Cataluña enciende un agrio debate entre 50 catedráticos

Las posturas sobre Cataluña y una posible reforma constitucional para resolver su crisis de ‘encaje’ en España han provocado un agrio debate entre medio centenar de catedráticos de distintas disciplinas y más de 70 profesores y personalidades públicas, que ha pasado desapercibido pero que es un asunto de importancia. Los términos de la cuestión se han sustanciado en dos manifiestos, breves y muy incisivos, el primero titulado ‘Renovar el pacto constitucional’ (difundido en ‘Público’ el pasado día 11), suscrito por 23 catedráticos que propugnan una reforma de la Constitución de corte federal y en el que explican las graves responsabilidades contraídas por el Tribunal Constitucional por su sentencia sobre el Estatuto catalán de 2006, y el segundo, bajo el rótulo de ‘Renovar el pacto constitucional: ¿con qué fin?’ (‘El Mundo’ del pasado día 14), firmado por otros 24 catedráticos y en el que se refutan las tesis del anterior.

El primero de los manifiestos se queja de que el independentismo catalán “ha encontrado el repliegue estatal como única respuesta” e insta a hacer “autocrítica”. Tras asegurar que habría que modificar la Carta Magna para federalizar España y así acomodar “las reivindicaciones de carácter identitario”, sitúa el origen del conflicto catalán en la sentencia del TC 31/2010 que resolvió el recurso interpuesto por el PP. Sostienen los firmantes que la ciudadanía “se sintió engañada” y que el alto tribunal “impuso una visión unilateral del pacto constitucional”. A partir de ello, dicen, el “Título VIII de la Constitución quedó herido de muerte”. Califican de “pésima” la gestión tanto de la crisis catalana como de la económica, y acusan al Estado de prácticas de recentralización, de tal manera “que todo camina hacia atrás”, y ponen como ejemplo la sentencia del TS de Canadá sobre Quebec como referente de una posible solución.

Este primer manifiesto está firmado por notables catedráticos adscritos a la izquierda (alguno, al nacionalismo vasco y catalán), como Javier Pérez Royo, Julián Casanova, Carmen Pena, Daniel Innerarity, José Luis Villacañas, Fernando Vallespín, Victoria Camps y Joan Botella, entre otros, a los que acompañan las firmas de 36 profesores y personalidades entre quienes se encuentran algunos con proyección mediática como Antón Losada, Jordi Amat, Francesc Arroyo y, sobre todo, Máriam Martínez Bascuñan, recientemente nombrada directora de opinión del diario ‘El País’. En total, son 59 los firmantes.

El manifiesto de respuesta lo firman 24 catedráticos y 36 profesores y personalidades, y contesta rotundamente el texto del que discrepan “claramente en su diagnóstico”. Niegan que los “territorios tengan identidad” y también la “humanización de los territorios”, porque “oscurecen a una parte de la población”, la que no comulga con las tesis nacionalistas. Aseguran que Cataluña “asume competencias propias de los estados federados”. Pero, sobre todo, “discrepan abiertamente” sobre la responsabilidad del TC en la crisis de Cataluña y añaden que acusar a este organismo “sería borrar de un plumazo las décadas de lluvia fina nacionalista que se evidencia en tantos documentos como el conocido `Programa 2000”. Por fin, califican de “inaudito” que sus colegas discrepantes imputen al Constitucional “actuar de manera involucionista”. En el final del manifiesto, estos académicos piden también que se aborden los “privilegios fiscales de las regiones más ricas o el derecho de los castellanohablantes a vivir en su lengua en cualquier punto del Estado”.

Este manifiesto de respuesta está suscrito por catedráticos como Javier Arenas, Javier Fernández Sebastián, Carlos Fernández Casadevante, Juan Francisco Fuentes, Juan Antonio García Amado, Araceli Mangas, Gustavo Raúl de las Heras, Antonio Jiménez Blanco, Luis Miguez Macho, Carlos Ruiz Miguel, Juan Santamaría Pastor y Mauricio Suárez, entre otros. Y es secundado por personalidades de proyección mediática como Fernando Savater, Félix de Azúa, Carlos Martínez Gorriarán, Félix Ovejero Lucas o Andrés Trapiello, todos ellos especialmente críticos con la deriva que ha supuesto el ‘procés’ separatista en Cataluña.

Aunque el debate entre los académicos no ha quebrado en ningún momento la corrección y el respeto mutuo, lo cierto es que las posiciones son tan radicalmente encontradas como las de los partidos políticos, lo que lanza, en opinión de algunos de los firmantes consultados, “un mensaje muy preocupante”, porque la discrepancia no es solo sobre las posibles soluciones a la crisis catalana sino también sobre las causas que la originaron. Unos cargan sobre la sentencia del TC acerca del Estatuto la principal responsabilidad, y otros lo hacen sobre la labor de nacionalización que se ha venido registrando en las últimas décadas en Cataluña.

Lo que llama poderosamente la atención es que ninguno de los dos manifiestos —en los que algunas fuentes perciben también una emulación académica— formula una crítica certera sobre los comportamientos desleales de los independentistas, que tuvieron su peor exponente en las llamadas ‘leyes de desconexión’ del 6 y 7 de septiembre del pasado año. Doble preocupación: por el enfrentamiento de tesis y por el olvido de los comportamientos radicales que nos han llevado a la actual situación. Si el mundo académico está tan dividido en el asunto de Cataluña, no es extraño que el político lo esté aún más.

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No es eso, presidente, no es eso

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ministra también de Educación, es una mujer muy bregada en la política vasca, curtida y firme, aunque su apariencia y sus buenos modos sugieran cierta fragilidad. Ya ha consumado dos ruedas de prensa posteriores a los dos Consejos de Ministros celebrados en La Moncloa. Y ha cumplido bien su misión, salvo alguna imprecisión técnica. El pasado viernes, pudo registrar el malestar de los informadores por el largo tiempo de silencio mediático del presidente del Gobierno. Celaá aseguró, a preguntas de los periodistas, que Sánchez comparecería.

Ocasiones ha tenido para hacerlo desde que el pasado día primero de junio ganase la presidencia al prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Por ejemplo, recibió el día 4 al presidente de Ucrania y el 14 al primer ministro de Irlanda sin que se celebrasen las habituales ruedas de prensa posteriores. El presidente tampoco se ha dejado ver después de los Consejos de Ministros ni ha anunciado personalmente ninguna de las medidas de su Gobierno, y no asomó el rostro a los medios cuando el pasado día 13 hizo dimitir a Màxim Huerta del Ministerio de Cultura y Deporte y lo sustituyó por una contrafigura del presentador de TV, José Guirao. Ya se sabe lo que escribió Confucio: “El silencio es el único amigo que no te traiciona”.

Ayer lo rompió en RTVE. Antes de hacerlo a las 22:00, los servicios de prensa de La Moncloa se aplicaron a proyectar los hábitos pequeñoburgueses del presidente: ‘running’ por la mañana, estiramientos, escena entrañable con su mascota, de nombre Turca, y agenda de trabajo de la jornada, con las consabidas reuniones. Por ahí no hubo novedad alguna. O sí: un decepcionante parecido con las más convencionales y tópicas puestas en escena. Ya que estamos de innovaciones ‘marquetinianas’, quizá su presentación presidencial pudo haber sido más rompedora y original.

Es lógico —vaya por delante— que el presidente se haya estrenado en la radio y la televisión estatales. Es también un gesto de coherencia con la naturaleza cuasi institucional de los medios públicos de comunicación que tanto han sufrido —y siguen— por mor de su mal y banderizo gobierno, y por el abandono consciente de los poderes públicos, que hasta ahora han querido una RNE y una TVE insuficientes en lo financiero y controladas sectariamente. Ana Blanco y Sergio Martín hicieron al presidente todas las preguntas que debían, pero con una extrema rigidez, de tal modo que no repreguntaron. La incursión mediática de ayer de Sánchez buscaba transmitir dos mensajes que solo correspondía formular al jefe del Ejecutivo.

Sánchez, presidente por una moción de censura y no por unas elecciones, aseguró que va a agotar la legislatura, es decir, que intentará gobernar hasta junio de 2020. Semejante pretensión constituye un atrincheramiento peligroso. Por dos razones. La primera, porque la legitimidad de su acceso a la presidencia reclama —antes pronto que tarde— una validación electoral. Nuestra Constitución quiere gobiernos derivados de procesos electorales, y solo excepcionalmente por otros de emergencia como el que contempla el artículo 113 de la Constitución.

No se trata, en modo alguno, de deslegitimar la presidencia del secretario general del PSOE, sino de acotarla en el tiempo en función de su origen, en el que no estuvo una investidura sino el derribo parlamentario de Rajoy en exigencia de su responsabilidad política. Estabilizada la situación, lo que se aviene con el espíritu constitucional es la convocatoria de elecciones. Por otra parte —segunda razón—, ¿cómo gobernar hasta 2020 si el propio presidente reconoció en varias contestaciones a otras preguntas que carece de apoyos parlamentarios para reformas básicas como la laboral? Volverá así la parálisis legislativa ya experimentada con el anterior Gobierno.

El segundo mensaje —todos los demás eran más o menos de carril, previsibles— consistió en transmitir la determinación del Gobierno de acercar a Cataluña a los presos preventivos del ‘procés’ una vez haya concluido la instrucción del caso por el magistrado Pedro Llarena. La cuestión resultaría escasamente controvertida si no fuera porque las prisiones están transferidas a la Generalitat, de tal modo que de efectuarse ese traslado de los reclusos a cárceles catalanas, estos quedarían bajo la responsabilidad de un Ejecutivo independentista. O sea, el máximo responsable de su custodia resultaría ser el presidente vicario de Puigdemont.

Si la entrevista hubiese sido en otro formato, sin la contención exagerada de los preguntadores, quizás habría quedado de manifiesto que “agotar la legislatura” no es lo que se esperaba del nuevo presidente y que acercar los presos preventivos separatistas —acusados de graves delitos— para dejarlos al cuidado de Torra resulta algo peor que una mala idea. Sobrevoló durante los 30 minutos de entrevista la sensación de que Sánchez se aferraba a las columnas de la sala que por primera vez contemplan a un presidente investido a la inversa, o sea, por la censura del anterior. Las elecciones, nos dijo Sánchez como resumen de su aparición estelar, pueden esperar a 2020. “No es eso, presidente, no es eso”. Lo exclamó Ortega en 1931 y vuelve a ser necesario exclamarlo en 2018.

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El PNV y el Athletic de Bilbao quieren “mambo” independentista

El domingo pasado acontecieron en el País Vasco graves hechos políticos. Más de 175.000 personas formaron una cadena humana entre San Sebastián y Vitoria, pasando por Bilbao, para reivindicar el derecho a decidir. Esta manifestación secesionista no es nueva. Lo es el entusiasmo con el que el PNV se incorporó a la iniciativa. Un entusiasmo hasta ahora inédito porque los nacionalistas parecían haber optado por el pragmatismo y una actitud institucional. El PNV, sin embargo, tras la disolución de ETA y haber pactado ventajosamente con el Gobierno del PP (nueva ley de cupo en 2017 y un Presupuesto favorabilísimo en 2018), ha dado un giro estratégico.

En la cadena humana estuvieron el presidente del EBB del PNV y miembros de la ejecutiva del partido, la presidenta del Parlamento vasco, los alcaldes de las tres capitales y los tres diputados generales que son los presidentes de la Diputaciones Forales que desempeñan en cada uno de los territorios las funciones de la hacienda pública. O sea, el partido-guía puso toda la carne en el asador. Compartieron festejo independentista con EH Bildu —al frente, el inevitable Arnaldo Otegi— y las estrellas invitadas fueron el también inevitable Gabriel Rufián y la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, papel que desempeña en Euskadi la organización Gure Esku Dago, organizadora de la marcha y que remedando el chantajismo etarra reclamó a los hosteleros de Vitoria el 10% de la recaudación de la jornada.

Lo más sorprendente —y para muchos bilbaínos muy doloroso— fue que el Athletic Club, jamás incurso en distracciones políticas, que guardó con indiferencia moral una neutralidad absoluta en los peores años del terrorismo, suscribió el manifiesto lanzado por GED en el que se reclamaba el derecho de autodeterminación. Nunca pudo pensarse que el Athletic quisiera parecerse al Barça. Otro éxito del ‘procés’. Y todo esto no es “simbólico” como —–a la vista de su peligroso alcance— ha tratado de descafeinarlo el Gobierno vasco.

El porcentaje de separatistas detectado por la encuestas es relativamente bajo en el País Vasco (oscila entre el 14 y el 20 por ciento), después de haber registrado niveles muy considerables. La desaparición de ETA (no de su entorno civil) y el regusto amargo del fracaso del Plan Ibarretxe (2005), introdujeron en el secesionismo vasco un desaliento evidente y la consiguiente opción por una nueva etapa.

Sin embargo, el nacionalismo peneuvista solo sabe hacer política en determinados contextos tanto en Euskadi como en el conjunto de España. El PNV se mueve como pez en el agua cuando la vida vasca registra una cierta tensión que permite subir el tono de los discursos, sea en el Alderdi Eguna (día del partido) o en el Aberri Eguna (día de la patria). Los peneuvistas están acostumbrados a manejar y exhibir un estado de permanente y controlado cabreo. El maestro en esa añagaza fue Xabier Arzalluz. Y los que ahora están al frente de la organización (Ortuzar) y del Gobierno (Urkullu), tras un periodo de aparente sensatez, vuelven a las mañas de siempre.

ETA dice adiós sin perdón ni arrepentimiento

ETA deslegitimó con su brutalidad criminal el independentismo, razón por la que el PNV ha arrendado el lenguaje del secesionismo catalán y ha incorporado el colorismo de sus reivindicaciones. Jamás en Euskadi se ha manejado el concepto de “derecho a decidir” ni ha importado una higa lo que ocurriese en Cataluña. Lo sucedido es más que una cabriola: culmina una estrategia cara a las elecciones de mayo de 2019, pero no es coyuntural sino de largo alcance.

Los nacionalistas vascos hacen compatible sus reclamaciones permanentes con el sistema paccionado financiero, la bilateralidad con el Estado de que disfruta Euskadi, la coalición en el Gobierno de Vitoria con el PSE y la colaboración tan fructífera (hasta que cayó con su voto Mariano Rajoy) con el PP, de la que también se benefician en el Parlamento Vasco. Tienen razón los nacionalistas catalanes cuando se pasman ante la benevolencia con la que en el resto de España se juzgan los comportamientos peneuvistas.

No es casualidad que este giro del PNV se haya manifestado al poco de tomar posesión el Gobierno de Sánchez, que está haciendo gestos a Torra centrados en abrir el diálogo con la Cataluña del proceso soberanista. El EBB se las sabe todas y está vislumbrando una nueva fase. Y quiere “mambo” a la catalana. El pasado domingo en el aquelarre separatista vasco estuvo muy presente la CUP. Ya comenté el 1 de junio (“El PNV y la victoria de los aldeanos”) que no porque los miembros de la ejecutiva peneuvista fuesen eso, aldeanos, son menos avispados que otros políticos. A los que ganan en cinismo. Guárdese Sánchez del PNV como debió hacerlo Rajoy. Y deje claras las cosas el nuevo presidente a Iñigo Urkullu que, según la portavoz, la vasca Isabel Celaá, será el primero de los presidentes autonómicos en visitar la Moncloa antes del verano.

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“El Rey lleva cuatro años cabalgando el tigre”

“El mes de junio es tremendo para el Rey”, me dice mi interlocutor, un diplomático que mantuvo con don Felipe una estrecha relación mientras ostentaba la condición de príncipe de Asturias. “Fecha por fecha, su cuñado Iñaki va a ingresar en la cárcel justo cuando el día 19 se cumplan los cuatro años de su proclamación como jefe del Estado por las Cortes Generales. En junio abdicó su padre. En junio cumple años su hermana Cristina (53). En junio (2015) decidió revocar el título de duquesa de Palma a la Infanta. En junio (2016) quedó visto para sentencia el caso Nóos.En este junio se ha dictado sentencia por el Supremo. Y en junio se producirá un hecho inédito en la historia de la monarquía española y de todas las monarquías occidentales: el cuñado del Rey y el yerno del también Rey emérito comenzará a cumplir condena en prisión por la comisión de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. Muy fuerte para la Corona pero, sobre todo, durísimo para el Rey”.

El entorno de don Felipe y los responsables de su Casa están serenos pero tensos. La sentencia ha caído, según fuentes judiciales, “cuando tenía que caer”, sin criterios de oportunidad. La Sala Segunda del Supremo no ha tenido en cuenta el viaje de los Reyes a Estados Unidos, que ahora queda ensombrecido por este nuevo episodio del caso Nóos. “Es lógico”, me enfatiza mi interlocutor. “Nadie ha metido la pata en la Casa del Rey para hacer esta o aquella gestión. Han esperado a que la sentencia recayese, estoicamente. Y van a seguir así, con máxima discreción. Pero este Rey ha hecho muchas cosas que se olvidan con facilidad. Nada más ser proclamado, en julio de 2014, prohibió a los miembros de la familia real trabajar en o para empresas privadas y sometió las cuentas del organismo a una auditoría externa de interventores del Estado. En diciembre de ese mismo año, se impuso un código de conducta para todo el personal de su Casa, y en enero, una rígida normativa sobre los regalos a favor de los miembros de la familia real. Y la Corona se somete a la Ley de Transparencia. No parece que pueda hacerse mucho más, ni mostrar más voluntad de regeneración”.

¿Preocupación? “Sí, mucha. Sin ir más lejos: el Rey viajó ayer a Navarra poco después de que el Parlamento Foral votase una moción para que se celebre un referéndum sobre la forma de Estado. Mientras tanto, su cuñado estaba recibiendo la resolución de la Audiencia de Palma ejecutando la sentencia condenatoria y decretando su ingreso en prisión en los cinco próximos días. Don Felipe lleva cabalgando el tigre cuatro largos años, sin respiro, convergiendo sobre él y sobre la institución crisis políticas y familiares. La última, y no menos grave, fue el desencuentro público de su madre y su esposa en la catedral de Palma el Domingo de Resurrección, la escenificación posterior del reencuentro entre ambas, no sin que antes la Reina fuese abucheada en Madrid”.

¿Hay peligro para la estabilidad de la institución? “Vamos a ver, el rey Juan Carlos abdicó para salvar la Corona de la crisis debida a sus comportamientos, pero también a los de su yerno, con el que tuvo que romper. No hay medida más radical en una monarquía que la renuncia del titular, y mucho más en la española, donde las abdicaciones no tienen tradición. Luego, don Felipe ha tenido que transitar en cuatro años los acontecimientos que normalmente se suceden en décadas: ha reinado en tres legislaturas, ha manejado la crisis institucional después de las dos elecciones generales en 2015 y 2016, por primera vez un candidato propuesto para la investidura (Pedro Sánchez en marzo de 2016) no la logró y también por primera vez un dirigente político (Mariano Rajoy) se negó a aceptar la encomienda real de ser investido por el Congreso. Al Rey le ha impactado de lleno la crisis de Cataluña, en la que tuvo que intervenir el 3 de octubre del año pasado de una manera terminante porque el asunto se le iba de las manos al Gobierno. Y te recuerdo que unos días antes de su proclamación, en mayo de 2014, emergieron los nuevos partidos [Podemos y Ciudadanos] en las elecciones europeas”.

Le comento que la numerosa familia Urdangarin está literalmente indignada con la Borbón. Según algunos de sus amigos, tanto de Vitoria como de Bilbao, no descartan que alguno de ellos termine por hablar en los medios. Quieren a Cristina como “a una hija, como a una hermana”, no asumen que Iñaki tuviera otra responsabilidad que la de “hacer lo que dejaron que hiciera”, viven su parentesco político con la familia real y del Rey como “una tragedia sobrevenida”, y le añado: hay costuras que podrían reventar.

“No lo descarto”, me dice, aunque “la Infanta podía haber tomado algunas decisiones que facilitasen la tarea a la Corona y a su hermano, pero no solo no lo ha hecho sino que está en una actitud hostil. La familia ha volado por los aires. El Rey es el bastión, el jinete que cabalga el tigre, y nadie está seguro de cuánto pueda aguantar a lomos de la fiera. Don Felipe necesita apoyos. Más de los que ahora se le ofrecen… que no son demasiados”.

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Puigdemont: “Podemos hacer caer a Rajoy”

El Gobierno de Rajoy cayó por la corrupción. Cierto. Pero no solo. También por el envite separatista en Cataluña que no supo controlar políticamente. La lectura de uno de los mejores ensayos sobre el proceso soberanista elaborado por la corresponsal de ‘Le Monde‘ en Madrid, Sandrine Morel, acredita esta impresión. El relato se titula ‘En el huracán catalán‘ (editorial Planeta) y lleva este subtítulo: ‘Una mirada privilegiada al laberinto del procés’. Y efectivamente, la observación de Morel es privilegiada porque se produce desde una posición desapasionada en la que ella, sin embargo, dice haberse sentido escrutada y juzgada como “nunca” antes. Una presión que no le enajena ni su ecuanimidad ni su sentido crítico, aunque ya adelanta en el prólogo que “el tema catalán es impermeable a la razón”.

La corresponsal francesa afirma que “han intentado imponerme una visión ficticia del pueblo catalán, presentándomelo como si fuese una entidad unida y homogénea, y han tratado de manipularme con determinadas mentiras”. Pero esa no es la constatación más preocupante. Lo es mucho más el testimonio de que “el único que no ha ejercido ninguna presión sobre los corresponsables ha sido el Gobierno español: en general, nos ha ignorado”. En esta línea, la autora desgrana todas las oportunidades en las que el silencio del Gobierno fue aprovechado por el secesionismo desde el encontronazo en 2012 entre Rajoy y Mas a propósito del llamado “pacto fiscal”.

La falta de respuesta del expresidente del Gobierno y la ausencia de criterio político en el manejo de la crisis (capítulo 4º, titulado ‘El silencio de Rajoy’) son proverbiales para Morel, que dedica la tercera parte de su libro a ‘Una periodista en Madrid y Barcelona’. En el apartado ‘la presión a los informadores’ describe episodios incalificables de las maneras y procedimientos que han utilizado los independentistas en la denigración del Estado (“cualquier excusa era buena para transmitirnos la imagen más negativa posible del Estado español”), que llegaron a la “coacción, sobre todo en Twitter especialmente en los meses de noviembre y octubre de 2017” hasta el punto, escribe, de que “cubrir la actualidad catalana ha acabado convirtiéndose en una tarea extenuante”. Y aunque Morel resta credibilidad a los dirigentes catalanes puntualiza que “sin embargo, contaron con una gran ventaja: la ausencia de una estrategia de comunicación por parte de la Moncloa ante los medios internacionales”.

Este último aspecto lo trata la periodista gala en las páginas escritas bajo el epígrafe ‘Corresponsales abandonados’ calificando de “nula” la “atención que prestó el Gobierno español” a estos profesionales. “La estrategia del Gobierno contra los planes secesionistas consistía sencillamente en esperar a que el movimiento se desinflase solo y, al mismo tiempo, en suponer que se produciría una desbandada general por temor a la acción de la justicia”. Nada nuevo. Lo relevante es que aquello que veníamos denunciando los periodistas españoles lo ha comprobado la corresponsal de ‘Le Monde’.

“Al delegar en los magistrados la tarea de dirimir un problema político, Rajoy ha perdido el control sobre él”, escribe en las últimas páginas de su ensayo la periodista francesa. Es una apreciación también cierta. Aunque quizás lo sea mucho más que el Gobierno y su pasividad, esa estúpida creencia de que el tiempo todo lo curaría, siempre fueron por detrás de los acontecimientos, negando las virtualidades de “hacer política”. Y es incuestionable que cuando el presidente cayó censurado y el PP expulsado del poder, se debió, sí, a los cinco apoyos que Sánchez recibió del PNV, pero sobre todo a la movilización de los 17 escaños independentistas (republicanos y exconvergentes).

En la página 148 de ‘En el huracán catalán’ su autora pone en boca de Carles Puigdemont la siguiente afirmación entrecomillada: “Estamos convencidos de que podemos hacer caer a Rajoy”. Y se ha visto que era cierto. La pérdida del control político de la crisis catalana y la ausencia de un discurso de respuesta superior al independentista, transmitieron la sensación de que Rajoy y su Gobierno no ofrecían nada al país sobre Cataluña. Cuando se planteó su censura en el Congreso, esa marginalidad en la que se había instalado el Ejecutivo le mostró aún más débil de lo que ya era por causa de la corrupción en el PP. Ahora Sandrine Morel ofrece unas claves interpretativas del deterioro gubernamental que deberían servir de advertencia al Gabinete de Sánchez.

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¿Por qué no dimitió Rajoy en la sobremesa del Arahy?

Faltan todas las claves necesarias para explicar cabalmente la sucesión de hechos que se produjeron entre la presentación en el registro del Congreso de la moción de censura el 25 de mayo y la toma de posesión del gobierno de Sánchez el pasado jueves en la Zarzuela. Pero una de ellas, sin duda la clave más decisiva, consiste en saber por qué no dimitió Mariano Rajoy la tarde-noche del 1 de junio, después de que el PNV le comunicase que respaldaría la iniciativa censora del PSOE.

De haberlo hecho –como le pidió explícitamente el propio Pedro Sánchez– la moción hubiese decaído, Rajoy hubiera pasado a presidente en funciones (como Suárez en enero y febrero de 1981), el PP se hubiese mantenido en el poder, el Rey hubiese iniciado una ronda de consultas para proponer a un candidato/a en una nueva investidura y, en ese contexto, los populares habrían podido –quizás, no es seguro– rehabilitar la mayoría parlamentaria que aprobó en la Cámara baja los Presupuestos Generales del Estado la semana anterior.

La respuesta oficial y oficiosa del PP a esta cuestión es tan simple como frágil: “No hubiese servido para nada”. ¿Seguro? En absoluto. Antes de dar por buena semejante explicación habría que acreditar si los nacionalistas vascos hubieran aceptado (¿apuntaron esa posibilidad?) una renuncia de Rajoy a cambio de investir a un candidato popular y si por la misma labor hubiese estado Ciudadanos, esto último algo más que probable. Habría que saber, igualmente, si Rajoy y los dirigentes del PP dieron la batalla de la supervivencia aunque tuvieran que sacrificar al presidente, un trofeo que tanto adversarios como posibles compañeros de viaje consideraban inevitable tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época del caso Gürtel.

Según informaciones, que los reunidos en el restaurante Arahy se guardaran de desmentir, el encastillamiento de Rajoy, jaleado por algunos y asumido resignadamente por otros, se produjo durante la primera parte de la larga y antiestética sobremesa, mientras en el Congreso seguía el debate de la moción de censura. En un determinado momento posterior al ágape, Rajoy envió a María Dolores de Cospedal al Parlamento para que comunicase a los medios que no dimitía y que, por lo tanto, de manera muy diferente a la versión filtrada antes del pleno del Congreso, el presidente prefería irse censurado pero no dimitido. La razón seguía siendo la misma: “No hubiese servido de nada”.

Rajoy no dimitió por varios motivos, siendo el primero su real gana: no estaba dispuesto a “comerse el marrón” de retirarse voluntariamente como chivo expiatorio por la corrupción en su partido. ¿Un rasgo de soberbia? El personaje, en su aparente bonhomía, la tiene arraigadísima. Subsidiariamente, el ex presidente “no veía” quien podía sucederle ya que la guerra entre la secretaria general del partido y la vicepresidenta era y es a muerte, y más allá de ambas políticas, el propio Rajoy había dejado el partido como un erial de mediocridad.

Una tercera razón remitía a la intolerancia de que Ciudadanos obtuviese réditos de su renuncia. En las prioridades del expresidente el odio a Rivera y a su partido cotizaba y cotiza muy al alza. Y en fin, una última razón (¿excusa tal vez?) de la preferencia de la censura a la dimisión residía en deslegitimar a Sánchez con dos argumentos: de una parte, que llegaba al poder por un procedimiento (la censura) que las bases populares comprarían como un latrocinio político; de otra, que los votos de los independentistas contaminaban al secretario general del PSOE porque “algo les habrá dado a cambio”.

Desde la tarde de ayer, este último argumento cobró vida por el acuerdo del Consejo de Ministros, transmitido con imprecisión por la portavoz Isabel Celaá, de levantar la intervención previa de los pagos de la Generalitat de Cataluña, una medida adoptada antes de la aplicación del 155 por orden ministerial de Hacienda 878/2017 de 15 de septiembre. Una decisión que debe concretarse en una disposición derogatoria del mismo rango y que, de confirmarse así, resultaría audaz por parte de Sánchez y susceptible de interpretaciones controvertidas. Aunque se mantiene la supervisión posterior de pagos con cargos al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Sin embargo, ni una nueva falsa versión sobre la ilegitimidad de la presidencia de Pedro Sánchez puede evitar que la autoestima de la militancia y de los electores del PP esté por los suelos. Rajoy se ha ido subrepticiamente dejando tras de sí una guerra civil en el partido y sus siglas quizás lesionadas de manera irremediable. Y con la amarga sensación de que la organización salió censurada del poder porque él –Mariano Rajoy Brey- no aceptó renunciar en soledad sino acompañado del encendido y fugacísimo elogio de su entorno inmediato, perdiendo al mismo tiempo el poder y la reputación.

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“El secesionismo ha unido el nacionalismo y el populismo y ha dado un golpe de diseño”

En estos días de convulsión y de confusión, en los que muchos ciudadanos siguen sin terminar de introducir la sonda al proceso soberanista y lo que este golpe al Estado conlleva, es recomendable aplicarse a algunas lecturas. Hasta el momento, la mayoría de los ensayos de referencia sobre el proceso separatista en Cataluña —fueran o no afectos a esa causa— procedían de autores catalanes y redactados desde una lógica interna catalana. Uno de ellos, el del ministro de Asuntos Exteriores de Sánchez: el de Josep Borrell, titulado ‘Cuentas y cuentos del independentismo’ (editorial Catarata): un gran texto.

Muy pocas reflexiones, útiles para la dialéctica política y para el manejo del análisis periodístico, sin embargo, se han producido al margen del racional catalán, catalanista o anticatalanista. Además del relato histórico de Jordi Canal (‘Con permiso de Kafka’, editado por Península), hay que prestar una especial atención a ‘El golpe posmoderno’ (editorial Debate), del filólogo (en hispánica e inglesa) y periodista Daniel Gascón, director de la revista ‘Letras libres’. Ayer se distribuyó en librerías otro prometedor relato escrito con ojos extranjeros: el de la corresponsal de ‘Le Monde’, Sandrine Morel, titulado ‘En el huracán catalán’ (editorial Planeta).

El valor del ensayo de Gascón es que está escrito por un autor de 37 años, desprendido de prejuicios generacionales y poseedor de una capacidad de observación limpia y sin adherencias. Su lenguaje es preciso y claro, pero no resulta abrupto ni hostil. Se trata de un libro con más carácter que temperamento y, por ello, especialmente útil.

Para Daniel Gascón, “el secesionismo catalán ha unido nacionalismo y populismo”, afirmación clave para entender el éxito del fenómeno separatista que lo hace contemporáneo pese a su anacronismo decimonónico. De ahí que el proceso “haya sido un golpe de diseño” en el que se ha “evitado la palabra revolución, pero contenía elementos revolucionarios”. El autor desarrolla al efecto y extensamente dos ideas igualmente medulares: el independentismo no es de izquierdas (algo en lo que abunda también el último ensayo de Jordi Gracia, titulado ‘Contra la izquierda’, editado por Anagrama) y, por ello, entre otras razones, “no es del todo convincente” que se trate de un “fenómeno popular”. Ni izquierdista ni popular: exacto.

El nacionalismo catalán mutado a separatista ha “disimulado (…) sus elementos anacrónicos, un poco decimonónicos y rancios, y su sustrato supremacista [afirmación escrita antes de que Torra fuese investido presidente de la Generalitat]”, y este disimulo de factores avejentados del fenómeno secesionista hace, según el autor de este “golpe posmoderno”, que “el independentismo” sea “un movimiento esencialmente narcisista” (lo que evoca a la tesis de Adolf Tobeña, que califica lo que ocurre como un “auto enamoramiento” colectivo de los catalanes soberanistas).

No obstante, Daniel Gascón desenmascara con elegancia “el discreto encanto del supremacismo” (capítulo 9 del ensayo, cuya lectura es particularmente instructiva). También tiene un cierto efecto catártico la alusión a “numerosos expertos e intelectuales” que han apoyado la opción separatista, “alineándose acríticamente con el ‘procés”, mencionando igualmente a los “intelectuales ‘finos’ del catalanismo” que “están imbuidos de cierta superioridad moral” y que aunque “no apoyan la táctica del ‘procés”, sí “comparten su relato del agravio”.

Nuestro autor pone palabras a percepciones muy generalizadas e inconexas en la conciencia colectiva. Como esta: “Conforme pasa el tiempo, más inverosímil resulta que unas personas pretendieran lograr la independencia con menos de la mitad de los votos, y que todavía sigan empeñadas en ello. Pero también causa perplejidad que costara tanto tiempo evidenciar este hecho”. Muy cierto.

Pero esa constatación hay que ponerla en relación con lo que Gascón denomina “la mirada del mundo” sobre el fenómeno secesionista —una mirada “orientalista”—, en la que “algo tiene que ver la desidia comunicativa del Gobierno de Mariano Rajoy”, aunque este no sea el único motivo sino también la visión “perezosa y condescendiente anglosajona” que el filólogo y periodista explica con ejemplos de publicistas que, como John Carlin, Jon Lee Anderson o Raphael Minder, han desmentido con sus tesis el presunto cocimiento que decían tener de nuestro país, su historia y su tránsito de la dictadura a la democracia.

Daniel Gascón es constructivo en el remate de sus tesis —habrá que negociar—, pero antes advierte de que “la realidad es terca” y que, por tanto, el “simulacro se disuelve en contacto con la realidad” que no consistió en un choque de trenes sino en “un golpe contra un muro”, siendo lo más llamativo que “quien quisiera sabía que ese muro estaba allí”. Debió advertirlo el catalanismo que, para el autor, es otro de los “damnificados” del proceso porque se ha visto arrastrado “a una apuesta inviable y excluyente”, y al que le va a corresponder la “gestión de la frustración”.

Este ensayo está llamado a constituir un referente para la comprensión del proceso secesionista y para el debate dialéctico en el que los soberanistas —lo explica también Gascón— se han impuesto privatizando conceptos y palabras a los que han alterado su sentido auténtico.

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Los presos catalanes y el presidente Sánchez

El sábado cesó Julián Sánchez Melgar, fiscal general del Estado. Lo hizo por imperativo de su Estatuto Orgánico, que establece (artículo 31) que su nombramiento decae cuando cesa el Gobierno que le hubiere propuesto. Desde entonces y hasta que se nombre a otro, el actual estará en funciones. Una situación que el nuevo Gobierno remediará de manera inmediata. El nuevo será nombrado por el Rey a propuesta del Ejecutivo oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. Y como requisito previo, deberá comparecer ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente Sánchez tiene un enorme margen para elegir al nuevo fiscal general del Estado, porque puede hacerlo entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión. Podría ser, por tanto, un miembro de la carrera fiscal, de la judicatura (como el actual y el anterior, el fallecido José Manuel Maza), un abogado o un catedrático-jurista. Y será muy interesante conocer el perfil por el que se decanta el presidente, ya que el fiscal general del Estado es, en función de las actuales circunstancias, su nombramiento más importante. ¿Más que el de los ministros? Mucho más.

Los fiscales, con el general del Estado al frente, son funcionarios públicos que se someten a la legalidad y deben ser imparciales, gozan de autonomía pero no de independencia y responden en el ejercicio de sus funciones a criterios jerárquicos y de unidad de acción. Por lo tanto, ni son inamovibles ni son independientes como los jueces. ¿Están sometidos a los criterios de oportunidad del Gobierno? No. Pero el fiscal general del Estado, al estar nombrado por el Ejecutivo, responde a un principio de confianza, que en circunstancias muy excepcionales y transparentes pueda trasladarle criterios de actuación.

Destaco la importancia de este nombramiento porque el presidente del Gobierno tiene que encarar, con mayor o menor urgencia pero en muy poco tiempo, el desafío catalán. Un desafío muy complejo que tiene una vertiente política, otra jurídico-constitucional y una tercera judicial. Están en tramitación tres procedimientos penales: ante la Sala Segunda del TS, ante la Audiencia Nacional y ante el Juzgado de Instrucción nº 13 de Barcelona. Las dos primeras causas están muy avanzadas con los procesamientos dictados por graves delitos: rebelión, sedición, malversación… Pero faltan aún los escritos de acusación definitivos antes de los juicios orales.

¿Mantendrá el nuevo fiscal general el mismo criterio jurídico-penal que el actual y el que le precedió, ambos nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy? O en otras palabras, ¿seguirán los fiscales de los distintos casos manteniendo la procedencia de las medidas cautelares (prisión preventiva incondicional en los casos más graves que se tramitan en la Sala Segunda del TS) ahora establecidas o recibirán instrucciones para ablandarlas?, ¿se mantendrán las acusaciones por rebelión y sedición o los fiscales recibirán criterios de la Fiscalía General para variar las tipificaciones que actualmente se mantienen en los autos? No son preguntas retóricas.

La urgencia de Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, por verse con el del Gobierno, remite, entre otras muchas razones, a la ansiedad que se transmite desde Barcelona para que se altere la situación de los presos. Hoy por hoy, la única contrapartida que están exigiendo los independentistas catalanes, además de otros sectores muy receptivos a esa reivindicación, es que cambie la situación procesal de los presos preventivos y que se evite lo que se denomina impropiamente “el escarmiento”. La toma de posesión de los consejeros de Torra fue un verdadero mitin a favor de los presos. Y la primera decisión fue colocar en la fachada principal del Palacio de San Jaime una gran pancarta reclamando la libertad de los reclusos con un enorme lazo amarillo.

Desde el PSOE, se ha puntualizado que el “acercamiento de los presos” a Cataluña no es una facultad que corresponda al inminente Gobierno de Sánchez sino a los jueces. Cuando se dicte sentencia y tengan que cumplir las penas, esa competencia será de Instituciones Penitenciarias. Pero Miquel Iceta se ha adelantado a calificar de “inoportuno” ese posible acercamiento, porque daría la impresión de constituir una “contrapartida” a los 17 escaños independentistas que respaldaron la moción de censura que hizo a Sánchez presidente del Ejecutivo.

No empujemos los acontecimientos, pero la lógica política se terminará imponiendo. De la misma manera que el PP quiere cobrar al PNV la factura por su deslealtad, se pasarán al cobro otros cargos a cuenta del voto de investidura mediante censura de Rajoy que favoreció a Sánchez. De ahí que Torra, el PDeCAT y ERC necesiten un trofeo, una compensación, que explique cabalmente a su electorado y a sus grupos de interés (Puigdemont incluido) que echar a Rajoy y poner a Sánchez ha sido algo más que una mera sustitución que se limitaba a satisfacer el ajuste de cuentas del independentismo con el expresidente popular. Pues bien: el fiscal general del Estado es una pieza clave en el puzle de la política catalana del nuevo presidente socialista. Apuntado queda.

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Contra Rajoy vivirán mejor

Un elemental principio periodístico de buen estilo exige no hacer leña del árbol caído. Rajoy ha sido tumbado por una moción de censura de manera inédita como respuesta a un estilo de gobierno muy negativo sobre el que personas de su propio ámbito ideológico han venido advirtiendo inútilmente. En casi cuarenta años de democracia es el primer presidente que resulta expulsado así del Gobierno. Él y sus políticas han logrado aglutinar a 180 escaños de los 350 del Congreso. Podríamos sumar, incluso, a los 32 de Ciudadanos que deseaban la dimisión del gallego, aunque no descabalgarle de esa manera de su cargo. Las razones por las que Rajoy ha conseguido que se pongan de acuerdo contra él grupos tan diferentes nos deben remitir a una observación retrospectiva que no es el mejor momento para elaborar.

Es mucho más importante el futuro del PP, que no debería pasar por la figura de Mariano Rajoy. Su herencia han de aceptarla los que le sucedan a beneficio de inventario, esto es, tendrán que pagar las deudas que deja el Gobierno popular en esta XII legislatura, pero hasta donde les corresponda en una razonable solidaridad. Los populares tienen ahora una tarea interna y otra externa. La primera les requiere a una suerte de refundación. Están solos, con un electorado envejecido y decreciente, con escasos resortes de poder y con un banquillo de dirigentes diezmado por unos años en los que Rajoy y su equipo han dejado la organización como un erial. La segunda tarea consiste en definir un rumbo y redactar un relato de recuperación desde la oposición a un gobierno de Pedro Sánchez que ha nacido reactivo y no proactivo.

A estas alturas se ignora si Mariano Rajoy querrá ejercer de líder de la oposición u optará por ordenar la casa, sugerir heredero y retirarse a sus lares registrales o a ocupar plaza en el Consejo de Estado como expresidente del Gobierno. Sería mejor lo segundo que lo primero. Su ciclo ha concluido y lo ha hecho, además, de forma abrupta y, para él, inesperada. Es duro afirmarlo, pero reflotar en los sondeos al PP hasta niveles electorales competitivos va a ser una tarea muy ardua. Consulten el panel de El Confidencial que está realizado de una manera que permite valorar mejor que otros sondeos la evolución de los comportamientos de los electores. El PP ha perdido reputación y ese es un proceso de desagregación de voluntades que no ha concluido porque el historial de sentencias pendientes sobre casos de corrupción es realmente grave.

Volvemos a la historia ya sabida: la gangrena no tiene cura y hay que amputar el miembro enfermo como única terapia. En el PP la curación no requiere de un tratamiento solo sintomático, sino de fondo. El partido no padece una gripe sino una tumoración cancerígena que ha asaltado al paciente con las defensas bajas y escasísimos recursos. En tanto Rajoy siga en la organización el elefante estará en la habitación. El expresidente es un político con mucho fondo; maratoniano; resistente; correoso y experimentado. Puede tener la tentación de mantenerse en la vida activa. Si lo hace, el PP corre el riesgo de que su figura siga siendo la argamasa de una mayoría tan circunstancial como la que ayer hizo a Pedro Sánchez presiente del Gobierno, no por sus méritos, sino por los deméritos de su predecesor.

Pedro Sánchez saluda a Mariano Rajoy,  tras el debate de la moción de censura. (EFE)

Hasta es dudoso que el secretario general del PSOE desease ganar la moción. Le pidió la dimisión el jueves de manera directa y nítida para que “decayese” la censura. Porque si es ingrato para Rajoy salir despedido, no es tampoco confortable para Sánchez resultar investido por reacción contra su predecesor. Rajoy en activo, Rajoy en el escaño, Rajoy presidente del PP, Rajoy líder de la oposición, sería el mejor regalo para la nueva y precaria mayoría gubernamental y óptimo para Ciudadanos. Ni él ni el PP deberían caer en esa trampa.

Si este ex Gobierno —que ha dirigido también el partido— pretende seguir siéndolo en la sombra, sin renovar la organización a costa de sangre, sudor y lágrimas, tendremos Sánchez para mucho tiempo. Si, por el contrario, se sanea el partido en nombres y comportamientos y se marca una buena ruta en la labor de oposición, la mayoría que ha apoyado la censura terminará clamando: “contra Rajoy vivíamos mejor”. De eso se trata. De superar la etapa de Rajoy —aceptando solidariamente las responsabilidades históricas y capitalizando los aciertos que se hayan logrado— y volver a comenzar. Bill Gates aconseja frecuentemente que más que del éxito, las lecciones deben extraerse de los fracasos.

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El PNV y la victoria de los aldeanos en la moción de censura

Hasta la última frase de su intervención, Aitor Esteban, portavoz del grupo parlamentario del PNV en el Congreso, no manifestó ayer el sí de sus cinco escaños a la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy. Y es que los nacionalistas vascos que ocupan cargos institucionales —desde un escaño en el Congreso hasta el propio lendakari— saben que protagonizaron un auténtico papelón político. Pero como ocurre en el PNV desde que fue fundado por Sabino Arana en 1895, el partido es un tótem que impone sus decisiones de manera inapelable. Todos sus cargos públicos, sin excluir a ninguno, se someten a la más estricta e indiscutida disciplina de partido.

El Gobierno vasco, desde el primero que presidió Aguirre, único liberado de la disciplina de partido por las especiales circunstancias bélicas en las que se desarrolló su breve mandato, es un instrumento del PNV y de su proyecto, hasta el punto de que el lendakari tiene voz pero no voto en la ejecutiva de la organización, denominada Euskadi Buru Batzar, que fue el órgano integrado por 14 miembros que acordó ayer el sentido del voto que hoy emitirán los parlamentarios vascos en el Congreso de los Diputados.

El EBB del PNV, bajo la presidencia de Andoni Ortuzar, integra a los presidentes del Gipuzko Buru Batzar (Joseba Egibar), del Araba Buru Batzar (José Antonio Suso de Arenaza), del Bizkai Buru Batzar (Itxaso Atutxa), del Napar Buru Batzar (Unai Uhalde) y del Ipar* Buru Batzar (Pako Arizmendi). Además, forman parte de esta ejecutiva ocho vocales más. Todos ellos sometidos a una férrea incompatibilidad; tan férrea como su práctico anonimato, salvo, y muy limitadamente, en Euskadi, en donde solo son de verdad conocidos el presidente Ortuzar y los que encabezan las ejecutivas territoriales.

En los años en los que Carlos Garaikoetxea (1985-86), primer lendakari de la democracia con el Estatuto de 1979, quiso alterar la jerarquía del partido para que el Gobierno de Vitoria no resultase una instancia subalterna y someter a las diputaciones forales a la autoridad gubernamental, se desató una guerra sin cuartel que terminó con una escisión: Eusko Alkartasuna recogió a los críticos con el modelo tradicional de la organización y las siglas del PNV retuvieron (con éxito) la legitimidad fundacional. José Antonio Ardanza no rechistó al ser apartado ‘manu militari’ de la candidatura a la presidencia, lo mismo que Juan José Ibarretxe. Y cuando un presidente del EBB —el caso de Josu Jon Imaz (2004-2007), sucesor de Arzalluz en el cargo— quiso alterar el modelo de funcionamiento, la inercia de la organización se lo llevó por delante. Renunció a presentarse a la reelección y hoy es consejero delegado de Repsol.

Para saber cómo funciona esa extraña relación de bicefalia —el EBB y el Gobierno vasco—, hay que leer el libro ‘Así fue’ (editorial Foca. 2005) que, firmado por Xabier Arzalluz, aunque con la edición de Javier Ortiz, explica cómo se comporta un cargo público del PNV (él lo fue, precisamente, diputado constituyente en Madrid) y cómo lo hace un ‘burikide’ (miembro del EBB o de las ejecutivas territoriales). Se trata de una forma de comportamiento político que remite a una congregación que profesa voto de obediencia y una neta separación de poderes. El EBB toma las decisiones que no son administrativas (es decir, las estratégicas), y el lendakari y el Gobierno las implementa.

En los recurrentes choques entre los cargos públicos (Gobierno, diputados generales, parlamentarios) y el EBB, siempre se impone la ejecutiva, sin otra discusión histórica reciente que la que protagonizó el ya mencionado Garaikoetxea. Incluso aunque, como ocurrió ayer, ni Iñigo Urkullu, lendakari, ni el grupo parlamentario del PNV estuviesen de acuerdo en votar favorablemente la moción de censura después de haber sido el auténtico tercer partido de los dos primeros años de esta legislatura.

Y no lo estaban porque la semana anterior habían aprobado los Presupuestos Generales del Estado —24 horas antes de la sentencia del caso Gürtel—, lo mismo que hicieron el pasado año. El valor de la palabra dada, la coherencia y la fidelidad son valores políticos que en el País Vasco tienen una particular importancia. Pasar de ser socios de Rajoy a sus verdugos prácticamente sin solución de continuidad solo es posible cuando la instancia que adopta la decisión es opaca a los medios y anónima en la política, como le ocurre al EBB. Los que lo integran son los ‘descorbatados’, los caseros, los aldeanos, pero no por ello menos duchos en política y menos avispados que los gestores públicos al uso.

Ellos negocian los acuerdos (Ortuzar, y no Urkullu, se arregló mano a mano con Rajoy para sacar los Presupuestos adelante) y luego ‘los políticos’ hacen su trabajo administrativo. Y ayer ocurrió lo mismo. El presidente del EBB y sus 13 compañeros de ejecutiva tomaron con un mínimo riesgo una decisión no compartida por los parlamentarios y el lendakari (cosa que jamás admitirán). Serán los Esteban y los Urkullu quienes deban dar la cara ante este zigzag político un tanto banal, pero que no afectará a los decisores, que persistirán en su cómodo anonimato.

A todos los presidentes de los gobiernos españoles el PNV les ha terminado sorprendiendo por su imprevisibilidad. El caso más clamoroso fue el de Adolfo Suárez, cuando en 1980 fue boicoteado por el PNV en su visita al País Vasco. Cuatro años después, Arzalluz le pidió perdón y le entregó el premio de la revista ‘Euskadi’. Tampoco fue menor la sorpresa de Aznar, que en 1996 firmó un acuerdo de investidura con los nacionalistas y en 1997-98, estos suscribieron el Pacto de Estella con ETA.

Ahora ha ocurrido con Mariano Rajoy, y seguirá ocurriendo porque el desdoblamiento de las responsabilidades en el PNV rompe los esquemas del funcionamiento convencional de los partidos. El ‘aldeanismo’ (propio del EBB) es casi una filosofía de comportamiento que se refleja muy bien en una canción bilbaína (“El aldeano tiro la piedra y no la encontró”). Consulten Google y se lo explicarán.

*El Ipar Buru Batzar es la ejecutiva de Iparralde, denominación de la llamada Euskadi Norte o País Vasco francés.

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