La orden de Montoro que camufla el 155

La estrategia del Gobierno para contener, primero, y neutralizar, después, el referéndum secesionista del 1 de octubre, hasta el viernes pasado, consistía en activar los mecanismos judiciales, pero reservándose las medidas que le competen directamente y que son de carácter político (el 155 de la CE, la Ley de Seguridad Nacional, entre otras). Se trataba, de una parte, de evitar el desgaste del propio Ejecutivo y, de otra, de eludir la excepcionalidad de recurrir a la cláusula de emergencia constitucional, manteniendo de esta forma la cohesión de criterio con el PSOE y Ciudadanos. El gabinete de Rajoy deseaba no afectar materialmente al autogobierno de Cataluña.

El Ejecutivo, sin embargo, constató la semana pasada que el secesionismo desbordaba todas las líneas rojas y la Generalitat desobedecía de manera palmaria desde el 6 de septiembre su orden de acreditar documentadamente que no había ningún desvío de fondos públicos a la financiación del referéndum ilegal. De ahí que el pasado viernes, el ministro de Hacienda y Función Pública anunciase la intervención financiera (“gestión de pagos”) del Gobierno autonómico y le requiriese para que, no más tarde del día de hoy, adoptase un acuerdo de no disponibilidad “sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios” diferentes a los destinados a los servicios públicos esenciales listados por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el 20 de noviembre de 2015.

La sorpresa ha sido el modo en que se ha implementado esta medida que, de hecho, suspende la autonomía financiera de Cataluña prevista en el artículo 156. 1 de la Constitución, porque afecta no solo a los pagos con cargo a los recursos extraordinarios (FLA) sino también a los que proceden de “la participación en los regímenes de financiación por cualquier concepto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”. Se trata, en consecuencia, de una intervención financiera en toda regla, articulada, sin embargo, mediante una orden ministerial de Hacienda y Función Pública (la disposición de menor rango normativo) que hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos del día 15 de septiembre anterior. En otras palabras: esta importante medida no está acordada por el Consejo de Ministros, sino que su responsabilidad recae sobre un ministro que respalda el acuerdo de un órgano gubernamental que por sí mismo (una comisión delegada) carece de facultades ejecutivas.

La Orden Ministerial 878/20127 de 15 de septiembre se explaya en una larguísima exposición (seis páginas de las ocho que ocupa la disposición) que fundamenta la decisión en una adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que, por cierto, no contempla explícitamente esta intervención salvo, quizá, para los pagos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). No, desde luego, a otros con cargo a la financiación ordinaria de la comunidad autónoma. La explicación gubernamental para argüir la procedencia de esta medida consiste en que no se desapodera a la Generalitat de ninguna de sus competencias al tratarse de una mera “gestión de pagos”.

La Generalitat va a interponer de inmediato un recurso contencioso-administrativo contra la orden de Hacienda solicitando que se suspendan sus efectos ejecutivos, y hoy se negará a adoptar el acuerdo de no disponibilidad presupuestaria como le instruye a hacer Cristóbal Montoro. El Gobierno catalán dispone de una parte de recursos públicos (quizá 200 millones mensuales), pero el grueso está trabado por el Ministerio de Hacienda.

El Tribunal Supremo seguramente no dictará auto de medidas cautelares y la orden de Montoro seguirá en plenitud de efectos. Conclusión: es cierto que difícilmente puede admitirse que una disposición de tan bajo rango pueda suspender la autonomía financiera de una comunidad, y no lo es que corran riesgo alguno todos los pagos legales que corresponden a la Generalitat (salarios, proveedores, servicios sociales…), que atenderá puntualmente el Estado.

El Gobierno —a través siempre del Ministerio de Hacienda— ha encontrado una vía de respuesta a la desobediencia de la Generalitat y ha intervenido sus finanzas. El objetivo de la decisión es lógico (no financiar actos ilegales), pero el medio elegido para adoptarla podría ser arbitrario (no media ni un informe del Consejo de Estado). De tal manera que se ha tratado de conseguir por orden ministerial lo que naturalmente correspondería a la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El Gobierno va a tener que explicar en el Congreso —Montoro comparecerá a petición propia— no solo la obvia desobediencia de la Generalitat, sino también el procedimiento para responderla. Como no parece el adecuado desde el punto de vista jurídico, reverdece el debate de si hay que aplicar o no el artículo 155 de la CE pero sin camuflajes de frágil consistencia legal.

from Notebook http://ift.tt/2jFgYXA
via IFTTT

Anuncios

Tardá y Campuzano, la última traca del independentismo

Durante muchos años la izquierda radical abertzale –es decir, el entorno político de ETA representado por Herri Batasuna y luego por formaciones similares y diferentes denominaciones- tomó una doble decisión: participar en las elecciones generales y en las autonómicas vascas, pero no comparecer ni en el Congreso ni en el Parlamento de Vitoria. Se trataba de ocupar su espacio electoral y no regalar votos a fuerzas políticas fronterizas, pero, después, no reconocer la legitimidad institucional ni del Estado ni de la autonomía estatutaria vasca.

Aquella estrategia se inscribía en una ofensiva terrorista permanente a la que el discurso “ideológico” del abertzalismo radical ofrecía cobertura dialéctica. A los efectos que hoy interesan, debe subrayarse que durante muchos años el nacionalismo vasco más radical negó de manera tangible la legitimidad del sistema constitucional de 1978. Y cuando los diputados filo etarras accedieron a las Cámaras lo hicieron con una promesa de acatamiento a la Constitución “por imperativo legal” fórmula que luego ha hecho fortuna, generalizándose, porque en el inicio de los años noventa el Tribunal Constitucional avaló su procedencia.

Por el momento, el nacionalismo independentista catalán no ha tenido la ocurrencia de ausentarse del Congreso y del Senado, aun en su actual euforia insurrecta. En pleno proceso soberanista, junio de 2016, tanto la entonces CDC como ERC se presentaron a las elecciones generales. En Comú Podem las ganó en Cataluña ampliamente con 12 escaños y más de 848.000 votos (24,51%). ERC se quedó a distancia con 9 diputados y 629.000 sufragios (18,17%), seguido de CDC que sólo obtuvo 8 y 421.000 votos (13,92%), menos que el PSC (462.000, el 16,12%) aunque por efecto de la ley electoral los socialistas se quedaron en 7 diputados. Tras ellos, el PP (6 escaños) y Ciudadanos (5 diputados).

Los electos independentistas (CDC y ERC) adquirieron su condición de diputados con variantes de la fórmula que inauguró Herri Batasuna en 1989. Pero las llamadas “leyes de desconexión”, suspendidas por el TC, no han conducido a la que sería una grave y errónea decisión (otra más): abandonar las Cámaras legislativas del Estado para reforzar la estrategia de deslegitimación (y enfrentamiento de legalidades) que ha desatado el independentismo en Cataluña. Joan Tardá es el jefe de filas de los parlamentarios republicanos –tiene grupo propio- y Carles Campuzano lo es de los ex convergentes que por primera vez en su historia están diluidos en el mixto.

Esta permanencia en el Congreso y en el Senado de los independentistas puede valorarse de manera diferente. Como una contradicción del secesionismo catalán que por una parte niega la vigencia de la legalidad del Estado y la estatutaria en Cataluña y por la otra se mantiene presente en las instituciones que plasman la soberanía nacional; o como un cordón umbilical que permitiría suponer que no todos los puentes estarían volados. Quizás ambas valoraciones sean compatibles, aunque la realidad golpee sobre la coherencia desobediente de los secesionistas.

De momento, los grupos de Tardá y Campuzano, a pesar de todo, están ahí y eso tiene un significado y representa una opción de futuro, mínima pero no despreciable. Esperemos que sigan tras el 1 de octubre lo que no es absoluto seguro. La retirada parlamentaria de PDeCAT y ERC podría ser la traca pirotécnica inmediatamente anterior o posterior a una declaración unilateral de independencia. Sospecha que no es una mera opinión sino una indiciaria información. Se está en ello.

El independentismo pretende estar en la procesión y repicando, una estrategia que tiene un corto recorrido. La suspendida Ley de transitoriedad y fundacional de la república catalana, por ejemplo, da por hecho acuerdos con el Estado español – sobre la doble nacionalidad, entre otros asuntos- que implican un auténtico engaño a sus propios seguidores porque la unilateralidad excluye de raíz la posibilidad de pactos futuros, más aún con un territorio que quedaría ipso facto fuera de la Unión Europea. Puestos a localizar incoherencias en todo el planteamiento independentista y a señalar sus errores de concepto y de cálculo, los encontraríamos en abundancia. Mantenerse en el filo de la navaja de tanta contradicción resulta –tarde o temprano- inviable.

La cuestión es dejar apuntada esta circunstancia y, quizás también, sugerir que la irritación no debería nublar la mirada larga con la que hay que dar perspectiva a los acontecimientos. En la siguiente curva, de una forma o de otra, nos vamos a encontrar y no tendría que ser para una nueva colisión. Por eso, la estrategia del Gobierno –acordada con el PSOE y Ciudadanos- está tratando de insistir en el sentido de la proporción para que el futuro no sea mucho más difícil de lo que ya es el presente. La intervención de las finanzas de la Generalitat por el Gobierno va en esa línea. Una repuesta eficaz y seca.

from Notebook http://ift.tt/2fqolO7
via IFTTT

El peor síntoma, Otegi en la Diada

Cualquier ciudadano español sensato debería sentirse hondamente preocupado por el rumbo de los acontecimientos políticos en Cataluña. Sin embargo, en el último barómetro del CIS (mes de julio), la cuestión catalana no estaba entre las principales preocupaciones de los consultados (solo un 1,2% de ellos la situaba en el ‘ranking’ de sus inquietudes importantes), y en los sondeos publicados este fin de semana en varios medios, se observa, por encima de otras consideraciones también relevantes, la bifurcación de percepciones entre los catalanes y el resto de los españoles. Es una divergencia que quizá no ha registrado aún el nada edificante espectáculo de autoritarismo independentista en el Parlamento de Cataluña, pero que aunque lo hubiera hecho seguramente no habría reducido la horquilla tan amplia de opiniones en y fuera de aquella comunidad autónoma.

Este no es el momento de hacer reproches —aunque no tardará en presentarse la oportunidad idónea para exigir responsabilidades— por lo que se debió hacer y no se ha hecho por las instituciones del Estado en Cataluña. Son días en los que estas deben cumplir una difícil misión, que consiste en evitar el destrozo total del modelo constitucional y estatutario allí, haciéndolo, además, con un coste político y emocional que no haga rebosar los sentimientos y los agravios para que no se induzca a una inundación callejera que rompa el orden público y exija del Gobierno medidas de mayor compromiso. Hay que guardar los equilibrios tanto como se pueda, porque el separatismo catalán dispone de una gran ventaja que consiste en su discurso populista, sembrado en solitario y sin obstrucción o adversidad alguna durante muchos años.

Las incomparecencias del Estado y de España en Cataluña han sido pasmosas, el abismo emocional entre la sociedad catalana y el resto de la española, suicida, y la renuncia a la búsqueda de sintonía entre las clases dirigentes de allí y de aquí, y entre la sociedad civil de allí y de aquí, ha terminado por establecer una trinchera infranqueable. Es tan grande que los pescadores de río revuelto han acudido al caladero catalán con un énfasis y una suficiencia que causa perplejidad. Los secesionistas catalanes se han enrocado sin reservarse el derecho de admisión a cualquier radicalidad aceptándolas todas, la propias y las ajenas. Las catalanas quedan representadas en la CUP y las ajenas, en Arnaldo Otegi, líder de EH-Bildu, que ayer compareció en nombre propio y de su partido en la Diada, entre los aplausos de muchos y, a la inversa, abucheos a los ‘botiflers’ socialistas de Miquel Iceta. El mundo al revés.

El peor síntoma de enquistamiento en Cataluña reside, precisamente, en el recibimiento, no solo cordial sino caluroso, al que fuera miembro de la organización terrorista ETA Arnaldo Otegi. Que ha oficiado, además, de intérprete (y no del todo confundido, debo confesarlo con desolación) en la TV pública catalana, que le dedicó tiempo en una amplia entrevista la noche del pasado domingo. Para este “hombre de paz” (¿?), calificado así por Pablo Iglesias en abril del pasado año, Cataluña está inmersa en un “proceso de dimensiones históricas” en el que “millones de catalanes han logrado desconectar de España” (cosa, dijo, que Ibarretxe no consiguió que hicieran los vascos en su propuesta secesionista de 2003-2005), un país que “no cambiará” —desalentando así al catalanismo que aún confiaría en su predisposición al entendimiento—, y previendo que el Estado va a entrar “en un ritmo frenético para tratar de interferir y bloquear el proceso catalán”.

Ya he escrito otras veces que lo que Otegi no logra en Euskadi lo obtiene en Cataluña, un territorio político que —ahí están Julian Assange o Yanis Varufakis— acoge con calidez las expresiones y a los personajes más excéntricos de la política y el activismo de nuestro entorno. No es que los secesionistas, con Puigdemont a la cabeza, desconozcan las pésimas compañías de estos oportunistas, pero, en la actual tesitura, “todo es bueno para el convento” y si hay que blanquear a Otegi ofreciéndole patente de demócrata y sentándole en un ‘set prime time’ de TV3, se hace. Y cuando una sociedad política otrora tan cuidadosa con según qué cosas incurre en estas tosquedades, es que concurren dos circunstancias: la primera, que ha entrado en una espiral de muy difícil control; la segunda, que el discurso secesionista es paradigmático y hegemónico, siendo la disidencia silenciosa o silenciada.

La Diada de ayer —masiva, se cuente o se mida con el rasero que se quiera— solo puede entenderse de una manera bastante unívoca, de modo que ningún responsable público institucional del Estado puede llamarse a andana. La movilización, los discursos, el control de la calle y de las masas constituyen —lo viene siendo desde 2012 y aún antes— una expresión colectiva de profundísimo malestar, pero el síntoma que ofrece más gravedad al diagnóstico —¿Cataluña se nos ha ido de las manos?— es la presencia celebrada de Arnaldo Otegi, no por su ineludible poquedad, sino por lo que implica simular olvidarse de su trayectoria, de lo que representa en términos éticos y cívicos, y obviar que contribuye a ‘abertzalizar’ al radicalismo catalán, que utiliza el mismo lenguaje que el entorno etarra: sea el eufemismo de la “acumulación de fuerzas” o la acusación a los Mossos de haber “ejecutado extrajudicialmente” a seis terroristas en agosto pasado. Escalofriante.

from Notebook http://ift.tt/2w3MMLr
via IFTTT

El sectarismo de Forcadell y los once catalanes justos

El 26 de octubre de 2015, Carme Forcadell, filóloga, militante de ERC y expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana, fue elegida presidenta del Parlamento de Cataluña. Sus méritos no consistían en otros que su militancia independentista. Era suficiente para lo que con su designación se buscaba: que cogiese la piqueta y a lo largo del proceso soberanista fuese destruyendo, sin prisa pero sin pausa, el sistema estatutario catalán.

Lo ha hecho con una convicción detectable en los fundamentalistas, es decir, desconociendo procazmente las funciones institucionales y de integración que comportan su cargo. Ha sido la larga mano del separatismo para urdir el plan parlamentario cuya ejecución hemos contemplado con cierta perplejidad por su atrevimiento autoritario, y la pieza esencial, imprescindible, para, con un comportamiento históricamente arbitrario, desmantelar la institucionalización catalana. No se le puede arrendar la ganancia. La historia –ya lo es el presente- no le será favorable porque su comportamiento parlamentario ha sido paradigmáticamente despótico.

Pero el sectarismo de Carme Forcadell –sobre la que recaen responsabilidades políticas y posiblemente penales de gravedad- no habría destacado si once catalanes justos no hubiesen alzado su voz y la hubiesen dejado en evidencia. Once catalanes que no forman parte del Gobierno de España, ni del Tribunal Constitucional, ni de ningún otro organismo del Estado. Se trata de once ciudadanos que podían haber callado –“a veces el silencio es la peor mentira”, escribió Unamuno- y sin embargo hablaron el 6-S. En un ambiente hegemonizado por el nacionalismo independentista la discrepancia es disidencia y la ortodoxia impone la adhesión idolátrica a los valores de la nación de tal manera que no asumirlos, convencida o resignadamente, implica un acto lindante con la traición.

A Xavier Muro i Bas, secretario general del Parlamento de Cataluña, no le disuadió el hecho de que la propia Carme Forcadell le designase para ese puesto en octubre de 2016. Se negó a firmar los documentos relacionados con las leyes inconstitucionales y, conjuntamente con Antoni Bayona i Rocamora, letrado mayor de la Cámara, hizo llegar por escrito su criterio terminante sobre la arbitrariedad jurídica que iba a perpetrar el legislativo autonómico. Bayona, un experto jurista y no precisamente adscrito al denostado ámbito del “unionismo”, ya había advertido en julio de la inviabilidad jurídica y la tosquedad política del propósito secesionista en la ‘Revista Catalana de Dret Pùblico’. Muro y Bayona, los máximos funcionarios del Parlamento, rebatieron con honradez intelectual las decisiones a la presidenta del Parlamento.

Nueve ciudadanos de Cataluña, integrantes del Consejo de Garantías Estatutarias, emitieron dos comunicaciones asegurando que a ese organismo estatutario (artículos 76 y 77 del Estatuto) le correspondía emitir un dictamen previo, preceptivo y no vinculante, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de las leyes de referéndum y de transitoriedad. El Estatuto de Cataluña encomienda a este Consejo dicho dictamen respecto de todos los proyectos de ley, proposiciones de ley y decretos-leyes ante de su convalidación.

El Estatuto catalán –como todos- es también una ley orgánica y sus mandatos son cualificados. Por otra parte, los nueve miembros del Consejo de Garantías Estatutarias –cuya denuncia del arbitrismo jurídico de los independentistas es de decisiva importancia- han sido nombrados por el presidente de la Generalitat, dos tercios a propuesta del Parlamento y un tercio a propuesta del Gobierno. Los nueve pudieron callar o retrasar su criterio, pero lo emitieron con rapidez. Como acaba de contar el catedrático Francesc de Carreras –en su momento también miembro de este Consejo- su creación respondió a la prevención de evitar sublevaciones como la de 1934 porque su misión es determinar la adecuación a las normas del legislativo a la Constitución y al Estatuto. Carme Forcadell neutralizó el miércoles sin facultad alguna para hacerlo la vigencia del Consejo de Garantías Estatutarias.

Los nueve miembros del Consejo son los siguientes: Joan Egea i Fernández (presidente), Pere Jover i Presa (vicepresidente), Marc Carrillo (consejero), Jaume Vemet i Llobet (consejero), Alex Bas i Vilafranca (consejero), Francesc Paula i Badia (consejero), Carles Jaume i Fernandez (consejero) y Margarida Gil i Domènech (consejera). Han sido elegidos entre “juristas de reconocida competencia” y todos ellos han asumido su compromiso estatutario representando –con Muro y Bayona- un bastión de la legalidad catalana auténtica que Carmen Forcadell ha desoído pero no ha podido callar. Insisto: la historia será severa con la sedicente presidenta y reconocerá el valor ético y político de los que pudiendo mantenerse en silencio, hablaron.

from Notebook http://ift.tt/2vUzdy3
via IFTTT

Cataluña devora a Iglesias (cena de patriotas)

En otras circunstancias, la cena de Iglesias y Junqueras en Barcelona, el día 26 de agosto, tras la manifestación contra los atentados del 17-A, podría haber pasado como un episodio sin mayor trascendencia. Pero como el líder de Podemos es, en política, poco más que un becario con pretensiones, aceptó un ágape secreto-discreto con el interlocutor más peligroso y en el momento más delicado. El resultado fue que el morado quedó señalado. Y la imagen que proyectó no pudo ser más lesiva: Junqueras le pidió ayuda para que los seguidores de Podemos voten el 1-O e Iglesias reclamó al vicepresidente del Gobierno de la Generalitat el concurso de ERC para echar al presidente Rajoy.

No parece una transacción ni limpia ni oportuna. Tampoco transparente. Cuando los secesionistas lanzan al Estado su peor desafío, no resulta estético (ni ético) que el dirigente de la tercera fuerza parlamentaria española cambie cromos con el secesionismo y que ambos urdan la posible defenestración del jefe del Gobierno. Ahora, justamente ahora.

Por fortuna, Pedro Sánchez no estaba al tanto de esa cena de patriotas (sí Puigdemont). El encuentro —desvelado por este periódico— ha alertado a todos. Al PDeCAT, que se ‘huele’ un tripartito en Cataluña cuando fracase el 1-O (así será, seguramente), y a los socialistas, que, en palabras de Adriana Lastra, no van a intentar una nueva moción de censura porque el socio del posible derribo de Rajoy —el Podemos actual— sería mucho peor para todos que el PP. El dirigente morado ha perdido el control. No es lo más grave que en su partido se le hayan revelado las comisiones de garantías territoriales ante el intento saduceo de acumular más poder, lo que ha tratado de evitar la presidenta expulsada de la Comisión Estatal, Olga Jiménez. Tampoco que entre Podemos y sus confluencias las fisuras se multipliquen y requieran que el aragonés Echenique tenga que dejar su escaño autonómico para desempeñar a horario completo sus funciones de bombero.

Lo más grave es que Iglesias ha sido devorado por el secesionismo catalán, perdiendo así todas las opciones de gobierno en España. Comprometerse con la causa separatista le invalida como líder nacional. El próximo día 11 (la Diada) se ha citado con Colau y Domènech para celebrar un acto “por la soberanía de Cataluña” durante el que reiterará que el referéndum del 1-O es una “movilización legítima” (justamente lo que no es) y reivindicará un proceso constituyente para tumbar la Constitución de 1978 (es lo que quiere Junqueras). ¿Es todo esto una grave deslealtad de Iglesias?, ¿constituye una traición? Ambos son conceptos un tanto excesivos que se cohonestan mal con la envergadura política de dirigente populista.

Mucho más simple: Iglesias carece de criterio atinado y demuestra ser incapaz de comportarse en una crisis de Estado como correspondería a la responsabilidad que él y su grupo deben asumir en la política española. Se apunta a todo aquello que zancadillee al sistema constitucional, quiebre el ‘statu quo’ y agreda el orden establecido (para destrozarlo, no para reformarlo). Su discurso está tan repleto de contradicciones como denuncian los problemas internos en Podemos, y sus posicionamientos políticos son tan erráticos que se pueden confundir con el nihilismo, los tópicos más inveterados, la simulación y el ventajismo.

En momentos tan cruciales, el país no puede contar con Iglesias. Los adversarios del Estado sí pueden hacerlo. Esta es la realidad de un político sin preparación para ejercer de tal que comparece —como los nacionalistas— de ‘observador’ en el pacto antiyihadista, considera el acoso al Rey en Barcelona como un acto de “libertad de expresión” y pretende hacer tándem con los secesionistas parea echar a Rajoy suponiendo —en el fondo, ¡cuánto desprecia a Sánchez!— que el PSOE va a secundar gregariamente sus planes. Iglesias corre hacia los márgenes para ser un líder marginal. Decisión que toma, desacierto que comete. Dentro y fuera de su organización. Va de tumbo en tumbo: desde la frustrada moción de censura a Rajoy hasta la cena patriótica con Junqueras, pasando por la degradación de su partido.

Ya ofrecí en este mismo espacio (25 de julio pasado) referencia del libro del catedrático José Luis Villacañas (‘El lento aprendizaje de Podemos’. Editorial Catarata, 2017) que retrataba las peores características de Pablo Iglesias. Quizás el académico erró solo en el título de su excelente ensayo: no se trata del “lento aprendizaje de Podemos”, sino de su lenta pero implacable migración hacia la irrelevancia política bajo el mandato de Iglesias. Solo hace falta que concurran dos factores más para que se consume la dilución de los morados: que Íñigo Errejón siga en el ostracismo y que Pedro Sánchez tenga claro que la resucitación del PSOE requiere de su alejamiento táctico y estratégico de las propuestas de Iglesias.

from Notebook http://ift.tt/2gH8rm1
via IFTTT

La fallida portavocía de Josep Lluís Trapero

Una de las novedades mejor valoradas en la gestión política de la crisis posterior a los atentados del 17-A en Cataluña consistió en una comunicación que se nos aseguraba rápida, cierta y profesional. El hecho de que el consejero de Interior –un político de extrema adscripción independentista– se hiciese acompañar en las ruedas de prensa por el responsable directo de los Mossos d´Escuadra pronosticaba que las informaciones se iban a transmitir sin sesgos políticos y con la máxima objetividad.

Y así sucedió al principio. Josep Lluís Trapero resultó convincente, serio y profesional en las primeras apariciones. Luego, todo se torció. Y ahora se puede afirmar que el responsable policial catalán ha naufragado tras su intolerable intervención con Joaquim Forn el pasado jueves. Juicio de intenciones a medios y a periodistas exceden de su jurisdicción y suponen una transgresión funcionarial inaceptable.

Trapero –que ya fue criticado por compartir una fiesta veraniega privada con el presidente de la Generalidad el año pasado, sugiriendo así una familiaridad política poco compatible con la asepsia que requería su cargo- había logrado superar ese y otros hándicaps, entre ellos determinadas acusaciones por la desproporcionada rotundidad de los Mossos en la represión de algunas conductas.

La fulminante reacción de los policías del cuerpo catalán –abatieron a seis terroristas en poco más de cuarenta y ocho horas- y la aparente consistencia de Trapero en su iniciales comparecencias públicas encumbraron la imagen de la policía catalana y sugirieron que en España podría implantarse un modelo de comunicación de crisis similar al británico, estadounidense y alemán, en el que los portavoces son los profesionales que se encargan de la gestión de la situación apareciendo subordinadamente los políticos.

Pronto se observó que a Josep Lluís Trapero los elogios le embriagaron. Su reacción innecesariamente displicente ante un periodista holandés que se levantó ante la persistencia del responsable policial en dirigirse a un auditorio de medios en catalán (“Bueno, pues molt bé, pues adiós”, frase que se hizo viral y muy celebrada por los independentistas) y su apreciación según la cual los ciudadanos ponían flores en los coches de los Mossos y determinados medios y periodistas “mierda”, hacían intuir que el feliz hallazgo de un portavoz neutral y profesional no era sino un espejismo.

Forn y Trapero desmienten el supuesto aviso de la CIA

Las arremetidas de Trapero el pasado jueves contra el director del ‘Periódico de Catalunya’, Enric Hernández, que ha acreditado que los Mossos sí recibieron el 25 de mayo una alerta, antes negada, sobre un inespecífico ataque terrorista “en La Rambla” le ha descalificado por completo hasta inutilizarle como portavoz fiable en la actual situación.

Al responsable de los Mossos parece haberle traicionado, por una parte, su cercanía política a su consejero de Interior y a su director, el (en esta crisis) transparente Pere Soler (al que los españoles le dábamos pena), y por otra, su falta de preparación para desempeñar la responsabilidad de portavoz de crisis, formación muy distinta a la policial. El jueves se le vio tenso, ofensivo y contradictorio. Si Forn ya había metido la pata hasta ominosamente, se esperaba que Trapero mantuviese a buen recaudo una comunicación fiable. Decepción.

La consultora española Llorente y Cuenca difundió el pasado martes un documento interesante elaborado por Alejandra Rivas y Antonella Nicosiano: “Siete creencias falsas ante una crisis de comunicación”. ¡Qué pena que Trapero et alii no lo hubiesen leído en su momento! Según las autoras de este análisis es erróneo: 1) suponer que se está suficientemente entrenado para enfrentar cualquier situación, 2) que el portavoz habitual está bien preparado, 3) que con buenos contactos, en general, se soluciona el problema, 4) que es mejor mantener un perfil bajo, sin confirmar ni desmentir los hechos, 5) que lo importante es que la crisis no se sepa en los medios, 6) que se prepara una campaña y se lava la imagen y 7) que la crisis de hoy será historia de manera inmediata. Todo esos errores, y quizás alguno más, se han cometido en la gestión de la comunicación del 17-A que se inició bien y ha concluido muy mal. Lo preocupante ahora es que Trapero es el responsable profesional de los Mossos y previsiblemente seguirá siéndolo el próximo primero de octubre. Huelgan más consideraciones al respecto.

from Notebook http://ift.tt/2wrsrON
via IFTTT

Sí, desconectar. Sí, desobedecer

El independentismo catalán, lejos de sopesar la conveniencia de clausurar airosamente el temerario intento de quebrar la legalidad constitucional de un Estado democrático, persiste en el propósito. Pese al disparate político, social y jurídico que implica el proceso de secesión, pese a los errores y contradicciones a que su debilidad le arrastra (la jactancia de una apariencia de Estado en la gestión de los atentados del 17 y 18 de agosto y la obscena manipulación de la manifestación del pasado sábado, ambos signos de su fragilidad), ayer la coalición gobernante presentó el fantasmal proyecto de ley de transitoriedad. Ese texto y la norma reguladora del referéndum del 1-O contienen la culminación del desafío al Estado, que además se produce en el contexto más delicado de cuantos pudieran ser posibles. Se está tanteando en Cataluña, por si fuera poco, una táctica bíblica: caiga el independentismo, pero con el mayor coste de reputación y desgaste del Estado. Carles Puigdemont está preso del síndrome de Sansón.

El Gobierno de Rajoy, después de una estrategia política discutible a lo largo del mes de agosto, pero en la que hay que advertir síntomas de inteligencia, debe atarse los machos porque tendrá que demostrar con decisiones —no solo con palabras— que los secesionistas no consumarán sus objetivos. Estamos ante lo que los empresarios catalanes han denominado “un golpe de Estado jurídico”. Es evidente que, además, existe una tentación insurreccional latente en el independentismo que se traduciría en manifestaciones populares que envicien aún más la situación —si eso fuera ya posible— y lesionen tanto cuanto se pueda la imagen del país. Cataluña está en manos de personas incompetentes —acaba de recordarlo un señero periodista catalán en ‘La Vanguardia’— y con una grave distorsión ética, como se pudo observar el sábado en la manifestación de Barcelona. El proceso arrasa también con la legalidad catalana, como se ha dolido el político catalanista y moderado Josep Miró i Ardèvol.

El problema es que cuanto más incompetentes son los políticos, más imprudentemente se comportan. Y eso es lo que está ocurriendo en una Cataluña que, como recuerda Lluís Foix, se ha distinguido por la moderación, la ironía y el ‘seny’. En esas tres cualidades de su sociedad hay que basar una nueva y urgente aproximación a los catalanes (así lo hizo el presidente del Gobierno el domingo en Pontevedra), muchos de los cuales se sienten cohibidos por los acontecimientos. El Ejecutivo puede y debe impugnar las leyes y disposiciones ilegítimas, el TC puede y debe suspenderlas y anularlas, y los tribunales, a instancias del ministerio fiscal, deben imponer el cumplimiento de las normas y de las sentencias. Pero en la tesitura actual, no basta. Hay que apelar a lo que, muy brillantemente, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco J. Laporta, ha descrito en el diario ‘El País’ del día 16 de agosto como “el deber de desobediencia civil” para que se desacate al Gobierno catalán y así el proceso secesionista funcione “en vacío”.

Como explica Laporta, estamos ante un supuesto paradigmático: desconectar del independentismo y desobedecer pública y notoriamente sus normas ilegítimas no sería en este caso meramente una opción sino un deber, una obligación cívica. Lo que implica que los Mossos, ateniéndose a su ley reguladora, que prohíbe la obediencia debida cuando las ordenes son manifiestamente ilegales, impidan los actos de preparación y consumación, en su caso, del referéndum, tanto si actúan como policía administrativa como si lo hacen como judicial. Y ahí también le queremos ver a Josep Lluís Trapero. Lo que implica, así mismo, que todos los funcionarios requeridos para coadyuvar con la organización de la consulta deban desobedecer y denunciar las instrucciones ilegales. Lo mismo —y bien lo señala Laporta— que notarios, registradores y todos los servidores públicos deben desacatar si se les pone en la tesitura de colaborar con un comportamiento que sería ilegal y, eventualmente, punible.

Pero hay que dar un paso más, que nuestro catedrático describe así: “Y, naturalmente, los ciudadanos y sus organizaciones sociales y profesionales. Todos ellos son titulares de ese derecho a defender sus garantías y sus leyes frente a un Gobierno o Parlamento catalán desconectado, es decir, arbitrario e ilegal”, añadiendo que los ciudadanos catalanes deben hacer saber pública y pacíficamente que “no van a sustentar un Gobierno ilegal presidido por la improvisación y el fanatismo nacionalista que puede llevar a Cataluña a un desastre social y moral sin precedentes.” Efectivamente, hay que invitar a que los catalanes coadyuven a corregir los desatinos de otros catalanes y, sí, desconecten, y sí, desobedezcan, a unas instituciones instaladas en la plena ilegitimidad. Toca defender la democracia. Y eso concierne también a los ciudadanos. Hay desobediencias virtuosas, y esta que propone lúcidamente Laporta es una de ellas.

from Notebook http://ift.tt/2vzwrK9
via IFTTT

“Entre nosotros, el Rey le ha echado pelotas”

Tiene un conocimiento preciso del funcionamiento de la Casa Real, es sumamente discreto y formal en el trato y muy convencional, salvo excepciones, en su forma de hablar. Le abordo el jueves por la noche, telefónicamente, cuando se confirma que don Felipe acudirá hoy a la manifestación de Barcelona. Le sugiero que la decisión parecía cantada, aunque no a todos gustará, a unos por unas razones y a otros por las contrarias. Me contesta: “No estaba cantada. Don Juan Carlos en su largo reinado no acudió a ninguna concentración popular. Tampoco lo hacen las monarquías parlamentarias, sea la británica o la belga, ambas con problemas territoriales en sus respectivos países. La decisión del Rey de estar en Barcelona es un cambio más en la forma de entender y manejar la institución de la Corona”.

Quizás –le digo– porque la Princesa de Asturias no tiene edad para hacer lo que el Rey sí hizo cuando era heredero. “Admito que esa es una variable a contemplar. ¿Hubiera delegado el jefe del Estado en la princesa Leonor? Es posible, pero creo que el Rey está educado en un mayor contacto con la realidad. Tiene, además, experiencia. En julio de 1997 estuvo, en plena efervescencia antiterrorista, en el funeral de Miguel Ángel Blanco que se celebró en Ermua y, en marzo de 2004, el día 11 visitó a los heridos en los hospitales de Madrid con la que entonces era su prometida, Letizia Ortiz, y el día 12 participó en la gran manifestación de rechazo a los crímenes de Atocha en compañía de sus hermanas, las infantas Elena y Cristina”.

[Directo: la investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils]

“Entre nosotros, el Rey le ha echado pelotas porque la decisión tiene sus pros pero también sus muchas contras”. Insisto, ¿podría no ir? “Sí, claro que podría no ir. No solo porque así es práctica en los jefes del Estado, especialmente en las monarquías parlamentarias de nuestro entorno, sino porque la convocatoria es de la alcaldesa de Barcelona y del Gobierno de la Generalitat, que se han mostrado hostiles a la forma de Estado de una manera muy hiriente para el Rey, especialmente Ada Colau, que ha borrado del Ayuntamiento todo vestigio borbónico. Además, don Felipe acude a la concentración sin encabezarla. Y te añado: tampoco sabemos si el jefe del Estado va a ser víctima de un tratamiento hostil por parte de los seguidores de la CUP, lo cual le plantearía una grave incomodidad en una convocatoria de estas características”.

Le indico que se concita un hecho político notable: la polémica sobre la presencia del Estado en la crisis de los atentados de Barcelona y Cambrils. “Cierto. La presencia del Rey es también, inevitablemente, la del Estado. Carece de facultades ejecutivas, pero tiene unas cuantas de naturaleza simbólica. Por ejemplo: representa la unidad y permanencia del Estado, y Cataluña forma parte de España, de tal manera que su implicación con esta y anteriores presencias encierra también una significación política y constitucional que en este momento parece muy relevante”.

Algunos echaron de menos a don Felipe en las primeras horas del atentado. “Como bien dices tú, en las primeras horas. El Rey estuvo informado al minuto. No debía aparecer antes de cuando lo hizo. En estos casos hay que saber qué dimensión tiene el atentado, posible autoría e intervención de los responsables políticos. Solo después es procede a la presencia del jefe del Estado. Teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno intervino a las 00.30 horas del día 18, lo adecuado fue lo que se hizo, es decir, que don Felipe llegara a Barcelona para la convocatoria del minuto de silencio en la plaza de Cataluña”.

En Barcelona pero sin la Reina… ”Sí, sin doña Letizia. No irá porque no tiene que ir. Estuvo en la visita a los heridos hospitalizados y en la misa celebrada en la Sagrada Familia. La Reina es más de verdad de lo que parece. Échale una mirada a la portada de ‘¡Hola!’ y la verás con el rostro desencajado por la emoción. No hay que empeñarse en sacar las cosas de quicio: la Reina no tiene papel constitucional, es la consorte y la Casa del Rey ya anunció que sus presencias institucionales serían selectivas.”

Y me añade: “La Reina está muy bien asesorada. Se conoce poco que, además de los servicios que le presta la Casa, el duque de Abrantes es el responsable de su secretaría. José Manuel Zulueta, el duque, no solo acumula títulos nobiliarios, es discreto y eficiente, sino que, además, tiene una brillante trayectoria militar y experiencia anterior en el servicio a la Corona. Doña Letizia sabe de quién tiene que esperar consejo en momentos delicados”.

¿Mejorará la percepción del Rey en Cataluña? “La que tiene no es mala en absoluto. Pero don Felipe tiene recorrido y la reputación de la Corona y la suya se labran en el día a día. Ir o no a Barcelona ha sido una decisión no fácil, pero en mi opinión ha acertado“. También en la mía, asiento. Pero ¿y si le desplantan? “Se comportará como cuando abucheaban al himno y a él mismo en algunos estadios: no moverá ni la comisura de los labios”. Volveremos a hablar, le digo. “Sí porque los acontecimientos configuran un futuro muy poco previsible”. ¿También para el Rey? “Claro, también para él, porque está en juego lo que representa y su propio papel, que es de servir de engarce nacional. No te olvides que la pregunta prevista para 1-O no se refiere solo a un Estado independiente, sino explícitamente a una república catalana”. Cierto.

from Notebook http://ift.tt/2wcKiqW
via IFTTT