Mas, el gran destructor

Pareciera que el responsable definitivo, último e inapelable de la situación caótica que vive Cataluña fuera el fugado Carles Puigdemont. Tiene, claro es, sus responsabilidades en el desaguisado, pero es un personaje mucho más instrumental que sustantivo, aunque, al final, se haya revelado como un político tozudo e indócil frente a quienes le apadrinaron suponiendo que podrían manejarle. No, no es el expresidente de la Generalitat de Cataluña el máximo responsable del caos: lo es su predecesor, Artur Mas i Gavarró.

Fue él quien en 2010 ganó las elecciones catalanas con la federación de CiU obteniendo 62 escaños (ERC logró solo 10 y el PP, 18) y quien en 2012 —en pleno descalabro de la reputación gestora del nacionalismo, sin rol bisagra en la política nacional por la mayoría absoluta de Mariano Rajoy— lanzó un órdago al presidente del Gobierno cuando España atravesaba el peor tramo de la crisis económica: quería un pacto fiscal para Cataluña como condición ‘sine qua non’ para mantenerse en los lindes de la legalidad constitucional.

Mas decidió entonces convertirse en el padre de la patria —más allá de Tarradellas y Pujol— y, recreando el papel bíblico de Moisés, disolvió el Parlamento en 2012 y sus 62 escaños se convirtieron en 50, mientras los 10 de ERC llegaron a 21. Poco después, rompía CiU y hundía a los democristianos de Unió; más adelante, celebró el “proceso participativo” del 9-N de 2014, que le ha granjeado la inhabilitación —pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo— y una responsabilidad patrimonial que el Tribunal de Cuentas le exige perentoriamente y que puede significar el embargo de todo su patrimonio.

En septiembre de 2015, Mas y Junqueras urdieron la coalición Junts Pel Sí, una amalgama entre la entonces Convergència (luego PDeCAT) y ERC, yendo el todavía presidente de cuarto en las listas. Tampoco lograron mayoría absoluta: se quedaron en 62 escaños y necesitaron los 10 de la CUP, que irrumpió en el Parlamento catalán con un propósito rupturista y el afán disimulado pero obvio de cargarse a la burguesía antes autonomista y reconvertida al independentismo. Y como primera providencia, en enero de 2016, pusieron a Mas contra las cuerdas: o renunciaba a la presidencia de la Generalitat o habría nuevas elecciones. Y Mas renunció, se buscó a Puigdemont —a la sazón alcalde de Girona— y el barcelonés se integró en el ‘estado mayor’ del proceso con Oriol Soler —visitador de Julian Assange y urdidor impune de la insurrección catalana— en compañía de Vendrel, Madí y otros.

Ahora, en estas últimas 48 horas, no solo ha desaparecido Convergència (extinguida para evitarle el peso de las sentencias que por corrupción le ahogan), sino que Puigdemont, el provinciano político de Girona, ha impuesto a Artur Mas que tampoco sirve el PDeCAT, que él quiere ser el líder de una ‘lista del presidente’ con carácter transversal, y que Mas y los demás dirigentes del antiguo catalanismo tienen que pasar a la reserva, desaparecer, volatizarse. La cosa está entre él, Puigdemont, y el encarcelado Junqueras.

Mas es el responsable de haber activado un proceso que se le fue de las manos al poco de ponerlo en marcha (enero de 2016), es el responsable directo de haber fulminado la exitosa federación de CiU, es el responsable igualmente directo de la extinción de CDC y de un erróneo y disparatado proceso de refundación: el PDeCAT. Solo faltaba que las nuevas siglas se diluyeran como azucarillo en agua ante los comicios del próximo 21 de diciembre.

Mas lo ha logrado: es el gran destructor de Cataluña porque, además, fue el hombre que a voz en cuello negó, y negó empecinadamente, que los bancos y las empresas se marcharían, porque aseguró, y lo hizo porfiadamente, que la Cataluña independiente acumularía respaldos internacionales y reconocimientos abundantes, porque negó, y lo hizo con reiteración, que la república catalana no estaría integrada en la Unión Europea desde el minuto uno. Nada de nada.

Mas no solo destruyó. También mintió. Puigdemont, Junqueras ‘et alii’ no han hecho otra cosa que seguirle el juego, utilizarle de zapador, implementar su plan y, a la postre, terminar de destruir todo lo que él y su entorno representaban. Artur Mas ha liquidado el catalanismo. No se habrá conocido en la historia de la gran Cataluña a un hombre más torpe y engreído que él.

No es extraño que hasta el limitado Puigdemont le haya mandado de vuelta a Barcelona desde Bruselas con cajas destempladas después de su inútil intento para convencerle de que el desastre no fuera tan indigno para él. El de Girona no le ha permitido ni salvar los muebles, es decir, ni hacer visibles las siglas que recuerdan vagamente lo que fue y ha dejado de ser. El PDeCAT también ha fallecido políticamente bajo el tembloroso e incompetente bisturí de ese cirujano que se creyó de hierro: Artur Mas i Gavarró. La burguesía catalana, cuando recupere la lucidez, no se lo perdonará nunca.

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Puigdemont, Forcadell y la comedia catalana de los Monty Python

Carles Puigdemont reclama desde Bélgica una “lista del presidente” que agrupe a todas las fuerzas políticas y sociales independentistas que se presente bajo su liderazgo a las elecciones del 21 de diciembre. Este propósito hubiese tenido alguna posibilidad –aun siendo remota- si la todavía presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, hubiese ingresado en prisión provisional y su situación fuese ahora como la de ‘los Jordis’ y la de Junqueras y los exconsejeros privados cautelarmente de libertad.

Sin embargo, el carácter simbólico y sin efectos jurídicos que, tanto la expresidenta de la ANC como demás miembros de la mesa del Parlamento, atribuyeron a la declaración unilateral de independencia y su acatamiento al 155 y, también, su disposición a retirarse de la política o a continuar haciéndolo en los márgenes legales, desmotiva al independentismo a agruparse bajo el dudoso liderazgo del huido Puigdemont y le condena a la fragmentación.

La comparecencia judicial de Forcadell y demás miembros de la mesa del Parlamento resultó desmovilizadora y –se reconozca o no- decepcionante para la parroquia secesionista en la que, como escribe en su auto el magistrado Pablo Llarena, la anterior responsable de la ANC ha tenido una “intervención medular… por la intensa repercusión de su propio liderazgo…”. Cuando se aplicó el 155, la activista y presidenta del Parlament lanzó la consigna: “Ni un paso atrás”. Ella, sin embargo, dio varios el jueves en el Tribunal Supremo.

En las actuales circunstancias, ERC no quiere desaprovechar la histórica ocasión de hegemonizar el nacionalismo en Cataluña, sobrepasar –vapuleándolos- a los exconvergentes y colocar a su líder –Oriol Junqueras- en la presidencia de la Generalitat. Puigdemont ha entrado en una fase megalómana y no se conforma con ser el cabeza de lista del PDeCAT al que las encuestas auguran un cuarto o quinto puesto en el ranking del 21 de diciembre, es decir, una auténtica hecatombe electoral.

Carles Puigdemont durante una rueda de prensa en Bruselas. (EFE)

Puigdemont o es cabeza de lista de una ruinosa y tumultuaria agrupación de electores –ya se ha sobrepasado el plazo para presentar coaliciones- o no concurrirá como candidato de su partido. Y es muy probable que suceda esto último, es decir, que en Cataluña se elija a un nuevo presidente de la Generalitat mientras el cesado y fugado político de Girona sigue en Bruselas o en prisión, en donde ingresará de inmediato cuando sea devuelto por Bélgica.

La lucha en el secesionismo, transido de contradicciones, deslealtades, astucias frustradas y expectativas incumplidas, tiene naturaleza cainita como ha escrito nada menos que Felip Puig en ‘La Vanguardia’ el pasado día 6. El que fuera uno de los hombres fuertes del “pujolismo” y del “masismo” ante el panorama que observa en Cataluña, escribe: “Veo pasar en mi imaginación los hilarantes, aunque reales y trágicos, fotogramas de la lucha partidista tan bien retratados por Monthy Python en `La vida de Brian´”.

Es más: Puig augura que el secesionismo representará (ya lo hace) esa performance del grupo humorista británico si no hay lista única que agrupe a todos –desde Puigdemont a ERC pasando por ‘los Jordis’- para alcanzar “el 60% de los votos y 90 diputados en el Parlament de Catalunya. Mayoría y legitimidad. Mayoría absoluta indiscutible en el Parlamento, gobierno de unidad hasta alcanzar el referéndum legal, consecuente lista unitaria a las elecciones a las Cortes españolas. Síntesis y unidad, o Monty Python”. La impresión en este momento –insisto: mucho más después del auto del magistrado Llarena– es que en Cataluña se va a producir una tragicomedia al estilo de “La vida de Brian”. No lo digo yo, lo dice Felip Puig.

El proceso independentista ha sido un inmenso fiasco. Pero no un fiasco inocuo sino de gravísimas consecuencias. No son las menores los sentimientos de frustración que ha sembrado en la sociedad catalana que le atribuyó viabilidad. Cuentan, y mucho, las desastrosas consecuencias económico-empresariales que ha comportado, la fractura social en la sociedad catalana, el ridículo internacional del expresidente de la Generalitat, solo secundado por los sectores más atrabiliarios y radicales de la Unión Europea, la emergencia de la identidad española en Cataluña que ha bajado a la calle impulsado por el autoritarismo autocrático del independentismo y la rehabilitación del Estado de derecho respaldado inequívocamente por el PP, el PSOE y Ciudadanos, con el consecuente castigo al Podemos de Iglesias por su oportunismo prosecesionista.

Es muy probable que los últimos recursos de la fraudulenta narrativa secesionista –ahora, los presos– se agote a no tardar mucho. El Tribunal Supremo acumulará todas las causas y resulta muy verosímil que tanto los presidentes de ANC como de Òmnium Cultural, Junqueras y los exconsejeros salgan de la cárcel y los separatistas se queden sin discurso y, sobre todo, sin credibilidad. O solo con una proclamación simbólica de la república catalana y una intensa sensación de ridículo sólo a ellos atribuible. Y que unos Monty Python contemporáneos podrían utilizar como guion para una de sus tragicomedias.

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De Bescansa a Dante Fachin: Podemos se le va de las manos a Iglesias

Discúlpenme la cita: el pasado día 5 de septiembre, escribí en este mismo espacio que “Cataluña devora a Iglesias”. Afirmación que deduje de la ‘cena de patriotas’ que el líder de Podemos había mantenido en secreto en el domicilio barcelonés de Jaume Rouresdesvelada por El Confidencial— después de la manifestación del 26-A contra los atentados de Barcelona y Cambrils. En el encuentro participaron Oriol Junqueras y Xavier Domènech. Urdieron algo más que un plan: una estrategia cuyo alcance está aún por desvelarse por completo. Pero, entre tanto, Pablo Iglesias ha ido de tumbo en tumbo y ha terminado por entregar el Podemos catalán (Podem) a la irrelevancia, dejándolo como mero apéndice del partido de Colau.

La fotografía de los fundadores de Podemos se asemeja a una esquela: faltan más de la mitad de los que iniciaron la travesía populista de esta izquierda que Iglesias ha convertido en una máquina de triturar compañeros de partido. Albano Dante Fachin, un político radical apadrinado por el líder supremo de los morados, uno de los ‘monstruos’ políticos de la factoría leninista de Iglesias, dimitió ayer de la secretaría general de Podem, se dio de baja del partido y anunció que fichará, seguramente, por una opción secesionista. Una decisión coherente con la furibunda y casi ridícula intervención en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre cuando se proclamó —porque se proclamó— la virtual república catalana. La intervención del político de origen argentino —integrado en el grupo de CSQEP— mejoró en fundamentalismo al de los separatistas de tronío y preludió su enfrentamiento total con Iglesias.

Hace unos días, el sector anticapitalista de Podemos reconocía la virtual república catalana. Aunque Teresa Rodríguez y el alcalde de Cádiz se desmarcaron, no lo hizo Miguel Urbán, el dirigente que aglutina a los anticapitalistas que el líder supremo tampoco controla. De tal manera que, entre Albano Dante Fachin y los anticapitalistas, a Podemos se le han ido por el sumidero separatista cientos de miles de votos. De lo que alertó el pasado día 25 de octubre Carolina Bescansa, también fundadora de Podemos. La socióloga, que previamente había sido sustituida en la Comisión Constitucional del Congreso por la omnipresente y omnipotente Irene Montero, dijo que a ella “le gustaría que Podemos hablase más de España y de los españoles y no solamente de los independentistas”. Puso en duda que el partido tuviera un “proyecto” general para el país y adujo que otros muchos dirigentes piensan como ella. No la secundó explícitamente más que Luis Alegre, alejado del partido, dedicado a otras cosas, después de la decepción de comprobar cómo el ‘errejonismo’ era duramente tratado después de la derrota —corta derrota— en Vistalegre II.

Por un lado, Dante Fachin y los anticapitalistas como expresiones radicales de extrema izquierda en connivencia con los secesionistas más ultras (la CUP y la izquierda de ERC) y por otro, Carolina Bescansa —sola y en esforzado trabajo político sin la más mínima ayuda del aparato— representando la alternativa más sensata de Podemos. Y en medio, un líder como Iglesias que ha perdido el control de la situación casi por completo y que predica para los demás los consejos que no se aplica a sí mismo. Su especialidad es la purga valiéndose de Pablo Echenique, que sustituyó, recuérdese, a otro hombre de primera hora de Podemos: Sergio Pascual.

[Amnistía y Govern “legítimo”: los ‘comuns’ se escoran hacia el bloque independentista]

Corre por las redes sociales un montaje: la fotografía de los fundadores de Podemos. Tachados con un aspa roja los depurados: Monedero, Errejón, Alegre y Bescansa. La cuestión es que la victoria de Pablo Iglesias en Vistalegre II ha sido pírrica. Le emborrachó de poder y él se ha convertido en un conductor suicida: circula en sentido contrario al de sus electores. De ahí que la caída en las encuestas sea muy pronunciada, hasta el punto de que, algunas, ya presentan a Ciudadanos por delante de los morados.

La cuestión es que en un asunto crucial como la crisis de Cataluña, Iglesias ha sido seducido por los comunes, entregando la organización a Colau y Domènech y asumiendo sus postulados de máxima ambigüedad. Y de la ambigüedad surgen, por un lado, los insensatos como Dante Fachin, pero también los discursos realistas como el de Bescansa. Y en medio, la nada. Pablo Iglesias, que con una mano purga a la política gallega y con otra fulmina a Dante Fachin. Mientras, Íñigo Errejón calla estratégicamente hasta que hable. Que terminará hablando. Porque veremos cómo los comunes e Iglesias terminan apoyando, si las mayorías dan para ello, en la presidencia de la Generalitat al ahora encarcelado Oriol Junqueras. De aquella cena, estos propósitos, pero sin los gritos de Dante Fachin y contra las advertencias de Carolina Bescansa.

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Los políticos presos y un relato fraudulento

Lo que ha ocurrido en Cataluña estos últimos años lo define perfectamente Lauren Habid en ‘La comunicación transformativa’: “Una única vía pareció imponerse a los comunicantes: hablar más rápido y más fuerte sin escatimar nunca en materia de emociones, a riesgo de coquetear con la mentira”. El gran éxito del independentismo pareció siempre su especial capacidad para hilar un relato épico, ético y estético. Y, desde luego, para jugar con la astucia, con el regateo al Estado, con las leyes y con su propia impotencia. El viaje a Ítaca ha sido una suerte de ‘storytelling’ tal y como desgranó en el libro del mismo nombre Christian Salmon que subtituló su obra así: “La máquina de fabricar historias y formatear las mentes”. Para el autor, el relato se comporta en la sociedad como un “instrumento de control”, en un “arma de distracción masiva”. Va más allá de la posverdad y compone una suma de manipulación y mentira. Y ha creado un “marco de referencia” –en palabras de George Lakoff– que determina “nuestro modo de razonar y lo que se entiende por sentido común”.

He querido aportar las referencias académicas anteriores para tratar de demostrar que el gran hallazgo de la narrativa secesionista no es otra cosa que la aplicación práctica de técnicas muy conocidas. El grave problema de estos procedimientos narrativos que buscan la persuasión, el convencimiento y la creación de percepciones se produce cuando se divorcian de la realidad y el relato se hace autónomo de los hechos y vaga por el vacío de las palabras, las consignas y las ensoñaciones. Sin un fuerte anclaje de la narración en la realidad, se crea una virtualidad por completo fraudulenta. Y eso es, exactamente, lo que ha ocurrido en Cataluña. Y quienes han sido sumergidos en esa irrealidad descubren ahora que la ensoñación resultó una estafa.

La narrativa catalana reivindicativa tenía –y seguirá teniendo– una base de realidad que, aunque discutible, puede argumentarse sin necesidad de introducir variables de marketing. Pero cuando esa fundamentación fáctica se convierte en hiperbólica y se presenta como legitimadora de soluciones radicales y rupturistas, que serían, además, las únicas posibles, se consuma el fraude y, como ahora ocurre, deviene la frustración colectiva. Tratar de prolongar este relato –como ha ocurrido esta semana con la infausta rueda de prensa de Carles Puigdemont en Bruselas y ahora con las prisiones provisionales decretadas el jueves– introduciendo quiebros y requiebros conduce al descrédito total. Los medios internacionales que acudieron a la cita belga del expresidente de la Generalitat no ahorraron metáforas hirientes a su comparecencia, porque cuando la deriva de la narrativa se introduce en la excentricidad provoca el efecto contrario al pretendido: falta de credibilidad y, a la postre, desprecio. No hace falta, por eso, que Artur Mas, Mas Colell, Marta Pascal, Santi Vila o Benet Salellas reconozcan ahora que la independencia nunca fue posible. Ya lo sabíamos.

El encarcelamiento del exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros reanuda el relato, pero lo hace ya cuando todo está perdido y la argamasa unitaria ahora ha pasado de ser la propuesta independentista a otra de amnistía. Es posible que estos presos y “los Jordis” sean piezas de convicción para plantear el 21-D de un modo ferozmente polarizado y plebiscitario, pero la oferta independentista como tal se ha agotado y su narrativa no da más de sí. Acaso solo para seguir adjetivando negativamente al Estado que tanto subestimaron los independentistas. Podría darse el caso de que ni siquiera la solidaridad que provocan habitualmente los compañeros de fatigas en la cárcel sea suficiente para que un fragmentado secesionismo se una en lista única en las elecciones de diciembre. Puigdemont desde Bruselas –o desde donde realmente esté– es un misil que impacta en la coherencia del relato tan compacto en otro tiempo.

Concentración de apoyo a los exmiembros del Govern de Cataluña encarcelados. (EFE)

Aquí no hay culpables únicos o exclusivos. Pero los unos lo son más que los otros y, en particular, los que han infringido la ley y han tenido posteriormente una reacción adolescente e irresponsable: les sorprende que tras intentar tumbar al Estado en Cataluña su comportamiento no resulte impune como si la política fuese una jungla sin normas ni compromisos. Cataluña ha estado sometida a una autocracia (la ha dirigido mucho más el sanedrín de Mas y Puigdemont que las instituciones) y a un limbo jurídico que ha provocado la repugnancia intelectual de propios y extraños, pero no de los impecables demócratas que en los medios y en la política –algunos desde las bambalinas– han estafado a un pueblo dejándolo como un erial político, cívico y económico. Además ha concurrido un rasgo destructivo: la soberbia, la creencia estúpida de la superioridad y la subestimación despectiva del adversario. Esto no es nuevo en la historia de Cataluña.

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Dos autos de inspiración bruselense

Ni sombra de duda en las dos resoluciones —un auto para Junqueras y siete consejeros y otro para Santi Vila— de la magistrada Carmen Lamela: prisión incondicional para todos los miembros que fueron del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, mientras su presidente y cuatro titulares de departamentos del Consejo Ejecutivo son ya prófugos de la Justicia. A la titular del Juzgado Central nº 3 de la Audiencia Nacional le parece que en los imputados concurren indiciariamente los delitos que el fiscal detalla en su querella: rebelión, sedición y malversación de fondos.

Pero la clave más importante que motiva sus resoluciones es el riesgo de fuga, que percibe como muy verosímil en los investigados, explicándolo con estas palabras: “Tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados, que les permite abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero. En este punto, baste recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pudieron haber incurrido. Además, los investigados vienen operando dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas con poder y capacidad para auxiliarles en su posible huida de la justicia”.

Blanco y en botella: sin mentar al expresidente de la Generalitat, la magistrada se está refiriendo a Carles Puigdemont y a los cuatro consejeros que le acompañan y que estarían atrincherados en Bélgica. Es lógico preguntarse cómo subsisten allí y con qué apoyos cuentan y, al mismo tiempo, resulta coherente sospechar que si Puigdemont y cuatro consejeros han huido, nada impediría que pudieran hacerlo los que aquí se quedaron.

La irresponsabilidad egoísta del expresidente de la Generalitat ha consistido en atribuir su fuga a una estrategia no solo personal sino también colectiva, lo cual lleva a la magistrada a concluir que no puede dejar en libertad a los imputados, que formarían parte de una estructura organizada. Es indicativo que el letrado de dos miembros aforados, Xabier Melero, confirmase rotundamente que la huida de Puigdemont perjudicaba seriamente a todos los imputados.

Pinche para leer el auto de la jueza Lamela.

Al margen de este razonamiento que tiene peso —la sombra bruselense—, el auto es de un apriorismo excesivo, al expresar indicios como certezas y no explicar suficientemente los otros riesgos que imputa a los investigados: la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva. La magistrada no ha tenido en cuenta que todos ellos han sido cesados de sus cargos, que la Generalitat ha sido intervenida y que la policía catalana está bajo el control del Gobierno, así como las finanzas autonómicas.

Llama la atención también que Carmen Lamela considere que no se vulnera el derecho de defensa por la rapidez entre la notificación de la querella y la comparecencia (solo un día), un aspecto de la cuestión crucial que ha llevado al instructor del caso en el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, a aplazar una semana la declaración de Carme Forcadell y cuatro miembros más de la Mesa del Parlamento catalán.

El contexto político ha cambiado, y con él el mapa de riesgos en Cataluña, y esas variaciones no aparecen reflejadas en los dos autos de la magistrada, pese a resultar argumentos (que también son jurídicos además de políticos) de mucho peso, porque la irrupción del artículo 155 y la convocatoria de elecciones —a las que todos los grupos, incluidos los independentistas, han asegurado se presentarán— introducen variables de sustancial importancia y provocan una auténtica novación de carácter técnico que merecía una valoración que Carmen Lamela ha eludido. Su decisión, por lo tanto, es entendible solo en parte, pero, en las actuales circunstancias, con la situación en Cataluña controlada, aparece como incongruente. Incongruencia en la que ha incurrido también el ministerio fiscal, aplicando un criterio en la Audiencia Nacional y otro en el Supremo.

Los jueces y tribunales no se deben atener al principio de oportunidad sino a los criterios técnico-jurídicos y a la valoración en conciencia de las pruebas que se acumulan en el proceso. El uso alternativo del derecho es rechazable, pero es exigible que las resoluciones de tanta trascendencia no incurran en omisiones argumentales tan ostensibles como las que se perciben en los autos de Carmen Lamela.

Desde otra perspectiva, la prisión de Junqueras y los demás consejeros agitará la situación y servirá a Puigdemont para continuar su relato victimizado y manipulador de la realidad del sistema judicial español, haciéndolo, además, en un país con un cierto síndrome de superioridad moral y muy sensible a los movimientos independentistas, especialmente el flamenco. No obstante, guste o no la resolución, es legítima, y debe ser acatada aunque pueda ser recurrida y, en su caso, revocarse por la Sala de la Audiencia Nacional.

Sería, en fin, muy deseable que esta causa en el Juzgado Central nº 3 se acumulase lo antes posible a la que instruye el magistrado Llarena del Tribunal Supremo y sea el máximo órgano jurisdiccional el que dicte sentencia conjunta en ambos, porque la querella es igual para los aforados y para el exvicepresidente y consejeros del Gobierno catalán. Nada peor que resoluciones contradictorias sobre presupuestos de hecho iguales.

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Puigdemont, de Bruselas a Soto del Real

Puede que el desplazamiento –tan clandestino- de Puigdemont y cinco de sus exconsejeros no sea una fuga, pero parecerlo, lo parece. Cuando se redacta este texto (tarde noche del lunes) el expresidente de la Generalitat y sus acompañantes no habían dado señales de vida. Ni siquiera hay confirmación de que estuvieran en la capital de Bélgica. Consta que se trasladaron de Barcelona a Marsella en coche y volaron desde allí hasta la ciudad comunitaria. En donde podrían haberse acogido al deplorable pabellón político de la N-VA, un partido flamenco y de corte extremista uno de cuyos representantes en el gobierno belga, Theo Francken -¡qué casualidad!- sugirió el domingo la posibilidad de dar asilo político al político catalán.

No parece una casualidad que el viaje de marras –esperemos a confirmar o desmentir que sea una huida– coincidiera con la interposición de la anunciada querella del Fiscal General del Estado contra Puigdemont y sus consejeros no aforados ante la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, subsidiariamente de sedición, y malversación de fondos públicos. Delitos que conllevan penas de cárcel que provisionalmente pediría el ministerio fiscal y que ahora seguro que lo hará porque el que fuera presidente catalán ha incurrido en uno de los supuestos que justifican la prisión provisional: el riesgo de fuga. Así que si regresa Puigdemont de su excursión belga quizás lo haga para ingresar en Soto del Real. Bien visto tendría lógica: ‘los Jordis’ llevan semanas allí por hechos de menor entidad que los que el fiscal atribuye al ex presidente de la Generalitat.

El día de ayer, por razones de estética, ética y dignidad, requería que Puigdemont estuviese en Barcelona junto a los aturdidos cargos cesados por el Consejo de Ministros y próximo al independentismo al que ha sumido en el peor de los desconciertos. Pero el expresidente de la Generalitat no estuvo cuando el nuevo superior de los Mossos d´Esquadra despachaba con el ministro del Interior. Tampoco cuando Carme Forcadell acataba el 155 y suspendía la mesa del Parlamento prevista para hoy. No estuvo el día en que los consejeros que no le acompañaban en su escapada asumieron su cese. El día que las ‘embajadas’ de la Generalitat permanecían cerradas; la jornada en la que su representante en Bruselas – Amadeu Altafaj- presentaba su renuncia. Las horas en las que su partido y ERC se reunían para aceptar participar en las elecciones del 21 de diciembre próximo y el sindicato independentista de turno desconvocaba la huelga de protesta. En definitiva, Puigdemont no estaba en Barcelona cuando se desplomaba la moral de independentismo.

Si hacemos caso al cantautor Llach, el expresidente de la Generalitat se ha ido a Bruselas a convertirse en un remedo de Tarradellas (¡qué más quisiera!), en un mártir de la causa, en la lucecita del Palau en el exilio, todo él instalado en la épica de un relato narcisista que ya empacha. Si todo este montaje forma parte de la creatividad cromática, festiva, pacífica, democrática y reivindicativa del ‘marketing’ secesionista, habrá que ver qué piensa Junqueras, Forcadell y otros sobre los que han recaído querellas como losas. El capitán es el último que abandona el barco; el líder es el que da la cara; el jefe es el que le echa valor a sus decisiones. En todo caso, un ‘expresident’ de la Generalitat no debe ni puede sumir, aún más de lo que ha hecho, en el desconcierto y el bochorno a sus seguidores.

Alguien susurra que a Puigdemont le han dado dos ataques de pánico: el primero, el jueves cuando no se atrevió a convocar elecciones y el viernes Rajoy le comió la merienda. Y el domingo, cuando se le apareció José Manuel Maza en carne mortal. Debió pensarlo el expresidente y su cohorte de colaboradores: cuando se juega con el Estado la única opción es la de ganar. Si no se consigue se está a las consecuencias. Ese es el principio de la responsabilidad más elemental. Convertirse en una figura patética no resulta grato ni para quienes Puigdemont les parece un personaje muy menor que ha alcanzado desde hace tiempo su máximo nivel de incompetencia.

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El ‘president’ de la Generalitat, Rajoy y los nueve espectaculares logros del separatismo

Ayer y el jueves la mayoría del Parlamento de Cataluña reiteró el comportamiento bochornosamente antidemocrático que ya inició los días 6 y 7 de septiembre. La declaración unilateral de independencia de Cataluña era previsible desde que la coalición gobernante y la CUP aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica y el Gobierno de la Generalitat logró celebrar un remedo de referéndum el pasado día 1 de octubre. La consternación y el vértigo, que puede atenazar a la mayoría de los españoles y a buena parte de los catalanes, se corresponde con la efímera euforia de los separatistas que se darán de bruces, antes o después, con la dura realidad. Tras la intervención de Rajoy a las 20.15 horas de ayer, en la Generalitat se helaron las sonrisas: el presidente de España se convirtió en minutos en el de la Generalitat de Cataluña.

Esta independencia virtual y desastrosa de Cataluña ha tenido un impulsor burgués (Artur Mas), un ejecutor carlista (Puigdemont), un oportunista (Oriol Junqueras) y una estrategia revolucionaria (la CUP). Una combinación de conveniencia para un enfebrecido secesionismo emocional e hiperbólico que procura, sin embargo, una serie de “logros” que, a modo de efectos secundarios, se irán produciendo.

Son los siguientes:

1) Con un golpe de audacia que no tuvo Puigdemont, el presidente del Gobierno ha disuelto el Parlamento de Cataluña y convocado elecciones el día 21 de diciembre. Es la mejor medida y la que más temen los independentistas, que la obviaron cuando aún la tenían en su mano. Vamos a contar a estos y aquellos catalanes sin más dilaciones. Con unos comicios de verdad.

2) El independentismo ha fracturado la sociedad catalana. Se ha acabado la convención un tanto farisaica según la cual en Cataluña habitaba un ‘sol poble’. La realidad es que Cataluña ha actuado contra Cataluña y el primer problema de los separatistas es la mayoría de sus conciudadanos que no comulgan con el golpe de Estado perpetrado ayer.

3) La independencia virtual de Cataluña desmantela su autonomía, que arrancó con el primer Estatuto de 1979 y siguió con el de 2006. Los secesionistas deben interiorizar que tardarán muchos años en volver a los niveles de autogobierno de que la comunidad disponía hasta ayer. La deslealtad no conducirá a un planteamiento futuro de mayor entendimiento, sino a otros menores. El futuro no será retroactivo para Cataluña.

4) El secesionismo legitimó ayer –si falta hiciera– la activación de las medidas del artículo 155 de la Constitución que son de aplicación a partir de hoy mismo y a las que solo puede reprocharse que llegan tarde. Y legitima la ejecución de las disposiciones que ayer aprobó el Consejo de Ministros, así como las responsabilidades penales que se exigirán a quienes han impulsado y ejecutado el golpe de Estado jurídico ayer perpetrado.

5) La declaración virtual de independencia no solo ha fracturado a la sociedad catalana sino que ha puesto en riesgo cierto a su economía. Las empresas –y los bancos catalanes– ya “votaron con los pies” yéndose con la intención de no volver. El ‘efecto Montreal’ se intensificará a partir de hoy (lo que ocurrió en Quebec: que la hegemonía económica pasó de la capital a la ciudad de Toronto). Madrid o Valencia se configurarán en poco tiempo como los polos financieros y empresariales de España.

6) Ha de agradecerse a los secesionistas que la izquierda española (el PSOE) se haya alineado con el Estado de derecho y específicamente con la unidad de España, lo cual no es un “logro” menor. Ha de agradecerse también a los independentistas que hayan hecho aflorar serias fisuras en Podemos, partido en el que un núcleo importante de dirigentes está firmemente adherido al criterio de Carolina Bescansa y Luis Alegre, según el cual su organización ha prestado más atención a los separatistas que al resto de los españoles. Ya lo he escrito antes: Cataluña ha devorado a Pablo Iglesias.

7) La secesión virtual de Cataluña pone en valor la intervención del Rey, que ha sido el único magistrado del Estado que con palabras nítidas y terminantes advirtió a los separatistas de su “inadmisible deslealtad”, alentó a actuar a los “legítimos poderes del Estado” y alertó a la comunidad internacional gracias a su prestigio y reputación. Nunca antes el Rey resultó ser más jefe del Estado que en estos momentos.

8) Los independentistas han cohesionado a la Unión Europea en el respaldo al Estado de derecho español y a las decisiones de sus legítimas autoridades. La tríada de vivas de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, el pasado día 20 en Oviedo (a Europa, a España y al Rey) bajo la atenta mirada de Juncker y Tusk relevan de cualquier otro comentario adicional. Salvo señalar que EEUU se ha volcado ahora en la estabilización de España.

9) Por fin, hemos de reconocer que los independentistas catalanes han conseguido otro “logro” histórico: normalizar la bandera de España como símbolo de progreso y de europeísmo, desposeerla de estigmas anacrónicos y despertar la identidad española en las generaciones que no vivieron el franquismo y que serán en los acontecimientos venideros poco proclives a participar de determinados complejos que han propiciado la dilución del Estado en Cataluña. El domingo, la manifestación constitucionalista, con Iceta del PSC, mejorará la envergadura de la del 8 de octubre pasado.

Ahora la cuestión, con todos esos datos a favor del Estado y de España, consiste en que el Gobierno sepa cumplir con su obligación de manera competente y eficaz, reintegrando al orden constitucional a Cataluña y guardando la reputación de nuestro país. Y el objetivo es claro: ganar para la integridad de España las elecciones del 21 de diciembre.

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“¡A ver a quién le da más vértigo!”: a nosotros, presidente

Lo recuerda en un artículo lúcido (“España indefensa”. revista ‘El Cronista’, 71-72, de octubre-noviembre) la catedrática de Derecho Internacional Público Araceli Mangas. “La única respuesta de Rajoy al desafío soberanista fue en su mismo tono pandillero (17 de diciembre de 2013): “A ver a quién le da más vértigo”. Los sediciosos han demostrado que no lo tienen, que van a por todas pues controlan la calle adoctrinada y las instituciones. Quien siente vértigo es el pueblo español, los empresarios, toda España y su jefe de Estado. El presidente Rajoy se ha ocultado en cada momento tras los fiscales, los jueces, el Tribunal Constitucional, el Rey, la ciudadanía española, los empresarios. Nada hay más frágil que un Estado cuyo Gobierno no lo sabe defender”.

El criterio de Araceli Mangas es ampliamente compartido. Rajoy ha perdido la apuesta del vértigo porque los españoles y sus instituciones tienen mucho que perder y los independentistas insurrectos ya muy poco. ¿Cuándo se produjo el punto de inflexión en el que el Estado se desarmó y el independentismo ganó terreno? Sin duda cuando tras las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre, durante las que la Cámara catalana aprobó las leyes de desconexión derogando la Constitución y el Estatuto, se respondió desde el Ejecutivo de manera rutinaria: a través del TC. En realidad, aquella semana debió activarse el artículo 155 sin esperar a que los acontecimientos fueran a mayores.

No solo eso: el Gobierno naufragó el 1 de octubre, obligó al Rey a pronunciarse en unos términos rotundos el día 3, la sociedad civil catalana que no comulga con los nacionalistas se echó a la calle el 8 de octubre y el día 10 Puigdemont comenzó el juego del ratón y el gato con el Estado dejando en el aire si había o no declarado la independencia. Tras dos requerimientos, esta semana —una semana que ofrece al independentismo un amplio margen de maniobra para la escenificación de sus propósitos— el Senado (salvo error u omisión) pondrá en marcha medidas al amparo del 155 de la Constitución. El otro gran vértigo es el siguiente: ¿podrá aplicarlas el Ejecutivo o la resistencia numantina que están preparando los secesionistas lo impedirá?

Tomo las palabras de Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo y director de la revista a la que he hecho referencia al comienzo de este artículo: “Si la coacción legítima del Estado no se pone en duda, la arquitectura del sistema institucional en el que se apoya nuestra convivencia, no se resentirá. Si se ofrece resistencia y el Estado no se impone, quedará abatido en las zonas de su territorio donde esto ocurra. Estaremos en tal caso ante la emergencia de otro soberano”. En otras palabras: el principio de efectividad se habrá impuesto al de la legalidad y legitimidad estatales y comenzará un principio del fin.

De momento, el escenario que se ha creado es el ideal para la exacerbación del victimismo y el regodeo —tan del gusto de los sediciosos— en el fracaso por supuesta opresión estatal. El encarcelamiento de ‘los Jordis’ —debido a una versión judicial fundamentada frente a los que la impugnan con la boca pequeña— y la activación del 155 resultan los mejores mimbres para confeccionar el cesto argumental de lo que Javier Marías (con su habitual maestría argumental) ha denominado “Palabras ofendidas” (‘EPS’ del pasado domingo).

Merece la pena transcribir las reflexiones del académico: “La de las palabras manoseadas y profanadas es la mayor ofensa y la mayor falta de respeto. Más incluso que la tergiversación de los números, practicada cuando en las últimas elecciones catalanas un 47% o 48% quedó convertido por los caciques y los cazabrujas (no por todos los independentistas) en una ‘mayoría nítida’ y un ‘claro mandato’ del pueblo entero. Ese fue ya el aviso de que nos encontramos, en efecto, ante émulos de Mussolini que extrañamente se dicen oprimidos, sin libertad y humillados, y cometen la infamia de llamar ‘fascistas’ a sus venideras víctimas”.

El aquelarre victimista de estas últimas 48 horas en Cataluña es poco menos que insoportable. El quebranto de la verdad, inaceptable, y la manipulación tan burda como reiterada. La posibilidad, además, de que el PSC-PSOE se quiebre y huya del precario alineamiento constitucionalista introduce una incógnita perniciosa. “A ver a quién le da más vértigo”, se preguntó Rajoy en 2013. La respuesta es concluyente: a nosotros, señor presidente. A usted mismo, señor presidente. Puigdemont, puesto en lo peor, ya cuenta con dormir en la cárcel de Figueres.

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Rivera y el ‘espanyol emprenyat’

Mi colega y amigo Carlos Sánchez se preguntaba el domingo “qué diablos le pasa a Albert Rivera”. Había algunos motivos para plantearse la cuestión. Desde hace semanas, efectivamente, el líder de Ciudadanos venía exhibiendo un discurso ostensiblemente más intenso y duro en relación con los acontecimientos de Cataluña. En simultáneo, Cs se despegaba del Gobierno que estrechaba relaciones con el PSOE, mostrando Rajoy-Sánchez una inédita sintonía. Rivera no se ha apartado del bloque constitucionalista pero ha hecho su discurso muchos más autónomo y quirúrgico.

Frente al modelo pactista para salir de la crisis catalana –reforma constitucional con incremento eventual de autogobierno–, Ciudadanos propone una alternativa distinta: aplicación del 155 a ritmo vivo y replicante a la conducta sedicente del independentismo y convocatoria de elecciones autonómicas planteando en la campaña una abierta confrontación con las tesis separatistas, incidiendo en un punto que considera clave: intervenir en el sistema educativo catalán en la medida en que es uno de los laboratorios de socialización y reproducción del nacionalismo en Cataluña.

Rivera fue el único líder nacional que, al lado de Vargas Llosa y Josep Borrell, acudió a la manifestación de Barcelona del pasado 8 de octubre y tanto él como algunos otros dirigentes de Ciudadanos se han convertido en la diana de la intolerancia secesionista en la que cuenta desde el corte de mangas en el Congreso a Toni Cantó, protagonizado por una diputada exconvergente, hasta las agresiones a las sedes del partido en Barcelona, pasando por el hostigamiento al negocio comercial de los padres de Rivera. De quien Rajoy no debería “fiarse” según Pablo Iglesias, lo que quizás sea la mejor de las razones para prestar crédito al líder naranja.

Rivera, Inés Arrimadas, Cifuentes, Monserrat y Millo en la manifestación de Barcelona. (EFE)

Lo que ha detectado el presidente de Ciudadanos y su plana mayor es que los movimientos de opinión más profundos en la sociedad española exudan hartazgo, fastidio y humillación ante el prolongado comportamiento insurrecto del independentismo catalán. Se trata de una sensación que se ha manifestado en el espectáculo, nunca antes visto, de la España que ha colgado la bandera nacional en sus balcones y ventanas y que no las retira desde la primera semana de octubre. Tampoco se reconoce en los estereotipos que el independentismo catalán ventea ofensivamente en el circuito internacional. El ‘català emprenyat’ (cabreado) ha logrado crear una legión de ‘espanyols emprenyats’, o sea, igualmente enardecidos.

Lo que, seguramente, piensa Rivera es que esa España de las banderas, zarandeada por la contumacia independentista, no quiere que la solución para la crisis de Cataluña, si es que la hay, sea ofrecer una nueva negociación favorable a los futuros interlocutores del nacionalismo catalán, sino construir un Estado diferente al actual pero con una visión históricamente distinta a cómo se hizo en la transición en relación con los mecanismos de poder de que disponen tanto Cataluña como el País Vasco.

Puigdemont se ha alzado ya como el personaje político que más ha trabajado por una nueva nacionalización de España. Se decía que las políticas de Rajoy fabricaban independentistas. Es tan cierto cierto que las de la Generalitat insurrecta han despertado una identidad española que parecía hasta ahora casi proscrita. Y que está mucho más dispuesta –llegados a este punto– a confrontar fuerzas antes que dar por hecho y sentado que el separatismo tiene sobradas razones para serlo.

Las encuestas –ahora muy volátiles– indican un desplome de Podemos (inevitable dada la errática dirección de Pablo Iglesias), un sostenimiento al alza del PSOE, descenso del PP e incremento sustancial de Ciudadanos. Y es que Rivera ha conectado con la España harta y humillada (el vilipendio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña no se ha borrado de la retina colectiva de millones de españoles, ni la emboscada al Rey en la manifestación del 26-A) y le está poniendo voz heterodoxa, con propuestas que se salen del carril convencional, que plantean un cara a cara con el independentismo, que no encuentran motivos para la parsimonia de Rajoy, ni tragan ya con el famoso “relato” secesionista.

Rivera y su partido están en este registro y debe reconocerse, a poco que se pise la calle, que una parte importante de los españoles que por edad no están empapados de los apriorismos, prejuicios y complejos del posfranquismo, observa al líder catalán y a su organización como una opción de resistencia ante la inercia histórica que registran los partidos del turno –PP y PSOE– y los sectores sociales que asumen como natural que la crisis catalana desemboque inevitablemente en otro pacto de conveniencia. Esa lógica es la que Rivera y su partido no asumen en sintonía con un gran número de electores que tampoco lo hacen. Porque están ‘emprenyats’.

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De la profética carta de Tarradellas (1981) a la patética de Puigdemont (2017)

El 16 de abril de 1981, ‘La Vanguardia’ publicaba la carta privada que Josep Tarradellas, ya sin ninguna responsabilidad política en la Generalitat, remitió a su entonces director, Horacio Sáenz Guerrero. El periódico desvelaba el texto porque había corrido antes fotocopiado por la ciudad de Barcelona, llegándose a poner en duda su autenticidad. La misiva se ha convertido en un relato canónico de la Cataluña estatutaria y, por sus pesimistas predicciones, puede considerarse profética.

Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, había sido repuesto en el cargo por Adolfo Suárez, que dictó un decreto en septiembre de 1977 reinstaurando las instituciones históricas del Principado. El pacto Suárez-Tarradellas, con la intervención tutelar del Rey y la pericia de varias personalidades, fue un ejemplo de orfebrería política y una referencia del pactismo que presidió luego toda la transición. El 23 de octubre de ese mismo año —pronto hará cuatro décadas—, Tarradellas pudo gritar desde el balcón de la Generalitat: “¡Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!”. No exclamó ‘catalanes’ sino ‘ciudadanos’, iniciando toda una época en el entendimiento del catalanismo político.

Sin embargo, en 1981, poco tiempo después del frustrado golpe de Tejero y tras los primeros compases del primer Gobierno de Jordi Pujol, Tarradellas confesaba en su carta al director de ‘La Vanguardia’ su “presentimiento” de que se iba a otra etapa “que nos conducirá a la ruptura de los vínculos de comprensión, buen entendimiento y acuerdos constantes que durante mi mandato habían existido entre Cataluña y el Gobierno”. El que luego sería primer marqués de Tarradellas (1985) recordaba en la misiva a Sáenz Guerrero de qué forma se opuso a la asonada de Companys en 1934 constatando que “la exaltación de un nacionalismo exacerbado pudo más que la opinión de aquellos que preveíamos, como así ocurrió, un fracaso rotundo”.

Tarradellas, en síntesis, hacía una dura crítica a las primeras medidas del Gobierno de Pujol, denunciaba el victimismo, aconsejaba a las autoridades catalanas que no se condujeran “ni con orgullo ni con frivolidad” y terminaba con esta muy célebre reflexión: “Nuestro país es demasiado pequeño para que se desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos”. En conjunto, el político más sensato, patriota, constructivo y sabio que ha tenido Cataluña y, en general, toda España en estos últimos 50 años, advertía de los riesgos que adivinaba en la política cerradamente nacionalista de Pujol, al que atribuía intencionalidades que, con el tiempo, han quedado acreditadas.

Adolfo Suárez y Josep Tarradellas.

Si la carta de abril de 1981 de Josep Tarradellas fue profética, adelantada, intuitiva de lo que podía ocurrir en Cataluña, la de ayer de Puigdemont al presidente del Gobierno fue enteramente patética. Porque, además de confirmar punto por punto los ‘presentimientos’ pesimistas de su antecesor, no contentó ni a los suyos (los independentistas), ni mucho menos a los demás, y, por supuesto, al Gobierno y a los tres partidos constitucionalistas. Todo lo que construyó Tarradellas hace 40 años lo entierra malamente la carta de Puigdemont.

Y lo hace con argumentos escapistas, planteamientos contradictorios, victimismo, confusión y con el mesianismo de este inédito autócrata de Cataluña que carece de cualquier noción de lo que sea una verdadera democracia representativa presidida por la legalidad constitucional. Puigdemont desconoce el principio de realidad, lo que es gravísimo, pero, aún peor, es incapaz de dar la cara por sus propios actos y, alternativamente, carece del valor preciso para rectificar. Simplemente, gana tiempo mientras se queda en tierra de nadie y sigue sumiendo a Cataluña en una crisis de identidad interna y a España en otra de Estado.

Incurre Puigdemont en esa “actitud imperdonable” que rechazaba Tarradellas en su carta a su amigo Sáenz Guerrero, porque es el suyo un planteamiento destructivo por irreal, ante el que el Estado no podría en ningún caso transigir, de modo que la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución se configura ahora como una forma de restaurar no solo la legalidad constitucional de 1978, sino también las instituciones del autogobierno de Cataluña que han sido destruidas, no por el Gobierno, no por el Estado, no por España, sino por los catalanes secesionistas sobre cuya ‘frivolidad’ advirtió Josep Tarradellas.

Acertó el viejo luchador republicano, gran admirador de Juan Carlos I, cuando, muy joven, se opuso a la balconada secesionista del 6 de octubre de 1934. Hubiese acertado Puigdemont si, escuchando a personas razonables, hubiera rectificado. Sin embargo, ha huido (patéticamente) hacia delante. Nostalgia de Josep Tarradellas; nostalgia de aquella su carta de 1981. Y lamento por la de ayer que retrotrae a Cataluña a escenarios desastrosos de su historia.

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