mano izquierda el cuello de [la mujer] presionando fuertemente en la zona peritraqueal, hasta que comprobó que ésta gesticulaba angustiosamente, le estaba haciendo daño, tosía, e igualmente le faltaba el aire”. Según continúa el relato de hechos probados en la sentencia, “al ver su creciente estado de asfixia, de modo consciente y voluntario dejó de apretar el cuello, poniendo fin a la situación de peligro para su vida”.

El episodio se produjo en presencia de los dos hijos. La sentencia también señala que la niña, de seis años, gritó a su padre: “Déjala, no la mates”.

Los magistrados José Francisco Cobo Sáenz, Ricardo Javier González y Raquel Fernandino Nosti, autores de la sentencia que condenó a ‘la manada’ por abusos pero no por agresión sexual, rechazan el delito de homicidio en grado de tentativa porque el hombre desistió “de manera libre y voluntaria” de su conducta cuando la víctima se estaba quedando sin aire. “Cesó la situación de peligro para su vida, y la causa directa de la no producción de resultado mortal no fue otra que la voluntaria interrupción de los actos que hubieran podido causar la efectiva muerte” de la víctima, argumentan.

El tribunal condena al hombre por maltrato ocasional con las agravantes de hacerlo “en presencia de menores”, con “arma blanca” y “en el domicilio común”. También aplica el atenuante de “trastorno mental” porque estaba sometido a estrés y tratamiento psiquiátrico. Además de la pena de cárcel, le inhabilita para ejercer la patria potestad de los dos hijos durante dos años y seis meses y le prohíbe acercarse a menos de 500 metros de la mujer o de los niños.

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Pablo Casado dice que la exaltación del franquismo solo debería estar prohibida si es violenta, como la del comunismo

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha declarado este jueves que condena el franquismo pero que su exaltación “solo debería estar prohibida si es violenta”. Lo que Casado no aclara es si debería ilegalizarse o no el Partido Comunista, pese a que la enmienda que presentó en el Senado como exigencia para condenar el franquismo incluía “la prohibición de cualquier Fundación o Asociación que exalte o glorifique el Comunismo y todas aquellas ideologías populistas que fomentan el enfrentamiento entre ciudadanos”. “No creo que el Partido Comunista de España esté ahora mismo reivindicando el estalinismo”, ha respondido cuando le han preguntado si propone ilegalizar el PCE en una entrevista en la Cadena SER.

Preguntado por la abstención de su partido en la votación en el Senado que condenaba “rotundamente” el franquismo y “cualquier acto de exaltación del mismo”, Casado la ha justificado así: “Lo que ayer se pretendía no era cuestionar lo que ocurrió en el pasado, sino “volver a polarizar el debate”. Según el líder del PP, eso es “lo que intenta el Gobierno con la exhumación del dictador”.

Para Casado, la exaltación del franquismo solo debería estar prohibida si es violenta: “Si los que reivindican al franquismo exaltan la violencia, como hacen la CUP y Arran en Catalunya atacando domicilios o kale borroka, pues sí”.

Al líder del PP le parece absurdo “que la exhumación de Franco sirva como cortina de humo” a otros problemas de la actualidad, y señala que por eso su partido no va “a morder los anzuelos del Gobierno”. “Afortunadamente lo que pasó en España en el año 75 quedó perfectamente resuelto con la Constitución y la Transición. Es un debate que no merece ni un minuto más”, ha dicho Casado.

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El prior del Valle de los Caídos vuelve a paralizar la exhumación de los Lapeña

En el mes de mayo de 2016, un juez autorizó la primera exhumación de cuerpos en el Valle de los Caídos. Los de Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, dos hermanos que fueron fusilados y enterrados en una fosa común en Calatayud (Zaragoza) y posteriormente trasladados a Cuelgamuros sin la autorización de sus familiares. Desde entonces, la familia se ha topado con la oposición de los monjes benedictinos y su prior, Santiago Cantera, que ha intentado evitar los trabajos. También con continuos retrasos administrativos.

El pasado mes de abril comenzaron los trabajos de exhumación de estos dos hermanos republicanos, en lo que las familias (el hijo de uno de ellos aún vive) consideraron un gran éxito. Entraron los técnicos y las microcámaras. Pero hace dos días, las familias de la fosa de Calatayud fueron llamadas al Palacio de la Moncloa. Allí, el subsecretario de Presidencia, Antonio Hidalgo, les explicó que se ha encontrado un impedimento. Tienen que hacer un informe técnico y los monjes benedictinos, cuyo prior fue candidato de Falange y que se ha opuesto siempre tanto a esta exhumación de los Lapeña como a la de Franco, vuelve a poner trabas a que entren técnicos y maquinaria. Eso, pese a que el presidente de los obispos le desautorizó y obligó a facilitar el cumplimiento de la sentencia: “No puede negarse a exhumar los restos”, dijo entonces Blázquez. El prior no ha contestado a las presguntas de eldiario.es a ete respecto.

En la fosa donde supuestamente están enterrados los Lapeña hay 3.000 cadáveres y más de 700 cajas. La de ellos es, supuestamente, la 722. Para llegar allí hay que retirar todas las demás, que están en disposición piramidal y puede haber riesgo de derrumbe con la retirada. “Los enterramientos se hicieron para que nadie sacara cuerpos de allí”, lamenta Eduardo Ranz, que fue el abogado de la familia Lapeña en su periplo judicial y ahora es también asesor del Ministerio de Justicia en asuntos de memoria histórica.

Ese informe previo a la extracción de la caja, necesario por seguridad según relatan desde el Gobierno, requiere que entren científicos y maquinaria a la fosa. El prior lo está impidiendo de nuevo, aunque “ese asunto se va a resolver, como explicó el subsecretario a las familias”, relata Ranz. El plazo que se ha puesto el gobierno para tener acabado el informe es de cuatro meses. Eso, si se desbloquea la negativa del prior.

“Lo llevamos como podemos”, relata Miguel Ángel Capapé, que dirige la Asociación por la Recuperación e Investigación contra el Olvido y es el marido de Purificación Lapeña, nieta de Manuel Lapeña. “La reunión fue cordial, nos dieron muchas explicaciones, aunque la mayoría no las entendemos”, dice. “El gobierno nos ha recibido, cosa que no hizo el otro Gobierno”, destaca, “pero nuestro miedo es que nos digan que no se puede entrar. Quiero pensar que hay voluntad de arreglarlo, pero nos morimos con informes. No queremos un homenaje y una plaquita allí, queremos que los saquen”.

Ranz señala que se les pidió dispculpas en nombre del gobierno en la reunión el martes y que se les ha ofrecido “una vista al Valle acompañados de científicos para que conozcan la situación”. También está en marcha el proceso para tomar muestras de adn que cotejar con los restos. “Sobre todo les hemos transmitido que hay continuidad. Pese a este contratiempo, no se les abandona y el Gobierno sigue adelante” con la exhumación de los Lapeña, que inició su periplo judicial hace 10 años, cuando las familias se dieron cuenta que el lugar donde llevaban flores desde hacía lustros en Calatayud estaba vacío porque Manuel y Antonio había sido llevados, sin el permiso de nadie, al Valle de los Caídos.

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La Audiencia de Lleida condena por abusos y no por agresión a dos hombres que violaron a una joven

La Audiencia de Lleida ha condenado a cuatro años y seis meses de prisión a dos hombres que violaron en agosto del año pasado a una joven en Vielha (Lleida). El tribunal considera que no hubo agresión sexual, como pedía la fiscalía, que solicitaba 15 años de cárcel, porque a pesar de que ella se negó y pidió a los agresores que parasen, no gritó ni se resistió.

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Una asociación del Vaticano alerta del peligro del “ultranacionalismo” para la libertad religiosa

 El auge de regímenes “ultranacionalistas” ha causado en los dos últimos años un aumento de las violaciones de la libertad religiosa en todo el mundo, según señala el informe bianual  sobre Libertad religiosa en el mundo de la asociación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, entidad que depende directamente del Vaticano. El documento, publicado este jueves, afirma que de los 196 países analizados, 38 vulneran gravemente la libertad religiosa de miles de personas y en 21 de ellos se persigue a las minorías religiosas, en algunos casos “hasta la muerte”. En el informe, desglosado por países, se recoge la legislación en materia de estas libertades en cada Estado y los incidentes más notorios de los dos últimos años.

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Londres y Bruselas acuerdan la declaración política sobre la relación futura entre la UE y Reino Unido

Ya hay declaración política. Y ha sido enviada a los 27 Estados miembros.

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De acuerdo con quien ha tenido acceso a ella, no hay menciones a Gibraltar, algo que contraviene las peticiones del Gobierno español.

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