La crítica decisión de Iglesias y los síntomas de recesión

El diagnóstico, en todo caso negativo, de la situación económica en los países occidentales lo van a proporcionar los líderes del G-7 que se reúnen los próximos días 24 a 26 de agosto en la localidad vasco-francesa de Biarritz. Sánchez acudirá a la cumbre el día 25 invitado por el presidente Macron. Los augurios son pésimos. El cuarto trimestre de este año puede ser el que prologue, no ya una crisis económica, sino una auténtica recesión.

Según los analistas financieros, la mayor rentabilidad de los bonos USA a dos años respecto de la que se obtiene con los emitidos a 10 años preanuncia, como en 2005, una seria contracción económica. Sobre todo si ese dato se acompaña con otros negativos como el decrecimiento del PIB de la eurozona (-0,2%) y de Alemania (-0,1%) en el segundo trimestre, la disminución de la producción industrial y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin olvidar que el 31 de octubre, Reino Unido sale de la Unión Europea con o sin acuerdo.

Javier G. Jorrín

La coyuntura se agrava en España por la incertidumbre política. Llegaríamos a ese inquietante cuarto trimestre sin Gobierno o, eventualmente, con un Ejecutivo sostenido precariamente en un acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos, con la colaboración, que de producirse será pasiva, de los independentistas catalanes, cuyo calendario de hitos contribuirá a la desestabilización: la Diada (11 de septiembre), el congreso de ERC (15 de septiembre), la conferencia del PDeCAT (20 de septiembre) y su posible escisión tras la reunión en Poblet de varios de sus exdirigentes (21 de septiembre), el segundo aniversario del referéndum ilegal de autodeterminación (1 de octubre) y la publicación de la sentencia del Supremo sobre los 12 prolíderes del ‘procés‘ (antes del 16 de octubre).

Cabe también la hipótesis muy verosímil de que el empeoramiento económico nos alcance en la preparación de nuevas elecciones generales el 10 de noviembre si antes del 23 de septiembre no se produce la investidura de Pedro Sánchez (ahora ni siquiera candidato oficial), que pasaría en todo caso por la aceptación de Pablo Iglesias de un Ejecutivo de ‘cooperación’, es decir, por el apoyo de sus 42 escaños al secretario general del PSOE a cambio de un acuerdo programático o de mera investidura. Nada apunta, sin embargo, a un entendimiento entre socialistas y morados. Al contrario, parece cotizar al alza la continuación del disenso.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

¿Cómo podría pasar Unidas Podemos de reclamar un Gobierno de coalición todavía más ambicioso que el que le ofreció Pedro Sánchez el pasado 25 de julio a otro de simple colaboración sin proyectar una imagen de fracaso absoluto de su estrategia? La pirueta de Iglesias no sería fácil en ningún caso, pero sí posible si el líder populista y los dirigentes más duros de su organización manejan dos argumentos bien entendibles por la opinión pública: el primero, que unos nuevos comicios no solucionarían el actual bloqueo (a sabiendas de que sí podrían hacerlo) y, el segundo, que la previsible recesión económica ha alterado el ‘statu quo’ y les exige un comportamiento de máxima responsabilidad. El tercero de los argumentos quedaría sin verbalizar: unas nuevas elecciones mermarían en mucho los resultados que Unidas Podemos obtuvo el pasado 28 de abril.

Las malas previsiones económicas constituirán también un prontuario argumental adicional para apuntalar los propósitos de Gobierno ‘a la portuguesa’ que esgrime Pedro Sánchez. Todas las reticencias del presidente en funciones para incorporar a los populistas al Consejo de Ministros se ven ahora reforzadas e incrementadas ante las desasosegantes expectativas socioeconómicas que justificarían más aún un Ejecutivo socialista que trabaje en políticas homogéneas con los demás de la Unión Europea y ante los que una organización como UP resultaría una rareza. De tal manera que si Pablo Iglesias no rectifica su traído y llevado relato y no aprovecha las agarraderas que le ofrece la coyuntura, vamos indefectiblemente a elecciones en el peor contexto económico y político posible.

Isabel Morillo

La demora negociadora entre el PSOE y Unidas Podemos se debe tanto a una estrategia de aplazamiento de los socialistas para presionar a Iglesias y los suyos como a una real y muy profunda desconfianza entre Sánchez e Iglesias que el presidente en funciones explicitó sin ambages el pasado día 7 en los jardines del Palacio de Marivent. Es posible que los ocho días de descanso estival de unos y otros y la concurrencia de acontecimientos preocupantes, unos previstos y otros no, tengan capacidad para alterar ese estado de ánimo incompatible con cualquier tipo de pacto. Pero, sea así o no lo sea, la decisión crítica corresponde al dirigente morado y debe adoptarla de forma inmediata.

Es incívico que una parte importante de los intereses del país siga suspendida en la incertidumbre hasta el borde mismo del 23 de septiembre. Si vamos a elecciones o hay posibilidad de un Gobierno de ‘cooperación’, tendría que ser una incógnita que se despejase en días y no ya en semanas, como parece va a suceder. Todos los datos para tomar la decisión están a la vista. Solo hace falta que el secretario general de Podemos manifieste que se aviene a negociar un pacto programático y que renuncia a una coalición de gobierno. Y si no lo hace, elecciones el 10 de noviembre, cuando la tormenta económica ya se haya desatado y la política (en Cataluña) se encuentre en su apogeo.

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El 17-A y el torpe independentismo “conspiranoico”

Dos años después de los trágicos atentados en Barcelona y Cambrils, perpetrados por terroristas yihadistas, con un saldo de 16 asesinados, centenares de heridos y ocho de los criminales abatidos por los Mossos d’Escuadra, un sector muy amplio del independentismo catalán ha recurrido a las teorías conspirativas para transfundir nuevas dosis de animadversión contra el Estado y recuperar la eficacia perdida de sus técnicas de agitación y propaganda.

Aprovechando una irresponsabilidad mediática que atribuía una perversa relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Es-Satty, jefe de la célula terrorista, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, denunció que estábamos ante “un escándalo gravísimo” y pedía cuentas al Gobierno.

EFE

El pasado 5 de agosto, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción con los votos de ERC, JxCAT y los comunes (es decir, de Barcelona en Comú, la filial de Unidas Podemos en Cataluña, ahora bajo el liderazgo de la alcaldesa Ada Colau, que lo ha sido con el apoyo del PSC), reclamando que la Cámara baja española constituya una comisión de investigación para depurar esa supuesta relación entre los servicios de inteligencia y el jefe de los terroristas.

Este viernes, el que durante aquellos días trágicos fuera consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, afirmó en un periódico catalán que esa supuesta vinculación entre el imán de Ripoll y el CNI se sume en el “oscurantismo” y “no se puede quedar en el cajón”; y este sábado está prevista una concentración de los CDR (la expresión vandálica del separatismo catalán) en la Sagrada Familia (Barcelona) bajo la consigna de “exigim explicacions“. A lo largo de la jornada se producirán invectivas de los dirigentes más radicales para tratar de que cuaje la percepción de que aquellos terribles crímenes fueron alentados por los servicios de inteligencia españoles para frustrar el ‘procés’.

El que fuera consejero de Interior afirmó en un medio catalán que la supuesta vinculación entre el imán y el CNI “no se puede quedar en un cajón”

El recurso a la “conspiranoia” es un síntoma de frustración política, como bien se pudo comprobar con la que padeció largo tiempo un amplio sector del PP a propósito de la autoría de los atentados del 11-M de 2004. Ocurre que el separatismo catalán se encuentra a un paso de la desbandada, enfrentados los partidos de ese credo en peleas inacabables, inicialmente deslegitimadas las entidades soberanistas (en particular la ANC a la que se ha calificado de “contrapoder” por relevantes figuras del republicanismo como Joan Tardá), y encarado el conjunto del secesionismo a un panorama en nada prometedor para sus propósitos.

En este contexto, las teorías de la conspiración, aunque constituyan un fracaso de la racionalidad, resultan especialmente útiles para galvanizar voluntades y, sobre todo, henchir de energía indignada manifestaciones emocionales de odio a España y al Estado que no solo “robaría” a Cataluña, sino que también habría propiciado atentados terroristas instrumentales para hacer fracasar la consecución de la independencia. Curiosamente, con esta “conspiranoia”, los separatistas diluyen lo que hace dos años se consideró una gestión rápida y eficaz de la crisis por la Generalitat y un éxito policial que devolvió a los Mossos d’Escuadra la reputación que como policía integral tenía perdida.

Marcos Lamelas. Barcelona

Se revalida así, por una parte, la recurrente torpeza política de los dirigentes soberanistas y, por otra, la facilidad con la que en Cataluña se produce un designio autodestructivo que lleva a parte de su sociedad a celebrar más los fracasos históricos que sus indudables logros. Y no solo eso: las teorías conspirativas persiguen el olvido de la gran estrella de aquellos terribles días y hoy considerado “traidor”: Josep Lluìs Trapero, responsable operativo de los Mossos y en la actualidad procesado por rebelión junto con los más altos responsables del cuerpo, incluido el consejero de Interior, encarcelado preventivamente.

El juicio en el otoño próximo de otros terroristas presuntamente implicados en esos atentados preocupa también a muchos dirigentes independentistas. Porque la investigación de los Mossos, previa a los crímenes, se va a abrir en canal, se va a poner encima de la mesa la corrección de los mecanismos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos del Estado, se abordará lo que valientemente denunció ‘El Periódico‘ y su entonces director, Enric Hernández, esto es, la advertencia desatendida de la inteligencia norteamericana sobre la verosimilitud de que aquel ataque terrorista se produjera precisamente en Las Ramblas y otras cuestiones de distinta índole pero todas ellas de carácter crítico.

La repercusión de la “conspiranoia” tratará de ocultar la responsabilidad combinada de consistorio y los Mossos en la “crisis de seguridad” de Barcelona

Sobre la teoría de la conspiración, el trabajo de los periodistas Manel Pérez y Carlota Guindal en ‘La Vanguardia’, ha sido definitivo. La conclusión, tras varias rigurosísimas entregas informativas, es que “las informaciones sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils que apuntan a la existencia de connivencia entre los servicios de inteligencia y los terroristas, se basan en especulaciones de un informe fantasma”. Este esfuerzo profesional por combatir el ‘fake’ de un medio irresponsable, rentabilizado arteramente por el independentismo, es muy de agradecer, pero apunta a una perversión ética de dimensiones formidables: la ausencia de límites por parte de los separatistas en su insomne batalla por deslegitimar a un Estado que, definitivamente, se ha impuesto con la legalidad democrática en la mano.

Por si fuera poco, la repercusión que alcance este sábado la “conspiranoia” secesionista, tratará de ocultar la responsabilidad combinada del ayuntamiento de Barcelona y de los Mossos d’Escuadra en la que se ha calificado por Jaime Collboni (PSC) como “crisis de seguridad” en la capital de Cataluña. A día de ayer sumaban ya ocho los homicidios cometidos en Barcelona en lo que va de verano. En la ciudad hay zonas altamente inseguras, escenarios de una amplia panoplia de delitos impunes. Es solo el reflejo de un consistorio anterior incompetente (y demagógico) y de una Generalitat —Gobierno y Parlamento— en estado de parálisis y dispuesta a someter las instituciones a las consignas subversivas, que incluyen también las más zafias teorías conspirativas.

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Madrid, la catástrofe de la izquierda y la oportunidad de Errejón

La investidura este miércoles de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta —otra más— de la Comunidad de Madrid no por prevista ha dejado de impactar a la izquierda, que contempla sin explicárselo cómo la capital de España —con el interregno de Carmena en el ayuntamiento— y su autonomía siguen bajo el gobierno de la derecha. Incluso en su peor momento, fragmentada y reñida —PP, Ciudadanos y Vox—, la derecha recuperó el 26-M la alcaldía del consistorio de la ciudad y continuó en el Gobierno autonómico. Incluso también en el mejor momento del PSOE, las fuerzas de la izquierda, y tras la victoria electoral de Sánchez el 28 de abril, no han podido asaltar victoriosamente el más importante bastión político de la derecha.

Para los socialistas, para la plataforma de Errejón (Más Madrid) y para Podemos debe ser muy frustrante que tras un cuarto de siglo de gobierno de la derecha en Madrid, y a pesar de los graves casos de corrupción que han afectado a los presidentes populares, su opción haya sido superada esta vez por un tripartito que, siendo competitivo entre sí (PP, Cs y Vox), ha sabido entenderse e institucionalizar en la capital de España y en su autonomía un auténtico contrapoder al previsible Ejecutivo nacional que encabezará el PSOE. Madrid, tras la investidura de este miércoles, es la falla tectónica de la izquierda española y la eventual plataforma de recuperación de la derecha, siempre y cuando extraiga la única conclusión adecuada: para lograr la Moncloa, lo que hoy es, ‘de facto’, un tripartito debe dirigirse a un proceso de refundición.

Madrid es hoy por hoy la autonomía más prospera de España. Registra crecimiento demográfico. Su PIB alcanza, a falta quizá de un par de décimas, el de Cataluña (19%). La capital y su entorno es el más eficaz ascensor social y profesional en nuestro país. La ciudad constituye una de las manchas urbanas más grandes y expansivas de Europa, a la que debe añadirse la promisoria puesta en marcha de la Operación Chamartín. Sus comunicaciones —por ferrocarril, por carretera y su aeropuerto— interconectan la región con toda España, y es la puerta de entrada de todos los países latinoamericanos y de buena parte de los europeos. La oferta cultural de Madrid es excelente en muchas de las variantes tradicionales y de vanguardia. Es una ciudad que se distingue por su tolerancia, hasta el punto de que su identidad es no tenerla, sintetizando todas las que se incorporan a su trepidante dinamismo en un momento en que los nacionalistas gustan de la estigmatización y desprecian la mera condición ciudadana. Es cierto que le beneficia el efecto de la capitalidad, pero su condición de sede de las instituciones del Estado no explica, como antaño, su relevancia en distintos órdenes.

Ángeles Caballero

Que la izquierda española lleve casi un cuarto de siglo sin tocar poder, que el PSOE en el 26-M no haya avanzado ni un milímetro, que Más Madrid y Podemos sumen en la Asamblea de Vallecas lo mismo que en 2015 y que, seguramente por un fallido candidato al ayuntamiento (Pepu Hernández) y una pelea entre la plataforma de Carmena y Pablo Iglesias, el consistorio de la capital haya regresado a manos de la derecha constituye una auténtica catástrofe para la izquierda. Si a esta circunstancia se añade que en Madrid la vida política no es local si no siempre alcanza la dimensión de nacional, se concluirá que la izquierda tiene que hacérselo mirar. Si indaga en sus propuestas electorales a los ciudadanos madrileños, insertos en un proceso de integración de clases medias cada vez más conscientes de sus intereses y de los modelos sociales que desean, quizá la izquierda entienda que sus planteamientos están desintonizados de la realidad de Madrid, cada día una ciudad y una región más robustas.

Íñigo Errejón, que quiso alzarse en el debate de este miércoles en líder de la oposición al inminente Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha entendido, quizá con más certidumbre, que la falla tectónica de la izquierda —para no seguir convulsionándola en su reiterado fracaso en Madrid— reclame una revisión de sus postulados, de sus ofertas de Gobierno y, sobre todo, de un nuevo entendimiento de lo que demanda la sociedad más evolucionada de todas las de España que es la madrileña. El líder de Más Madrid, que obtuvo un buen resultado el 26 de mayo, pudo comprobar ayer que la nueva presidenta de Madrid responde con una resolución dialéctica a sus ataques. Dos frases de la nueva jefa del Gobierno madrileño subrayan su determinación. Tildó a Errejón de “traidor” a Podemos y le espetó que tiene las manos “manchadas” por la dictadura venezolana. Sin miramientos.

Madrid va a ser —con elecciones o sin ellas el 10 de noviembre— la madre de todas las batallas políticas. Se va a acompasar con Andalucía y con Castilla y León, además de Murcia. Sumen superficie, PIB y habitantes de estas autonomías, añadan Galicia y comprobarán que sin el ayuntamiento de la capital y sin el Ejecutivo de su región, la izquierda tiene un grave y gran problema. El modelo fiscal, el educativo, el empresarial y el profesional de Madrid son factores de identidad de una forma de gobernar que, una vez depurados los casos de corrupción (el electorado de las derechas perdona, incluso demasiado), prometen constituir los mimbres de la futura oferta electoral para el conjunto de España. A condición de que, primero, la derecha (el PP) se reconstruya y luego, las derechas (PP, Cs, Vox) se unifiquen bajo la única batuta que se ha demostrado experta: la popular, una vez que Rivera ha despilfarrado su oportunidad histórica.

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¿Y si el Rey se confunde y acierta Sánchez?

Dijo Felipe VI el pasado domingo: “Lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones“. Quizás el jefe del Estado se ha confundido por partida doble con esa reflexión pública. Primero, por expresarla, ya que su función debe ser discretísima siempre en la confidencialidad de la ronda de consultas que establece el artículo 99 de la Constitución. Segundo, por su significado, porque ¿quién le asegura al Rey que esa sea “la mejor solución”? Para muchos ciudadanos en absoluto lo sería si implicase un Gobierno de coalición con Unidas Podemos que propugna un proceso constituyente, el derecho a decidir en Cataluña y la supresión de la propia monarquía parlamentaria.

Para otros muchos ciudadanos podría ser la “mejor solución” si ese Gobierno es de “cooperación” con los morados, de tal forma que el Ejecutivo de Sánchez tuviese un margen de maniobra suficiente para hacer políticas transversales y sin caballos de Troya en la Moncloa. No para Iglesias, desde luego. Y por fin, serán seguramente millones los que desearían que ese Gobierno se fundase en un pacto con Ciudadanos y con el PP.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. (EFE)El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. (EFE)El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el Palacio de Marivent. (EFE)

Como “la mejor solución” no es unívoca ni inequívoca, quizás Felipe VI debió haber eludido el comentario y dejado que fueran el propio Sánchez y los demás dirigentes políticos los que asumiesen el coste de manifestar un criterio susceptible de demasiadas interpretaciones. La “mejor solución” no es un Gobierno. Solo lo es aquel que coincida en sus afectos ideológicos o estratégicos con cada uno de los electorados.

“Lo mejor es encontrar una solución antes de ir a elecciones”. Quizás el Rey se ha confundido por partida doble con esa reflexión pública

En términos generales, las derechas sociales prefieren una repetición electoral porque no desean a Unidas Podemos en el Consejo de Ministros y recelan de un pacto a la portuguesa. En las bases socialistas, de forma mayoritaria, se aspira a un Gobierno de cooperación con los morados, que es, justamente, lo que no quieren los militantes del grupo de Pablo Iglesias. Y como no hay alternativa a Pedro Sánchez, el presidente en funciones despliega toda una estrategia para comprometer a Casado y Rivera, para atribuir la responsabilidad del bloqueo a Unidas Podemos y proclamar que no desea verse dependiente en la presidencia de los votos independentistas.

Como quiera que, además, Sánchez —a quien hay que reprocharle, entre otras cosas, que incumpla la cortesía mínima de acudir con puntualidad a los despachos con el jefe del Estado— aprovechase su comparecencia en los jardines de Marivent para levantar acta de la “recíproca desconfianza” entre él, el PSOE e Iglesias y UP, parece claro que vamos a elecciones el 10 de noviembre, en la seguridad —según Moncloa— de que el panorama parlamentario será otro y mejor para los socialistas y los populares.

Sánchez —y en eso acierta— sabe muy bien que podría alcanzar la gloria de una investidura que le llevaría sin embargo a un infierno de legislatura. El planteamiento del secretario general del PSOE tiene toda la lógica: ¿presidir un Gobierno que no gobierne? La investidura debe ir ligada a la gobernabilidad. Una investidura precaria y traumática es pan para hoy y hambre para mañana. La ambición de Sánchez es íntegra, no parcial.

Sánchez —y en eso acierta— sabe muy bien que podría alcanzar la gloria de una investidura que le llevaría sin embargo a un infierno de legislatura

Llegadas las cosas a la actual situación podría ser que la “mejor solución” no sea formar ya un Gobierno (¿qué Gobierno, majestad?) sino ir a una segunda vuelta electoral que aclarase los términos de la primera (28 de abril pasado) y ya no hubiese otra que constituir un ejecutivo o dejar que el sistema agonice, tras el colapso que supondría celebrar cuatro elecciones generales en cuatro años.

Adicionalmente, el deterioro de la coyuntura económica condicionada en su manejo por un pacto a la portuguesa o por una coalición con la extrema izquierda de Unidas Podemos, nos llevaría a un escenario precario, repleto de incertidumbres. Es preferible, al cien por cien, una socialdemocracia que se entienda con Macron, con Merkel, con Ursula von der Leyen (presidenta de la Comisión de la UE), con Christine Lagarde (presidenta del BCE) y con Kristalina Georgieva (directora gerente del FMI).

Antonio Villarreal

Si las cosas se observan desde esa perspectiva se comprenderá, por una parte, que el presidente en funciones se ajuste a un guion en el que todos tienen la culpa de lo que ocurre menos él y el PSOE (en eso consiste el relato preelectoral) y, por otra, que haya iniciado la campaña con una anticipación que ha dejado perplejos a los morados y dubitativos a los dirigentes de las tres derechas. Así pues, rota “la confianza recíproca” entre Sánchez e Iglesias y entre el PSOE y Unidas Podemos, hay que esperar elecciones en noviembre. “No hay que engañarse. La declaración de ayer del líder socialista es una maniobra dilatoria de envergadura, no altera en nada el ‘estatus quo’, trata de dar sentido a sus reuniones con colectivos sociales y de simular la posibilidad de una investidura en septiembre. En definitiva, es un recurso político lampedusiano“.

A la postre, los comicios —siendo un recurso de última instancia— podrían ser la “mejor solución” o, más exactamente, la alternativa más deseable a un pacto hostil e inconsistente entre socialistas y populistas. La pregunta que habría que formularse es bien sencilla: investidura ¿para qué?, ¿para una legislatura corta y convulsa?, ¿para una gobernabilidad imposible? Quizás el Rey se equivoca y quizás Sánchez acierta. Por mucho que la concatenación de esas dos opiniones estimule las peores secreciones de los ‘haters’ de la derecha y de la izquierda (duras).

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Hacia el 10-N para hundir a Iglesias y desactivar a Rivera

La oferta de coalición de Sánchez a Unidas Podemos ha decaído. Las opciones se han reducido a dos: o los morados aceptan un pacto programático a la portuguesa, o habrá elecciones. La posibilidad de que el PP se abstenga en otra investidura sin que lo haga a la vez Ciudadanos es inverosímil. Rivera, lejos de atemperar sus posiciones, las extrema, y Casado ha enviado señales inequívocamente duras con la designación de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz popular en el Congreso. En la derecha no puede buscar Pedro Sánchez ni el más mínimo margen, ni la más remota posibilidad de colaboración. Menos aún después de la investidura de la socialista Chivite en Navarra con la abstención de EH Bildu. Iglesias, además, persiste en la fórmula de la coalición sin aceptar, ni como hipótesis de trabajo, la de cooperación, que es la que el presidente en funciones dice perseguir y que sería la mejor en las actuales circunstancias.

La realidad es que Pedro Sánchez ya ha iniciado la campaña electoral que culminará el 10 de noviembre. Sus reuniones con colectivos cívicos (feministas, científicos…) y su ronda de contactos que comenzó ayer en Valencia, planteada como un ‘road show’ en que el líder socialista no recibe sino que se desplaza, quiebra el modelo de conversaciones tradicional —siempre en las instalaciones del Congreso, o en la propia Moncloa— y lo convierte en una suerte de itinerario preelectoral. La insistencia del propio secretario general del PSOE en su deseo de que haya Gobierno y no tengan que celebrarse las cuartas elecciones generales en cuatro años más que alejar esa posibilidad parece preanunciarla.

Juanma Romero

Sánchez advirtió de que no habría septiembre a efectos de un segundo intento de investidura. Y Gabriel Rufián llamó la atención sobre el cambio de circunstancias el próximo mes, de forma tal que la posición proactiva de ERC para la designación de Sánchez podría alterarse bruscamente dado el calendario de hitos en la política y la sociedad catalanas. Prácticamente nadie confía en que Pablo Iglesias, en un ataque de humildad franciscana, se avenga a reconvertir sus exigencias de coalición en un mero desiderátum programático. El líder de Podemos prefiere que lo demedie el electorado a que le doble el pulso Sánchez. En política, no siempre se impone la racionalidad. Por el contrario, a menudo lo hace la visceralidad o la ensoñación. Es el caso de Iglesias, pero también de Rivera.

De celebrarse, como parece casi seguro, nuevas elecciones el 10 de noviembre, el objetivo de Sánchez será descargar sobre Iglesias y UP la responsabilidad del fracaso de la izquierda tras el 28-A (y el relato que lo explicaría lo está imponiendo claramente el PSOE), y también sobre Rivera, al que el socialista atribuiría una radicalidad que resta toda funcionalidad a Ciudadanos como pretendido partido de centro liberal. El cálculo de Moncloa es que el PSOE salga muy reforzado y disminuidos tanto Iglesias como Rivera. Pero en la sede de la Presidencia del Gobierno se hacen más cálculos: las tres derechas —por más que el PP trate de conciliar intereses— serán incapaces de formar una coalición electoral para el Senado y tampoco en aquellas circunscripciones con menor atribución de escaños en que la fragmentación las penaliza.

El cálculo de Moncloa es que el PSOE salga muy reforzado y disminuidos tanto Iglesias como Rivera

Iglesias y Rivera, en distinta forma y medida, han dimensionado mal sus capacidades tras el 28-A. Casado ha estado en su papel de líder de la oposición: ha acudido a las llamadas de Moncloa y ha ofrecido a Sánchez acuerdos en grandes asuntos de Estado. Por el contrario, Iglesias ha desplegado una obscena demostración de codicia y Rivera, de radicalidad. Ambos han sido agentes del bloqueo actual. Y serán los más castigados en unas futuras elecciones.

Mañana, Pedro Sánchez despachará en Marivent con el Rey, que se ha mostrado partidario de un acuerdo que evite nuevos comicios, aunque sabe que el presidente del Gobierno en funciones está en otra onda si UP no acepta un mero acuerdo programático. Felipe VI tanteará al presidente en funciones sobre las posibilidades de abrir una nueva ronda de consultas. La respuesta será abiertamente negativa. Nada ha cambiado desde la investidura fallida del 25 de julio y, por lo tanto, el jefe del Estado no recibirá ninguna sugerencia para que vuelva a poner en marcha el mecanismo del artículo 99.4 de la Constitución con la finalidad de encargar otra vez la candidatura a la presidencia a Pedro Sánchez. Tampoco parece serio que Pablo Casado se ofreciera al Rey como candidato alternativo, como sugirió ayer Teodoro García Egea. Excentricidades, las justas.

Felipe VI tanteará al presidente en funciones sobre las posibilidades de abrir una nueva ronda de consultas. La respuesta será abiertamente negativa

Para que se active el mecanismo de designación de candidato, sería necesario que cambiasen de criterio o Iglesias o Rivera. Como no lo van a hacer, Pedro Sánchez ya ha comenzado la campaña electoral para el 10 de noviembre en unas elecciones en las que intentará hundir al morado y desactivar al naranja. La ‘nueva política’ ha sido —está siendo— decepcionante y se olfatea en el ambiente estival que volveremos a los más tradicionales equilibrios de poder.

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Navarra, el socialismo frustrado y la chulería de Otegi

La del socialismo en Navarra es una historia triste. Durante casi un cuarto de siglo ha estado fuera del poder en la comunidad foral. Gabriel Urralburu (1984-1991) y Javier Otano (1995-1996) fueron sus dos presidentes y ambos acabaron en los tribunales. El primero, tras un largo itinerario judicial, fue condenado por el Supremo en 2001 por delitos de corrupción en el contexto de la trama urdida por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. El segundo —Javier Otano— fue también juzgado pero absuelto por prescripción de los hechos presuntamente delictivos que se le atribuían. Desde entonces (1996) la derecha navarra (UPN, con y sin coalición electoral con el PP) y, en la legislatura anterior, un Ejecutivo a cuatro, controlado por el nacionalismo vasco (Geroa Bai, trasunto del PNV en Navarra, y EH Bildu), manejaron los destinos de la autonomía foral.

El PSN ayer triunfante de María Chivite, tuvo dos ocasiones para el desquite. En 2007, José Luis Rodríguez Zapatero se opuso al pacto que el líder socialista allí, Fernando Puras, había sellado con Nafarroa Bai (una coalición de partidos nacionalistas vascos, entre ellos también radicales) e Izquierda Unida. En 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba disuadió al secretario general de los socialistas navarros, Roberto Jiménez, de presentar una moción de censura contra Yolanda Barcina (UPN) porque requería de los votos de la izquierda abertzale para prosperar.

EFE

Tanto en un caso como en otro, el PSN acató las instrucciones de Ferraz pero estas y el recuerdo amargo del final político penal de sus dos presidentes han provocado que el socialismo en Navarra se sintiese profundamente frustrado. Y ahora, María Chivite, a la que Sánchez no ha impedido depender de los votos de EH Bildu, acaba de recuperar el poder. Sin embargo, lo ha logrado bajo la espada de Damocles del arbitrio del partido de Arnaldo Otegi que ayer mismo —para escarnio general— anunció, chulo él, que habrá otros 250 recibimientos populares (“ongi etorris”) a otros tantos presos de ETA cuando regresen a sus domicilios.

De momento, el PSN ha tenido que ceder en el acuerdo programático en tres aspectos cruciales: en los símbolos, en el idioma y, entre líneas, en el repliegue de la Guardia Civil en sus labores de vigilancia del tráfico. Antes, los socialistas navarros se habían opuesto a que la ikurriña ondease en los edificios públicos; también habían sido muy cuidadoso en evitar una política artificial de euskaldunización de la comunidad y, por fin, se habían resistido a que la presencia del Estado mermase a costa del repliegue de efectivos del Instituto armado. El desmayo del PSN ha sucedido porque el socialismo navarro quería salir, al precio que fuera (y leyendo el acuerdo del programa gubernamental ha sido muy alto), del ostracismo al que le habían llevado, por una parte, Urralburu y Otano, y, por otra, las prohibiciones del PSOE de pactar en 2007 y en 2014 con la izquierda radical abertzale.

EFE

La importancia estratégica de Navarra en la política española es simbólica y efectiva. Simbólica porque el nacionalismo vasco considera que la comunidad foral forma parte del hinterland de Euskadi, que Pamplona (Iruña) es la auténtica capital del País Vasco y que sigue vigente, por lo tanto, el grito irredento de “Nafarroa Euskadi da” (“Navarra es Euskadi”). Y su importancia es también efectiva, porque existen posibilidades constitucionales (disposición transitoria cuarta de la CE) de que pueda celebrarse un referéndum de anexión al País Vasco y, de esta manera, crearse una tensión centrífuga más potente de la que podría desarrollar por sí sola la actual comunidad autónoma vasca.

Cualquier presidente debería tener en cuenta este eslabón débil de la integridad territorial de España. Sin embargo, Pedro Sánchez persiste en acercarse

En un artículo que ha desempolvado el catedrático de Ciencia Política Rogelio Alonso, firmado por el filósofo navarro Aurelio Arteta, publicado en ‘El País’ el 5 de abril de 2007, bajo el título ‘O Navarra o nada‘, este insigne intelectual, referencia en el análisis del separatismo y del terrorismo de ETA, escribe: “Cuando Otegi —y ETA con él— pregona ‘sin Navarra nada’, no manifiesta un capricho pasajero o una ambición personal insaciable, sino que se limita a reiterar los dogmas primeros de su fe compartida. Se resumen en los principios de que cierta afinidad natural y cultural entre vecinos les constituye en una sola nación y que toda nación (Euskal Herria) tiene derecho a ser un Estado. El uno es en gran medida una falsedad de hecho, el otro es democráticamente indefendible, pero ambos principios son ideas prácticas que llaman con urgencia a hacerse realidad. Y si no es por las buenas, será por las malas”.

Europa Press

Se opondrá a la tesis de Arteta que ETA ya no existe. Pero continúa su relato a través de EH Bildu y de su jefe de filas Arnaldo Otegi. Cualquier presidente del Gobierno, sea del partido que sea, debería tener en cuenta este eslabón —débil, sin duda— de la integridad territorial de España. Así lo vieron Rodríguez Zapatero y Pérez Rubalcaba. No, sin embargo, Pedro Sánchez que persiste en acercarse en exceso —aunque él afirma rechazar la compañía— a los que organizan los “ongi etorris” a los asesinos, desafiando, no ya los valores constitucionales, sino los más elementales principios morales. Y lo hacen con prepotencia e impunidad como las que lució ayer su jefe en radio Euskadi.

María Chivite, con el apoyo de sus bases (y de las de EH Bildu), se ha introducido en un laberinto político. Una forma de salir de la frustración socialista en la comunidad foral que puede resultar fallida y contraproducente. No diré que la permisividad de Sánchez ha impedido su investidura (PP y Cs no la iban a facilitar con o sin el acuerdo gubernamental del PSN) pero sí que el presidente en funciones persiste en jugar con temeridad en algunos asuntos delicados que requerirían de una determinación absoluta. No la ha tenido en este episodio peligroso que establece una vinculación de dependencia del socialismo navarro a EH Bildu (y al PNV) precarizando lo que siempre ha sido en la democracia española una política de Estado. En definitiva, esta operación en Navarra es un error del PSOE y del PSN.

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La mierda moral y los ‘ongietorris’

Bilbao es ahora una ciudad geriátrica pero verdaderamente agradable, bonita, llena de rotondas ajardinadas y espacios peatonales. Se anuncia una obra extraordinaria: la ampliación del Museo de Bellas Artes con el proyecto Agravitas que firman los arquitectos Foster y Uriarte. Una atracción más para una urbe que camina hacia su conversión en un pequeño parque temático con el icónico Guggenheim de Frank Gehry. Donostia sigue siendo una postal inmarcesible en la que Woody Allen rueda su última película con la bahía de la Concha como coreografía en una ciudad afrancesada, impoluta, ordenada y satisfecha. Y ¿qué decir de Vitoria-Gasteiz? Pues que es la capital (formal) de Euskadi, el conjunto urbano más sostenible de España, con una calidad de vida en el ‘top’ de los ‘rankings’ europeos. Y en las tres ciudades vascas se vive bien, se hacen obras constantemente, se pintan fachadas, se instalan macetas de flores y las calles están primorosamente aseadas. Un país para vivirlo.

Sin embargo, sigue ahí, sin barrer, toda la mierda moral del terrorismo nacionalista de ETA, tan lleno de complicidades, desde las que mantuvo la Iglesia vasca hasta las del PNV, pasando por las de los colaboracionistas emboscados que callaban y las de los brutales partidarios del tiro en la nuca que aplaudían. Una mierda que, de vez en cuando, se muestra obscenamente a la vista de todos como los restos del naufragio en la arena mojada cuando baja la marea. Son los ‘ongietorris‘ (bienvenida en idioma vasco) a los asesinos y delincuentes que regresan a sus domicilios. Como ocurrió el sábado y domingo pasados en Hernani y Oñati, ambos consistorios gobernados por EH Bildu. En los pueblos fueron recibidos con algarabía en las calles dos etarras excarcelados y no arrepentidos: Javier Zabaleta ‘Baldo’, exdirigente de ETA, y Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de Ortega Lara (este julio ha hecho 22 años de su liberación) y asesino de cuatro guardias civiles. En Oñati, el ayuntamiento dio publicidad en su web y en las redes sociales a la llegada del terrorista para que fuera acogido como un ‘gudari’. Un detalle: en el recibimiento popular estuvo presente el ‘carnicero de Mondragón’, Jesús María Zabarte.

El grueso de la sociedad vasca no quiere asumir que no se ha desprendido de la mierda moral que suponen estos homenajes públicos a asesinos juzgados y condenados y que no se han arrepentido de sus crímenes sino que los reivindican como una hazaña. EH Bildu es la fuerza política que recoge los rescoldos de ETA para mantener vivo su recuerdo en la versión falsaria de su lucha “en el conflicto”, y Arnaldo Otegi es el máximo representante de esa cloaca organizativa. Ya se comprobó su catadura —si hicieran falta acreditaciones adicionales— en su entrevista con TVE (nunca se la agradeceremos bastante a quienes pensaron que era, como efectivamente fue, una magnífica idea darle voz para que se notase su pestilencia discursiva). EH Bildu es la segunda fuerza política en el País Vasco. No es necesario ofrecer más datos.

Juanma Romero

El Gobierno, a través de la Fiscalía, ha denunciado esos ‘ongietorris’. Correcta actuación. No lo fue la actitud de la Ertzaintza, que no levantó atestado de los actos de Hernani y Oñati porque no le pareció que en esos pueblos se produjeran indicios de delito. A seguir tragando mierda en una sociedad que pelea duramente contra sí misma para desplomarse en una somnolienta amnesia. Los vascos que siguen allí —se han ido a decenas de miles y siguen haciéndolo— no quieren recordar porque no han asumido aún que deben consumar una catarsis. Y los ‘ongietorris’ a los terroristas son la muestra de su parálisis moral. Mis paisanos honrados escuchan pero no oyen, miran pero no ven. Se niegan a asumir que los excrementos de ETA siguen ahí. Muchos se indignan, sí, pero en privado.

Los vascos que siguen allí no han asumido aún que deben consumar una catarsis. Y los ‘ongietorris’ a los terroristas son la muestra de su parálisis moral

Mientras EH Bildu y todos sus representantes —en el Congreso, en el Parlamento vasco, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos— no abjuren de estos asesinos, quienes pacten, por activa o por pasiva, con Otegi y su gente se contaminarán. Empezando por ERC, que ha hecho un pacto con los ‘abertzales’ (comillas, sí, comillas) en la Cámara Baja y continuando —y siento mucho tener que escribirlo— por los socialistas que van a aceptar gobernar Navarra con la aquiescencia de los ‘bildutarras‘. El PNV acuerda con EH Bildu con total naturalidad.

Sánchez en la tribuna del Congreso debió afirmar taxativamente que no deseaba la abstención de EH Bildu. No lo hizo. Pues ahí tiene los ‘ongietorris’ a dos asesinos etarras para que se lo siga pensando en agosto. Porque allí, en el País Vasco, cuando se rasca, sigue oliendo mal. O sea, no es tiempo todavía para el regreso desde el exilio interior sino de continuar en la ‘ancha Castilla’ a la que nos remitió felizmente el fallecido Xabier Arzalluz a decenas de miles de vascos. Para nosotros no se celebran bienvenidas.

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Una foto humillante y la necrológica de Iglesias

La política española registró uno de sus peores siniestros el pasado jueves. No solo por el fracaso histórico de la izquierda, sino porque el generalizado cutrerío parlamentario permitió que dos representantes de partidos políticos que defienden proyectos de dilución del Estado —EH Bildu y ERC— se convirtiesen en convincentes referencias dialécticas y tácticas tanto para el PSOE como para Unidas Podemos. La comparecencia de Gabriel Rufián y de Mertxe Aizpurua —independentista catalán aquel y vasca esta—, minutos antes del comienzo del pleno en el que naufragó la candidatura de Sánchez, desnudaron la vacía realidad de los dos partidos que se autodenominan “progresistas” e hicieron enrojecer a sus militantes, electores y cuadros más conscientes.

Gabriel Rufián —protagonista de una reconversión digna de una glosa literaria y hasta poética— no solo zahirió, bajo la mirada satisfecha de Aizpurua, la “irresponsabilidad” de los dos partidos de la izquierda española, sino que, además, tuvo la perspicacia de anticipar la “muerte política” de sus líderes si, como luego ocurrió, fallaba la investidura y seguíamos sin gobierno. Al tiempo, el republicano anunció que en septiembre, que en el otoño, él y su partido ya no serían como ahora en este tórrido verano. Las complicaciones del calendario impedirán, advirtió, el papel que ERC ha desempeñado en estas sesiones haciendo contrapunto a JxCAT y ofreciendo facilidades —mediante su abstención— a la presidencia de Sánchez.

Juanma Romero

Pero la humillación que produjo en muchos ámbitos la intervención de esa dupla de políticos subversivos, cuyo objetivo es tumbar el sistema constitucional de 1978 aunque parecieran hablar como sus adalides, no debería eludir la certeza de sus palabras y pronósticos. La izquierda ha fracasado, aunque el PSOE lo ha hecho por unas razones y Unidas Podemos, por otras. Sánchez nunca se enfrentó a la realidad, a su realidad, que consistía en lo intolerable que le resultaba una coalición con Unidas Podemos. Y en vez de haber explicitado la imposibilidad del cogobierno con Iglesias y los suyos, centró el rechazo en la persona del líder morado que, tras un tramposo paso atrás, ha desarrollado una estrategia vengativa revolcando en el fracaso por segunda vez al secretario general socialista.

La izquierda ha fracasado, aunque el PSOE lo ha hecho por unas razones y Unidas Podemos, por otras. Sánchez nunca se enfrentó a la realidad

Sánchez debió rechazar a Podemos evitando la treta de vetar a Iglesias creyendo que así eludía la coalición. Cuando se dio cuenta de su error, ya era tarde y solo la torpeza —mezcla de resentimiento e ignorancia— de Pablo Iglesias evitó, al mismo tiempo, su investidura y la coalición. Si de arrepentimientos se tratase, el líder morado no sabe de verdad la barbaridad política que ha consumado. Porque además de cuartear la cohesión de su grupo parlamentario confederal —ni mucho menos su gestión de la investidura recaba el apoyo de los 42 diputados—, Iglesias ha condenado a UP a una penosísima travesía por el desierto de la crisis. Una vicepresidencia social y tres ministerios le habrían reportado tal cúmulo de ventajas —algunas se las explicaron Rufián y Esteban— que desdeñar la oferta de Sánchez ha sido una imprudencia temeraria. No tendrá tercera oportunidad, tras la del jueves pasado y la de marzo de 2016, como dejó claro Sánchez el jueves en Telecinco y, ayer, Carmen Calvo tras el Consejo de Ministros. Habrá “otras vías” (PP, remotamente Cs) o elecciones en noviembre.

Iglesias se merece la jubilación. O, en otras palabras “la muerte política”. Porque la propuesta socialista que tuvo en sus manos y rechazó, de haberla aceptado, hubiese cambiado por completo las perspectivas de su organización, fracasada en los comicios del 28 de abril y del 26 de mayo. Es verdad que ha logrado que Sánchez no asuma la presidencia del Gobierno, pero el precio de esa venganza —¿qué diferente denominación merece su comportamiento?— comporta otro mucho mayor para él y para UP. Ni en sueños un partido mermado en el Congreso y prácticamente desparecido en la política autonómica y municipal puede rehusar una vicepresidencia y tres ministerios por limitadas que fueran sus competencias —que no lo eran— porque además de gestión política proporcionan visibilidad, jerarquía, formación de cuadros en la Administración General del Estado, y, sobre todo, experiencia de gobierno.

Iglesias no es solo un personaje tóxico para los suyos. Lo es también para la izquierda en España a la que aporta un comunismo camuflado de populismo demagógico. Y lo es para el sistema constitucional al que apela, pero siempre para fragilizarlo con una interpretación distorsionada de sus propósitos y de su espíritu. Con él al frente de Unidas Podemos, no habrá segunda vuelta de investidura en septiembre, sino elecciones el 10 de noviembre con resultados muy problemáticos —más aún de lo que lo fueron el 28 de abril— para su organización. Los jefes de las corrientes de la fuerza política, que (mal) lidera Pablo Iglesias, tendrían que razonar desde la lealtad a un propósito y no al caudillo que ha sucumbido, quizás ignorante, quizás resentido, a sus más estériles pasiones.

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Del fraude al disparate: tres días para la Historia política de España

Si la sesión de investidura fue un fraude (‘Investidura en fraude de Constitución), como traté de argumentar el pasado martes, porque el debate no versó sobre el programa de gobierno (¿de qué gobierno?, ¿monocolor o de coalición?) del candidato sino acerca de los términos de un fantasmal entendimiento entre el PSOE y UP para que Irene Montero fuese vicepresidenta del Ejecutivo con determinado acúmulo de competencias, la jornada de ayer, miércoles, resultó disparatada.

Iglesias ya reventó el martes la negociación desde la tribuna de oradores del Congreso –un pésimo síntoma-, pero la abstención de su grupo en la primera votación de la investidura permitía albergar la esperanza a la izquierda de que se terminaría por conformar un denominado “gobierno de progreso”. El tira y afloja negociador –pasadas las 22 horas de ayer- presentaba los mismos perfiles de riña tumultuaria que protagonizó Iglesias en la Cámara Baja. Unidas Podemos dio a conocer en un escrito sus exigencias al presidente en funciones y este hizo pública su oferta a los morados.

Rafael Méndez

Aunque cuando estas líneas se redactan no se ha producido una ruptura oficial de las negociaciones, el cruce ‘urbi et orbe’ de documentos presagiaba que socialistas y populistas habían entrado en un reyerta mediática de una categoría política ínfima y de una desconsideración institucional de gran envergadura. Se producía una auténtica batalla de propaganda para ganarse el favor de la opinión pública, si es que por tal se entiende al conjunto de ciudadanos a los que se les estaba faltando al respeto, convirtiendo una supuesta negociación política en una pelea ventajista e innoble.

Un Gobierno de coalición jamás, nunca, en ningún caso se negocia así. Con la premura de tiempo con la que lo han abordado el Gobierno en funciones, el PSOE y Unidas Podemos, con la banalidad de convertir la transacción en un zoco de sillas y no en una discusión seria de programas y políticas, y con la hostilidad –a flor de piel- entre los líderes de uno y otro partido que se comportaron como jefes de bandería. Un espectáculo inmerecido y deprimente sin precedentes en la democracia española y que embarra el terreno del debate que hoy culmina –veremos cómo- en el Congreso. Los anales de la historia política de España no registran un episodio tan bochornoso como el de estos tres días y medio.

Por lo demás, y de ser auténticos los documentos que ayer se hicieron públicos, y si fuera cierto que Pedro Sánchez ha ofrecido a Unidos Podemos una vicepresidencia (Irene Montero) para Asuntos Sociales y los ministerios de Vivienda y Economía Social, Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo y el de Igualdad, parecería que la propuesta no sería en absoluto desdeñable, en tanto que resultaría desmesurada la pretensión de acaparar la gestión por los morados de una serie de materias que, como ayer interpretaban en la Moncloa y Ferraz, implicaba un poder desproporcionado en el Consejo de Ministros teniendo en cuenta la relación de votos y escaños entre UP y PSOE, cuya suma, hay que recordarlo, no granjea a Sánchez la mayoría absoluta.

La izquierda española se disparó ayer un tiro -¿en el pie, en la sien?– con un comportamiento institucionalmente indigno y políticamente tabernario. Ya sabemos que la narrativa ganadora –el famoso relato- exige reformular algunas reglas de compromiso y hasta llegar a forzarlas. Pero no se debe perder ni la sensatez para salvaguarda la reputación propia ni el respeto a los ciudadanos. Ayer se extraviaron la primera y el segundo. Ya sin remisión, las primeras palabras de hoy en el Congreso de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, debieran ser de disculpas ante la propia Cámara como expresión de la soberanía popular. Porque ambos se comportaron por debajo de los menos exigentes estándares democráticos. El sistema constitucional e institucional viene padeciendo un estrés salvaje por una irresponsabilidad cuya explicación se encuentra en una descarnada lucha por el poder con protagonistas que dejaron de ser adversarios y se han convertido en desvergonzados enemigos.

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Investidura en fraude de Constitución

Este lunes no comenzó en el Congreso de los Diputados un debate de investidura. Lo que se inició en la Cámara baja fue un debate sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez y el PSOE formasen con Unidas Podemos un Gobierno de coalición. Fue así evidente que quedaron subvertidos la letra y el espíritu del artículo 99.2 de la Constitución Española según el cual “el candidato… propondrá… el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara”. Pues bien: Pedro Sánchez expuso un programa, sí, pero sin que, ni los diputados, ni su propio grupo parlamentario, ni, por supuesto los ciudadanos, supiéramos qué Consejo de Ministros –si monocolor o integrado por dos partidos- lo gestionaría en caso de prosperar la candidatura.

Rafael Méndez

Descontadas por previsibles las intervenciones de Pablo Casado (PP) y de Rivera (Ciudadanos) –ambas negativas a permitir con la abstención la investidura de Sánchez– la discusión parlamentaria no se refirió al conjunto de medidas que el aspirante expuso durante dos horas en la sesión matutina. Todo el debate se centró en un tira y afloja entre el secretario general del PSOE –renuente a una coalición con UP- y Pablo Iglesias –favorable a ella pero con criterios de proporcionalidad y poder material en el Gobierno-, mediando la muy desafortunada intervención del morado catalán Jaume Asens que le proporcionó un balón oxígeno al presidente en funciones al manifestar su afinidad con el independentismo catalán.

Si las derechas –en la versión no del todo desacertada de Sánchez- “utilizan” la situación catalana con fines electoralistas, él lo hizo para cavar una ancha trinchera entre el PSOE y Unidas Podemos, hasta el punto de que el presiente en funciones, con unos razonamientos lógicos pero también instrumentales, empleó la “política de Estado” que requiere Cataluña para irse distanciando progresivamente –cada vez más a medida que transcurrían los respectivos toma y daca- de un Ejecutivo en coalición con la formación morada. El líder socialista, además, recordó, que UP frustró el acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones, entre otras desavenencias, más sugeridas que expresas, entre ellas el valor aritmético de que los 42 escaños de Iglesias no suman mayoría absoluta con los 123 del PSOE.

J. G. Jorrín

Siendo importante este debate, lo es mucho más la perversión constitucional de transformar su naturaleza. Cuando un candidato a la presidencia del Gobierno comparece para su investidura –aquí y en cualquier país democrático- lo hace con todas las cartas boca arriba y se sabe de antemano, tras una amplia negociación, que su investidura se plantea para gestionar un programa con un gobierno de coalición. El dato es sustancial, no adjetivo. No es separable el programa de sus gestores y hurtar a la Cámara y a la opinión pública qué forma de Ejecutivo será el que trataría de cumplir los compromisos de la investidura, es restarle un conocimiento de naturaleza esencial. Y roza el esperpento que en un plenario parlamentario de estas características se debata, micrófonos abiertos, los términos de un entendimiento de coalición.

Es muy difícil atribuir responsabilidades por esta malversación constitucional. El responsable podría ser Sánchez o Iglesias. Seguramente, ambos. Lo reseñable es que la política española comienza a tocar el hueso del sistema. Se acumulan las malas prácticas de los dirigentes en el manejo de las reglas del juego y se ha llegado al descaro de mutar el sentido que el constituyente atribuyó al debate de investidura en el artículo 99 de la Carta Magna. Por lo demás, los argumentos de la discusión sobre la coalición, la cooperación o la colaboración –sea finalmente lo que sea- no se refirieron a los programas y las políticas sino a las cuotas de poder en el Consejo de Ministros.

Si la coalición prospera, tras el espectáculo que ofrecieron unos y otros, nacerá tarada; y si no lo hace, la posibilidad de regresar a las urnas es alta. La cuestión es que transcurridos casi tres meses desde la celebración de las elecciones generales, se llegó a un debate de investidura para ventear los desacuerdos sobre un gobierno de coalición. Se consumó, en consecuencia, un fraude a la Constitución, se banalizó el ritual parlamentario y se voló dialécticamente raso. Resultó, todo en su conjunto, verdaderamente lamentable.

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