EL SUPREMO RESUELVE, POR 15 VOTOS A 13, QUE SEA EL CLIENTE QUIEN PAGUE EL IMPUESTO HIPOTECARIO

Fuente: https://elpais.com/economia/2018/11/06/actualidad/1541508837_018957.html

El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás: el impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el cliente. La decisión la tomó este martes el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras dos días de intenso debate y por solo dos votos de diferencia: 15 magistrados a favor de que pague el cliente y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre y que cambiaba la jurisprudencia que había mantenido hasta ahora el alto tribunal. Esta modificación brusca de criterio de hace tres semanas sobre la jurisprudencia vigente durante más de 20 años había sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el sector partidario de volver a la antigua doctrina. El presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, inclinó con su voto la balanza a favor de esta tesis.

Las tres semanas de caos jurídico a cuenta de a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados han dejado partido por la mitad al pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo. 28 magistrados se han reunido durante 15 horas (divididos en cuatro sesiones de mañana y tarde en dos días) para decidir si mantenían el criterio fijado el pasado 16 de octubre por una sentencia que estableció que el sujeto pasivo de este tributo (quien debe pagarlo) es el banco, en contra de la jurisprudencia consolidada durante más de dos décadas por el Tribunal Supremo. Ese fallo causó fuertes caídas en Bolsa de los bancos.

La fractura entre los defensores de una y otra postura se evidenció nada más empezar la deliberación y se confirmó con el resultado final: 15 votos a favor de revocar la nueva jurisprudencia y, por tanto, que sigan pagando los clientes, frente a 13 partidarios de mantenerla y que pague el banco el impuesto. El resultado más ajustado posible y que muestra la oposición de buena parte de la sala a cambiar una jurisprudencia recién estrenada y que había sido fijada por la sección experta en impuestos. Al pleno no han asistido además, por diversos motivos, tres de sus 31 miembros, lo que ha dejado la sensación entre muchos magistrados de que el fallo, aunque legítimo, es más controvertido si cabe por la exigua mayoría. Las sentencias con los argumentos de los magistrados (revisaban tres casos por lo que habrá tres resoluciones), se conocerán en los próximos días.

La deliberación comenzó el lunes y, tras ocho horas y ante la falta de acuerdo, los magistrados se emplazaron a ayer por la mañana. La reunión empezó como había acabado la del día anterior: con posturas enfrentadas entre los partidarios de mantener el nuevo criterio y los defensores de revocarlo. Antes del receso para comer, habían tomado la palabra 14 miembros del pleno cuyas intervenciones evidenciaron la ruptura de la sala. No había una mayoría clara hacia una postura u otra aunque la balanza a esa hora parecía inclinarse hacia los partidarios de mantener la jurisprudencia establecida hace dos semanas. Los argumentos de este sector, encabezados por los cinco magistrados que suscribieron el cambio de criterio de la sentencia del 16 de octubre, incidieron en que el único interesado en que se inscriba un préstamo con escritura pública es el banco, porque solo con esa inscripción podrá después ejecutar la hipoteca si, por ejemplo, hay impagos.

Sin razones para el cambio de criterio
Buena parte de los magistrados defendía, por el contrario, que había que dejar de lado la decisión del 16 de octubre y volver a la jurisprudencia que estaba consolidada en el Supremo y que establecía que debía pagar el cliente que firma la hipoteca. Para este sector, no había ninguna razón jurídica que justificara el cambio de criterio.

Cuando los magistrados pararon para comer, solo quedaban por intervenir cinco de los 28: el presidente, Luis Díez-Picazo, y los cuatro miembros más antiguos de la sala. Las posturas estaban tan ajustadas que sus pronunciamientos podían inclinar la decisión en uno y otro sentido. Y eso fue lo que acabó ocurriendo. Las fuentes consultadas señalan que fue Díez-Picazo quien inclinó definitivamente la votación a favor de que el impuesto se impute a quien firma el préstamo. Él era el último en votar y cuando llegó su turno el resultado era de 14 votos a favor de esta opción y 13 en contra. El presidente de la sala, que hace dos semanas adoptó la insólita decisión de elevar al pleno la jurisprudencia recién establecida para someterla a revisión, decidió volver a la antigua jurisprudencia y que sea el cliente el que pague el tributo.

 

Hasta ese momento, Díez-Picazo, según estas fuentes, se había mostrado partidario de mantener el nuevo criterio, pero cerrando la puerta a que tuviera efectos retroactivos. Esta opción estuvo a punto de prosperar a través de una enmienda transaccional propuesta por la magistrada Pilar Teso para buscar un consenso entre las dos posturas.

Enmienda fracasada

Se trataba de ratificar que el impuesto debía pagarlo el banco pero solo a partir de ahora, sin posibilidad de retroactividad, para evitar una previsible avalancha de recursos de clientes con hipotecas ya firmadas. Esta enmienda se llegó a votar, pero perdió por 17 a 11. Algunos miembros del pleno, según las fuentes consultadas, pidieron abrir un debate sobre la retroactividad, pero Díez-Picazo (que había votado a favor de la enmienda fracasada) lo rechazó y precipitó directamente la votación sobre si se mantenía la nueva jurisprudencia o se volvía a la antigua. Esta postura del presidente fue recibida con duros reproches por parte de algunos miembros del pleno.

Con la votación en marcha, los magistrados asumieron que la ruptura era inevitable. Los defensores de revocar la nueva jurisprudencia vencieron por la mínima y, por primera vez, el Supremo revoca su propia doctrina tres semanas después de establecerla.

Algunos magistrados partidarios de la opción que acabó imponiéndose recalcaron durante su intervención que los recursos que estaban revisando no enfrentaban a la banca y los consumidores, sino a la empresa municipal de la vivienda de Rivas-Vaciamadrid, frente a esta Comunidad autónoma y el Estado. Estas dos administraciones eran las “perjudicadas” por el nuevo criterio y, según señaló algún miembro del pleno, si se les obligaba a devolver el dinero del impuesto se les generaría un agujero de miles de millones de euros, lo que acabaría repercutiendo en servicios básicos como la sanidad o la educación.

LA BANCA VE PRESERVADA LA SEGURIDAD JURÍDICA
Las patronales de bancos y cooperativas alabaron la decisión del Tribunal Supremo, al considerar que esta “preserva la seguridad jurídica necesaria para el buen funcionamiento del mercado”. En un comunicado, el sector destaca que el alto tribunal ha confirmado que el prestatario es el que paga el impuesto, algo que “venía ocurriendo hasta ahora” y que está “de acuerdo con la normativa vigente durante más de 20 años”.Este sector también dio por seguro que si se imputaba el impuesto a los bancos, estos iban a subir los tipos de las hipotecas, por lo que el cliente no iba a beneficiarse del cambio de jurisprudencia.

Algunos magistrados dejaron también constancia de que los partidos políticos pueden en el Congreso cambiar la ley cuando quieran y eliminar o modificar el impuesto de las hipotecas.

 

Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Moix-pierde-apoyos-seguir-Anticorrupcion_0_649536139.html

Manuel Moix es un hombre solo. Mantiene de momento su cargo como fiscal jefe de la unidad Anticorrupción, pero el descubrimiento de la sociedad panameña en la que participa y  su gestión de este último escándalo le han hecho perder todos los apoyos con los que ha contado desde el inicio de su convulso mandato.

Primero fue su jefe directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien el martes negó que fuese informado por Moix, tal y como este había contado en la cadena SER, de que tenía junto a su familia participaciones en una empresa panameña propietaria de un chalé en la sierra de Madrid. Moix, acostumbrado a que Maza le respaldase desde que tomó posesión el pasado febrero, contó que este no le había dado importancia a la noticia publicada por Infolibre y que cuando regresase de su viaje el fiscal general, hablarían sobre el tema. La reunión está prevista para las próximas horas. Maza ya sabe que el Gobierno ha decidido descargar en él toda la responsabilidad sobre la continuidad de Moix.

Lejos de mojarse para respaldar al jefe de Anticorrupción -como había hecho la víspera el presidente Mariano Rajoy cuando respondió con un lacónico “sí” a la pregunta de si mantenía la confianza en Moix, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se quitó de en medio este miércoles: “Cuando se trata de nombramientos de la Fiscalía es a la Fiscalía a la que le corresponde los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales, y nosotros respetamos esa autonomía”.

Igual que hizo en los pasillos del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien volvió a señalar a Maza, la persona que él coloco al frente de la Fiscalía General del Estado, como el único con competencias para destituir a Moix. En su afán por desmarcarse, Catalá incluso deslizó cuál debe ser el procedimiento para hacerlo: “Es al fiscal general al que corresponde proponer un expediente para remover a [Manuel Moix] de la fiscalía anticorrupción”.

Las gélidas reacciones del Gobierno llegan después de que todos los partidos a excepción del PP hayan pedido la cabeza de Moix, quien, como Maza y el propio ministro Catalá,  ya había sido reprobado por el Congreso de los Diputados, por su intervención en el caso Lezo.

En ese sumario, Moix trató de frenar varias actuaciones de los fiscales de Anticorrupción y aparecía citado en unas escuchas al cabecilla de la trama, Ignacio González, como “un tipo cojonudo” al que el expresidente madrileño quería colocar al frente de Anticorrupción ya el pasado otoño.

Sus polémicas decisiones en Lezo abrieron una crisis interna en Anticorrupción, donde una veintena de fiscales -la práctica unanimidad- se posicionaron en contra de su criterio y respaldaron a los dos profesionales que asumieron el caso desde el principio. Las transcripciones de las conversaciones de González provocaron estupor en la carrera.

En aquel momento, tanto Mariano Rajoy, como Catalá, que también aparece en mensajes comprometedores con González, optaron por respaldar a Moix. Ahora el asunto de la sociedad panameña es distinto: la polémica viene originada por el comportamiento privado del fiscal jefe de Anticorrupción y no involucra a nadie del Gobierno ni del PP, como sí sucedía en la Operación Lezo, más allá de poner en evidencia el error que supuso su nombramiento para un cargo tan delicado como la jefatura de Anticorrupción.

Con los dirigentes del PP colocados de perfil y Maza guardando silencio, y sus subordinados en la unidad especial desolados por la sucesión de escándalos, la última estocada a Moix llegó en forma de comunicado de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera y de perfil conservador, la misma que había respaldado su nombramiento el pasado febrero. La nota remitida por la AF a los medios durante la tarde del miércoles pedía al jefe de Anticorrupción que pusiese su cargo a disposición de José Manuel Maza, con quien la asociación había pactado el nombramiento. Sus aliados naturales también le habían retirado su confianza.

La Unión Progresista de Fiscales  había sido mucho más dura y llevaba ya semanas reclamando su dimisión para limpiar la imagen del ministerio público.

Por si quedaba alquien que aún no hubiese dado la espalda al jefe de Anticorrupción, los diarios  El Español, El País , los medios a los que según afirmó en una entrevista reciente en la cadena SER concede credibilidad Moix, publicaron editoriales a última hora del miércoles en el que reclaman su marcha.

El Español, el medio al que recurrió Moix para reventar la información de la sociedad panameña cuando un periodista de Infolibre le llamó para recabar su versión, anunció de madrugada que el jefe de Anticorrupción ha sucumbido a la presión con el siguiente titular: Moix ofrecerá su renuncia al fiscal general “por el bien de la institución”.

La Guardia Civil investiga a Cifuentes por indicios de cohecho y malversación

Fuente: http://diario16.com/la-guardia-civil-investiga-cifuentes-indicios-cohecho-malversacion/

Por

María José Pintor Sánchez-Ocaña

Diversos informes recientemente incorporados al sumario del caso Púnica señalan directamente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.

Si Diario16 ya anunciaba esta mañana que “la Púnica cerca a Cifuentes”, ahora se cuentan con más detalles .

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hay indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir “de antemano”. La presidenta regional era “partícipe y conocedora del amaño”, señala el informe.

Concretamente de la de la cafetería de la Asamblea de Madrid realizada a través de la Fundación Fundescam siendo Cifuentes la vicepresidenta de la Cámara y Arturo Fernández el vencedor de la adjudicación. Según se detalla, Fernández habría entregado dinero a Fundescam como contraprestación. Dinero que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP cuando Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.

En ese sentido el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga la trama delictiva, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad “B” de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones anteriores.

Cassandra no irá a prisión por los chistes sobre el atentado de Carrero Blanco

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/cassandra-no-ira-prision-chistes.html

Tras casi tres horas de juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha rebajado la petición de prisión contra Cassandra, acusada de un delito de enaltecimiento al terrorismo por los chistes sobre el general Carrero Blanco, de dos años y seis meses a un año. Por tanto, la joven estudiante, que no tiene antecedentes penales, no entrará en prisión aún en el caso de ser condenada por realizar chistes sobre el expresidente del Gobierno franquista.

La Fiscalía también ha reducido a siete los años que solicita de inhabilitación absoluta para Cassandra.

El portavoz del despacho BGD Abogados ha declarado a Público que el juicio ha tenido una respuesta sorprendentemente buena por parte de la Audiencia. “Nos esperábamos más dureza y Cassandra ha podido responder tranquila en todo momento a pesar de los nervios que impone esta sala”.

La Fiscalía, a Cassandra: “¿Podría explicar a la sala qué intención tenía usted al publicar Spiderman Vs Carrero Blanco?”

La defensa de Cassandra se ha centrado en la defensa de la libertad de expresión y la aplicación del error de prohibición, en el que ha alegado que no se puede sancionar una conducta por estar considerada como ilícita y tener un agravamiento penal por el contenido expresado en los mensajes sobre esta víctima de ETA.

Además se ha tratado el ámbito de aplicación del artículo 578 de humillación de víctimas al terrorismo, asegurando que “la acusada no perseguía en ningún caso manifestaciones de burla sobre la figura de Carrero Blanco”.

Una hora de interrogatorio. ¿Cómo conociste la figura de Carrero Blanco?

Cassandra ha sido interrogada al menos durante una hora en el juicio sobre la figura de Carrero Blanco. Entre las preguntas más destacadas, el juez ha preguntado a Cassandra sobre cuándo fue la primera vez que oyó hablar sobre la figura del almirante franquista. Cassandra ha explicado a la sala: “Cuando tenía siete años mi abuela cordobesa hizo un comentario jocoso sobre la figura de Carrero Blanco”. Así conoció la joven murciana de 21 años la figura de Carrero, asesinado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973.

Otra de las preguntas para la joven ha sido la descripción exhaustiva de cada uno de los tweets publicados entre 2013 y 2014 en su cuenta de Twitter. “¿Podría explicar a la sala qué intención tenía usted al publicar Spiderman Vs Carrero Blanco?” (uno de los más graves para la Fiscalía por enaltecer supuestamente el terrorismo). Ante esto, Cassandra ha respondido que “Spiderman era mi personaje favorito y lo comparé con Carrero Blanco porque nunca logró enfrentarse a él”. Además, la acusada ante la explicación de este absurdo ha insistido a la sala que “tenía solo 18 años y no era consciente de todos los seguidores que estaban siguiendo mis bromas por las redes sociales”, aclara.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)) 

El juez del accidente de Santiago imputa por 80 homicidios a un jefe de Adif

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489416022_664943.html

El Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela acaba de citar para el 23 de marzo como investigado (antigua figura del imputado) al director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés María Cortabitarte López, como presunto responsable, por imprudencia grave, de 80 delitos de homicidio (los fallecidos) y 150 de lesiones (los heridos) en el accidente ferroviario del tren de alta velocidad Alvia acaecido en la curva de Angrois el pasado 24 de julio de 2013,a tres kilómetros de Santiago. El juez sostiene que fue avisado de los peligros que revestía la curva donde se produjo el accidente y que mantuvo la situación sin hacer nada.

IMPUTADO POR TERCERA VEZ

SONIA VIZOSO

Cortabitarte no es un desconocido en la causa del accidente del Alvia en Santiago. El director de Seguridad en la Circulación de Adif cuando descarriló el tren fue imputado en dos ocasiones anteriores junto a otros cargos y técnicos del ente de gestión ferroviaria, pero nunca dio explicaciones ante el juez. La primera vez que fue citado como investigado la Audiencia Provincial de A Coruña le retiró las acusaciones a Cortabitarte y sus compañeros antes de comparecer delante del anterior instructor del caso, Luis Aláez, y en la segunda todos ellos se negaron en bloque a declarar, una actitud que indignó a las víctimas del descarrilamiento.

Esta vez el directivo del organismo dependiente del Ministerio de Fomento se sentará solo delante del magistrado Andrés Lago, encargado ahora de la investigación judicial. Y fuentes vinculadas al caso confían en que esta vez sí responda a las preguntas aportando una información que pueda extender las responsabilidades.

Hasta el momento, el único investigado era el maquinista, Francisco José Garzón, pero el juez añade que la culpa de la tragedia también es atribuible a Cortabitarte. Estaba informado de que en esa curva el tren podía descarrilar si el maquinista se despistaba, como sucedió, y el tren entraba en ella a más de 80 kilómetros por hora. Es decir, aparte del maquinista, en un tren de alta velocidad, debió establecer señales adicionales que cubrieran cualquier fallo humano en un convoy que ese día llevaba casi 220 pasajeros.

Inicialmente, el juzgado entendía que el único responsable del accidente era un fallo humano imputable al maquinista,pero la Audiencia de A Coruña dijo que se reabriese la investigación y se investigasen otras implicaciones. Para el maquinista el fiscal pedía cuatro años de prisión. La decisión del juez Lago de citar al directivo de Adif como investigado por homicidio llega después de que la Audiencia coruñesa revocase su decisión de abrir juicio oral por el accidente solo contra el maquinista. El tribunal consideró que el instructor no había indagado suficientemente en las posibles responsabilidades del organismo público a la hora de dar el visto bueno a la línea por la que transitaba el tren siniestrado.

Una vez reabierta la causa, el magistrado encargó nuevos peritajes a los tres expertos que trabajan en la investigación y que mantienen discrepancias sobre si la normativa obligaba o no a Adif a evaluar el riesgo, sobre todo ante la cerrada curva de Angrois en la que los maquinistas debían realizar una brusca reducción de velocidad. Si antes de la reapertura de las pesquisas el instructor había dado más peso a la opinión del perito que negaba esta obligación, tras los nuevos estudios el juez considera que el ente ferroviario no actuó correctamente.

El abogado del maquinista, Francisco José Garzón, celebra que por fin el instructor dictamine que Adif no evaluó los riesgos de la línea por la que circulaba el Alvia pese a que este estudio era obligatorio. “Celebramos que empiecen a darse cuenta de que esa línea férrea tenía que tener unas medidas de seguridad que no dependieran solo del maquinista, porque estos trabajadores son humanos”, ha señalado Manuel Prieto tras conocer el auto.

Adif generó y toleró “una situación de riesgo”

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Señala el juez en su auto: “Existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, a quién en principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circulación (…) no cumplió con dicho cometido, generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios del tren”.   Y añade: “Cortabitarte, teniendo conocimiento de dicha situación de riesgo en virtud de los informes (Hazard Log) remitidos por la UTE y por INECO (ISA) a su Dirección, no consta que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”. El juez dictamina que “el fundamento de su imputación reside en el incumplimiento de la obligación de evaluar y gestionar una situación de riesgo inherente a la puesta en funcionamiento de la línea 082”.

Según el juez, “a estas alturas de la instrucción, se han recabado indicios suficientes para poder imputar penalmente” de las muertes de la tragedia “al hasta ahora único investigado [el maquinista] Sr. Garzón Amo que, al no conducir el tren con la diligencia que le era exigible, puesto que mantuvo la conducción del mismo a una velocidad excesiva y no acorde a las exigencias de la señalización; hasta que, al llegar a la fatídica curva [de Angrois], no pudo frenar a tiempo para evitar el descarrilamiento del mismo, con las consecuencias ya conocidas”. El tren tomó la curva al doble de la velocidad que podía circular en ese tramo (80 kilómetros hora).

Antes de decidir si imputaba a Adif, el juez ha analizado si “por parte de Adif se hizo una correcta evaluación de los riesgos, y más en concreto, del riesgo de descarrilamiento en la citada curva motivado por el posible fallo humano y, en caso de existir tal evaluación, si se adoptaron o no las medidas preventivas necesarias para conjurar dicho riesgo”. Ha concluido que no. Y se basa en informes periciales aportados a la causa.  Afirma el juez que “la imprudencia grave en este caso consiste en la omisión de elementales normas de cuidado que cualquier persona debe observar en los actos de la vida ordinaria. Y se caracteriza, en suma, por imprevisiones que eran fácilmente asequibles y vulgarmente previsibles. (…) Se trata, pues, “del nivel más alto de la imprudencia”, lo que se llama “culpa con previsión”.

El juez ha dado crédito a un informe pericial que determina que “la UTE AVE O-S”, constructora de la obra del tren, “comunicó a Adif (…) que en dicha curva existía una amenaza o riesgo (descarrilamiento en caso de exceso de velocidad)”. Es decir, “que en caso de exceso de velocidad derivado de fallo humano el subsistema de control, mando y señalización (…) era insuficiente para conjurar dicho riesgo o amenaza”.

El instructor exculpa “a los técnicos de la UTE”, puesto “que cumplieron su cometido: señalar las limitaciones de su sistema de control, mando y señalización y comunicar al dueño de la obra (ADIF) dichas limitaciones, para que sea Adif quién, aplicando los métodos de evaluación de riesgos aplicables, decida el modo y la forma en que han de conjurarse tales riesgos”. Pero no lo hizo. Y señala que el responsable de esa fatal inacción fue este alto cargo de Adif.

La imputación por el accidente del Alvia no es la única que arrastra Cortabitarte. El exresponsable de Seguridad de Adif está encausado junto a otros cargos del ente por el siniestro que acabó con la vida de un maquinista en Arévalo (Segovia) en 2010. El directivo de Adif fue también perito judicial del accidente del metro de Valencia en 2006 en el que perdieron la vida 43 viajeros. En su declaración en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre esta tragedia, en abril del año pasado, el entonces subdirector de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Adif reconoció que con una baliza que limitara la velocidad a 40 kilómetros por hora en la curva en la que se produjo el siniestro este se hubiera evitado, pero alegó que “no era previsible” porque nunca se habían registrado incidencias.

El cuñado del rey de España evita por ahora la cárcel sin tener que pagar fianza

Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/231763-tribunal-espanol-urdangarin

LLa Audiencia Provincial de Baleares, convocada este jueves, ha dictaminado dejar en libertad provisional al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, tras haber sido condenado a 6 años y 3 meses de prisión por delitos de corrupción. Por lo tanto, el cuñado del rey español podrá esperar en libertad el fallo definitivo del caso Nóos.

De este manera, el tribunal ha desestimado la solicitud del fiscal de cárcel eludible para Urdangarin con el pago de una fianza de 200.000 euros.

El esposo de la infanta Cristina está obligado a comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de la ciudad suiza de Ginebra, su lugar de residencia. Además, en caso de cualquier cambio de residencia tendrá que comunicárselo a dicha institución.

En cuanto a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, el tribunal también ha determinado la libertad provisional sin fianza con la prohibición de salir del país y el retiro del pasaporte a pesar de que la Fiscalía también había solicitado para él prisión eludible con una fianza de 100.000 euros.

El caso Noós

Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, exduque de Palma, que estaba acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales, fue condenado la semana pasada a 6 años y 3 meses de prisión, 7 años y un mes de inhabilitación especial y una multa de 512.000 euros.

Por su parte, su socio, Diego Torres, acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales, fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión, 8 de inhabilitación especial y una multa de 1,7 millones de euros.

Mientras tanto, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, que fue procesada por un delito fiscal como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública, fue absuelta de los delitos y condenada a pagar una multa de 265.000 euros como responsable civil a título lucrativo.

Las ‘tarjetas black’

Este jueves, la justicia española ha dictaminado también sobre otro caso de corrupción en el país. El exministro de economía y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. La pena establece que se apropió indebidamente de patrimonio de Caja Madrid durante su etapa como presidente de esa entidad.

Rato usó a discreción tarjetas de crédito durante años para desviar casi 7 millones de euros a través del sistema de las ‘tarjetas black’. El exalto cargo además no incluyó en sus declaraciones juradas 14 millones de euros. Según el informe de la Agencia Tributaria española las irregularidades se realizaron entre el 2004 y el 2015.

El juez archiva el ‘caso Funnydent’ al no ver estafa sino mala gestión empresarial

Fuente:http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/22/madrid/1487753171_128424.html

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid) ha archivado el llamado caso Funnydent, al entender que no hubo ningún delito de estafa por parte del administrador único de las clínicas dentales Funnydent, Cristóbal López Vivar, sino solo “un episodio de mala gestión empresarial”. La juez afirma que no hubo engaño y que el negocio no solo no fue diseñado para estafar, sino que incluso podía haber seguido siendo rentable con medidas como como el concurso voluntario o con un ERE.

Tras las pesquisas, la juez entiende que López no cobró anticipadamente el dinero de los tratamientos de miles de pacientes para lucrarse y huir, sino que gastó mal el dinero, no supo gestionar un final ordenado de un negocio que no iba tan mal, y él también se arruinó. La vía civil por incumplimientos de contratos con los pacientes odontológicos ún está abierta tras este archivo de la causa penal.

El caso ha conllevado la presentación de 2.481 denuncias por parte de perjudicados, que declararon un perjuicio económico cercano a las 10 millones de euros, así como el cierre de las clínicas de dicha marca, aunque el juez ha ido autorizando la apertura de muchas de ellas. Funnydent tenía nueve clínicas en España: en Madrid y Cataluña. Todas cerraron por sorpresa el 29 de enero del año pasado, afectando a unos 3.000 pacientes y al menos a 50 empleados.

La juez entiende que tras las diligencias practicadas por la Brigada Provincial de Policía Nacional, así como de toda la documentación extraída, se trata de un caso “de mala gestión” en el año previo al cierre de las clínicas por parte de su administrador y no ante un propósito inicial del investigado de incumplir las obligaciones asumidas frente a los pacientes.

El auto establece que “del informe emitido por la administración concursal, junto con las actuaciones a petición del Ministerio Fiscal, se desprende que no ha existido irregularidad que pueda ser penalmente reprochable, al margen de la responsabilidad civil y concursal del investigado”.

Para que haya estafa, recuerda el auto, se precisa de un ánimo de lucro en beneficio propio o de un tercero. En el caso que nos ocupa, recoge también el auto, “de la documental y cuentas bancarias intervenidas no se ha evidenciado ningún incremento económico en el patrimonio del investigado que pudiera llevar a pensar que el cierre fue consecuencia de dicho ánimo de lucro”.

“Todo lo contrario, la mala gestión derivó, no sólo en un perjuicio para los clientes, sino en uno propio para su único administrador, el cual tenía todos sus bienes registrados a nombre de dichas mercantiles”, añade.

En suma, concluye la resolución, “las actuaciones practicadas sólo ponen de manifiesto un posible incumplimiento contractual de naturaleza civil carente de trascendencia penal, por lo que procede el mencionado archivo de la causa, sin perjuicio de la acciones que los denunciantes puedan ejercer ante la jurisdicción civil”.

La fiscal pide al tribunal que asuma que el PP se lucró con la Gürtel

Fuente: http://cadenaser.com/ser/2017/02/13/tribunales/1486982935_567771.html

El PP se ha negado a declarar este lunes en su condición de partícipe a título lucrativo de la Gürtel. Según las investigaciones, la formación conservadora se ahorró 245.000 euros en actos electorales en las localidades madrileñas de Pozuelo y Majadahonda porque los pagó la trama liderada por Francisco Correa, a cambio de sus actividades ilícitas en ambos municipios.

La fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, sostiene que este silencio implica una “resistencia” y actitud “evasiva” de la formación conservadora, y supone una confesión de acuerdo a las leyes de enjuiciamiento civil y criminal, por lo que ha pedido al tribunal que el PP sea condenado como partícipe lucrativo.

El presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, ha manifestado que “asume” el argumento de la Fiscalía. Por su parte, el letrado del PP, Jesús Santos, sostiene que se trata de una interpretación de la Fiscalía.

Este lunes también han declarado como partícipes lucrativos Gemma Matamoros, esposa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y la exministra de Sanidad, Ana Mato, exmujer del exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda. Ambas han negado saber nada de los más de 45.000 euros y 28.000 de los que supuestamente disfrutaron a cargo de la trama. Aseguran que de todos esos gastos en coches, relojes, viajes o fiestas se encargaban sus maridos.

Ana Mato ha derivado toda responsabilidad en Sepúlveda. Los gastos en las fiestas de cumpleaños y comuniones con payasos, era su exmarido quien se encargaba de contratar a la trama sin que ella lo supiera. Los viajes de los que disfrutó, había un acuerdo en el matrimonio por el que su marido corría con los gastos de los viajes familiares e incluye en ese apartado a todos los abonados por la Gürtel. En cuanto a los coches, dice que no le llamó la atención que alguien, sin más sueldo que el de político como su marido, disfrutase de coches de lujo. Por cierto, que ha manifestado desconocer cuánto cobraba su exmarido como alcalde o del PP.

La fiscal interpreta que Ana Mato se ha mostrado evasiva sobre los coches, y como ha sucedido con el PP, debe darse su respuesta como una confesión de culpabilidad de su responsabilidad civil.

Intereconomía tiene que pagarle 600.000 euros a Pedrerol

Fuente: http://www.estrelladigital.es/articulo/television/intereconomia-tiene-pagarle-600000-euros-pedrerol/20170206163754312290.html

Casi con un mes de retraso, los Reyes Magos, disfrazados de personal de un juzgado de Primera Instancia de Madrid, le van a traer nada menos que 600.000 euros a Josep Pedrerol. Eso sí, el presentador de La Sexta no tiene muy claro el poder percibir esa cantidad, cuando menos en un futuro cercano.

De momento sí puede estar tranquilo por haber ganado el contencioso que mantenía con Intereconomía, desde que ésta decidió suspender en 2013 el programa Punto Pelota que él presentaba en ese canal. El periodista interpuso una demanda por despido improcedente y ahora los tribunales parecen haberle dado la razón.

La sentencia obliga a Intereconomía a abonarle los atrasos, más una multa por lo que cabe considerarse como despido improcedente, más las costas. En total, Pedrerol debería recibir una cantidad de en torno a los 600.000 euros, que es lo que pedía su defensa desde un principio.

Hay que recordar que en aquel entonces Punto Pelota tenía bastante aceptación en la audiencia, casi la misma que ahora tiene El Chiringuito de Jugones en Neox, y en el momento del despido Pedrerol denunció que se le debían seis meses, unos impagos reiterados que le obligaron a pedir un crédito para pagar a sus empleados, ya que la tertulia la producía una empresa suya.

A partir de ahí tuvo que buscar trabajo y pudo fichar por Atresmedia, donde ahora presenta Jugones en La Sexta y El chiringuito en Mega, al tiempo que sus abogados interponían una demanda contra Intereconomía, reclamando los seis meses de sueldo y una indemnización por daños y perjuicios, por, por ejemplo, ni dejarle acceder a su puesto de trabajo y porque en el contrato que tenía se especificaba que si una de las dos partes ponía fin a la relación unilateralmente, debería abonar 1,5 millones de euros.

Para el canal de Julio Ariza se había tratado de un despido procedente por incumplimiento de contrato, alegando que no cumplía con la parte publicitaria del programa. Ahora, y según el entorno de Pedrerol, parece difícil que Intereconomía pueda hacer frente a esa sentencia teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra, después de que en marzo de 2015, el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid declaró en concurso voluntario de acreedores (suspensión de pagos) al grupo Intereconomía.