Iglesias ridiculiza por segunda vez a Sánchez

La izquierda española —PSOE y Podemos— protagonizaron ayer través de sus máximos líderes un espectáculo esperpéntico. El coste de la entrevista carcelaria de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras, sin embargo, lo asume casi por completo Pedro Sánchez. Porque si el dirigente morado no consigue el apoyo de ERC para los Presupuestos, los perderá el Gobierno. Y si lo consigue, lo habrá logrado Iglesias ¿Cuál de las dos hipótesis le conviene más al inquilino de la Moncloa? En rigor, ninguna de las dos porque si su afán es permanecer en el poder, y lo es, no necesita ni que se aprueben las cuentas de 2019 porque le bastaría prorrogar las de este año y seguir resistiendo hasta el otoño-invierno del año que viene con la misma táctica e igual estrategia que las actuales. Resistir como lo hizo Rajoy.

El afán político de Pablo Iglesias es el típico de un activista con “formación comunista” y prácticas “leninistas” como refiere el catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense, José Luis Villacañas, en su ensayo ‘El lento aprendizaje de Podemos’ (página 253). Este académico inspiró de forma importante el nacimiento de la organización morada y ha tenido la valentía de denunciar el “caudillismo” y el “resentimiento” de Iglesias. Villacañas (página 257) escribe textualmente: “el mayor problema político que tiene España es su construcción como Estado federal, y eso no se podrá hacer con un caudillo que hoy se expone al jacobinismo de IU y mañana a las grotescas demandas de autodeterminación de Andalucía”. Así es.

El retrato del personaje —de Iglesias— que elabora el catedrático de la Complutense (especialmente en el capítulo 17 de su obra) explica sus comportamientos. Villacañas califica de “siniestra” la rueda de prensa de enero de 2016 en la que el secretario general de Podemos condicionó de tal manera la oferta del PSOE que se diseñó “para que fuera rechazada”. En aquel trance, Iglesias dejó en ridículo a Sánchez con sus pretensiones exorbitantes —no muy distintas de las que ahora ensaya— y acabó con su fallida investidura en el mes de marzo. Pero aquella lección de deslealtad no le ha vacunado al presidente de persistir en el error de pactar con Podemos con un ritual a mayor gloria de su jefe de filas: el 11 de octubre pasado en la Moncloa con una escenificación un punto extravagante.

Un comunista —eso lo saben los veteranos socialistas del PSOE— es, casi por definición, un enemigo acérrimo de lo que representa Sánchez y su partido. Ocurre que Iglesias, una vez que ya ha comprobado que sus errores en la dirección de Podemos no le permiten sobrepasar electoralmente al PSOE, trata de manejar a su secretario general como el escorpión a la rana en la fábula atribuida a Esopo. Terminará por clavarle el aguijón sobre el lomo. En la genética ideológica de Iglesias está impresa una invencible animadversión a los socialistas. Comprobable explícitamente en sus escritos y declaraciones sobre las que ahora recae un piadoso y oportunista silencio.

Oriol Junqueras, por mucho que le visite Iglesias, se sentará en poco tiempo en el banquillo de los acusados en el salón de plenos del Tribunal Supremo y quizás Sánchez, como presidente del Gobierno, tenga que explicar —no a nosotros sino a sus compañeros del Consejo Europeo— cómo es posible que su socio parlamentario para los Presupuestos —y para algo más— se instale en una cárcel para negociarlos con un procesado por un presunto delito de rebelión. Una cosa es el pragmatismo y otra la indignidad. Pero como no hay mal que por bien no venga, el espectáculo de ayer fue tan explícito en su mensaje e interpretación que releva de esfuerzos argumentales para acreditar que el presidente se quedó colgado de la brocha, ofreció el peor perfil de Pablo Iglesias y proporcionó a los independentistas una gratuita legitimidad al convertir a unos de sus dirigentes encarcelados en interlocutor privilegiado del socio gubernamental.

Sánchez ha calculado mal el alcance de esta maniobra. Seguramente es cierto que Iglesias no era su “delegado”, pero parece también cierto que no le ha incomodado (salvo cuando compruebe las consecuencias de su error) la excursión penitenciaria del secretario general morado porque se aferró al aforismo español de “a por atún y a ver al duque”. Si el populista conseguía algo, bien; si no, en versión voluntarista e ingenua de Moncloa, era Iglesias el que se enredaba en su afán patológico de protagonismo y exposición pública. Pero en la sede de la presidencia del Gobierno habita gente con la suficiente inteligencia para saber que la entrevista de Iglesias y Junqueras deja ‘in púribus’ al presidente. Ya sucedió en enero de 2016 y se ha repetido en octubre de 2018.

Aludiendo a Iglesias, el profesor Villacañas escribe que “quien coopere con esta forma de ejercer el poder, quien calle ante ella, que se disponga a ser tratado como un esbirro” (página 262 del ensayo citado). Sánchez se convirtió ayer en un subalterno de Iglesias al que entregó un estatuto de socio privilegiado que éste rentabiliza con su particular pedagogía de la radicalización. Según nuestro ensayista —que ve en Íñigo Errejón al dirigente sensato de Podemos— este partido bajo el liderazgo averiado de Iglesias “presionará desde fuera el sistema, pero no producirá esa impronta articulada y transformadora a la que aspira toda gran política”. Sánchez ha optado por Iglesias en una revancha sobre el nivel arqueológico de su partido. A lo hecho, pecho.

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Prensa, radio y TV sin restricciones en el juicio más histórico de la democracia

La Sala Segunda del Tribunal Supremo sabe que se enfrenta a lo que en los pasillos del alto organismo jurisdiccional se califica de “caso histórico, más que cualquier otro, más incluso que el del 23-F”. Se refieren a la causa especial 20907/2017, sobre responsabilidades penales presuntamente cometidas durante los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña, cuando se produjeron hechos presuntamente constitutivos de delitos de rebelión al declararse unilateralmente la independencia de la comunidad. Y, dada la trascendencia inédita del asunto y su interés mediático, se están tomando ya decisiones “de intendencia” que es preciso calcular de cara a la celebración de la vista oral.

En todo caso, el juicio se va a celebrar en el salón de plenos del TS, escenario de otros juicios muy notorios, entre ellos uno conexo con esta causa: el de Francesc Homs, condenado a inhabilitación por desobediencia. “No se ha barajado ningún otro lugar” señalan las fuentes consultadas. Las dimensiones de la sala permiten el acomodo holgado del tribunal (siete magistrados), la Fiscalía, la acusación popular (Vox) y todos los letrados defensores.

Pero quizá lo más dificultoso sea instalar adecuadamente al gran número de periodistas que se acrediten para seguir el acto. Se piensa que el número de medios que sigan el juicio va a ser “tan histórico como la propia vista. Estamos hablando de centenares, no de decenas”. El gabinete de prensa del Tribunal Supremo (que lo es también de la Audiencia Nacional) expedirá —conforme a los criterios establecidos en el Protocolo de Comunicación aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el 22 de julio de 2015— todas las acreditaciones. No habrá restricciones porque, según fuentes próximas a la Sala Segunda, su presidente, Manuel Marchena, quiere “en plenitud, luz y taquígrafos”.

Los periodistas serán acomodados en una sala contigua a la de plenos del TS en donde estarán instaladas grandes pantallas de TV que proyectarán una realización profesional, es decir, con planos diversos y no simplemente fijos. La señal —imagen y audio— será institucional proporcionada por el Consejo General del Poder Judicial y no sufrirá ningún tipo de interrupción, cualesquiera sean las circunstancias que se produzcan a lo largo de la vista. La sala de prensa deberá estar bien equipada porque se prevé que las sesiones se prolonguen meses (entre dos y tres) y se celebren, al menos algunos días, tanto por la mañana como por la tarde. Los presos preventivos ahora en cárceles catalanas deberán ser trasladados a otras cercanas a Madrid.

Los fotógrafos serán autorizados a realizar su trabajo antes de comenzar las sesiones del juicio, pero en ningún caso durante el desarrollo de la vista. No habrá requisa de teléfonos móviles ni de otros aparatos de reproducción, pero su utilización estará prohibida en la sala durante la sesión. El presidente expulsará con seguridad a quienes sean descubiertos grabando audios o imágenes subrepticiamente.

El Tribunal Constitucional, en una sentencia esencial para la prevalencia de la libertad de expresión (nº 56/2004 de 19 de abril publicada en el BOE del 18 de mayo de ese año, dictada en el recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas que impugnaron un acuerdo del CGPJ que prohibía el acceso de “cámaras fotográficas o de televisión a juicios o vistas en ninguna de las salas”), estableció que el derecho a informar de las vistas orales se extiende a los periodistas que elaboran crónicas para diarios (de papel o digitales), de radio y de TV en consonancia con el artículo 680 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (“Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad”) coherente con los artículos 20 y 120.1 de la Constitución.

Solo caben algunas excepciones que, según fuentes del Supremo, “no concurren en este caso”. Las decisiones operativas sobre las facilidades informativas a los medios corresponderán al presidente del tribunal, y, si son restrictivas, podrían ser recurridas a la Sala de Gobierno del órgano jurisdiccional.

Es posible, incluso hay fuentes que lo consideran “probable”, que a lo largo de la vista se produzcan momentos de tensión (utilización de los idiomas por los encausados, negativa a reconocer la legitimidad del tribunal, expresión de consignas…), pero, aunque se den esos episodios, “se mantendrá la señal institucional tanto de imagen como de audio”.

El amparo jurídico a la cobertura informativa de las vistas orales es en España “completo” y uno de los más “avanzados en las democracias occidentales”. De tal manera que la publicidad de la vista se considera no solo el ejercicio constitucional del derecho a la libertad de expresión y de prensa, sino también como una garantía para los acusados, cuyas intervenciones serán vistas y escuchadas en su integridad porque no habrá “ningún tipo de discriminación en la señal institucional que se va a proporcionar”.

Esta completa cobertura mediática será especialmente apreciada por corresponsales y enviados especiales de países en los que abundan las limitaciones, en particular para la captación de imagen y audios en las vistas orales. “Será un juicio plenamente garantista, pero también un espectáculo, lo sabemos”, comenta un magistrado del Supremo que sostiene que esta vista oral va a someter a prueba la capacidad organizativa del órgano jurisdiccional y la suficiencia de sus medios.

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El acuerdo del 11-O y la liquidación del PSOE de González

El 1 de octubre de 2016, Pedro Sánchez fue destituido de la secretaría general del PSOE por el comité federal del partido. En los dos comicios legislativos bajo su liderazgo, los socialistas españoles obtuvieron sus peores resultados históricos. En las elecciones generales de diciembre de 2015, el PSOE pasó de 110 escaños y siete millones de votos, a 90 escaños y cinco millones y medio de sufragios. Las elecciones se repitieron en junio de 2016 y el PSOE, también bajo el liderazgo de Sánchez, perforó su suelo: obtuvo 85 escaños con similar número de votos. Nadie tenía mayoría para ganar una investidura que, sin éxito, había intentado el propio Sánchez con el respaldo de Ciudadanos y sin el apoyo de Podemos (marzo de 2016).

El secretario general del PSOE, sin embargo, no estaba dispuesto a abstenerse para que Rajoy ocupase la presidencia (“no es no”), de tal manera que la alternativa consistía: 1) en repetir las elecciones, arriesgando los socialistas perder más escaños, o 2) en intentar un Gobierno con los populistas de Iglesias y la ayuda de los independentistas catalanes. El comité federal del PSOE se manifestó en contra de cualquiera de las opciones que planteaba Pedro Sánchez, lo destituyó y formó una gestora que organizó unas primarias en las que Sánchez ganó con cierta amplitud a Susana Díaz, no sin antes abandonar el acta de diputado en el Congreso.

Recuerdo aquellos episodios porque el acuerdo del pasado día 11 de octubre —que es presupuestario, que es político y que es estratégico para la izquierda en España— suscrito entre Sánchez e Iglesias implica, además de los contenidos literales, el lanzamiento de un mensaje inequívoco. Consiste en que el presidente del Gobierno opta por liquidar la socialdemocracia clásica del PSOE que representaban González y Rubalcaba e incorporar al partido el modelo portugués de agrupación de todo el espectro de izquierda. Nada de ‘gran coalición’ a la alemana, ni pactos transversales: bloque inequívoco de izquierdas para evitar que al PSOE le ocurra como a los socialistas franceses, alemanes, suecos y nórdicos en general. Sánchez construye ahora, desde la presidencia del Gobierno, tras obtenerla en una exitosa moción de censura a Rajoy, el modelo que Rubalcaba calificó de Frankenstein y que le costó su derrocamiento.

Antes de llegar a este pacto, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno ha ido colocando a los ‘suyos’, aquellos que hace dos años estuvieron con él en las horas oscuras de la dramática sesión del comité federal y a los que, además, le acompañaron en la campaña de las primarias, sin olvidar a aquellos —pocos pero cualificados— que no aceptaron la disciplina de partido y no se abstuvieron en la investidura de Mariano Rajoy. Fueron 15 los diputados del grupo socialista los que desafiaron la orden de la gestora presidida por Javier Fernández: los siete diputados del PSC (Meritxell Batet entre ellos, hoy ministra de Política Territorial y Función Pública), Margarita Robles (hoy ministra de Defensa) y Adriana Lastra (hoy portavoz del grupo en el Congreso), entre otros. Los diputados y cargos que colaboraron con la gestora han sido laminados.

Dos años después —muy poco tiempo— Pedro Sánchez, aun con un grupo parlamentario que no está hecho a su medida, ha dado la vuelta al PSOE como a un calcetín. Y hasta está intentando la fórmula de gobernar con Podemos y los independentistas, aquella que hace 24 meses le costó la secretaría general del partido. Como, al parecer, afirmó Churchill, en la política, a diferencia de lo que ocurre en la guerra, se puede morir varias veces. El ejemplo es Pedro Sánchez, que va a intentar —veremos cómo— ganarse el voto o la abstención de los partidos catalanes y adquirir (cuando de los nacionalistas vascos se trata, es mejor introducir un verbo mercantil) los del PNV.

Pero si no lo consiguiera porque las contrapartidas que exigen ERC y el PDeCAT fueran imposibles por tan onerosas como políticamente indecentes (instruir a la fiscal general del Estado para que altere la calificación de los presuntos delitos de los líderes independentistas acusados ahora de rebelión), el acuerdo del 11-O con Podemos será una referencia estratégica del mayor valor para predecir el futuro de la izquierda en España.

Para empezar, neutraliza la posibilidad de que el PSOE vuelva a tratos con Ciudadanos (como en marzo de 2016), partido totalmente incompatible con los separatistas. Y, para continuar, supone que los socialistas ya no temen ser sobrepasados por Podemos, prácticamente único partido de extrema izquierda (que propugna un proceso constituyente, entre otras cosas, para abolir la monarquía parlamentaria), y del que cree que está en condiciones de comportarse como un socio fiable. Sánchez arriesga mucho.

Así, el PSOE que encarnaron González y Rubalcaba ha dejado de existir. Es otro. Ha caducado. Pedro Sánchez, quizá siguiendo la pista de los fracasos socialdemócratas europeos y creyendo que la experiencia portuguesa es la mejor de las posibles, ha formateado este modelo en la creencia de que España se librará del Cafarnaúm electoral que se está produciendo en todos los países de nuestro entorno. Dejemos correr los acontecimientos para ver con qué acierto ha calculado la operación y observemos cómo reacciona —si reacciona— la oposición liberal y conservadora. En la seguridad de que ya no se enfrenta al PSOE clásico de la Transición, al socialismo de inspiración alemana de González, ni al constitucionalista y pragmático de Rubalcaba.

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El hundimiento intelectual del secesionismo

El fracaso del proceso soberanista se produjo en octubre del año pasado, cuando declarada unilateralmente la independencia de Catalunya, la clase dirigente separatista se fue de fin de semana o huyó a Bélgica. La impostura (una partida de póker jugada de farol) quedó entonces acreditada, pero el engaño no cuajó en las bases populares porque los trucos continuaron tuneando la realidad del fiasco. Ha sido esta semana, con la quiebra de la unidad de los partidos independentistas, cuando se ha comenzado a percibir la desnudez de la pelea entre facciones y, sobre todo, el propósito de los más radicales de entre los perdedores en intentar procurar que la situación sea, cuanto peor, mejor. En la reyerta no ha tenido nada que ver el Ibuprofeno del Gobierno de Sánchez, sino una resolución judicial que introduce contradicciones entre los nuevos pragmáticos y los recientes legitimistas.

Cuanto peor, mejor, es el propósito de los seguidores pretorianos de Puigdemont que trabajan por un contexto que reciba la Crida por la República como recurso para la liquidación de la caducada CDC y la absorción improbable de ERC. Se trataría de poner en marcha un movimiento nacional que resetease el ‘procés’ y generase otro. Para conseguir este objetivo era necesario que en Barcelona se siguiese la consigna de Waterloo: más enfrentamiento con el Estado, más querellas, más presos. En definitiva, aumentar el volumen del conflicto. De ahí el ultimátum fantasma de Torra de cuya vigencia nadie responde ni en Cataluña ni en Madrid. Veremos si asoma en el debate presupuestario, tras el acuerdo del Gobierno con Unidos Podemos.

La ruptura interna de la “mayoría” del independentismo ha abierto los ojos, seguramente, a muchos de sus seguidores tratados como el atrezo de una representación protagonizada por dos clases dirigentes del separatismo: la política y la intelectual. Ambas han incurrido en la falsedad y se han sostenido recíprocamente. Hay en Catalunya una nomenclatura de autores que han amparado las mentiras de los dirigentes políticos. Y lo han hecho desde una autoridad académica y técnica en la sociología, la historia, la economía, la politología, el periodismo y el derecho que se ha venido abajo tanto como el constructo que ha significado el propio ‘procés’.

De ahí que Ignacio Torreblanca haya definido la situación como “la nada secesionista” (Letras Libres nº 205) porque el proceso “no ha conseguido legitimarse ni doctrinal ni prácticamente” y ha registrado un “desmantelamiento intelectual” que ha sido “tan completo como demoledor”. En definitiva: nada ha sido como decían que sería aquellos que impulsaban el proceso, pero tampoco nada ha sido como escribían sus próceres intelectuales que organizaban aquelarres históricos como aquel olvidable simposio de diciembre de 2013 que reunió a la nomenclatura bajo el paraguas del epígrafe Espanya contra Catalunya. Todos esos intelectuales han construido el marco mental del secesionismo sobre la distorsión del pasado, la falsedad de que el Estado español estaba en bancarrota de legitimación, que la monarquía parlamentaria consistía en una antigualla y que el futuro era Ítaca.

El historiador Juan Francisco Fuentes (“Populismos. ¿Cuándo, dónde, por qué?”. Revista de Occidente del mes de septiembre) ha escrito en un acertado ensayo que el separatismo catalán es el “populismo territorial en su máxima expresión, como panacea frente a la crisis económica y realización de un supuesto sueño colectivo de emancipación a la vez social y nacional: Cataluña como un ‘sol poble’, sin elementos indeseables que cuestionen su unidad territorial o lingüística. En ello radica la lógica del populismo”.

Mientras catedráticos, publicistas, juristas, periodistas e historiadores alentaban la vana esperanza de la paradisíaca independencia y loaban los atributos del proceso (pacífico, festivo, transversal, incluyente, omitiendo la condena al discurso del odio de su vicario presidente de la Generalitat, que es aterciopeladamente calificado de “esencialista”, un eufemismo como tantos en Cataluña) se estaba gestando la derrota sobre la que ninguno de los altavoces del proceso avisó, bien por ignorancia culpable, bien por sectarismo.

Todo era posible hace poco tiempo porque las emociones permitían despreciar el principio de realidad: las empresas no se irían, los catalanes no se escindirían en sectores irreconciliables, la comunidad internacional recibiría a la Cataluña soberana sin parpadear y la narrativa de la secesión era siempre invencible frente a un Estado español calamitoso. Tan responsables son los que tomaron las decisiones como aquellos que las secundaron con ditirambos. Por eso el desplome no solo es político e institucional. También es intelectual y teórico. Ahora ya se demanda un relato de rectificación.

Antonio Franco, que fue director de ‘El Periódico’, escribió ayer en ese diario un valiente artículo (“No seamos flojos”) del que transcribo un párrafo: “El engaño a la ilusión de quizás más de un millón de independentistas respetables está llegando al momento de la verdad, y se ve venir en las reyertas entre sus representantes. Algunos de los que lo cometieron —con mentiras, simplificaciones, temeridades y falta de respeto a la mayoría— ya han empezado a dar marcha atrás pero remoloneando y sin reconocer con nobleza su error y su responsabilidad. Se están quedando cortos. No soy de los que piden que se den golpes en el pecho, pero sí que si son personalidades públicas tengan la valentía de rendir cuentas públicamente. Me refiero a los políticos, pero también a los periodistas y tertulianos que, además, miraron para otro lado cuando avanzó la eficiencia de las listas negras para ayudarles a tener que confrontarse lo menos posible con quienes creían que aunque España no es un país ideal en estos momentos las prioridades de Catalunya eran otras”.

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“¡Pobre ministra de Justicia!”

En el número 101 de la revista de la Mutualidad de la Abogacía, correspondiente al mes de septiembre, se publica una entrevista con la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado. Entre otras afirmaciones inocuas, dice lo siguiente: “Es imprescindible incorporar la perspectiva de género a nuestra Justicia para acabar con sus deficiencias”. Se esté de acuerdo o no con tal valoración, lo cierto es que suscita una interrogante que desasosiega: ¿Quién es la auténtica Dolores Delgado? ¿La que sostiene que debe incorporarse la perspectiva de género a la Justicia o la que en un restaurante con Villarejo y Garzón se jacta de que ella prefiere a tribunales de “tíos” porque “se les ve venir” a diferencia de las “tías”? ¿Es más cierta la ministra que contesta formalmente la entrevista en la revista de los mutualistas de la abogacía o lo es la que llama “maricón” a su compañero de Interior o “nenaza” a otro magistrado de la Audiencia Nacional?

¿Cuál de las dos Dolores Delgado merece crédito, la que habla por extenso en esa publicación sobre la Administración de Justicia o la que sin inmutarse atribuye comportamientos menoreros a compañeros del Supremo y de la Fiscalía en Cartagena de Indias o no se siente concernida ante el relato de las técnicas de “información vaginal” de Villarejo a las que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional asegura “éxito seguro”?

Si por Dolores Delgado fuera, según fuentes de absoluta solvencia, ya se habría ido del Gobierno y solicitado un destino discretísimo en el ministerio fiscal. Sánchez, sin embargo, no puede permitirse el lujo de deshilachar más su equipo y le exige su permanencia martirial en el desempeño del cargo. Para calentar la silla, porque tanto el presidente del Gobierno como la propia ministra saben que ni los fiscales, ni los magistrados, ni los funcionarios del ministerio, ni los abogados, ni los procuradores… ni los propios militantes y cargos del PSOE otorgan a Delgado la más mínima credibilidad. Como expresaba un funcionario que parecía quererla bien: “¡Pobre ministra de Justicia!”, atada al sillón y sin escapatoria, reprobada por partida doble, en el Senado (por el caso Llarena, que con tanta torpeza manejó) y, el martes pasado, en el Congreso.

Sus explicaciones ayer acerca de las circunstancias de la comida en 2009 con Villarejo y otros cargos policiales, a la que fue llevada, al parecer, por su amigo Baltasar Garzón, no tuvieron consistencia porque confundieron un ataque a su persona con un hiperbólico “chantaje al Estado”. Se victimizó, como cabía esperar, y atribuyó a las “cloacas del Estado y a la derecha, la extrema derecha y a la extrema-extrema derecha” (así, con replique) el origen de sus adversidades pese a formar parte del “Gobierno decente de Pedro Sánchez”. Una cosa es verdad: son una ilegítima intromisión en su intimidad (y así lo dice la ley) esos audios que captaron subrepticiamente su conversación.

Eso también le sucedió —sálvense las distancias que se quieran— a Ignacio González, y Sánchez (marzo de 2015) pidió de inmediato su dimisión a Rajoy. ¿Por qué ahora no iba a hacerlo la oposición con Delgado? Aquella conversación grabada en una cafetería de la Puerta del Sol con el presidente de la Comunidad de Madrid y que versaba sobre su ático en la Costa del Sol acabó con sus escasas posibilidades de encabezar las listas por la comunidad, que lideró la también filmada y falsamente titulada Cristina Cifuentes.

Y las apreciaciones de la ‘princesa’ Corinna, grabadas también por Villarejo, con graves acusaciones al Rey emérito (julio de 2018), no han llevado a Juan Carlos I ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero le han recluido en un exilio interior. Este año —en el 40 aniversario de la Constitución—, el padre de Felipe VI iba a ser rehabilitado tras su traumática abdicación en 2014. Pues bien: también los audios de Villarejo con su ‘amiga entrañable’ le han retirado del circuito público, y no han faltado plumas y voces que han aconsejado al emérito que se instale fuera de España porque aquí, en términos de reputación pública, lo tiene complicado. El Gobierno ha vetado la presencia de Juan Carlos I en la toma de posesión del presidente de México, una de las muy pocas funciones públicas que quedaban al anterior jefe del Estado.

A Delgado le ha ocurrido —insisto: salvando las distancias— lo que a González o a Juan Carlos I. Fue injusto e ilegal que les grabasen, pero una vez los audios se publicaron y quedó demostrada la enorme distancia entre su perfil privado y el público, su reputación se ha erosionado. No es cierto, además, que el nivel de zafiedad de la conversación entre Villarejo, Delgado, Garzón y otros policías sea ‘normal’, como algunos propalan.

Los fiscales y jueces que, en muchas ocasiones, confraternizan distendidamente con cargos policiales que colaboran con ellos en procedimientos penales, por lo general no dejan de ser muy conscientes de su condición profesional, miden sus palabras y se comportan como exige la magistratura que ostentan. Estas desinhibiciones de la ministra la retratan como frívola y bocazas, lo cual es incompatible con el ejercicio del cargo que sigue ostentando, más por conveniencia del presidente del Gobierno que por deseo de la interesada. En fin, la ministra no estará cesada ni destituida, pero sí está amortizada.

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Torra y Vox

El mitin de Vox en Vistalegre el domingo pasado ha dado carta de naturaleza a un partido político que, electoralmente, no ha acreditado su dimensión, aunque en términos demoscópicos pueda representar al 1% del electorado. La oportunidad de su emergencia se producirá en los comicios europeos de mayo de 2019, porque la circunscripción electoral es única y resulta plausible que obtenga alguna representación, como probablemente sucederá con el partido animalista (Pacma).

La formación que dirige Santiago Abascal es una versión española del populismo de derechas que está muy presente en Europa. Se trata de una organización con tesis iliberales que se catalogan en el coloquialismo político como de ultraderecha o extrema derecha. Vox está en línea con las tesis de Salvini, Le Pen, Orbán y otros. De las formaciones que estos lideran toma préstamos en sus 100 medidas presentadas el pasado domingo: desde la reclamación de deportaciones de inmigrantes al antifeminismo, la lucha contra el aborto y la defensa de la familia, todo ello —y más aspectos— llevado a términos extremos.

No era realista suponer que en España no se produjera una manifestación de iliberalismo populista desde la derecha, como ya la teníamos desde hace años (2014) en la izquierda que representa una parte de Podemos (la de Iglesias, no la de Errejón). Pero seguramente Vox no habría alcanzado el grado de notoriedad del que ahora dispone si no hubiese recibido un estímulo reactivo que podríamos denominar autóctono. Me refiero, por supuesto, al proceso soberanista, que ha puesto en peligro objetivo la integridad territorial de España consagrada en la Constitución (artículo 2).

No extraña que haya un sector que replique en términos sentimentales y dialécticos exorbitantes —y, desde luego, también programáticos— a políticos como Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, un político sin credenciales y un activista mediocre que confraterniza intelectualmente con la peor tradición hispanofóbica del nacionalismo catalán, cuyos orígenes se sitúan en el primer tercio del siglo pasado y el romanticismo decadente del XIX. El resultado de esas caminatas xenófobas de Torra remite a sus escritos ofensivos para los españoles (“carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana”) que este personaje no ha remediado con la petición de un sincero perdón. Por ello, es en ese independentismo que ha adquirido las peores adherencias ideológicas y las peores prácticas también ilberales (las tesis de Carl Schmitt están muy presentes) donde reside el mecanismo de reacción que propulsa a Vox.

Recordaba Joan Coscubiela en el programa de Ana Pastor (‘El Objetivo’) del pasado domingo que TV3 gusta de enfrentar en sus debates a representantes de Vox con secesionistas para aumentar el voltaje del choque y alimentar así la victimización de un secesionismo fracasado al que a Antoni Puigverd (‘La Vanguardia’ de ayer en el artículo titulado “Tragicomedia de otoño“) inspira “vergüenza ajena”, y al que acusa de estar empeñado en “dar la razón a sus adversarios”, para añadir que “ahora la épica y la lírica independentistas se han convertido en motivo de escarnio y caricatura”, para rematar que los dirigentes separatistas “han convertido la política catalana en una comedia de enredo”, preguntándose: “¿Olvidan que la farsa es el prólogo del desprestigio?”. Es recomendable la lectura de este durísimo artículo porque viene de la pluma de una personalidad del catalanismo que no se ha distinguido precisamente por redacciones contundentes sino, por el contrario, siempre matizadas. Escrito en un medio que no fuera catalán, este texto resultaría insoportable para el convencionalismo de algunos sectores mediáticos de allí.

En ese fraude del proceso, al calor de sus muchos acontecimientos y desvaríos, hay que enmarcar este sarpullido (de momento) de Vox. Que tendrá continuidad en la medida en que Torra y lo que él significa sigan operando en la vida política española y poniendo en riesgo los fundamentos constitucionales que el partido de Abascal ya quiere tumbar: las autonomías. En las que, por cierto, gobierna (algunas) el PP y en las que el apoyo de Ciudadanos —a populares o socialistas como en Madrid y Andalucía— es decisivo. De ahí, entre otras muchas razones, que atribuir a una supuesta radicalización de Casado y/o de Rivera la explosión patológica de emotividad patriótica del pasado domingo en Vistalegre sea una añagaza de la izquierda y de los nacionalismos para deteriorar a los conservadores y liberales españoles que, sometidos a contraste con sus pares en los países de la Unión Europea, resultan irreprochables.

La extrema derecha, el iliberalismo —en definitiva, el populismo de Vox—, no se ha activado por los movimientos del PP y de Cs sino por el estímulo reactivo hiperbólico de lo que representa Torra en cuanto simple vicario de Puigdemont, actores de la “tragicomedia” otoñal a la que se refiere Puigverd en su ya mencionado artículo. Ocurre lo mismo cuando el PSOE pide lealtad a Casado y Rivera, obviando que a quien debe reclamarla es a sus aliados en la moción de censura: Podemos, el partido de Puigdemont que sostiene a Torra, la ERC de Junqueras y el PNV de Ortuzar y Urkullu.

El proceso soberanista es destructivo. Lo he escrito decenas de veces. Lo es con las realidades y valores de Cataluña. Pero también del conjunto de España. Y es directamente responsable, como efecto colateral, de la aparición de expresiones radicales como Vox, que no pueden tener conexión alguna con la derecha y el liberalismo español (PP y Cs) a los que primeramente quiere destruir para sustituirlos. Por fin, Vox no concierne solo a estos partidos, sino al entero sistema de representación, como se ha acreditado en escenarios extranjeros muy próximos.

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Inés y la bandera

El lunes hará un año —el 8 de octubre— que los símbolos de España, y en particular la bandera, salieron del armario en Cataluña. Fue una manifestación multitudinaria que sorprendió a los independentistas y reconfortó a los que no lo son. Resultó el final de la “espiral de silencio” en la sociedad catalana y del “unanimismo”, según la expresión brillante del filósofo Manuel Cruz. Los separatistas se quedaron perplejos y “descubrieron” que en la comunidad había catalanes que compartían los símbolos constitucionales de España (la bandera está descrita en el artículo 4.1 de la CE) con los de Catalunya (la enseña catalana está también descrita en el artículo 8.2 del Estatuto) y con los de Europa. Aquella manifestación fue un paso de gigante en la visibilización de la otra mayoría social y política catalana: la que no ha secundado a los partidos independentistas en las sucesivas elecciones adjetivadas de “plebiscitarias”: las de 2012, 2015 y 2017.

El miércoles pasado, Inés Arrimadas, exhibió desde la tribuna del Parlamento de Cataluña, durante la caótica y esperpéntica sesión que celebró la Cámara legislativa, una bandera de España asegurando que no desaparecería por mucho que el independentismo se empeñase. Miquel Iceta, que puede ser tan brillante como metepatas, no resistió la tentación tan propia del PSC de reconvenir a la líder de Ciudadanos por lo que le pareció un acto de provocación. Que esa amonestación viniese de otro líder político sería entendible. Que viniese de Iceta, no. Sobre todo, cuando el PSC ha perdido votantes a barullo, tanto hacia el independentismo, al que ha surtido de personajes como Ernest Maragall y Ferran Mascarell, como hacia los liberales de Rivera. Tras Ciudadanos hay más de 1.100.000 ciudadanos de Cataluña (36 escaños) y tras el PSC (17 escaños) algo más 600.000. El 25% del total de los votantes catalanes, no juzgarían que Arrimadas incurriese en una provocación por enarbolar la bandera de España, sino todo lo contrario.

Las provocaciones no pueden calificarse de tales en función de criterios sectarios. No cabe aducir que Inés Arrimadas “provoca” al mismo tiempo que un manto de silencio cubre las fechorías contra los símbolos de España en Cataluña. La semana pasada los CDR asaltaron la sede de la Generalitat en Girona, arriaron la bandera nacional, la pisotearon y la cubrieron con la enseña separatista. Y al tiempo que Arrimadas ofrecía una imagen que logró colocar en todos los medios, los radicales pisoteaban la fotografía del Rey entre el aplauso de los espectadores, mientras desde las alcantarillas de la ciudad de Olot se escuchaba el discurso del jefe del Estado del 3 de octubre del pasado año.

De modo que la líder de Ciudadanos hizo bien por partida triple: porque es necesario hacer presentes los símbolos con los que se identifican millones de catalanes (esos que lo hacen, además, también con la ‘senyera’), porque consumó un gesto de oportunidad para sacar mediáticamente la cabeza en el maremágnum de informaciones protagonizadas siempre y obsesivamente por los separatistas, y porque desafió esa perversa corrección política que en Cataluña consiste en que unos se callan y otros hablan, que unos tienen una identidad superior y otros, o no la tienen, o es de peor condición.

Miembros de los CDR quitán la bandera de España de la sede de la Generalitat en Girona. (Foto: CDR Girona)

Pero es que Inés Arrimadas consiguió con su gesto una utilidad marginal interesante: volvió a mostrar la faz del fanatismo, encarnado —¡así son las cosas!— en gente que teníamos por moderada. Nuria de Gispert, quien fuera presidenta del Parlamento catalán, afiliada a Unió, democristiana, no la soporta. En noviembre de 2017 en un tuit la invitó a volverse a su Jerez natal y luego pidió perdón asegurando que en lo sucesivo contaría “hasta diez” antes de escribir en ese tono literal en las redes sociales. Pero no lo ha hecho y, así que vio a la liberal con la bandera de España, lanzó otro tuit tildándola de “inepta e ignorante”, de “no saber nada de nada” y, de nuevo, la invitó a que regresase a su pueblo.

Las enseñas y los símbolos —los legales e, incluso, los no previstos en norma alguna pero no odiosos— tienen que respetarse porque incorporan un significado de matices muy distintos según qué personas y en qué circunstancias. El radicalismo independentista se ha ensañado con el imaginario español, especialmente su bandera y la monarquía, representada hoy por hoy en Felipe VI al que han escarnecido mediante acoso (26 de agosto de 2017, en Barcelona) y abucheos y silbidos (en estadios de futbol y otros eventos). La libertad de expresión ampara estos comportamientos según criterios jurisprudenciales tanto en España como en otros países. La respuesta a la falta de civismo, pues, no es jurídica (o no siempre) sino política e Inés Arrimadas —además de ensayar un mecanismo infalible de comunicación política: singularizarse y captar el foco— lo ha dado.

Y más vale que lo haga ella a que lo hagan otros. Por ejemplo, mañana, en la plaza de Vistalegre en Madrid, se celebra el primer mitin multitudinario de Vox. Nuestra izquierda tan exquisita va a tener que ir eligiendo: si continuar con el mantra de que el PP y Ciudadanos son derechas extremas o respetarlas en su auténtica idiosincrasia ideológica y estratégica. Porque si no lo hacen, en nuestro país tendremos, antes o después, un nuevo componente populista, pero de derechas, alineado con Salvini, Orbán, Le Pen, y otros muchos líderes y formaciones políticas que comienzan a señorear en la vieja Europa. Esos sí que saben provocar. Inés Arrimadas se limita, simplemente, a defenderse y defender a sus representados. Una causa noble porque ni ofende, ni desprecia, ni alienta a la violencia. Simplemente se afirma en la racionalidad de la diferencia en una sociedad que es naturalmente plural. En eso también consiste la libertad.

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El libro que el Gobierno necesita leer para actuar en Cataluña

Isabel Celaá, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, ministros varios, creen que la retórica de Torra, incendiaria, no se corresponderá con hechos que podrían desbordar de inmediato la legalidad. Creen que una cosa son las palabras y otra los comportamientos, sin reparar en que, en política, las unas se encadenan con los otros. No se sabe qué estratega ha aconsejado al Ejecutivo de Pedro Sánchez capear el temporal catalán con esta argumentación tan simplista.

Acabo de terminar la lectura de ‘La manipulación del lenguaje’ (editorial Espasa), de Nicolás Sartorius. El autor fue diputado constituyente por el Partido Comunista de España después de una larga trayectoria de opositor al franquismo. También fue cofundador de Comisiones Obreras y siempre una personalidad relevante de la izquierda española que sigue en la brecha como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

Su libro, aparte de la calidad de sus reflexiones, tiene el don de la oportunidad y deberían leerlo todos los miembros del Gobierno que manejan ese peligroso sofisma de la inocuidad del lenguaje. En el prólogo de este ensayo —subtitulado ‘Breve diccionario de los engaños’—, Sartorius escribe lo siguiente: “A lo largo de una dilatada actividad política fui comprendiendo mejor algunas cuestiones referentes al uso del lenguaje y sus efectos. La primera fue que, en política, las palabras son ‘hechos’, tienen sus propia densidad ‘física’ y sus efectos pueden ser beneficiosos o catastróficos”. Una reflexión que viene como anillo al dedo para contradecir la tesis que manejan algunos miembros del Ejecutivo en relación con la retórica del secesionismo catalán.

Continúa el autor advirtiendo de que “a lo largo de la historia, palabras habladas o escritas han provocado o impulsado guerras, matanzas, levantamientos, pronunciamientos o quiebras, pero también los hechos más positivos y las expresiones más extraordinarias de la mente humana. No es verdad, por lo tanto, que como se dice vulgarmente ‘las palabras se las lleva el viento’. Muy al contrario, son como rocas o piedras que pueden provocar auténticos aludes o sostener sólidas arquitecturas políticas”.

El relato independentista que nos ha llevado a la crisis ha consistido en una manipulación constante de la realidad y ha cristalizado en expresiones casi icónicas que el constitucionalismo no ha sabido rebatir con eficacia. Sartorius desmantela algunas de esas manipulaciones, de entre las 65 que el autor examina en su ensayo.

Así, mantiene que el “derecho a decidir” es un “encubrimiento de lo que se denomina ‘derecho de autodeterminación’, que en la esfera internacional se reconoce a los países sometidos al yugo colonial o que formaban parte de imperios autocráticos”, y añade que defenderlo es una tesis “profundamente reaccionaria… y supone un torpedo en la línea de flotación de la izquierda política y sindical”. El autor es partidario de la expresión ‘diálogo’, pero el sentido del que propugna el secesionismo lo considera “más un dialoguismo que otra cosa… y se reduce todo a la unilateralidad de la independencia sí o sí, o de la supuestamente inamovible situación actual”.

Nicolás Sartorius desmonta con gran inteligencia la expresión “España nos roba y sostiene que también es una manipulación, en algunos casos, hablar de “Estado español”. Porque “para defender su derecho a ser ‘naciones’, niegan la realidad del conjunto, esto es, de España. Para estos sectores nacionalistas, España sería un Estado, pero no una nación, es decir, no existiría, lo que es a todas luces no solo un disparate sino que choca con la realidad más obvia”.

Por lo que se refiere a la utilización de las palabras ‘exiliado político’, nuestro autor considera que tienen como objetivo “demostrar a las propias huestes y a la opinión pública internacional que el Estado español no es una democracia”. Una trampa semántica, igual que la utilización banal de “fascismo o facha” que en el debate catalán ha alcanzado “niveles grotescos, llegándose a calificar de ‘fascista’ a todo aquel que se opone o combate la actividad secesionista de los partidos nacionalistas, cuando, en realidad, en donde aparecen algunos rasgos del fascismo es en los partidos nacionalistas radicalizados”.

No es posible resumir con brevedad la labor depurativa que Nicolás Sartorius realiza en este libro. De ahí que su lectura —por otra parte, didáctica y accesible— resulte particularmente indicada y nos remita al valor de las palabras en la política y al error de relativizarlas como están haciendo algunos miembros del Gobierno. De la misma manera, la descripciones contrarias —es decir, las tremendistas y viscerales— implicarían una manipulación de distinto cariz. La aspiración común debería consistir en entender que las palabras no son inocentes ni inocuas, que encierran un pacto sobre su significado y que adquieren una especial relevancia en la política.

Sartorius tiene razón: las palabras son ‘hechos’ y, como es mejor prevenir que curar, no hay que olvidar que lo verbal tiende a cristalizar en lo fáctico. Seguro que Sánchez echará una ojeada a este ensayo y lo recomendará tan vivamente como yo lo hago hoy en este artículo. Más que nada para que nadie se engañe y para que el futuro inmediato no nos coja desprevenidos, como podría suceder si el Gobierno sigue instalado en la falsa creencia de que las palabras de Torra solo son una retórica encendida y no el prólogo de otra desesperada asonada.

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El libro que el Gobierno necesita leer para actuar en Cataluña

Isabel Celaá, Carmen Calvo, José Luis Ábalos, ministros varios, creen que la retórica de Torra, incendiaria, no se corresponderá con hechos que podrían desbordar de inmediato la legalidad. Creen que una cosa son las palabras y otra los comportamientos, sin reparar en que, en política, las unas se encadenan con los otros. No se sabe qué estratega ha aconsejado al Ejecutivo de Pedro Sánchez capear el temporal catalán con esta argumentación tan simplista.

Acabo de terminar la lectura de ‘La manipulación del lenguaje’ (editorial Espasa), de Nicolás Sartorius. El autor fue diputado constituyente por el Partido Comunista de España después de una larga trayectoria de opositor al franquismo. También fue cofundador de Comisiones Obreras y siempre una personalidad relevante de la izquierda española que sigue en la brecha como vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

Su libro, aparte de la calidad de sus reflexiones, tiene el don de la oportunidad y deberían leerlo todos los miembros del Gobierno que manejan ese peligroso sofisma de la inocuidad del lenguaje. En el prólogo de este ensayo —subtitulado ‘Breve diccionario de los engaños’—, Sartorius escribe lo siguiente: “A lo largo de una dilatada actividad política fui comprendiendo mejor algunas cuestiones referentes al uso del lenguaje y sus efectos. La primera fue que, en política, las palabras son ‘hechos’, tienen sus propia densidad ‘física’ y sus efectos pueden ser beneficiosos o catastróficos”. Una reflexión que viene como anillo al dedo para contradecir la tesis que manejan algunos miembros del Ejecutivo en relación con la retórica del secesionismo catalán.

Continúa el autor advirtiendo de que “a lo largo de la historia, palabras habladas o escritas han provocado o impulsado guerras, matanzas, levantamientos, pronunciamientos o quiebras, pero también los hechos más positivos y las expresiones más extraordinarias de la mente humana. No es verdad, por lo tanto, que como se dice vulgarmente ‘las palabras se las lleva el viento’. Muy al contrario, son como rocas o piedras que pueden provocar auténticos aludes o sostener sólidas arquitecturas políticas”.

El relato independentista que nos ha llevado a la crisis ha consistido en una manipulación constante de la realidad y ha cristalizado en expresiones casi icónicas que el constitucionalismo no ha sabido rebatir con eficacia. Sartorius desmantela algunas de esas manipulaciones, de entre las 65 que el autor examina en su ensayo.

Así, mantiene que el “derecho a decidir” es un “encubrimiento de lo que se denomina ‘derecho de autodeterminación’, que en la esfera internacional se reconoce a los países sometidos al yugo colonial o que formaban parte de imperios autocráticos”, y añade que defenderlo es una tesis “profundamente reaccionaria… y supone un torpedo en la línea de flotación de la izquierda política y sindical”. El autor es partidario de la expresión ‘diálogo’, pero el sentido del que propugna el secesionismo lo considera “más un dialoguismo que otra cosa… y se reduce todo a la unilateralidad de la independencia sí o sí, o de la supuestamente inamovible situación actual”.

Nicolás Sartorius desmonta con gran inteligencia la expresión “España nos roba y sostiene que también es una manipulación, en algunos casos, hablar de “Estado español”. Porque “para defender su derecho a ser ‘naciones’, niegan la realidad del conjunto, esto es, de España. Para estos sectores nacionalistas, España sería un Estado, pero no una nación, es decir, no existiría, lo que es a todas luces no solo un disparate sino que choca con la realidad más obvia”.

Por lo que se refiere a la utilización de las palabras ‘exiliado político’, nuestro autor considera que tienen como objetivo “demostrar a las propias huestes y a la opinión pública internacional que el Estado español no es una democracia”. Una trampa semántica, igual que la utilización banal de “fascismo o facha” que en el debate catalán ha alcanzado “niveles grotescos, llegándose a calificar de ‘fascista’ a todo aquel que se opone o combate la actividad secesionista de los partidos nacionalistas, cuando, en realidad, en donde aparecen algunos rasgos del fascismo es en los partidos nacionalistas radicalizados”.

No es posible resumir con brevedad la labor depurativa que Nicolás Sartorius realiza en este libro. De ahí que su lectura —por otra parte, didáctica y accesible— resulte particularmente indicada y nos remita al valor de las palabras en la política y al error de relativizarlas como están haciendo algunos miembros del Gobierno. De la misma manera, la descripciones contrarias —es decir, las tremendistas y viscerales— implicarían una manipulación de distinto cariz. La aspiración común debería consistir en entender que las palabras no son inocentes ni inocuas, que encierran un pacto sobre su significado y que adquieren una especial relevancia en la política.

Sartorius tiene razón: las palabras son ‘hechos’ y, como es mejor prevenir que curar, no hay que olvidar que lo verbal tiende a cristalizar en lo fáctico. Seguro que Sánchez echará una ojeada a este ensayo y lo recomendará tan vivamente como yo lo hago hoy en este artículo. Más que nada para que nadie se engañe y para que el futuro inmediato no nos coja desprevenidos, como podría suceder si el Gobierno sigue instalado en la falsa creencia de que las palabras de Torra solo son una retórica encendida y no el prólogo de otra desesperada asonada.

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La potente voz catalana de Borrell en Netflix

El pasado viernes, Netflix (125 millones de suscriptores) subió a su plataforma el documental ‘Dos Cataluñas‘, dirigido por Álvaro Longoria y Gerardo Olivares. Durante dos horas, el reportaje trata de hilvanar la historia del proceso soberanista y, sinceramente, no lo consigue. En primer lugar, por su intrínseca dificultad. En segundo, porque una producción audiovisual es muy dependiente de las imágenes. Y las imágenes del ‘procés’ forman parte del relato secesionista. De ahí que las más impactantes sean las de las manifestaciones de las Diadas y las de las cargas policiales del 1 de octubre. Y que la parte de la historia más mollar, a efectos del gran público, resulte la peripecia de Carles Puigdemont, en torno a quien pivota el guion del documental, que tiene, no obstante, un declarado propósito de neutralidad.

Llama poderosamente la atención que ningún ministro del Gobierno del PP, ni la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, requerida para ello, se haya prestado a ser entrevistado sabiendo el volumen de la audiencia de esta plataforma de ‘streaming’. Solo aparecen el entonces director del Gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, y otro secretario de Estado. Por el contrario, además del expresidente de la Generalitat, opinan con profusión el actual y otros líderes independentistas. El mayor fallo del reportaje —en el que también hay aciertos— consiste en dejar colgada la historia, en no explicar cómo acabó la aventura ilegal de Puigdemont, en no indagar sobre las expresiones de ‘frustración’, ‘engaño’ y ‘fraude’ con que desde el propio mundo independentista se ha calificado el proceso que ayer mostró el feo rostro de la ira de los decepcionados un año después de aquel aciago 1-O.

De entre todas las voces que intervienen en el documental, la más potente del constitucionalismo es la de Josep Borrell. Cuando fue entrevistado, no era, como ahora, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, pero ya había protagonizado la manifestación del 8 de octubre en Barcelona organizada por Sociedad Civil Catalana y publicado con notable éxito su ensayo ‘Las cuentas y los cuentos del independentismo’, del que es coautor Joan Llorach. Y pese a que haya medios y analistas que subrayen un supuesto cambio de posiciones, lo cierto es que Borrell está sosteniendo como ministro lo que antes mantuvo como líder social, sin desmentir nunca su condición de socialista catalán, a la que ha sumado siempre su identidad española y europea. Precisamente por ello, el consistorio de su pueblo natal —Pobla de Segur (Lleida)—, controlado por ERC, quiere quitar la calle que lleva su nombre.

En todas sus intervenciones en el documental de Netflix, Borrell se muestra sereno pero contundente y, sobre todo, rotundo y cartesiano contradictor de las tesis independentistas. Las afirmaciones anteriores del ministro de Exteriores, según las cuales Cataluña sería una nación sin derecho a la autodeterminación y que él preferiría que los políticos presos preventivamente no lo estuvieran, no son nuevas en Borrell y, sobre todo, no resultan incoherentes con sus posiciones. El Tribunal Constitucional ha admitido que Cataluña es una nación desde el punto de vista cultural o lingüístico, pero no nación política, porque la única que como tal reconoce la Carta Magna es la española. Y a esa tesis se han abonado desde hace tiempo Borrell y otros catalanistas indubitablemente enfrentados al propósito separatista.

En el caso del ministro de Exteriores, su postura no puede ser más clara. En la entrevista que con él publica ‘Letras Libres’ (septiembre de 2018), dice lo siguiente: “En la definición de nación de la ‘Encyclopédie française’ no aparece ni la historia, ni la raza ni la religión, nada. Ninguno de los elementos consecutivos de la identidad del ‘ancient règime’ tienen ahí nada que ver. Es un conjunto de ciudadanos que obedecen al mismo Gobierno. De ahí nace el ciudadano y por eso yo soy nacionalista en el sentido de la Revolución Francesa”. Pero más aún: en la misma entrevista, Borrell compara a Junqueras con el líder del Brexit, Nigel Farage, y dice que “se parecen como dos gotas de agua”. Y si hubiese alguna duda sobre las posiciones de Borrell, léase ‘Pasaje después del fracaso de la vía unilateral’, que es el epílogo del libro ‘Anatomía del procés’.

Son importante voces desde la izquierda, como la del actual ministro de Exteriores y Cooperación. Además, incrustada en el Gobierno de Pedro Sánchez, con la autoridad moral que dispone en el socialismo este catalán que constituye toda una garantía de ‘pensamiento fuerte’ en tiempos de vaciedad intelectual y de ausencia de criterios sólidos. Quizás alguna derecha poco perspicaz o, sencillamente, escasamente leída no esté dispuesta a aceptar que Borrell es un activo para la unidad de España y para el entendimiento contemporáneo de la ciudadanía. Se confunde. Tanto por la trayectoria de Borrell como por su labor actual en el Gobierno, quizá callada pero eficiente. Aunque ayer no se mordió la lengua y enfrentó a Torra ante sus responsabilidades: preservar el orden público.

Escuchar las opiniones de Borrell en el reportaje de Netflix —que tendrá una audiencia millonaria— reconforta porque remiten a una personalidad referente en un país que, por la izquierda y en este asunto, alguna tiene pero con una alarmante escasez. Adquiere sentido recordarlo al año del infausto primero de octubre cuando se perpetró la insensatez de un referéndum ilegal que el Estado no supo gestionar, expulsó de Cataluña a sus más grandes empresas y obligó al Rey a rescatar la reputación del país.

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