Casado y Valls golean al “querido Albert” en Madrid y en Barcelona

La penúltima ocurrencia de Rivera y Ciudadanos, que ayer costó desmontar hasta nueve horas de debate a puerta cerrada y pendiente de la aquiescencia de Vox, ha sido la propuesta de repartir la alcaldía de Madrid: dos años para Martínez Almeida y dos para Villacís. Cs deseaba trasplantar a la capital de España las “soluciones” pactadas con el PSOE en Castilla-La Mancha. En aquella comunidad, Ciudadanos y el PSOE rotarán en las alcaldías de Albacete y Ciudad Real. Pero Madrid, con la capitalidad del Estado, con más de tres millones de habitantes y con un presupuesto que podría alcanzar pronto los 5.000 millones de euros, no admite según qué excentricidades.

Por otra parte, la victoria del PP sobre Cs fue el 26-M incontestable: los populares obtuvieron 80.000 votos más que la lista naranja y 15 concejales, cuatro más que Cs. En esas condiciones puede exigirse un equipo de gobierno equilibrado (y ese ha sido el resultado de la negociación) pero no una alcaldía a tiempo parcial, mucho más cuando las relaciones entre Cs y Vox, con sus decisivos votos, son pésimas y buenas con los populares.

Los tres fiascos de Cs ante los populares han sido en el 26-M, las autonómicas, municipales y europeas y la negociación de los pactos

La gran cuestión sobre la que debe reflexionar Albert Rivera consiste en su triple fracaso ante el PP y, al tiempo, en la imposibilidad de zafarse de una extraordinaria contradicción. Los tres fiascos de Cs ante los populares han sido las elecciones generales, las autonómicas, municipales y europeas y la negociación de los pactos. Tres fiascos porque en ninguno de estos hitos Rivera ha logrado sobrepasar a Casado. Es más: el presidente del PP le ha goleado en la gestión de los pactos. A tal punto que Ciudadanos ha conseguido más réditos de su entente con García Page en Castilla-La Mancha que con el PP en el conjunto de España.

Por otra parte, la gran contradicción de Cs la explicaba con su tino habitual, Ignacio Varela: trata de sobrepasar a un partido —el Popular— al que completa mayorías aquí y allá y, así, le fortalece. Una contradicción insalvable porque ¿cómo se va a superar al contrincante con un sistema de pactos que le atornilla en el poder territorial, autonómico y municipal?

Si Ciudadanos y su presidente hubiesen diseñado una política móvil, versátil, sin líneas rojas con el PSOE y Más Madrid (que está lejos de parecerse a UP), podrían haber condicionado seriamente al PP. Pero desde el momento en que Ignacio Aguado cometió los errores —ambos avalados por la dirección de su partido— de fichar al tránsfuga Ángel Garrido (un neto perdedor) y jurar que no pactaría jamás con Ángel Gabilondo, Cs quedó en manos de los conservadores y de Vox para los que Madrid se ha convertido en el bastión más valioso y sobre el que pretenden fundamentar su recuperación.

En Barcelona, Valls, el gran fichaje de Rivera, se ha comportado con la previsibilidad de un político curtido: eligiendo el mal menor para evitar que el independentismo se haga con la alcaldía de la ciudad. Los militantes de BComú aceptaron ayer (71% de los participantes en la consulta) los votos sin condiciones de la plataforma del ex primer ministro francés. Ada Colau es la representante de un populismo inequívoco, pero sus bases son mixtas en las que predomina el sesgo ideológico izquierdista sobre el identitario del secesionismo. Valls, inicialmente identificado con Ciudadanos, se ha declarado autónomo de los criterios del partido de Rivera y le ha mostrado el camino que él podía haber emprendido, cumpliendo así su función declarada de salir al paso del separatismo. Desde el punto de vista de la estrategia política, y de la coherencia, el político franco-español también ha goleado al presidente de Ciudadanos.

Antonio Fernández. Barcelona

Ayer fue un día complicado para Albert Rivera. Francesc de Carreras, uno de los fundadores de su partido, le tildó en ‘El País’ (el artículo se titulaba ‘Querido Albert’) de “adolescente caprichoso” y le convocó a una rectificación de sus actuales posiciones. De manera severa, desde el palacio del Elíseo en París, Macron hizo saber al líder catalán que su política de pactos no es compatible con entendimientos recíprocos a nivel europeo. La advertencia ha tenido que resultar alarmante en la sede de Ciudadanos y quizás propicie algún efecto propulsado por Luis Garicano que es el que sufre la erosión del recelo de los liberales en Bruselas.

Si el PP necesita con claridad una introspección crítica, quizás en un Congreso extraordinario, resulta evidente que Ciudadanos requiere una terapia parecida siguiendo, precisamente, el guion que Francesc de Carreras le proponía a su “querido” Rivera en su muy sosegado y un punto dolido artículo. A partir de ese texto tan razonable, y una vez el mapa del poder municipal y autonómico quede configurado, podría ser el momento para que Ciudadanos se vuelva a plantear una operación estadista: apoyar, por activa o pasiva, la investidura de Sánchez evitando que UP e independentistas se la hagan pagar al secretario general del PSOE —a costa de los intereses comunes— a un precio insoportable.

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Casado y Valls golean al “querido Albert” en Madrid y en Barcelona

La penúltima ocurrencia de Rivera y Ciudadanos, que ayer costó desmontar hasta nueve horas de debate a puerta cerrada y pendiente de la aquiescencia de Vox, ha sido la propuesta de repartir la alcaldía de Madrid: dos años para Martínez Almeida y dos para Villacís. Cs deseaba trasplantar a la capital de España las “soluciones” pactadas con el PSOE en Castilla-La Mancha. En aquella comunidad, Ciudadanos y el PSOE rotarán en las alcaldías de Albacete y Ciudad Real. Pero Madrid, con la capitalidad del Estado, con más de tres millones de habitantes y con un presupuesto que podría alcanzar pronto los 5.000 millones de euros, no admite según qué excentricidades.

Por otra parte, la victoria del PP sobre Cs fue el 26-M incontestable: los populares obtuvieron 80.000 votos más que la lista naranja y 15 concejales, cuatro más que Cs. En esas condiciones puede exigirse un equipo de gobierno equilibrado (y ese ha sido el resultado de la negociación) pero no una alcaldía a tiempo parcial, mucho más cuando las relaciones entre Cs y Vox, con sus decisivos votos, son pésimas y buenas con los populares.

Los tres fiascos de Cs ante los populares han sido en el 26-M, las autonómicas, municipales y europeas y la negociación de los pactos

La gran cuestión sobre la que debe reflexionar Albert Rivera consiste en su triple fracaso ante el PP y, al tiempo, en la imposibilidad de zafarse de una extraordinaria contradicción. Los tres fiascos de Cs ante los populares han sido las elecciones generales, las autonómicas, municipales y europeas y la negociación de los pactos. Tres fiascos porque en ninguno de estos hitos Rivera ha logrado sobrepasar a Casado. Es más: el presidente del PP le ha goleado en la gestión de los pactos. A tal punto que Ciudadanos ha conseguido más réditos de su entente con García Page en Castilla-La Mancha que con el PP en el conjunto de España.

Por otra parte, la gran contradicción de Cs la explicaba con su tino habitual, Ignacio Varela: trata de sobrepasar a un partido —el Popular— al que completa mayorías aquí y allá y, así, le fortalece. Una contradicción insalvable porque ¿cómo se va a superar al contrincante con un sistema de pactos que le atornilla en el poder territorial, autonómico y municipal?

Si Ciudadanos y su presidente hubiesen diseñado una política móvil, versátil, sin líneas rojas con el PSOE y Más Madrid (que está lejos de parecerse a UP), podrían haber condicionado seriamente al PP. Pero desde el momento en que Ignacio Aguado cometió los errores —ambos avalados por la dirección de su partido— de fichar al tránsfuga Ángel Garrido (un neto perdedor) y jurar que no pactaría jamás con Ángel Gabilondo, Cs quedó en manos de los conservadores y de Vox para los que Madrid se ha convertido en el bastión más valioso y sobre el que pretenden fundamentar su recuperación.

En Barcelona, Valls, el gran fichaje de Rivera, se ha comportado con la previsibilidad de un político curtido: eligiendo el mal menor para evitar que el independentismo se haga con la alcaldía de la ciudad. Los militantes de BComú aceptaron ayer (71% de los participantes en la consulta) los votos sin condiciones de la plataforma del ex primer ministro francés. Ada Colau es la representante de un populismo inequívoco, pero sus bases son mixtas en las que predomina el sesgo ideológico izquierdista sobre el identitario del secesionismo. Valls, inicialmente identificado con Ciudadanos, se ha declarado autónomo de los criterios del partido de Rivera y le ha mostrado el camino que él podía haber emprendido, cumpliendo así su función declarada de salir al paso del separatismo. Desde el punto de vista de la estrategia política, y de la coherencia, el político franco-español también ha goleado al presidente de Ciudadanos.

Antonio Fernández. Barcelona

Ayer fue un día complicado para Albert Rivera. Francesc de Carreras, uno de los fundadores de su partido, le tildó en ‘El País’ (el artículo se titulaba ‘Querido Albert’) de “adolescente caprichoso” y le convocó a una rectificación de sus actuales posiciones. De manera severa, desde el palacio del Elíseo en París, Macron hizo saber al líder catalán que su política de pactos no es compatible con entendimientos recíprocos a nivel europeo. La advertencia ha tenido que resultar alarmante en la sede de Ciudadanos y quizás propicie algún efecto propulsado por Luis Garicano que es el que sufre la erosión del recelo de los liberales en Bruselas.

Si el PP necesita con claridad una introspección crítica, quizás en un Congreso extraordinario, resulta evidente que Ciudadanos requiere una terapia parecida siguiendo, precisamente, el guion que Francesc de Carreras le proponía a su “querido” Rivera en su muy sosegado y un punto dolido artículo. A partir de ese texto tan razonable, y una vez el mapa del poder municipal y autonómico quede configurado, podría ser el momento para que Ciudadanos se vuelva a plantear una operación estadista: apoyar, por activa o pasiva, la investidura de Sánchez evitando que UP e independentistas se la hagan pagar al secretario general del PSOE —a costa de los intereses comunes— a un precio insoportable.

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“Estáis despistados. No habrá indulto”

“La labor de Marchena ha sido encomiable. Pero le queda por hacer lo más difícil: la ponencia de la sentencia, que sea asumida por los otros seis magistrados y que, una vez dictada por unanimidad, sea entendida por la opinión pública”. Estas son las frases iniciales de una conversación con un jurista de los más relevantes de España, siempre con bonísima información y, sobre todo, con un gran sentido de la prospectiva.

“Manejar el juicio oral resultaba complicado, pero el tribunal ha sabido ir salvando los obstáculos. Te diría más: los magistrados de la Sala Segunda han mantenido hasta un lenguaje corporal verdaderamente ejemplar. Sentados tiesos, atentos, pendientes de todos los detalles, sin permitirse un mal acomodo en sus sillones. Su ortodoxia en todo momento ha contrastado con las actuaciones tan desiguales de los cuatro fiscales, que solo echaron el resto en el informe final”.

Beatriz Parera

¿Las defensas? “Los letrados de la defensa, salvo Melero, que ha sabido sobrevolar la medianía de sus compañeros, han optado por el activismo más que por la técnica jurídica, aunque detrás de ellos —sin aparecer— hay plumas expertas que no son la suyas en determinados escritos”. Esa sugerencia, le digo, es muy relevante: “Sí, lo es. Pero es que los letrados han tenido asesores de importante peso jurídico, aunque opacos. Algunos de ellos no sabían cómo se vestía la toga. Solo por citarte un ejemplo: Homs”.

Tampoco la Abogacía del Estado, continúo, ha rayado a gran altura. “No, no lo ha hecho. Uno de los aspectos más incomprensibles de este juicio es por qué la Abogacía del Estado se ha metido en camisa de once varas con el delito de sedición cuando su papel era centrarse en la malversación para así defender los intereses de la Hacienda pública. La acción penal la ejerce el ministerio fiscal, no el servicio de asesoría jurídica del Gobierno”. Sugiero que quizás el Ejecutivo ha querido ofrecer al tribunal la oportunidad de considerar una condena diferente a la de rebeldía. “Es posible. Pero a lo peor le sale el tiro por la culata, porque si hay condena por malversación y sedición, nos vamos a penas muy altas”.

Beatriz Parera

Me pregunto —le digo— si las habrá. “No me pidas un pronóstico sobre la sentencia. Está en la mente de Marchena y va a ser muy técnica. No olvides que las pruebas en materia penal vinculan al tribunal en conciencia, que la duda beneficia siempre al reo y que la vista oral ha tenido que ser decisiva porque se impone a la fase inicial de la instrucción”. No sé —inquiero— si me estás sugiriendo algo. “No. Simplemente que no se especule demasiado. La sentencia será condenatoria porque hasta los defensores admiten que hubo desobediencia. La gran cuestión consiste en saber cuánto de condenatoria. Porque ten por seguro que los magistrados no van a estar haciendo valoraciones políticas sobre la repercusión de su fallo”.

La sentencia será condenatoria porque hasta los defensores admiten que hubo desobediencia

Pero, le apostillo, sí que podría haber un indulto, aunque sea parcial en un paquete de medidas más amplio para componer la crisis catalana. “Estáis despistados. No habrá indulto. El derecho de gracia lo titulariza el Rey según la Constitución, que debe firmar el real decreto motivado del Consejo de Ministros, refrendado por el ministro de Justicia. Y esa hipótesis no se va a dar. La vieja ley de 1870, ni tocar”. O sea, le respondo, las invectivas de la oposición que acusan a Sánchez de haber pactado el indulto no serían ciertas. “No lo son. Sánchez está bien asesorado y lo que considerará en su momento, solo en su momento —y falta mucho para que llegue—, será una proposición de ley orgánica, no un proyecto de ley, elevada por algún grupo parlamentario, o quizá por el propio Parlamento de Cataluña, para una modificación del Código Penal”.

O sea, continúo, una proposición de ley para cambiar el tipo de rebeldía. “No solo. Una proposición de ley orgánica para modificar muchos más tipos penales y entre ellos el de rebelión. Actualizarlo y aclararlo, y con una sanción menor que la actual. Se aprobaría, y por mandato del artículo 2.2 del Código Penal se aplicaría retroactivamente a los sentenciados en firme, y si las penas que se les han impuesto son mayores que las nuevamente previstas, se beneficiarán remitiendo buena parte de su condena”.

Ignacio Varela

Eso, la oposición lo consideraría un indulto encubierto. “Puede ser. Pero el Gobierno no va a entrar en el berenjenal político de justificar un indulto parcial, ni comprometer en él la firma de jefe del Estado. Será una decisión del Congreso y del Senado reformular la rebelión y rebajar la penas posibilitando el efecto favorable de la retroactividad de la ley penal sobre los líderes independentistas si, como parece, son condenados con penas de hasta dos dígitos”.

¿Está ya decidido que así se produzcan los acontecimientos? “No del todo. Habrá que leer la sentencia y observar cómo son sus razonamientos, cómo subsume los hechos en cada uno de los tipos penales, o cómo absuelve, o cómo rebaja una hipotética rebelión al estadio de conspiración. Esa sentencia será clave para la reforma del Código Penal. Una reforma que, te adelanto, es necesaria pero que tardará tiempo. Si las cosas se serenan, esta vía de reforma legal es más funcional que el indulto, sería una decisión del legislativo, con lo que eso conlleva de legitimidad”.

Nacho Cardero

Estás haciendo lo que denuncias: especulando. “No lo hago. Señalo opciones que están en estudio. Y en esa reflexión —es información, no opinión— el Gobierno no se ha planteado el indulto, pero sí la reforma legislativa. Pero esperemos a la sentencia. Porque —y esto sí es intuición instintiva de mis muchos años de experiencia— será una caja de sorpresas. Cabe, desde luego, una seguridad: se atentó contra la Constitución y los fiscales dijeron que fue un golpe de Estado. Hay que ver cómo valora el tribunal ese hecho probado por activa y por pasiva”. O sea, termino, que hay que esperar. “Sí. Pero solo hasta la primera quincena de octubre”. Para una sentencia histórica, tampoco es demasiado tiempo. “Efectivamente, no lo es”.

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La derecha y el síndrome de Popeye

Miguel Ángel Quintanilla Navarro es un excelente politólogo que define así lo que le ocurre a la derecha española: “Evidencia a lo que en medicina se conoce como el ‘síndrome de Popeye‘, por el famoso dibujo animado. Es una afección grave que afecta al músculo, al tendón y a las articulaciones desde el hombro hasta el codo. La apariencia es de un gran desarrollo del bíceps, pero la realidad es que se ha producido un desgarramiento de un tendón que une el músculo con el hombro y el codo. El músculo se retrae mecánicamente, carece ya de flexibilidad y fuerza, por mucho que su aspecto primario parezca indicar justo lo contrario: ha quedado sin flexión, sin extensión y sin fuerza. Una derecha que supo fusionarse y ganar fue llevada a la confusión y a la pérdida del Gobierno, y ahora al desgarro y la parálisis. Aunque a una mirada superficial pueda parecerle una derecha que enseña músculo, lo que enseña es una desgarro traumático y severo”.

El diagnostico de Quintanilla, director del Instituto Atlántico, es acertado. Ocurre que ya no hay una derecha sino tres y todas ellas juntas representan, mal unidas y desafectas entre sí, un brazo musculoso pero roto como el de Popeye. El PP, que fue el paraguas de la derecha democrática española, y seguramente por las consecuencias de un proceso de deterioro que arrancó incluso antes de las peores épocas de Rajoy pero que con la mala gestión de la corrupción interna, la crisis de Cataluña y la desastrosa forma de su expulsión del poder ha estado a punto de entrar en implosión, presenta la peor patología de todas. De sus entrañas ha salido Vox, un partido de señoritos de Madrid y Sevilla, reactivo, apelativo de la España eterna y con ribetes confesionales a la polaca, a la que los populares deberían reabsorber en los próximos años porque es una formación sin pies ni cabeza que carece de puntos de coincidencia con el lepenismo, con Salvini, con los ultras flamencos o británicos y solo encuentra conexiones con el conservadurismo extremo de Varsovia y Budapest.

Ya no hay una derecha sino tres y todas ellas juntas representan, mal unidas y desafectas entre sí, un brazo musculoso pero roto como el de Popeye

Vox se entiende a la perfección con el PP y sus pactos van a ir viento en popa, sin problemas, porque la hermandad que le reconoce Casado a Abascal es un rasgo de pragmática sinceridad y el primero necesario para la reunificación que se producirá, precisamente, por vía de acuerdos para compartir el poder municipal y autonómico. El centrismo revivido del PP es compatible con el reconocimiento del ADN similar en Vox. Ambos se necesitan, y llegarán a entendimientos sin más dificultades que las que plantee Cs, donde sea necesario. En definitiva, Casado es consciente del diagnóstico Popeye que afecta a la derecha que representa su partido y va a tratar de que la extensión y funcionalidad de esa derecha que hace masa con Vox tienda a la unificación. Esta semana de pactos va a demostrar que los dos partidos se sienten solidarios en una ascendencia común. Abascal es tan del PP como cualquiera y los ‘centristas’ populares que le hacen ascos (Feijóo, Alonso, Moreno Bonilla ‘et alii’) sería mejor que miren a su propio patio trasero en vez de ponerse estupendos ante un Casado que ha salvado los muebles después del ominoso bolso de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ocupando el escaño azul del censurado Mariano Rajoy.

Ciudadanos y Rivera forman parte del brazo hipertrofiado de Popeye. Su electorado es mixto, procede del PP, del socialismo y de despistados de la política que creyeron ver en la formación naranja algo nuevo que se ha hecho convencional y en cierto modo ya muy viejo. El propósito del presidente de este partido es desbancar a Casado y hacerse con el liderazgo de la derecha. Tal propósito no es compatible con nada de lo que hace. Y especialmente con sus melindres —un tanto hipócritas— con Vox, de cuantas ayudas se beneficia y se beneficiará. En todo caso, liderar la derecha en este país implica absorber a la extrema derecha de Vox y eso se hace o alejándola del ámbito de los pactos de gobierno, sean del nivel que sean, o imitando a Casado que no los expulsa sino que hace comandita con Abascal, Espinosa de los Monteros y Javier Ortega. Si su radio político es el brazo tonto de Popeye, Ciudadanos será subalterno, aunque obtenga recompensas como el Ayuntamiento de Madrid o flirtee con el PSOE en algunas comunidades autónomas.

Es verdad que la izquierda también presenta una apariencia de solidez que no se corresponde con la realidad (Unidas Podemos está en crisis abierta y el PSOE ha ganado las elecciones generales insuficientemente y las autonómicas de manera discreta), pero la articulación de la derecha, aunque obtenga difíciles combinaciones de poder en estos días insomnes de pactos, está bajo una evidente precariedad operativa (equilibrios inestables para acordar estrategias conjuntas), con un discurso indeciso y contradictorio y partida en tres cuando su mejor historia fue aquella en la que superó su fragmentación. Falta por saber si Ciudadanos es una pieza separada del brazo de Popeye o entra definitivamente en la ecuación de la derecha cuyo único futuro posible es unificarse ‘aznariamente’, en el procedimiento, y al modo ‘macronista’, en lo ideológico y estratégico.

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La derecha y el síndrome de Popeye

Miguel Ángel Quintanilla Navarro es un excelente politólogo que define así lo que le ocurre a la derecha española: “Evidencia a lo que en medicina se conoce como el ‘síndrome de Popeye‘, por el famoso dibujo animado. Es una afección grave que afecta al músculo, al tendón y a las articulaciones desde el hombro hasta el codo. La apariencia es de un gran desarrollo del bíceps, pero la realidad es que se ha producido un desgarramiento de un tendón que une el músculo con el hombro y el codo. El músculo se retrae mecánicamente, carece ya de flexibilidad y fuerza, por mucho que su aspecto primario parezca indicar justo lo contrario: ha quedado sin flexión, sin extensión y sin fuerza. Una derecha que supo fusionarse y ganar fue llevada a la confusión y a la pérdida del Gobierno, y ahora al desgarro y la parálisis. Aunque a una mirada superficial pueda parecerle una derecha que enseña músculo, lo que enseña es una desgarro traumático y severo”.

El diagnostico de Quintanilla, director del Instituto Atlántico, es acertado. Ocurre que ya no hay una derecha sino tres y todas ellas juntas representan, mal unidas y desafectas entre sí, un brazo musculoso pero roto como el de Popeye. El PP, que fue el paraguas de la derecha democrática española, y seguramente por las consecuencias de un proceso de deterioro que arrancó incluso antes de las peores épocas de Rajoy pero que con la mala gestión de la corrupción interna, la crisis de Cataluña y la desastrosa forma de su expulsión del poder ha estado a punto de entrar en implosión, presenta la peor patología de todas. De sus entrañas ha salido Vox, un partido de señoritos de Madrid y Sevilla, reactivo, apelativo de la España eterna y con ribetes confesionales a la polaca, a la que los populares deberían reabsorber en los próximos años porque es una formación sin pies ni cabeza que carece de puntos de coincidencia con el lepenismo, con Salvini, con los ultras flamencos o británicos y solo encuentra conexiones con el conservadurismo extremo de Varsovia y Budapest.

Ya no hay una derecha sino tres y todas ellas juntas representan, mal unidas y desafectas entre sí, un brazo musculoso pero roto como el de Popeye

Vox se entiende a la perfección con el PP y sus pactos van a ir viento en popa, sin problemas, porque la hermandad que le reconoce Casado a Abascal es un rasgo de pragmática sinceridad y el primero necesario para la reunificación que se producirá, precisamente, por vía de acuerdos para compartir el poder municipal y autonómico. El centrismo revivido del PP es compatible con el reconocimiento del ADN similar en Vox. Ambos se necesitan, y llegarán a entendimientos sin más dificultades que las que plantee Cs, donde sea necesario. En definitiva, Casado es consciente del diagnóstico Popeye que afecta a la derecha que representa su partido y va a tratar de que la extensión y funcionalidad de esa derecha que hace masa con Vox tienda a la unificación. Esta semana de pactos va a demostrar que los dos partidos se sienten solidarios en una ascendencia común. Abascal es tan del PP como cualquiera y los ‘centristas’ populares que le hacen ascos (Feijóo, Alonso, Moreno Bonilla ‘et alii’) sería mejor que miren a su propio patio trasero en vez de ponerse estupendos ante un Casado que ha salvado los muebles después del ominoso bolso de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ocupando el escaño azul del censurado Mariano Rajoy.

Ciudadanos y Rivera forman parte del brazo hipertrofiado de Popeye. Su electorado es mixto, procede del PP, del socialismo y de despistados de la política que creyeron ver en la formación naranja algo nuevo que se ha hecho convencional y en cierto modo ya muy viejo. El propósito del presidente de este partido es desbancar a Casado y hacerse con el liderazgo de la derecha. Tal propósito no es compatible con nada de lo que hace. Y especialmente con sus melindres —un tanto hipócritas— con Vox, de cuantas ayudas se beneficia y se beneficiará. En todo caso, liderar la derecha en este país implica absorber a la extrema derecha de Vox y eso se hace o alejándola del ámbito de los pactos de gobierno, sean del nivel que sean, o imitando a Casado que no los expulsa sino que hace comandita con Abascal, Espinosa de los Monteros y Javier Ortega. Si su radio político es el brazo tonto de Popeye, Ciudadanos será subalterno, aunque obtenga recompensas como el Ayuntamiento de Madrid o flirtee con el PSOE en algunas comunidades autónomas.

Es verdad que la izquierda también presenta una apariencia de solidez que no se corresponde con la realidad (Unidas Podemos está en crisis abierta y el PSOE ha ganado las elecciones generales insuficientemente y las autonómicas de manera discreta), pero la articulación de la derecha, aunque obtenga difíciles combinaciones de poder en estos días insomnes de pactos, está bajo una evidente precariedad operativa (equilibrios inestables para acordar estrategias conjuntas), con un discurso indeciso y contradictorio y partida en tres cuando su mejor historia fue aquella en la que superó su fragmentación. Falta por saber si Ciudadanos es una pieza separada del brazo de Popeye o entra definitivamente en la ecuación de la derecha cuyo único futuro posible es unificarse ‘aznariamente’, en el procedimiento, y al modo ‘macronista’, en lo ideológico y estratégico.

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Heidi-Iglesias y la segunda oportunidad de Rivera

Hay ironías lacerantes. Por ejemplo, la de Pablo Iglesias transmutado en una Heidi cruel, lanzando al precipicio a Pablo Echenique desde su silla de ruedas. Se manifiestan con risotada fácil sentidos del humor malsanos. El meme con su correspondiente tuit (“disfruta de tu purga @pnique que te va a durar poco”) resulta de esa clase de chascarrillo que define el sentido de la estética del autor, pero también explica la personalidad subordinada del aparentemente vejado que le ríe la (maldita) gracia al jefe. Su caída al vacío la ha definido el zamorano como una “rotación” que es “buena”. La suya, por lo visto, no lo sería.

Heidi-Iglesias ya ha demostrado de antiguo sus instintos patibularios. De la plana mayor de Unidas Podemos no queda nada ni nadie y los sustitutos van cayendo como los sustituidos. De lo que se trata es de que no lo hagan ni Pablo ni Irene y de ir entregando cabezas debidamente guillotinadas para que el Consejo Ciudadano quede saciado, no sea que los inscritos e inscritas tengan la tentación de ajustarle las cuentas a la dupla dirigente que es la que se ha cargado la organización.

Iván Gil

Unidas Podemos ha entrado en un evidente proceso de descomposición. La pérdida de poder autonómico y municipal es tan cuantitativa como cualitativa (todos los ayuntamientos del “cambio” se han ido al garete menos el de Kichi en Cádiz, enemigo acérrimo del secretario general de UP) y ya no es seguro que un gobierno de coalición con el PSOE sea el remedio que detenga el avance de la gangrena. Lo suyo es que Iglesias tomase las de Villadiego.

No lo hará. En la lógica que utilizan estos liderazgos soviéticos, la radicalización suele ser una terapia de último recurso, así que Iglesias se va a dedicar a ponerle a Sánchez su investidura tan difícil como esté en su mano hacerlo. El líder morado va a jugar a Heidi con el socialista al estilo Echenique: al borde del precipicio y con amago de arrojarlo al vacío. La cuestión es que Sánchez no es el exsecretario de organización de UP.

A España, al PSOE, a Sánchez y a la propia izquierda no les convendría en absoluto un tándem de socialistas con morados, estos bajo el mandato de Heidi-Iglesias. La situación interna de UP hace insostenibles sus exigencias al presidente todavía en funciones. El Gobierno del país no puede absorber en el ejercicio del poder ejecutivo a una organización como la morada carcomida por una afección vírica de naturaleza prácticamente letal. Un eventual e improbable acuerdo de coalición con el PSOE no haría otra cosa, además, que agudizar las contradicciones internas en UP y aumentar el estertor agónico que ya es audible en la organización.

A Sánchez, concluidas las consultas con el Jefe del Estado que ha transmitido a través de la presidenta del Congreso que es él el que puede someterse con éxito (todavía no asegurado) a la investidura, le faltan piezas en el puzle. Muchas. Pero es él y el PSOE los que deben gobernar por mandato de las urnas. Si Albert Rivera se aproxima a lo que se espera de un estadista y milita en algo parecido al patriotismo, tal y como lo hace Manuel Valls en Barcelona, con la cuestión catalana abierta en canal, la navarra en ciernes y la vasca en el horizonte, entendería que las circunstancias le ofrecen una segunda oportunidad: la de prestar al secretario general socialista, en la forma que le permita gobernar en solitario y con la asunción de los mínimos pero imprescindibles compromisos recíprocos, los 57 votos de su grupo parlamentario.

Un improbable acuerdo de coalición no haría otra cosa que agudizar las contradicciones internas en UP y aumentar el estertor agónico que ya es audible

Se constituiría así un gobierno para una España que lo necesita de una manera históricamente perentoria. Y si el presidente de Ciudadanos tampoco ahora sabe leer el curso y la naturaleza de los acontecimientos, empeñándose en un propósito que jamás alcanzará (liderar la derecha), él y su partido formaran parte del problema y en nada de la solución.

Apoyar —por activa o por pasiva— la investidura de Sánchez se debe a una emergencia, no a una conducta estandarizada o habitual en el desarrollo de las relaciones entre los partidos políticos en competición por el poder. El comportamiento de Iglesias no es nuevo, pero resulta cada vez más alarmante, lo que brindaría a Rivera y a su partido esa segunda oportunidad para demostrar su funcionalidad, su utilidad y la ocasión de acreditar su razón histórica. ¿Hay alternativa? Por supuesto: un presidente del Gobierno hipotecado por el extremismo, o unas segundas elecciones. Si Rivera persiste en su no es no —¿a qué suena ese remoquete?—, si Iglesias no se recluye cual cartujo en Galapagar y si los independentistas continúan en su deriva, aquí puede pasar de todo. Y nada bueno.

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Sánchez y Navarra: una bomba política

En los próximos días, se tiene que decantar un acuerdo para constituir el Gobierno de Navarra. De los 50 miembros de su Parlamento foral, 20 forman parte de la coalición Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), 11, del Partido Socialista y 19, de la conjunción de partidos nacionalistas (PNV y Bildu) y populistas (Podemos) que ha venido gobernando desde 2015 hasta el pasado 26 de mayo. Bastaría que los socialistas navarros, liderados por María Chivite, se abstuvieran, para que la derecha (no está presente Vox) se hiciera con el Ejecutivo de la Comunidad Foral.

En otras palabras: depende de Pedro Sánchez que Navarra no siga en manos del nacionalismo y evitar así el riesgo de que el territorio foral continúe siendo un laboratorio de ensayo de las políticas del PNV y de Bildu, e impedir que en un plazo de tiempo relativamente corto se plantee un referéndum de anexión de Navarra a Euskadi, hipótesis contemplada en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española.

Jose Mari Alonso. Pamplona

Los nacionalistas vascos ya han advertido de que si el PSN permite el Gobierno de la derecha navarra, sus seis diputados en el Congreso difícilmente votarían la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE se juega mucho en este envite, pero más aún la idea de una España constitucional hostigada por los nacionalismos y los populismos. Navarra es la ‘tierra prometida’ para el PNV y Bildu. Su extensión es de 10.391 kilómetros cuadrados, mientras que la actual Comunidad Autónoma Vasca tiene una superficie menor, solo 7.234. El territorio navarro aportaría 647.000 habitantes a los casi 2.200.000 de Euskadi. El País Vasco es la quinta economía de España y dispone del segundo PIB per cápita. Por su parte, Navarra es la 14ª, pero ocupa uno de los primeros cinco puestos en PIB por habitante. El porcentaje de navarros que hablan y usan el euskera es asunto polémico, pero la horquilla de los que lo hacen se sitúa, según fuentes no coincidentes, entre el 6% y 12%.

Estos datos —superficie, población, PIB y uso del euskera— ofrecen la medida de por qué el nacionalismo vasco considera que Navarra forma parte de Euskal Herria, y de por qué hasta ahora es un territorio irredento. Los gestos del PNV y de la izquierda ‘abertzale’ hacia Navarra son concluyentes. La histórica Asamblea Nacional del PNV de 1977 se celebró en Pamplona, ciudad que el nacionalismo conoce por su versión en euskera: Iruñea. Es navarro Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari de la democracia, y en el territorio foral tuvo mucha fuerza su partido —Eusko Alkartasuna— cuando se escindió del PNV en 1986. Pero no todo es pasado: incluso con Urkullu en la presidencia del Gobierno vasco, su organización celebró en 2016 su VII Asamblea Nacional en la capital navarra.

Juanma Romero

Bien podría afirmarse que la Euskadi —la ‘gran Euskadi’— que forma parte del sueño del nacionalismo no es posible sin Navarra, porque los tres territorios vascos —Vizcaya, Álava y Guipúzcoa— carecen, en todas sus variables, de masa crítica para ni siquiera intentar una trayectoria independentista. De tal manera que el territorio navarro constituye, como desiderátum, el de la expansión natural del conjunto del ‘abertzalismo’ y de su proyecto de construcción nacional.

Ante esta ‘amenaza’, una mayoría de los navarros —y entre ellos, los socialistas— han mantenido una resistencia encomiable. La derecha navarra se ha agrupado tradicionalmente en torno a Unión del Pueblo Navarro (UPN), vinculándose unas veces sí y otras no con el PP. Ahora lo ha hecho también con Ciudadanos y, además de lograr ganar las elecciones forales del pasado 26-M, Navarra Suma —denominación de la coalición— colocó en el Congreso dos escaños, obteniendo el 29,32% de los votos. Por su parte, el PSN obtuvo otros dos, con el 25% de los sufragios. No lograron puestos en la Cámara ni Bildu ni Geroa Bai, es decir, el nacionalismo vasco. NS obtuvo, además, tres senadores el 28 de abril.

Navarra, si la política de pactos no es sensata, resultará una bomba política que estallaría no en Pamplona sino en la Moncloa

En estas circunstancias, caben dos opciones: que el PSN facilite con su abstención un Gobierno de Navarra Suma, o que, y también sería posible y aun deseable, la coalición ganadora formase otra de gobierno con el partido de María Chivite y fueran las fuerzas constitucionalistas las que asumieran la gobernanza de la Comunidad Foral en consonancia con el dictado de las urnas. Unión del Pueblo Navarro ofreció ayer a Sánchez la posibilidad de abstenerse para facilitar su investidura, un gesto de pragmatismo inteligente que permitiría que Navarra no se pierda para la causa constitucional, lo que ocurriría si el líder socialista no tiene claroS los criterios de valoración de lo que el conjunto de España se juega en aquella comunidad.

El actual presidente en funciones es denostado por amplios sectores de la derecha por su supuesta falta de fiabilidad política y ausencia de compromiso con la Constitución. Esa imagen del secretario general del PSOE es negativamente hiperbólica pero, sin embargo, ha calado, y mucho, en amplios sectores de la opinión pública. Además de su política en Cataluña, el próximo presidente del Ejecutivo ofrecerá la medida de su identificación con los valores profundos del compromiso constituyente si rescata Navarra de las ambiciones nacionalistas que la mayoría de los ciudadanos de aquella comunidad rechaza. Navarra, si la política de pactos no es sensata, resultará una bomba política que estallaría no en Pamplona sino en la Moncloa.

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Sánchez y Navarra: una bomba política

En los próximos días, se tiene que decantar un acuerdo para constituir el Gobierno de Navarra. De los 50 miembros de su Parlamento foral, 20 forman parte de la coalición Navarra Suma (UPN, Ciudadanos y PP), 11, del Partido Socialista y 19, de la conjunción de partidos nacionalistas (PNV y Bildu) y populistas (Podemos) que ha venido gobernando desde 2015 hasta el pasado 26 de mayo. Bastaría que los socialistas navarros, liderados por María Chivite, se abstuvieran, para que la derecha (no está presente Vox) se hiciera con el Ejecutivo de la Comunidad Foral.

En otras palabras: depende de Pedro Sánchez que Navarra no siga en manos del nacionalismo y evitar así el riesgo de que el territorio foral continúe siendo un laboratorio de ensayo de las políticas del PNV y de Bildu, e impedir que en un plazo de tiempo relativamente corto se plantee un referéndum de anexión de Navarra a Euskadi, hipótesis contemplada en la disposición transitoria cuarta de la Constitución española.

Jose Mari Alonso. Pamplona

Los nacionalistas vascos ya han advertido de que si el PSN permite el Gobierno de la derecha navarra, sus seis diputados en el Congreso difícilmente votarían la investidura de Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE se juega mucho en este envite, pero más aún la idea de una España constitucional hostigada por los nacionalismos y los populismos. Navarra es la ‘tierra prometida’ para el PNV y Bildu. Su extensión es de 10.391 kilómetros cuadrados, mientras que la actual Comunidad Autónoma Vasca tiene una superficie menor, solo 7.234. El territorio navarro aportaría 647.000 habitantes a los casi 2.200.000 de Euskadi. El País Vasco es la quinta economía de España y dispone del segundo PIB per cápita. Por su parte, Navarra es la 14ª, pero ocupa uno de los primeros cinco puestos en PIB por habitante. El porcentaje de navarros que hablan y usan el euskera es asunto polémico, pero la horquilla de los que lo hacen se sitúa, según fuentes no coincidentes, entre el 6% y 12%.

Estos datos —superficie, población, PIB y uso del euskera— ofrecen la medida de por qué el nacionalismo vasco considera que Navarra forma parte de Euskal Herria, y de por qué hasta ahora es un territorio irredento. Los gestos del PNV y de la izquierda ‘abertzale’ hacia Navarra son concluyentes. La histórica Asamblea Nacional del PNV de 1977 se celebró en Pamplona, ciudad que el nacionalismo conoce por su versión en euskera: Iruñea. Es navarro Carlos Garaikoetxea, el primer lendakari de la democracia, y en el territorio foral tuvo mucha fuerza su partido —Eusko Alkartasuna— cuando se escindió del PNV en 1986. Pero no todo es pasado: incluso con Urkullu en la presidencia del Gobierno vasco, su organización celebró en 2016 su VII Asamblea Nacional en la capital navarra.

Juanma Romero

Bien podría afirmarse que la Euskadi —la ‘gran Euskadi’— que forma parte del sueño del nacionalismo no es posible sin Navarra, porque los tres territorios vascos —Vizcaya, Álava y Guipúzcoa— carecen, en todas sus variables, de masa crítica para ni siquiera intentar una trayectoria independentista. De tal manera que el territorio navarro constituye, como desiderátum, el de la expansión natural del conjunto del ‘abertzalismo’ y de su proyecto de construcción nacional.

Ante esta ‘amenaza’, una mayoría de los navarros —y entre ellos, los socialistas— han mantenido una resistencia encomiable. La derecha navarra se ha agrupado tradicionalmente en torno a Unión del Pueblo Navarro (UPN), vinculándose unas veces sí y otras no con el PP. Ahora lo ha hecho también con Ciudadanos y, además de lograr ganar las elecciones forales del pasado 26-M, Navarra Suma —denominación de la coalición— colocó en el Congreso dos escaños, obteniendo el 29,32% de los votos. Por su parte, el PSN obtuvo otros dos, con el 25% de los sufragios. No lograron puestos en la Cámara ni Bildu ni Geroa Bai, es decir, el nacionalismo vasco. NS obtuvo, además, tres senadores el 28 de abril.

Navarra, si la política de pactos no es sensata, resultará una bomba política que estallaría no en Pamplona sino en la Moncloa

En estas circunstancias, caben dos opciones: que el PSN facilite con su abstención un Gobierno de Navarra Suma, o que, y también sería posible y aun deseable, la coalición ganadora formase otra de gobierno con el partido de María Chivite y fueran las fuerzas constitucionalistas las que asumieran la gobernanza de la Comunidad Foral en consonancia con el dictado de las urnas. Unión del Pueblo Navarro ofreció ayer a Sánchez la posibilidad de abstenerse para facilitar su investidura, un gesto de pragmatismo inteligente que permitiría que Navarra no se pierda para la causa constitucional, lo que ocurriría si el líder socialista no tiene claroS los criterios de valoración de lo que el conjunto de España se juega en aquella comunidad.

El actual presidente en funciones es denostado por amplios sectores de la derecha por su supuesta falta de fiabilidad política y ausencia de compromiso con la Constitución. Esa imagen del secretario general del PSOE es negativamente hiperbólica pero, sin embargo, ha calado, y mucho, en amplios sectores de la opinión pública. Además de su política en Cataluña, el próximo presidente del Ejecutivo ofrecerá la medida de su identificación con los valores profundos del compromiso constituyente si rescata Navarra de las ambiciones nacionalistas que la mayoría de los ciudadanos de aquella comunidad rechaza. Navarra, si la política de pactos no es sensata, resultará una bomba política que estallaría no en Pamplona sino en la Moncloa.

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Los fiscales y Trapero: leal, rebelde o agente doble

“En la forma y con las aportaciones que se relatarán, los acusados dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia —a la que denominaron ‘procés’— perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo Estado con forma de república, segregándola del Reino de España”.

El párrafo anterior constituye el arranque de las conclusiones definitivas de los cuatro fiscales (Madrigal, Zaragoza, Moreno y Cadena) sobre las que emitirán su informe oral, hoy, en la Sala Segunda del Supremo. Consideran que ese plan se fraguó en una convergencia de actuaciones de las instituciones del autogobierno catalán (Parlamento y Gobierno), de los partidos independentistas y de las entidades sociales soberanistas (ANC, ÒC y Asociación de Municipios para la Independencia-AMI). Y por ello acusan, entre otros, del delito de rebelión a nueve de los 12 procesados, dirigentes políticos y sociales de los hechos de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña.

Pablo Gabilondo

Para lograr sus objetivos se contemplaron —dicen los fiscales— todos los medios, incluida la violencia, “valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban, por una parte la actuación tumultuaria desplegada con las grandes movilizaciones ciudadanas (…)” y “por otra parte, el uso de los Mossos d’Esquadra como cuerpo policial armado e integrado por unos 17.000 efectivos (…) que llegado el caso, podrían proteger coactivamente sus objetivos criminales, sustrayéndose al cumplimiento de su genuina función de guardar y preservar el orden constitucional”.

Queda, pues, claro que la Fiscalía entiende que el ‘alzamiento violento’ que requiere el tipo penal de la rebelión se consumó a través de los tumultos organizados por las asociaciones soberanistas y por la intimidación de los Mossos, que no habrían cumplido con su obligación. Y surge aquí una cierta perplejidad que quizás hoy se aclare en el informe oral.

La Fiscalía entiende que el ‘alzamiento violento’ que requiere el tipo penal de la rebelión se consumó a través de los tumultos organizados

Porque en las mismas conclusiones definitivas, los fiscales recuerdan (páginas 40 y siguientes) las reuniones de los días 26 y 28 de septiembre de 2017 en las que Josep Lluís Trapero, primero, y luego en compañía de los también mandos Ferran López y Juan Carlos Molinero, a los que se sumaron el comisario Quevedo y Castellví, en las que, ante Puigdemont, Junqueras y Forn, advirtieron de posibles “situaciones violentas” de manera que la “seguridad solo se podía garantizar mediante la suspensión de la votación del 1-O. Es decir: los mandos operativos de la policía autónoma pidieron la desconvocatoria del referéndum “para evitar que se produjeran choques y enfrentamientos con las fuerzas del orden”. El presidente de la Generalitat se negó y advirtió de que “si el 1 de octubre había violencia, declararía la independencia”.

En esta causa no se juzga a Trapero ni a ninguno de los mandos de los Mossos (el ‘exmajor’ está acusado de rebelión en otro procedimiento), pero cabría suponer que en esos episodios no se comportó como un rebelde sino como leal a la legalidad vigente. Hasta el punto de que, según declaró en la testifical, Trapero tenía un plan de detención del Gobierno catalán que planteó al Tribunal Superior de Cataluña. Sin embargo, los fiscales consideran que los Mossos “antepusieron las directrices políticas al cumplimiento de la ley y del mandato judicial”. Y que se produjo ante sus propias narices una “insurrección patente, manifiesta y exteriorizada contra el orden público…”.

EC

Este es uno de los meollos de la cuestión: ¿Fue Trapero rebelde, leal o agente doble?, ¿estaban los Mossos, al mismo tiempo, con el orden constitucional aconsejando que se desconvocase el referéndum y permitiéndolo con un comportamiento que los fiscales califican de “meramente formal o aparente” (página 107 de las conclusiones definitivas), asumiendo “pautas dilatorias y tolerantes”, siendo las parejas policiales el 1-O en los centros de votación “absolutamente pasivas” (página 110 de las conclusiones), de tal manera que “el dispositivo de los Mossos fue determinante para celebrar el referéndum, pues lejos de cumplir con el mandato judicial al que venían inexcusablemente obligados por imperativo legal, optaron por sujetarse a las directrices de los responsables políticos de la Generalitat, poniendo a disposición de los mismos y de sus ilegales propósitos secesionistas todo el poder coactivo que representaba un cuerpo policial armado y muy numeroso en efectivos” (página 111 de las conclusiones)?

El tribunal deberá determinar si el ‘exmajor’ fue fiel a la legalidad, rebelde a ella o jugó a dos barajas

Esta es una de las interrogantes interpretativas que el tribunal sentenciador deberá dilucidar, y también cómo es posible conciliar penalmente la actuación de advertencia y cautela de los Mossos los días 25, 26 y 28 de septiembre con la dejación de funciones en los posteriores y, en particular, el 1-O. Porque si la sala llega a la conclusión de que, efectivamente, los policías autónomos fueron una fuerza coactiva —en coordinación con las acciones “tumultuarias” organizadas por las entidades soberanistas, todo ello bajo la dirección política y social de los acusados—, habrá delito de rebeldía, agravado, quizás, con una presunta malversación.

En definitiva: el tribunal deberá determinar si el ‘exmajor’ Trapero fue fiel a la legalidad, rebelde a ella o jugó a dos barajas. De lo que deduzcan de su testifical y del comportamiento de los Mossos pende, en una medida muy apreciable, el calado sancionador de la sentencia.

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El éxito de Rivera: investir a Sánchez y recuperar Navarra y Barcelona

Los resultados de Ciudadanos en las elecciones del 26-M se están calificando de “discretos”. Es un eufemismo. Fueron malos. Porque no lograron ninguno de sus objetivos: el partido de Rivera no sobrepasó al PP (perdió todas las posibilidades que apuntaban en ese sentido el 28-A), no se ha hecho con ni una sola alcaldía de relevancia y no ha sido tampoco primera fuerza política en ninguna de las doce comunidades autónomas en juego. En los comicios europeos, con circunscripción nacional, superó ligeramente el 12% de los sufragios con 7 escaños, mientras que la lista popular rebasó a la de Luis Garicano con 12 diputados y un porcentaje de voto superior al 20%.

La apuesta de Rivera por Valls en Barcelona tampoco funcionó: obtuvo un concejal más de los que ya tenía Ciudadanos (de 5 a 6), lejos de las expectativas creadas.Cierto es que Ciudadanos dispone, no obstante, de un significativo poder arbitral para determinar gobiernos autonómicos importantes (Madrid, Murcia, Aragón, Castilla y León). Pero si lo aplica en el circuito cerrado de las llamadas tres derechas, su rol será subalterno porque la primera fuerza política es el PP y la tercera Vox, de tal manera que el partido de Rivera se quedaría en un terreno incómodo y puramente asistencial. La cuestión consiste en saber si es ya posible que los otrora liberales rectifiquen posiciones y pongan en auténtico valor sus resultados electorales.

Paloma Esteban

Albert Rivera y los demás dirigentes de su partido (habría que enlazar con el criterio de los intelectuales que inspiraron su fundación) dibujaron su razón histórica en la democracia española para rescatarla del bipartidismo imperfecto anterior en el que los nacionalismos vasco y catalán —este ya derivado a abierto separatismo— ejercían de bisagras no sin antes transacciones políticas para ellos muy favorables. Por otra parte, la irrupción de Unidas Podemos —con notorio fracaso tanto el 28-A como el 26-M— introdujo en el espectro parlamentario una fuerza que sintoniza con los nacionalismos centrífugos, tanto en el llamado derecho a decidir, como en la necesidad de abrir un proceso constituyente que revise los fundamentos de la Constitución de 1978 (forma y modelo de Estado).

Ni Rivera, ni Arrimadas, ni ningún otro dirigente de Cs sostuvieron que el objetivo de su partido fuera abordar al PP para sustituir su liderazgo en la derecha. Por el contrario, se dijo —y se practicó en la anterior legislatura autonómica en Andalucía y Madrid— que los entonces liberales podían pactar con el PSOE y el PP en coherencia con su proclamada identidad centrista y versátil. Hubo un momento —el veto a gobernar con el PSOE andaluz— en el que la estrategia cambió y Sánchez se convirtió —con mayor o menor razón— en la “bestia negra” de Rivera. Había en esa relación envenenada demasiadas y recíprocas cargas personales.

Por el contrario, se dijo que los entonces liberales podían pactar con el PSOE y el PP en coherencia con su proclamada de identidad centrista y versátil

Ciudadanos tiene la oportunidad de cumplir con su función. Para hacerlo podría plantearse que el Gobierno de España no dependa ni de Unidas Podemos, ni de los 32 escaños independentistas (ERC, JXC, Bildu) y nacionalistas (PNV). Los primeros están en abierta crisis y su incorporación al Ejecutivo de Sánchez, o un pacto de legislatura con el PSOE, propiciaría políticas radicales en varios ámbitos en conexión, algunas, con el bloque independentista-nacionalista. Estos últimos seguirían indefectiblemente siendo imprescindibles si Ciudadanos no se decide a ofrecer a Sánchez sus votos para la investidura (no para una coalición), estableciendo las condiciones para una legislatura de políticas moderadas, estables y que, de modo transversal, sensato e integrador, manejen correctamente la crisis en Cataluña y la política socioeconómica. Todo ello sería compatible con una geometría variable de pactos territoriales y con un Gobierno en solitario del secretario general del PSOE.

A estos efectos, las contraprestaciones del PSOE, por ecuanimidad compensatoria, tendrían que ser dos: 1) que sus diputados en Navarra permitiesen que la coalición UPN, PP y Cs (Suma Navarra, con 20 escaños de 50) recuperasen el gobierno foral para lo que bastaría la abstención del PSN (11 escaños) y 2), que el PSC comparta con Valls la estrategia para evitar que Ernest Maragall se haga con la alcaldía de Barcelona. Si la comunidad foral y el consistorio barcelonés se pierden para la causa constitucionalista, nos estaríamos acercando a una situación crítica para el sistema de 1978.

En manos de Ciudadanos está evitarlo y lo podrá hacer en su decisiva ejecutiva del próximo lunes. Y si elabora esta oferta, la pelota estaría en el tejado de Pedro Sánchez. En el caso de que Rivera no dé su brazo a torcer, su futuro será tan vulgar como el del propio partido. Seguirán pretendiendo construir su alternativa al estilo de la fracasada y antiestética ‘Operación Ángel Garrido’. Ya han visto los resultados. Y si el secretario general socialista rechaza una oferta de esa naturaleza, quedaría al descampado ideológico y táctico. Todos quedarían retratados.

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