Franco y el 28 de abril, ¿dentro o fuera?

El Gobierno pretende que el día 28 de abril los restos mortales de Francisco Franco no reposen ya en la abadía del Valle de los Caídos y mucho menos en la cripta de la catedral de la Almudena sino en un recoleto cementerio a las afueras de la capital de España. Si lo consigue —sin incurrir en vías de hecho— habrá obtenido una victoria política de fuerte carácter simbólico que singularizará el Ejecutivo de Sánchez de los otros socialistas presididos por González o Zapatero. Si no lo logra, incurrirá en un incumplimiento tan grave como pertinaz ha sido su deseo de conseguirlo.

Sobre el papel, la misión no se antoja fácil. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión definitiva de exhumación (el pasado viernes) cuya ejecución se demora 15 días desde entonces para que la familia de Franco señale un lugar de enterramiento que no sea la Almudena. Los nietos del dictador —propietarios de cuatro sepulturas en la cripta de la catedral— van a acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) para interponer un recurso contra la decisión gubernamental solicitando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros.

Veremos si el alto tribunal concede o no la petición preliminar que se le solicitará. De hacerlo, el Gobierno no podría ejecutar su decisión. Los Martínez-Bordiú aducirán también que el Real Decreto-ley (10/2018 de 24 de agosto) que modificó la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque se trata de una norma legal de “caso único”. Aducirán que es una ‘ley ad hoc’ y solicitarán que el Supremo eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del decreto ley que, además, según su criterio, no estaría justificado por razones de notoria urgencia sino por conveniencia política.

Además de estas trabas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros deberá enfrentarse a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no otorga la autorización para penetrar en la abadía y exhumar los restos de Franco que quedaron bajo su custodia. El templo, todos, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, es inviolable, es decir, una autoridad pública —salvo en el caso de delito flagrante— no podría penetrar en él sin la autorización eclesial correspondiente. Hasta el momento, y de manera formal y expresa, ni el arzobispo de Madrid, ni el superior jerárquico del prior del Valle de los Caídos ni el Vaticano han revocado la negativa de Santiago Cantera a la entrada en la abadía y a la consiguiente exhumación de los restos del dictador. Se supone que el Gobierno no deseará un conflicto diplomático de primer orden con el Vaticano.

En el supuesto, no obstante, de que el Gobierno lograse superar estas objeciones —las judiciales y las eclesiásticas—, se mantendría la negativa de la familia a una inhumación en lugar distinto a la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia debería proporcionar un enterramiento contra el criterio de los nietos de Franco que generaría un conflicto judicial adicional. De manera tal que, aun en el supuesto de que el día 28 de abril se hubiera producido la exhumación e inhumación de la momia del general, el proceso se desarrollaría de manera abrupta y provocaría un debate añadido al que ya existe.

Y el Gobierno no puede dilatar más el cumplimiento de su decisión política porque llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos, defraudadas la mayoría de ellas. El balance de estos meses de Gobierno sería demasiado pobre en lo material y escuálido en lo simbólico.

Exhumar a Franco del Valle de los Caídos no era tarea de meses sino de años. De, al menos, una legislatura. El Gobierno estaba advertido por el dictamen de la comisión de expertos de noviembre de 2011. Requería un trabajo de campo previo, especialmente con la jerarquía eclesiástica, y un pacto discreto con la familia, al tiempo que una normativa aprobada por el procedimiento ordinario con el mayor consenso parlamentario, comprendiendo la operación no solo la exhumación de Franco sino también su inhumación (ciertamente, no en la Almudena), todo ello en el contexto de una resignificación del Valle de los Caídos.

La exhumación de Franco no ha estado bien planteada, porque se ha pretendido ejecutarla en solo unos meses. El grave problema es que, urgido el Gobierno por esgrimir una victoria política ante las urnas del día 28, la ejecución de su decisión (que comprende también una inhumación indeseada por la familia del general) provoque un debate todavía más bronco que el que ha venido desarrollándose en los últimos meses. Un debate que será también simbólico y, seguramente, alejado de la comprensión de la inmensa mayoría del electorado, al que esta cuestión no deja de resultarle un tanto críptica. Y como tal, de difícil decodificación política. No es lógico meterse en laberintos sin conocer su salida.

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Franco y el 28 de abril, ¿dentro o fuera?

El Gobierno pretende que el día 28 de abril los restos mortales de Francisco Franco no reposen ya en la abadía del Valle de los Caídos y mucho menos en la cripta de la catedral de la Almudena sino en un recoleto cementerio a las afueras de la capital de España. Si lo consigue —sin incurrir en vías de hecho— habrá obtenido una victoria política de fuerte carácter simbólico que singularizará el Ejecutivo de Sánchez de los otros socialistas presididos por González o Zapatero. Si no lo logra, incurrirá en un incumplimiento tan grave como pertinaz ha sido su deseo de conseguirlo.

Sobre el papel, la misión no se antoja fácil. El Consejo de Ministros ha tomado la decisión definitiva de exhumación (el pasado viernes) cuya ejecución se demora 15 días desde entonces para que la familia de Franco señale un lugar de enterramiento que no sea la Almudena. Los nietos del dictador —propietarios de cuatro sepulturas en la cripta de la catedral— van a acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-Administrativo) para interponer un recurso contra la decisión gubernamental solicitando la suspensión cautelar de la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros.

Veremos si el alto tribunal concede o no la petición preliminar que se le solicitará. De hacerlo, el Gobierno no podría ejecutar su decisión. Los Martínez-Bordiú aducirán también que el Real Decreto-ley (10/2018 de 24 de agosto) que modificó la Ley de Memoria Histórica es inconstitucional porque se trata de una norma legal de “caso único”. Aducirán que es una ‘ley ad hoc’ y solicitarán que el Supremo eleve al Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad del decreto ley que, además, según su criterio, no estaría justificado por razones de notoria urgencia sino por conveniencia política.

Además de estas trabas judiciales, la decisión del Consejo de Ministros deberá enfrentarse a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que no otorga la autorización para penetrar en la abadía y exhumar los restos de Franco que quedaron bajo su custodia. El templo, todos, según los acuerdos Estado-Santa Sede de 1979, es inviolable, es decir, una autoridad pública —salvo en el caso de delito flagrante— no podría penetrar en él sin la autorización eclesial correspondiente. Hasta el momento, y de manera formal y expresa, ni el arzobispo de Madrid, ni el superior jerárquico del prior del Valle de los Caídos ni el Vaticano han revocado la negativa de Santiago Cantera a la entrada en la abadía y a la consiguiente exhumación de los restos del dictador. Se supone que el Gobierno no deseará un conflicto diplomático de primer orden con el Vaticano.

En el supuesto, no obstante, de que el Gobierno lograse superar estas objeciones —las judiciales y las eclesiásticas—, se mantendría la negativa de la familia a una inhumación en lugar distinto a la catedral de la Almudena. El Ministerio de Justicia debería proporcionar un enterramiento contra el criterio de los nietos de Franco que generaría un conflicto judicial adicional. De manera tal que, aun en el supuesto de que el día 28 de abril se hubiera producido la exhumación e inhumación de la momia del general, el proceso se desarrollaría de manera abrupta y provocaría un debate añadido al que ya existe.

Y el Gobierno no puede dilatar más el cumplimiento de su decisión política porque llegar a la fecha de los comicios sin ejecutar la decisión dañaría su credibilidad después de tantas expectativas generadas en distintos ámbitos, defraudadas la mayoría de ellas. El balance de estos meses de Gobierno sería demasiado pobre en lo material y escuálido en lo simbólico.

Exhumar a Franco del Valle de los Caídos no era tarea de meses sino de años. De, al menos, una legislatura. El Gobierno estaba advertido por el dictamen de la comisión de expertos de noviembre de 2011. Requería un trabajo de campo previo, especialmente con la jerarquía eclesiástica, y un pacto discreto con la familia, al tiempo que una normativa aprobada por el procedimiento ordinario con el mayor consenso parlamentario, comprendiendo la operación no solo la exhumación de Franco sino también su inhumación (ciertamente, no en la Almudena), todo ello en el contexto de una resignificación del Valle de los Caídos.

La exhumación de Franco no ha estado bien planteada, porque se ha pretendido ejecutarla en solo unos meses. El grave problema es que, urgido el Gobierno por esgrimir una victoria política ante las urnas del día 28, la ejecución de su decisión (que comprende también una inhumación indeseada por la familia del general) provoque un debate todavía más bronco que el que ha venido desarrollándose en los últimos meses. Un debate que será también simbólico y, seguramente, alejado de la comprensión de la inmensa mayoría del electorado, al que esta cuestión no deja de resultarle un tanto críptica. Y como tal, de difícil decodificación política. No es lógico meterse en laberintos sin conocer su salida.

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El 28 de abril, las tres derechas y los perros de Pávlov

Si PP, Cs y Vox sospechan que su concentración en la plaza de Colón el pasado domingo ha influido en la convocatoria de elecciones, se equivocan. Sánchez no ha tenido más remedio que disolver las Cámaras (lo hará el día 5 de marzo) por sus propios errores tácticos y estratégicos —reiteradamente explicados—, por la naturaleza desleal del independentismo y por las suspicacias profundas que su figura y su gestión suscitan en muy amplios sectores del PSOE de los que dará buena cuenta en la elaboración de las listas para los próximos comicios. A Sánchez no le gusta una parte de su partido y lo va a refundar.

Las tres derechas cometieron el pasado domingo un error estratégico al reaccionar a la manera tradicional. Se comportaron ‘pavlovianamente’, es decir, ante la provocación separatista y la debilidad gubernamental, respondieron como en el experimento de los perros de Iván Pávlov, es decir, bajo un reflejo condicionado: cogieron la bandera nacional y se fueron a Colón en un ‘totum revolutum’ insomne en el que Casado ejerció de anfitrión, Abascal se encumbró sin tener ni un solo escaño en el Congreso y Rivera remoloneó hasta lo excéntrico haciéndose acompañar por banderas del movimiento LGTBI. Y al final para reunir, en el mejor de los casos, a 200.000 personas.

Y la foto: los tres regalaron a Sánchez un cartel electoral que le servirá para evitar la gran baza que tenían las derechas: la desmovilización de la izquierda. En esos ámbitos se trabaja a destajo en elaborar el relato de la derecha petrificada. Subrayando que se comporta como siempre: en Colón, banderas al viento y con el prolegómeno —tan anacrónico y de dudoso estilo y en absoluto eficaz— de poner a escurrir al presidente del Gobierno socialista (ahora Sánchez: traidor, felón, okupa, golpista. Y antes a Zapatero: traidor a las víctimas de ETA). Por si fuera poco, la rehabilitación de escenarios pasados (“la agenda de ETA” en versión de Casado) muestra, además del reflejo condicionado ‘pavloviano’, una pereza intelectual frustrante y muy poco prometedora. En fin, que la concentración de Colón sirvió exactamente para que ocurriese lo que esperaba el PSOE y el Gobierno: tras el pacto de Andalucía —muy explicable—, la coyunda innecesaria y voluntaria de la manifestación con una impagable fotografía.

Una parte de la campaña de la izquierda, se la hicieron PP, Cs y Vox. Nunca tuvo más éxito un eslogan que el del PSC de 2008: “si tú no vas, ellos vuelven”. Por ahí van a ir los tiros de la movilización de las izquierdas (el problema de la izquierda no consiste en escasez de electores, sino en su renuencia a participar), a la espera de que las derechas practiquen la “destrucción creativa” teorizada por Joseph Schumpeter y sepan reinventarse, destruyéndose previamente, para funcionar en un tiempo histórico que no se parece en nada a los anteriores y durante el que están entrando en implosión no solo los mensajes políticos, sino la forma de comunicarlos y, sobre todo, los receptáculos (hasta ahora los partidos) desde los que se lanzan al electorado.

Entre el PP y Vox se ha firmado implícitamente una ‘entente cordiale’. A Casado no le importa pasar por duro, ultraconservador e, incluso, extremista. Y a Abascal le va bien que el presidente del PP le otorgue un estatuto por anticipado de socio-colaborador en la esperanza de que pueda imponerle con más energía que en Andalucía condiciones programáticas. Pero ¿qué ocurre con Ciudadanos? Pues después de acudir a Colón con los populares y los ‘voxistas’ y proclamar que con Sánchez y el ‘sanchismo’ no tienen nada que hablar, es de temer que no tengan otra que orillar sus afanes liberales y formar parte del tridente. O sea, hacerse de derechas puras porque su terreno central lo ha ido abandonando y no lo habita nadie.

La opción de futuro de estas tres formaciones —que podrían, sumando, ganar las elecciones del 28 de abril— consiste en la ya mentada “destrucción creativa”. Es decir: poner en solfa sus reflejos condicionados (no salivar como los perros de Pávlov entrando al capote de los irritantes estímulos con los que la izquierda les cita desde los medios) y sorprendernos con unas ciertas dosis de contemporaneidad, de originalidad, de imaginación, habilidad y de alguna sofisticación. Y, a la espera, de cómo Ciudadanos recupera su perdido espacio liberal que podría ser el mecanismo móvil para evitar que el 29 de abril nuestro país se encuentre encarcelado en un bloqueo político tan desesperante como el de estos últimos años.

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Sánchez, el que resiste pierde

Los independentistas —sin pedirle nada— le hicieron presidente del Gobierno el 1 de junio de 2018. Y los independentistas, el 12 de febrero de 2019, pidiéndole todo, le han desalojado de la Moncloa. Entre una y otra fecha —casi ocho meses y medio—, Pedro Sánchez ha tenido todas las oportunidades de pilotar los acontecimientos y todas las ha despilfarrado. Y siempre por la misma razón: resistir en el poder, continuar siendo presidente, desafiar las circunstancias y despreciar las realidades. Pero su peor error quizás haya sido suponer que, efectivamente, su estancia en la Moncloa era gratis y que los que le auparon a la presidencia del Ejecutivo no terminarían por pasarle la cuenta. Y en el peor de los casos: él siempre creyó que la factura sería accesible.

La semana pasada, al presidente le reventó una pinza insospechada: de una parte, su partido, que no admitía el relator de la mesa de negociación que exigían los separatistas porque se parecía mucho al ‘mediador’ que reclamaba Torra en sus indecentes 21 puntos; de otra, la exigencia cerrada de republicanos y neoconvergentes para “hablar de todo”, es decir, del derecho de autodeterminación. El viernes pasado, Sánchez se quedó, al mismo tiempo, sin el apoyo efectivo de su partido y sin la más mínima comprensión de sus acreedores y hasta entonces socios, los secesionistas. Los suyos le pararon y los socios le empujaron. Terminó tropezando, Carmen Calvo mediante.

¿Debió Sánchez haber llegado a esta situación límite? Rotundamente no. Lo suyo hubiese sido convocar elecciones “cuanto antes”, pero se vino arriba y en su primera entrevista en TVE afirmó que iba a terminar la legislatura. En noviembre dijo que no presentaría los Presupuestos —intuía que era una temeridad—, pero en enero se los plantó al Congreso. Se equivocó en las dos decisiones: continuar como si tuviese una mayoría de gobierno en la Cámara Baja y lanzar las cuentas públicas para 2019 sin pensar hasta dónde llegarían las contrapartidas exigidas para aprobarlas. De por medio, se bandeó con decretos-leyes (pinchó en el de los alquileres) y sugestionó a la opinión pública con expectativas de improbabilísimo cumplimiento.

En Cataluña, Sánchez ha tratado de ‘desinflamar’ una patología política que resiste al ibuprofeno, hasta que no acabe el juicio que se celebra en el Supremo. Mientras él hacía todo tipo de concesiones gestuales y verbales a Torra, este activista radical paralizaba las instituciones de la Generalitat: su propio Gobierno —que ni está ni se le espera— y el Parlamento, que no ha aprobado una sola ley. Todo el esfuerzo secesionista durante la ‘desinflamación’ de Sánchez se ha dirigido a destruir la institucionalización autonómica, desarrollar la agitación y la propaganda y seguir acumulando fuerzas para la segregación, bajo control remoto del insidioso y destructivo hombre de Waterloo, que tiene en el amablemente tratado presidente vicario de la Generalitat su principal instrumento de intervención.

Si Sánchez hubiese convocado en octubre del pasado año, o hubiese anunciado que seguiría gobernando unos meses más sin Presupuestos, el fracaso de ayer en el Congreso no se hubiera producido. Su gran escapada, que no llegará con bien a la presentación de su inoportuno libro (‘Manual de resistencia’), pudo haber terminado de manera más airosa. En qué momento el presidente decidió que los independentistas habían dejado de serlo, es una incógnita, y quién le dijo que no debería pagar a su vencimiento la factura de la moción de censura, otra incógnita no menor. Sánchez es posible que sea un resistente, pero también es un ingenuo, o quizás algo peor: un político jupiterinamente soberbio.

La lección que de este periodo de Gobierno ha podida sacar la opinión pública es que es el último que España puede soportar dependiendo de cualquiera de los nacionalismos-bisagra. A Rajoy, los nacionalistas vascos le dejaron tirado una semana después de aprobar sus Presupuestos de 2018. A Sánchez, los catalanes. Las próximas elecciones —cuando sean— deberían sugerir definitivamente a los electores que habrá que votar de tal modo que ningún partido nacionalista o separatista resulte el árbitro de la situación.

Por lo demás, el sino de las personas nos persigue sañudamente. A Sánchez también. Como en 2016 —el presidente del Gobierno no ha ganado todavía ni una sola elección—, le ha fallado su partido y él ha sobreestimado sus capacidades. Sánchez, cuando resiste, termina perdiendo. Y como todos los políticos que han tenido que depender de los republicanos, convergentes o peneuvistas, ha saboreado la deslealtad. En su caso, la deslealtad que ahora experimenta es fruto de su incoherencia y del trampantojo bajo el que ha tratado de gobernar estos meses han hueros de contenido, tan radical y políticamente perdidos.

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El desplome de Sánchez

Previsible patético final de la legislatura. En el espacio de cuatro días el Gobierno ha tenido que realizar una rectificación absoluta de sus posiciones. De proponer un relator en la mesa de partido catalanes, a romper las negociaciones en curso con los independentistas. No ha sido una decisión voluntaria de Sánchez. El presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que reconocer que carecía de fortaleza política para sobreponerse a su propio partido —mayoritariamente contrario a su política en Cataluña— e, incluso, a la resolución de la oposición del PP y Ciudadanos que mantienen para mañana la concentración en la plaza de Colón de Madrid.

El desplome gubernamental ha sido fulminante. La pésima gestión de Carmen Calvo —responsable inmediata de la crisis— sobre las concesiones a los partidos separatistas (de nuevo el trabalenguas del ‘relator’) y la impresión arraigada en los medios de comunicación, incluso en los proclives a apoyar al Ejecutivo, de que el esfuerzo negociador con los grupos catalanes respondía mucho más al interés de Sánchez por permanecer en la Moncloa con los Presupuestos de 2019 aprobados que a explorar soluciones estadistas a la crisis catalana, han privado de credibilidad al presidente del Gobierno que pese a su conocido “manual de resistencia” ha tenido que ceder.

En el PSOE había cundido la seguridad de que la prolongación de las conversaciones con los independentistas, de los que el Gobierno no ha obtenido ni la más mínima de las concesiones, conducía al partido a perder las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo y a reducir sus posibilidades en unas eventuales generales. En la organización había comenzado a alarmar la tozudez de Sánchez y su imperturbabilidad ante el curso de los acontecimientos. Una serie de pronunciamientos concatenados de dirigentes del PSOE —incluidos González y Guerra— y una acerva crítica de referentes mediáticos de la izquierda a su decisión sobre el traído y llevado relator, han terminado por doblar el pulso al inquilino de la Moncloa.

El conocimiento público de los insultantes 21 puntos de Torra, entregados en un documento al presidente el pasado día 20 de diciembre en Barcelona, ha causado hondísima impresión y, especialmente, la nula reacción del Gobierno ante los disparates del presidente de la Generalitat. La sensación, así, de que Sánchez quedaba al albur de los independentistas ha hecho el resto: pese a los esfuerzos de la incompetente Carmen Calvo por mantener un “buen rollo” con Aragonès y Artadi, tanto republicanos como neoconvergentes le han plantado al Ejecutivo dos enmiendas de devolución de las cuentas públicas que se votarán el miércoles en el Congreso.

Salvo que la manifestación de mañana en la Plaza de Colón inocule el miedo en los separatistas y les aconseje declinar las enmiendas a la totalidad —algo improbable pero no imposible— la legislatura está dando sus últimas bocanadas. No habrá Presupuestos y, en consecuencia, en mayo o en otoño se convocarán elecciones generales. Después de la crisis que ayer certificó, tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, la situación política ha devenido en insostenible y solo registra una salida lógica: la convocatoria de comicios generales.

La manifestación de mañana cambia, así, de naturaleza y podría convertirse más que en una reclamación, en una celebración por el abrupto fracaso de Sánchez. A fin de cuentas solo él y sus asesores —obsesivamente focalizados en su relación con el secesionismo catalán— parecían no percibir las corrientes de opinión pública que se manifestaron aritméticamente en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre. El empeño de Sánchez por ser derrotado en los próximos comicios remitía a una personalidad aislada de la realidad y persuadida de que podía manejar los resortes institucionales con una irresponsable frivolidad, nunca vista en la política democrática española.

Sánchez ha sido altivo y no ha sabido interpretar la naturaleza de su presidencia, que siendo tanto legal como legítima, tenía un desarrollo lógico: brevedad temporal para una convocatoria “cuanto antes” de elecciones generales, tal y como él mismo proclamó. Las razones que le hicieron cambiar sus sensatas y lógicas previsiones iniciales parecen remitir a una ambición de poder poco controlada y a una autoestima de sus capacidades francamente excesiva.

Como escribí el pasado jueves, el Gobierno de Sánchez ha manejado expectativas, pero no ha sabido ni podido implementar sus decisiones (exhumación de Franco o reforma de la Constitución) que ha combinado con ocurrencias sin contenido material. El resbalón del relator —un asunto que no debió dejarse en manos de Calvo que ya dio muestras del alcance de sus capacidades con el secretario de Estado del Vaticano— y la chulería de los independentistas, desataron unas presiones en el socialismo y en los medios de la izquierda que Sánchez, pese a su leyenda resistente, no ha podido soportar. Cabe preguntarse, además, si el secretario general del PSOE conoce de verdad el alma de su partido.

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Sánchez se empeña en perder las elecciones

En política —esa disciplina que se define como el arte de lo posible— se actúa por convicción o por interés. Pedro Sánchez, del que ya sabemos sin necesidad de que nos lo relate en un libro que es un resistente, sin embargo, podría ser un Adán de la gestión política, porque no parece actuar ni por convicción ni por interés. Ha inventado la pólvora. La convicción le llevaría a rechazar las pretensiones de los separatistas aunque la concesión fuera cosmética, o semántica o careciese de sustantividad. El interés —ganar las próximas elecciones— le sugeriría no enajenarse el futuro para conservar un presente precario y de muy corto recorrido.

Por eso, aceptar un confuso ‘notario’ o ‘relator’Carmen Calvo trató ayer de explicarlo sin conseguirlo, en parte por su falta abochornante de sobriedad verbal— para que “eche una mano”, “coordine” o “tome nota” de las conversaciones en la mesa de diálogo entre los partidos catalanes, supone un desgaste de su credibilidad por completo estéril porque, más allá de lo que represente esa figura, la impresión que se transmite es que el Gobierno compra una mercancía averiada de los separatistas, con daño para la reputación de nuestro sistema institucional y sin la más mínima garantía de que el conflicto catalán —al menos en el corto y medio plazo— ofrezca posibilidades de mejoría o reversión en el marco constitucional.

En el improbable caso, aunque no imposible, de que los grupos secesionistas catalanes permitan al Gobierno la tramitación presupuestaria, el logro alcanzado sería pírrico: una permanencia adicional de solo unos meses más en la Moncloa, porque la legislatura termina en junio de 2020. Por si fuera poco, hasta esa fecha, los indicadores sociales, económicos, políticos e internacionales no tienen trazas de mejorar sino todo lo contrario. La sentencia del Supremo sobre el proceso soberanista, quizá condenatoria, irrumpirá, además, en mitad de ese calendario, lo que garantiza una radicalización mayor, si cabe, del independentismo en su conjunto.

Demos por supuesto que Sánchez es un relativista, o, al menos, lo parece. Ha ofrecido muestras consistentes de que banaliza sin rubor los principios del funcionamiento del sistema y los maneja a su conveniencia. Su capacidad para absorber sus contradicciones es notable y su facilidad para la contorsión, extraordinaria. No ha exhumado a Franco ni se sabe nada de la reforma constitucional que dijo impulsar. Entre las decisiones sin ejecutar y las ocurrencias sin contenido material, este un Gobierno que solo maneja expectativas.

¿Qué está ocurriendo mientras tanto en la España que observa entre la perplejidad y la incomprensión todos estos movimientos gubernamentales? Pues que se está echando a la derecha, en brazos de los partidos de ‘orden’, que, divididos, sumarían mayoría y a los que el propio Sánchez cohesiona en un proyecto común, decayendo las reticencias entre ellos en beneficio de un objetivo compartido, que es desahuciar al presidente de la Moncloa. Lo van a ensayar en la manifestación del domingo en Madrid. Y pueden conseguirlo.

Sánchez es un político que toma decisiones de complicada hermenéutica. Lo mismo irrumpe en su partido imponiendo un candidato a la alcaldía de la capital de España y reventando el sistema de primarias, que se aviene a gesticular con cierta obscenidad en el apaciguamiento de los separatistas. Quizá toda esa política —que no parece fundada ni en convicciones ni en intereses obvios— tenga algún propósito que trascienda al meramente coyuntural de durar un poco más en la presidencia del Gobierno. El problema es que no hay forma de saber cuál es la razón que le mueve y el objetivo que persigue. Porque no contenta ni a los propios ni a los ajenos. Ayer le abandonó buena parte de la izquierda mediática y su partido se convulsionó. Y cuando esto ocurre, la ciudadanía entra en la zozobra, en la incertidumbre, en la sensación de improvisación.

Y generando inseguridades no solo no se ganan elecciones, sino que se pierden ruidosamente, sobre todo cuando los posibles aliados del PSOE son partidos fallidos o en reformulación. Lo es Unidos Podemos, en franco proceso de descomposición, y lo son los grupos independentistas —a la greña entre sí—, cuyo interés no es precisamente el de colaborar a la gobernabilidad de España bajo las pautas constitucionales y estatutarias. A reserva de una mejor explicación, habremos de convenir que Sánchez se empeña en perder las elecciones. Y ayer —en su síndrome napoleónico— dio un resuelto paso hacia la derrota. La sombra de la Andalucía electoral es ya alargada.

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Los separatistas ni se lo imaginan

¿En qué cabeza cabe que un presidente del Gobierno compensaría el apoyo a unos contingentes Presupuestos Generales del Estado con la negociación sobre los más elementales principios constitucionales? Los dirigentes del separatismo catalán se están frotando lo ojos: el viejo Estado español, con una mala salud de hierro, a pesar de los pesares y los errores de sus dirigentes, va a sentar en el banquillo dentro de una semana a los principales protagonistas —fugados al margen— de los hechos de septiembre y octubre de 2017, presuntamente constitutivos de delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Entonces —en aquel otoño patriótico e impune de 2017—, parecía que el Estado era de caucho y las leyes de algodón, y la Constitución, poco más que una declaración de intenciones.

De nuevo los independentistas se están dando de bruces con el principio de realidad. Que consiste en que España es un “Estado social y democrático de derecho” (artículo 1º de la CE); que “la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” (artículo 1º. 2 de la CE); que la “Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” al tiempo que garantiza “el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas” (artículo 2º de la CE); que “los españoles son iguales ante la ley” (artículo 14 de la CE), y que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (artículo 117. 1 de la CE).

¿Qué parte de estas disposiciones —y otras conexas— no terminan de entender los independentistas? Porque todas ellas resultan de aplicación y se están aplicando desde que en octubre de 2017 la Sala Segunda del Supremo admitió la querella del fiscal general del Estado contra los dirigentes de la asonada catalana y echó a andar una instrucción penal y un procedimiento posterior que ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo podrían haber detenido, porque en nuestra democracia, con todas la imperfecciones que se quiera, rige el principio de división de poderes.

Poderes no le faltan al presidente del Gobierno (Título IV de la Constitución, artículos 97 y siguientes), pero carece de los que le reclaman los secesionistas para que exima a los encausados ante el Supremo de sus presuntos delitos (si procede, lo hará el tribunal) y no tiene ni uno solo que pueda afectar o infringir los pronunciamientos dogmáticos que protegen tanto la unidad nacional como el autogobierno de Cataluña, una nacionalidad histórica que integra España y que se rige por su Estatuto de Autonomía de 2006, 14 de cuyos 223 artículos fueron declarados inconstitucionales y otros 27 eficaces conforme con la interpretación de la sentencia del propio órgano de garantías constitucionales, dictada en 2010.

El presidente del Gobierno no puede, no debe —y, efectivamente, tampoco quiere—, ni amagar con aceptar el ultimátum de los grupos independentistas, de los que depende la aprobación de los Presupuestos. Puestas las cuentas anuales en un platillo de la balanza y en el otro todo el acervo constitucional en juego, la elección no tiene la más mínima duda si es que cupiera —que no cabe— que Pedro Sánchez la tuviese sobre aceptar o no las imposibles condiciones que ponen encima de la mesa los dirigentes republicanos y neoconvergentes. Si ya se equivocaron tan gravemente en septiembre y octubre de 2017 y años anteriores, contando con una exigua mayoría parlamentaria, pero no social, resulta inexplicable que persistan en el error tratando de persuadir al presidente con el muy romo argumento de que no le aprobarán los Presupuestos del año. Poca cosa en este lance.

Que no lo hagan y vayamos a elecciones, si así lo decide Pedro Sánchez, o continuemos con el actual Gobierno hasta que su responsable máximo lo decida. Porque, por encima de ideologías, preferencias y aspiraciones, en este momento, lo que está en juego para el Estado es tan importante que los separatistas no llegan ni a imaginarlo.

La amenaza de no apoyar las cuentas del Ejecutivo es mínima y hasta banal ante el reto, el desafío, que tiene ante sí el Estado, que es el de demostrar que en España su democracia hace justicia —la que se refleje en la sentencia que se dicte—, que su Tribunal Supremo (como todos los jueces y demás tribunales) la administra con plenas garantías para los enjuiciados (artículo 24 de la CE) y que se somete voluntariamente desde 1979 a la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Ni se lo imaginan los independentistas: la vista oral que se inicia el próximo martes es mucho más importante para el Estado español, para la nación española y para la propia Cataluña que unos anuales Presupuestos. Cuando este episodio tan largo y doloroso concluya conforme al principio de legalidad, la democracia española será —muy al contrario de lo que opinan los secesionistas— más fuerte y más sólida. En definitiva, que unas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos resultan puramente inanes ante la gran cuestión que se ventila en estos tiempos oscuros. Ni se lo imaginan —insisto— los dirigentes que ayer —¡qué inmensa torpeza!— amenazaron a Sánchez con tumbar su Gobierno.

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Las cobardías de Puigdemont

El volumen de la ausencia de los fugados de la Justicia española tras la balbuceante declaración de independencia de Cataluña es, en estas horas, casi tangible. No hay motivo especial para elogiar la permanencia a disposición de la justicia de Oriol Junqueras y los demás presos preventivos por la comisión de un delito de rebelión agravado con malversación (según la fiscalía) o de sedición y malversación (según la abogacía del Estado). Pero todos ellos pudieron haber huido como Puigdemont la noche del 29 de octubre de 2017 como revela que lo hizo el expresidente de la Generalitat, o antes de comparecer ante el magistrado instructor, como decidió la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los doce dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo del Supremo el próximo día 12 merecen, no obstante, una consideración cívica distinta a la que se ha hecho acreedores a Puigdemont y los demás escapados. Al menos afrontan sus responsabilidades pudiendo haberlas eludido. Y aunque resulte hiperbólico y excesivo, Junqueras ha acertado a enardecer a su público al comparar su disposición personal con la de Sócrates, Seneca y Cicerón, grandes personalidades de la historia que se enfrentaron de cara a su destino ante una justicia arbitraria. No es, sin embargo, el caso del líder republicano protegido por todas las garantías propias de un Estado de Derecho como el español, pero su actitud sugiere una opinión sobre el personaje que en absoluto suscitan Puigdemont y los demás huidos.

El expresidente de la Generalitat ha despachado tanto la declaración unilateral de independencia de Cataluña como su escapada a Bélgica, en apenas cinco de las 210 páginas de la narración que ha dictado al periodista Olivier Mouton que este, aseadamente, ha convertido en un libro, más oportunista que oportuno, titulado ‘La crisis catalana’. En solo unos párrafos (páginas 96 a 100) el que fuera responsable último de la brutal crisis constitucional de septiembre y octubre de 2017, no explica cabalmente dos actos de cobardía. Por una parte, mantener izada la bandera de España en el mástil del Palacio de San Jaime una vez declarada funerariamente la república catalana y, por otra, las razones éticas, políticas y operativas de su huida a la capital de Bélgica.

Respecto al mantenimiento del símbolo nacional de España en la Generalitat, Puigdemont ni siquiera repara, no dice nada, lo obvia. Respecto de su marcha a Bruselas la noche del día 29 de octubre de 2017 solo se deduce que la pacta con Marta Rovira que, más tarde, huiría también a Suiza. No consta que el expresidente de la Generalitat se fugase esa noche a la capital belga tras acordarlo con su gobierno o, al menos, con los miembros más conspicuos de su gabinete, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, que nada supo de antemano.

Se deduce —no hay literalidad explicativa en el libro— que su fuga respondió a una clara decisión de eludir sus responsabilidades políticas y, eventualmente también penales, mediante explicaciones patrióticas. Puigdemont afirma que para él la cárcel “no es una opción” porque en ella “no puedo luchar”. Y añade: “seríamos rehenes políticos y, por lo tanto, nos humillarían por lo que representamos, nuestras instituciones y nuestras reivindicaciones”.

Los estrechísimos colaboradores de Puigdemont —especialmente aquellos que asumieron el mayor protagonismo en la asonada del otoño de 2017 en Cataluña— tendrían un largo prontuario de argumentaciones en contrario, es decir, para explicar por qué se quedaron, siendo la razón más rotunda la que predica que hay que estar a las consecuencias de los propios actos. En el caso de Puigdemont, a su cobardía se unen también los propósitos logreros que acumula. Desde el denominado “exilio” —un término tan falso como consolador para tunear su fuga— ha pretendido, y conseguido en buena medida, mandar en Cataluña a control remoto mediante el vicariato de Joaquim Torra y su guardia pretoriana, aprovechando la inferioridad de condiciones, obvia, de los presos, muy en particular de los de Esquerra Republicana de Catalunya. El lanzamiento de su futuro partido —La Crida Nacional por la República— que pretende absorber al PDeCAT y enfrentarse a ERC y la CUP, se produce cuando sus adversarios están en una clara desventaja para el debate político.

En estas horas posteriores al traslado de los políticos catalanes presos a cárceles cercanas a Madrid para comparecer en el juicio oral en el que tres acusaciones les atribuyen graves delitos la figura de Puigdemont —que intencionadamente pone en el mercado editorial su libro exculpatorio— pierde todos sus perfiles épicos y martiriales que él tanto ha pretendido fomentar. El expresidente de la Generalitat fue un irresponsable a lo largo de su gestión y, en septiembre y octubre de 2017, un personaje sin escrúpulos democráticos que llevó a Cataluña a una situación imposible, arrastrando al conjunto de España a una grave crisis constitucional.

Su persona y su trayectoria no solo son detestadas por la mayoría de los españoles sino también cuestionadas —si bien discretamente— por una parte no reducida de los independentistas para los que Puigdemont se ha convertido en un obstáculo objetivo para una eventual rectificación de posiciones. Quizás al político gerundense le cuadre la sentencia de Goethe según la cual “el cobarde solo amenaza cuando está a salvo”.

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Las cobardías de Puigdemont

El volumen de la ausencia de los fugados de la Justicia española tras la balbuceante declaración de independencia de Cataluña es, en estas horas, casi tangible. No hay motivo especial para elogiar la permanencia a disposición de la justicia de Oriol Junqueras y los demás presos preventivos por la comisión de un delito de rebelión agravado con malversación (según la fiscalía) o de sedición y malversación (según la abogacía del Estado). Pero todos ellos pudieron haber huido como Puigdemont la noche del 29 de octubre de 2017 como revela que lo hizo el expresidente de la Generalitat, o antes de comparecer ante el magistrado instructor, como decidió la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Los doce dirigentes independentistas que se sentarán en el banquillo del Supremo el próximo día 12 merecen, no obstante, una consideración cívica distinta a la que se ha hecho acreedor Puigdemont y los demás escapados. Al menos afrontan sus responsabilidades pudiendo haberlas eludido. Y aunque resulte hiperbólico y excesivo, Junqueras ha acertado a enardecer a su público al comparar su disposición personal con la de Sócrates, Seneca y Cicerón, grandes personalidades de la historia que se enfrentaron de cara a su destino ante una justicia arbitraria. No es, sin embargo, el caso del líder republicano protegido por todas las garantías propias de un Estado de Derecho como el español, pero su actitud sugiere una opinión sobre el personaje que en absoluto suscitan Puigdemont y los demás huidos.

El expresidente de la Generalitat ha despachado tanto la declaración unilateral de independencia de Cataluña como su escapada a Bélgica, en apenas cinco de las 210 páginas de la narración que ha dictado al periodista Olivier Mouton que éste, aseadamente, ha convertido en un libro, más oportunista que oportuno, titulado “La crisis catalana”. En solo unos párrafos (páginas 96 a 100) el que fuera responsable último de la brutal crisis constitucional de septiembre y octubre de 2017, no explica cabalmente dos actos de cobardía. Por una parte, mantener izada la bandera de España en el mástil del Palacio de San Jaime una vez declarada funerariamente la república catalana y, por otra, las razones éticas, políticas y operativas de su huida a la capital de Bélgica.

Respecto al mantenimiento del símbolo nacional de España en la Generalitat, Puigdemont ni siquiera repara, no dice nada, lo obvia. Respecto de su marcha a Bruselas la noche del día 29 de octubre de 2017 solo se deduce que la pacta con Marta Rovira que, más tarde, huiría también a Suiza. No consta que el expresidente de la Generalitat se fugase esa noche a la capital belga tras acordarlo con su gobierno o, al menos, con los miembros más conspicuos de su gabinete, entre ellos el exvicepresidente Oriol Junqueras, que nada supo de antemano.

Se deduce –no hay literalidad explicativa en el libro- que su fuga respondió a una clara decisión de eludir sus responsabilidades políticas y, eventualmente también penales, mediante explicaciones patrióticas. Puigdemont afirma que para él la cárcel “no es una opción” porque en ella “no puedo luchar”. Y añade: “seríamos rehenes políticos y, por lo tanto, nos humillarían por lo que representamos, nuestra instituciones y nuestras reivindicaciones”.

Los estrechísimos colaboradores de Puigdemont –especialmente aquellos que asumieron el mayor protagonismo en la asonada del otoño de 2017 en Cataluña- tendrían un largo prontuario de argumentaciones en contrario, es decir, para explicar por qué se quedaron, siendo la razón más rotunda la que predica que hay que estar a las consecuencia de los propios actos. En el caso de Puigdemont, a su cobardía se unen también los propósitos logreros que acumula. Desde el denominado “exilio” –un término tan falso como consolador para tunear su fuga- ha pretendido, y conseguido en buena medida, mandar en Cataluña a control remoto mediante el vicariato de Joaquim Torra y su guardia pretoriana, aprovechando la inferioridad de condiciones, obvia, de los presos, muy en particular de los de Esquerra Republicana de Catalunya. El lanzamiento de su futuro partido –La Crida Nacional por la República– que pretende absorber al PDeCat y enfrentarse a ERC y la CUP, se produce cuando sus adversarios están en una clara desventaja para el debate político.

En estas horas posteriores al traslado de los políticos catalanes presos a cárceles cercanas a Madrid para comparecer en el juicio oral en el que tres acusaciones les atribuyen graves delitos la figura de Puigdemont –que intencionadamente pone en el mercado editorial su libro exculpatorio- pierde todos sus perfiles épicos y martiriales que él tanto ha pretendido fomentar. El expresidente de la Generalitat fue un irresponsable a lo largo de su gestión y, en septiembre y octubre de 2017, un personaje sin escrúpulos democráticos que llevó a Cataluña a una situación imposible, arrastrando al conjunto de España a una grave crisis constitucional.

Su persona y su trayectoria no solo son detestadas por la mayoría de los españoles sino también cuestionadas –si bien discretamente- por una parte no reducida de los independentistas para los que Puigdemont se ha convertido en un obstáculo objetivo para una eventual rectificación de posiciones. Quizás al político gerundense le cuadre la sentencia de Goethe según el cual “el cobarde solo amenaza cuando está a salvo”.

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Las empanadillas de Carmena y la crisis de Podemos

Los populistas más torpes apelan a ‘la gente’ con grandilocuencia o con tremendismo. Activar “la alarma antifascista” (después del 2-D en Andalucía) o parar a los “trillizos reaccionarios” (PP, Cs y Vox) han sido consignas de diseño en boca de Pablo Iglesias e Irene Montero en las últimas semanas. Se trata de un ‘continuum’ retórico agresivo que transparenta la crisis de Podemos y su vaciamiento discursivo como trasunto del ideológico y estratégico que les afecta. Muchos dentro de la propia organización están descubriendo que la presunta sofisticación del lenguaje de sus dirigentes —con una entonación ora irritada, ora perdonavidas— es uno de sus peores males, aunque no el único.

Manuela Carmena ha ganado por la mano a la nomenclatura de Podemos con una plasticidad semántica verdaderamente popular. Cuando la alcaldesa de Madrid relató hace unos días cómo se cayó y rompió el tobillo el pasado 21 de diciembre, describió una situación con la que conectaron cientos de miles de ciudadanos. “Iba —dijo la edil— con una bandeja de empanadillas y tropecé”. La conexión emocional la ofrecían unas humildes y universales empanadillas, seguramente uno de los platos más habituales en los hogares españoles, más aún en los modestos.

Buscar los puntos de activación emotivos y racionales con los electores no es en absoluto fácil, y más vale la autenticidad de la sencillez que el intento habitual de epatar a la audiencia con pomposidades verbales. O sea, lo contrario de esa forma de hablar encendida y rebuscada (“espacios colectivos”) que utilizan algunos de los dirigentes de Podemos. La gente —esa ‘gente’ a la que apelan— ha dejado de entenderles, mientras que Carmena les seduce con literalidad descriptiva: agasaja a Errejón con empanadillas. Un fogonazo, populista también, de la España real.

Carmena tampoco gusta de la democracia directa y no apela a los inscritos e inscritas. Ya ha descartado las consultas y plebiscitos —visto su fracaso— para tomar decisiones, ni pregunta a las bases cuando quiere cubrirse ante la impopularidad de una medida. Pudo haber sometido a referéndum la aprobación de la Operación Chamartín o la puesta en marcha de Madrid Central, pero no lo hizo. Y para su lista de Más Madrid, no ha convocado primarias. Ha funcionado su decisión digital. En Podemos, todo lo contrario. Pero no se ha demostrado que resulte más democrático ni más eficaz. Ahí está el liderazgo caudillista de Iglesias para demostrarlo.

Quizá Carmena sabe que los ciudadanos desean políticos que desarrollen el mandato representativo sin descargar sobre ellos la responsabilidad que corresponde a los que han mandatado para acertar o equivocarse. La alcaldesa —que es la auténtica causante de la crisis de Podemos, Errejón mediante— se ha desprovisto de esa impostura plebiscitaria, opaca y enrevesada que utilizan los dirigentes de Podemos y que padece ya de la mayor de las increencias. Y no tiene empacho en adelantar que si no es de nuevo alcaldesa, se va a su casa.

Por fin, Carmena es más roja que un tomate, pero ha dejado de ser comunista. Ni lo que es ni lo que ha dejado de ser precisa proclamarlo, en tanto que en Podemos envuelven el poscomunismo que se ha adueñado de su núcleo dirigente con un progresismo inverosímil que trata con suficiencia al socialismo, desprecia la moderación e impulsa la aversión —cercana al odio— a todo lo que tenga que ver con el conservadurismo, el liberalismo o las posiciones de la derecha. Por eso, es recurrente escuchar a muchos de los que han dejado Podemos, o quieren hacerlo, que ellos no desean militar en una organización comunista sino en una izquierda útil y transformadora. Diagnosticó bien Iglesias: la dupla disidente quiere una “izquierda amable”. Porque, como reflexionó en este diario el pasado sábado el filósofo Manuel Cruz, los criterios ideológicos de Podemos han avejentado precozmente o quizá ya nacieron ancianos en 2014.

Errejón va a seguir los pasos de Carmena y no incorporará a Más Madrid las siglas de Unidos Podemos. Ambos consideran que son un lastre y no un activo. La dirección morada, con un consejo ciudadano estatal reunido ayer entre suspicacias y desconfianzas cruzadas, no encontró salida airosa a la crisis porque, posiblemente, no la tenga. El partido no puede renunciar a sus siglas en la Comunidad de Madrid como lo ha hecho en la capital, aunque “Carmena no sea lo que fue” (Iglesias ‘dixit’), ni a pesar de que a Errejón no se le considere ahora “un traidor” y sí “un aliado” (también Iglesias ‘dixit’). Podemos —y sus dirigentes lo saben— se encuentra en un trance agónico y ahora de lo que se trata es, simplemente, de seguir en el partido. Eso es lo que se decidió ayer, desesperanzadamente.

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