Estafa en Barcelona

“Nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana perdure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias”

Manuel Azaña. Presidente de la Segunda República.

En ocasiones la realidad es tan nítida que ofrece las claves más obvias para interpretar los acontecimientos. La jornada de ayer en Barcelona fue una “estafa”. No lo digo yo. Era lo que proclamaba una de las tres pancartas que colgaban de las fachadas de las Ramblas y de Plaza Cataluña. En una que daba al mosaico de Miró podía leerse: “Sin ellos este acto es una estafa”. Ellos son, claro, los políticos presos que para los independentistas resultan presos políticos. Y el secesionismo se comportó ayer –más allá de los análisis bienintencionados- en coherencia con la calificación (“estafa”) que se propaló desde una fachada barcelonesa a modo de velamen náutico.

Prácticamente, nada fue lo que parecía. Los separatistas decidieron no repetir su vergonzoso comportamiento colectivo contra el Rey del 26 de agosto del año pasado y actuaron a la inversa: se replegaron de manera ostensible, eludieron los símbolos, evitaron los gritos, gotearon consignas amarillas en las horas previas, Torra hizo su esperable aportación en una declaración institucional prescindible y hasta permitieron que unos desavisados y torpes “unionistas” se creyeran por un tiempo que el centro de la Ciudad Condal era el madrileño barrio de Chamberí. La consigna de criogenización del acto en Plaza Cataluña funcionó con la exactitud con la que lo hacen las asiáticas consignas del secesionismo. Estuvo –distante, renuente, forzada- la autoridad competente y los partidos políticos (no la CUP) pero no hubo ni una sonrisa ni un apretón de manos. Formaba parte de la estafa.

Pancarta en el edificio de La Rambla de Barcelona. (EFE)

Capítulo aparte merece la recepción y el tratamiento protocolario que recibió el Jefe del Estado. Padeció, que no lo dude el Gobierno, la dignidad de la institución por más que la actitud de Felipe VI compensase los desplantes. Fue recibido sólo por la delegada del Gobierno en la Comunidad. Torra se cobró el inevitable saludo al monarca imponiéndole la presencia de la esposa del procesado por rebelión, Joaquim Forn, y tanto él como la Reina soportaron durante todo el acto los mensajes hostiles de las pancartas indemnes en su descaro. Una de ellas colgada en el nº 9 de la misma Plaza Cataluña. Ninguna se retiró antes de que llegasen los reyes o comenzase la ceremonia.

Así los separatistas hicieron al Jefe del Estado “un Tortosa” que es expresión explicativa de una actitud de absoluto menosprecio. En vez de gritos y encerronas, vacíos y silencios. Ellos manejan igualmente bien la mudez como la verborrea, es decir, saben cómo llenar la Diagonal en una Diada o emboscar al Rey en la cabecera de una manifestación y cómo vaciarla o aislar al adversario. Todo forma parte del mismo “expertise” subversivo que alientan Puigdemont y Torra, secundados por las falanges populares que les organizan la ANC y Òmnium Cultural que se reservaron para el acto propio de conmemoración de los atentado que se celebró ante la cárcel de Lledoners en donde están recluidos preventivamente Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Allí, sin inhibiciones, se formó un aquelarre antimonárquico y separatista en el que participó un elenco estelar que clausuró el discurso del auténtico Torra.

¿Las víctimas? A nadie se le cayó de la boca su condición de tales; su homenaje; su solidaridad; su cercanía, pero la consigna de aislar al Rey (recuerden: “Sin ellos el acto es una estafa”) pudo mucho más que el impulso de acompañarlas masivamente –como saben hacerlo en la Cataluña que se moviliza recurrentemente- en el primer aniversario de su desgracia causada por la criminal acción de unos terroristas yihadistas que habitaban en Ripoll y de los que nos queda mucho por saber pese a los ditirámbicos elogios a la gestión de la policía autónoma catalana. Las dosis de silencio al respecto son espectaculares en Cataluña y cuando alguien las desafía se cierne sobre el averiguador –sea periodista, sea medio de comunicación- toda clase de represalias. Ejemplos hay de ello.

Habrá quien crea que ayer los acontecimientos discurrieron mejor que el 26 de agosto del año pasado. Se confunde: se desarrollaron, sí, más taimadamente, pero con similar intencionalidad y muy parecidos resultados. El acto conmemorativo de la mañana fue el conveniente en función de las circunstancias internas del propio separatismo; el de la tarde en Lledoners –y los previos del jueves- redundó en la estrategia de agit-prop secesionista que ha inaugurado una larga carrera con etapas volantes: 6 y 7 de septiembre (leyes de desconexión), 11 de septiembre (Diada), 20 de septiembre (registro policial y asedio popular a la consejería de Economía), 1 de octubre (referéndum ilegal), 27 de octubre (declaración -¿o no?- de independencia) y 28 de ese mismo mes, fuga de Puigdemont. Un calendario casi imposible para un Gobierno -¿quién gestiona la cuenta de twitter del presidente Sánchez?- que se mantiene en pie parlamentario porque así lo quieren los que calificaron el acto de la mañana de ayer como de una “estafa”. Sí, efectivamente, lo fue.

from Notebook https://ift.tt/2vTtCG2
via IFTTT

Víctimas y PP, un sonado divorcio

Maite Araluce es la presidenta desde el pasado mes de mayo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La respaldó el 97% de los votos de la asamblea de la organización. Su padre, Juan María Araluce Villar, fue asesinado por la banda terrorista el 4 de octubre de 1976. Era presidente de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en el atentado –ametrallamiento- murieron su chófer y tres policías de su escolta. Ocurrió en San Sebastián, donde Gregorio Ordóñez fue también asesinado el 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa en la parte vieja donostiarra. Su hermana, Consuelo, es la presidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Gregorio Ordóñez era el líder del PP en Guipúzcoa.

Pues bien: ambas presidentas han declarado que los traslados con acercamiento de los etarras Olga Sanz y Javier Moreno desde la cárcel de Villabona (Asturias) a la de Basauri (Vizcaya) son “legales” y no merecen su crítica. Los dos etarras han progresado judicialmente al tercer grado, se han arrepentido de su pasado criminal renunciando expresamente a la violencia y han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades. El Gobierno considera este movimiento como un “gesto”, aunque, según informaba ayer ‘El Correo de Bilbao‘, el presidente Sánchez pretende iniciar una cautelosa política de acercamiento de una parte reducida de los 218 presos etarras recluidos en 19 cárceles españolas, siguiendo los pasos de la política de Emmanuel Macron.

El criterio que utilizaría el Ejecutivo sería el de trasladar a cárceles del País Vasco, o a muy cercanas, a reclusos sin autoría en crímenes de sangre, enfermos de gravedad y aquellos de edad avanzada (70 o más años). El Ministerio del Interior trataría de informar previamente a las organizaciones de las víctimas para recabar su conformidad, “o comprensión” (‘sic’, de fuentes del Ministerio), aunque “ve difícil” consensuar esta corrección de rumbo penitenciario con el PP, aunque “quizás sí con Ciudadanos”. De momento, la sintonía entre la AVT y Covite con el Partido Popular se ha roto. Y el divorcio se ha producido por dos circunstancias que merecen alguna reflexión en la sede de la calle Génova.

En primer lugar, Pablo Casado, al criticar el traslado de Sanz y Moreno no reparó en las circunstancias que concurrían en ambos que, sin embargo, sí fueron estrictamente valoradas por Araluce y por Ordóñez. Y en segundo lugar, el líder del PP adujo que este movimiento carcelario era “un pago” de Sánchez al PNV. Las organizaciones de las víctimas –muy plurales y distintas, con percepciones dispares sobre la política penitenciaria- están doblemente hartas. Tanto de formar parte de la munición político-partidista del PP como del doble juego de sus dirigentes con el PNV, que pasa de socio a adversario a conveniencia de la coyuntura.

Recuerdan bien que nadie como Rajoy, tanto en 2017 (ley de cupo) como en 2018 (concesiones presupuestarias exorbitantes) abonó compensaciones muy altas por el apoyo de los votos nacionalistas. El 3 de mayo pasado, el lendakari Urkullu declaró a ‘El País‘ –sin que mediara desmentido alguno- que “Rajoy es sensible a un cambio en la política penitenciaria”. Puede que Sánchez “esté pagando” precio por el apoyo peneuvista a la moción de censura, pero el que sin duda lo abonó generosamente fue Rajoy que, además, fue, efectivamente, “sensible” a determinados movimientos penitenciarios que no le dio tiempo a efectuar. Pablo Casado, al desconocer imprudentemente la trayectoria reciente de su partido, y utilizar un argumentario superado, ha propiciado una inédita y grave discrepancia con las principales asociaciones que agrupan a las víctimas del terrorismo.

El alejamiento de los presos terroristas de sus lugares de domicilio y origen, y su dispersión, fueron medidas adoptadas a finales de los años ochenta por Enrique Múgica, ministro de Justicia, y por el fallecido Antoni Asunción, director general de Instituciones Penitenciarias. Trataban de quebrar los vínculos grupales que cohesionaban a los terroristas y distanciarles de ambientes sociales que les resultaban favorables. Ambas medidas fueron un éxito porque los reclusos ‘duros’ dejaron de intimidar a los más ‘blandos’, que comenzaron a reclamar beneficios penitenciarios y, a la postre, a abjurar de su pasado criminal.

Lo que no se ha conseguido del colectivo de presos etarras aún dispersos y alejados es que su arrepentimiento conlleve una efectiva colaboración con la Justicia, necesaria para esclarecer centenares de asesinatos de la banda terrorista ETA. Las víctimas no se oponen, en consecuencia, a una rectificación de la política penitenciaria pero exigen que sea el resultado de un cambio de actitud radical de los reclusos que debiera objetivarse en la petición de perdón, pero sobre todo en su contribución al esclarecimiento de crímenes cuya autoría concreta se desconoce. Nada más lógico y comprensible.

Estamos en ese punto. Superada, en consecuencia, la fase en la que el PP podía esgrimir que era “el partido que amparaba a las víctimas”. El encontronazo sonado entre Araluce, Ordóñez y Pablo Casado constituye un episodio mucho más serio de lo que se ha valorado e implica un divorcio a través del cual las víctimas del terrorismo quieren recobrar un margen de maniobra que han ido perdiendo. Su papel es de Estado, no de partido. Entre otras muchas razones porque hay víctimas –decenas y decenas- que están próximas al PSOE y a la política de Sánchez y porque el mundo en que estas se mueven, emocionalmente complejo y políticamente plural, requiere de un espacio que, en las actuales circunstancias históricas, debe ser autónomo de los partidos.

from Notebook https://ift.tt/2P3P8jg
via IFTTT

Torra, el fascismo y el linchamiento de Inés Arrimadas

Transferir la propia culpa endosándosela al adversario es uno de los mecanismos más frecuentes para eludir responsabilidades. El ejemplo más elocuente lo acaba de protagonizar el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra. El pasado día 4 publicó en ‘El Periódico’ un ramplón artículo titulado “Como un solo pueblo contra el fascismo”. Para los independentistas catalanes radicales el fascismo es un significante vacío que utilizan arrojadizamente para estigmatizar al adversario. Y ello al margen de que el concepto –fascismo, fascista– sea o no adecuadamente utilizado.

Para Torra y los que piensan como él, es “fascista” reclamar que desaparezcan del espacio público –calles, plazas, edificios oficiales, playas- los lazos y las cruces amarillas y, por derivación, son fascistas todos aquellos que disientan de las verdades oficiales del credo secesionista. Se impone la simbología sectaria, de parte, y la hegemonía sentimental y argumentativa de la Cataluña irredenta que lucha contra la opresión.

Lo que Torra ha pretendido con la oficialización del combate al supuesto fascismo es construir un eslabón más en la cadena conceptual que va enlazando de manera interminable el relato separatista que, por una parte, busca aumentar la leyenda áurea del catalanismo y, por otra, la negra de la españolidad. El ‘procés’ es un fiasco histórico de dimensiones extraordinarias. Los independentistas lo saben. No ha reportado a Cataluña nada y le ha sustraído cohesión, bienestar, progreso y reputación.

La única forma de seguir resistiendo consiste en localizar motivos para mantener prietas las filas de los incondicionales e insistir en la demonización de los enemigos aglutinantes. España y el Estado son, por opresores, los adversarios históricos y colectivos. Y algunas personas en particular, agentes de desestabilización de los paradigmas separatistas que aspiran a imponerse mediante la intimidación, el silencio y la utilización abusiva del sistema institucional que se propone la persecución del disidente.

El profesor Antón Costas ya se ha encargado de dejar las cosas claras en otro artículo de respuesta –sin serlo formalmente- al de Torra. Se publicó también en el “El Periódico” el pasado día 7, titulado “Dictadura de la minoría independentista radical”. La tesis de este académico, muy respetado en Cataluña, consistía en que las leyes de desconexión aprobadas los pasados 6 y 7 de septiembre de 2017 constituyeron un “auténtico golpe parlamentario revolucionario”, algo obvio que remite a los procedimientos totalitarios de entreguerras del siglo pasado que propiciaron los regímenes fascista (Italia) y nacionalsocialista (Alemania).

Este artículo de Antón Costas es importante por lo que podría tener de respuesta al anterior de Torra y porque, además, se produce en el circuito intelectual de una Cataluña en la que sus voces de autoridad social escasean, se esconden o han enmudecido. Sólo el título de la pieza, con alusión a la dictadura materializada en la agresión a la minoría parlamentaria en septiembre del pasado año, desmonta la mendaz tesis de un Torra que sigue sin retractarse de sus escritos xenófobos ni de abjurar de sus adhesiones admirativas a los fascistas catalanes de los años treinta del siglo pasado.

El auténtico fascismo –en la versión posmoderna que manejamos– es totalizador (“todos los catalanes”), se basa en la movilización permanente de masas, utiliza símbolos hacia los que impone una adhesión emotiva o, en su defecto, un acatamiento silente y, por fin, practica una política, a más de sectaria, totalitaria, poniendo a su servicio el entero sistema institucional que se convierte en un aparato de partido y no en una estructura orgánica al servicio de los ciudadanos.

Eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. Y contra eso se han rebelado allí, al menos resueltamente, muy pocas organizaciones y muy pocas personas relevantes, aunque no puedan echarse en saco roto los esfuerzos de las organizaciones sociales constitucionalistas. En cuanto a los partidos políticos, solo Ciudadanos –el PP es allí inexistente- ha desencadenado una campaña contra la hegemonía amarilla. Y la comanda una mujer, Inés Arrimadas, que está soportando desde hace meses un calvario de insultos y descalificaciones que se quedan en el éter sin respuesta de sus colegas de otras formaciones, ni de las organizaciones feministas.

Arrimadas reúne en su persona brillantez intelectual, mestizaje territorial, valentía y capacidad de liderazgo. Hay personajes que le profesan una inquina que le honra: es el caso de la atrabiliaria Núria de Gispert que la expulsa a su Jerez natal cuando le afecta la tramontana ideológica. A la dirigente naranja la han insultado ferozmente: “malparida” y “cerda” y “puta”. Le han deseado que la violen “en grupo”.

Periodistas del régimen se han inmiscuido en su vida privada aludiendo a la profesión de su padre –policía y ahora abogado en ejercicio-; le han reprochado que no canta el himno catalán (¡qué sarcasmo!), y la han querido echar de localidades como Canet de Mar o Vic y hasta se ha popularizado la expresión “hacer un Tortosa” que implicaría desconocer despectivamente su presencia en aquella ciudad, visto que no le arredran los escraches de los que ha sido víctima cuando ha visitado otras.

La CUP –con la complacencia generalizada del independentismo y algunos silencios para mí muy decepcionantes (Miquel Iceta)- ha señalado a Arrimadas como la “instigadora” de la campaña contra la ocupación sectaria de los espacios públicos por lazos y las cruces amarillos. Ya tiene que llevar escolta. Pues bien: esto es, justamente, fascismo. Pero Torra no tenía espacio en su artículo para denunciar el linchamiento que practican sobre Arrimadas sus revividos y admirados “escamots”.

from Notebook https://ift.tt/2P59Yz0
via IFTTT

Casado y el golpe de calor

No ha transcurrido un mes desde su elección como presidente nacional del PP en el 19º congreso extraordinario de su organización y la titular del juzgado de instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, imputa a Pablo Casado, indiciariamente, la presunta comisión de dos delitos: cohecho impropio y prevaricación, en grado de cooperación necesaria. Ambos se derivarían de un comportamiento supuestamente fraudulento en la obtención en 2009 de un máster en derecho autonómico en el instituto adherido a la Universidad Rey Juan Carlos que dirigiría el catedrático Álvarez Conde. A Casado le fueron convalidadas una docena de asignaturas y aprobó cuatro más con la mera presentación de trabajos cuya autenticidad pone ahora en duda la jueza, al punto de llegar a afirmar que su título —que no es habilitante para ninguna función en particular— ha sido un “regalo político”.

Como el presidente del PP es diputado por Ávila, está aforado ante la Sala Segunda del Supremo, a la que Carmen Rodríguez-Medel eleva una exposición razonada para que sea ese tribunal el que valore sus argumentos y, en caso de considerarlos solventes, nombre un instructor que investigue la conducta de Casado —y de otros—, le procese si es el caso, y le juzgue. La causa arrastra al Supremo a tres alumnas del mismo máster que cursó Casado —acusadas de iguales delitos— y a cuatro docentes. Mientras, sigue en tramitación la causa contra Cristina Cifuentes.

Para Casado y para el PP, esta exposición razonada —que introduce expresiones y valoraciones que van más allá de la asepsia de este trámite tan delicado y que anticipa la comisión de delitos que, como el de cohecho impropio, tan pocos antecedentes registra en la jurisprudencia del TS cuando no media una dádiva material— les produce el mismo efecto político que un golpe de calor: caen las constantes vitales y se produce un fallo multiorgánico. Más allá de metáforas: este paso procesal, muy provisional e indiciario, enajena los activos que tan fulminantemente ha querido acumular Pablo Casado en muy pocos días después de su elección.

Aunque consta que tanto él como su entorno están muy lejos de plantearse un itinerario que no sea el seguido hasta ahora, lo cierto es que el contratiempo es de enorme envergadura. Entre otras razones porque no solo nutre el argumentario de sus adversarios políticos (todos los demás partidos), sino también porque frena en seco la posibilidad de una rápida integración de los más significados representantes de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y de la misma expresidenta, que se negó a ocupar una vocalía en la ejecutiva popular que dejó vacante y a su disposición Pablo Casado.

La decisión de la Sala Segunda del TS sobre la apertura de una instrucción a Casado se prolongará meses, entre otras razones porque el presidente del PP puede interponer recurso de reforma contra la decisión de la jueza y, en su caso, de apelación. La permanencia mediática de este asunto revoloteando sobre el líder conservador lesionará muy seriamente sus posibilidades de ser considerado un dirigente cuajado, solvente y con un horizonte despejado. El asunto no remite al imaginario de la corrupción tradicional que tanto coste ha tenido para el PP, pero sí a unas prácticas —en este caso, académicas— que forman parte de esa otra corrupción grisácea que cabalga entre el reproche penal y la reprobación ética y cívica.

El golpe de calor político que ha dejado a Casado con las constantes vitales comprometidas no es un revés definitivo, porque nada está concluido hasta que la Sala Segunda del Supremo se pronuncie. Pero hasta que esa decisión se produzca, Casado y el PP van a tener que jugar el partido de la política española con las manos atadas y con su previsto goleador lesionado. Los populares deben recomponer su estrategia (la actual consistía en negar que este asunto prosperase judicialmente) y adelantarse a ofrecer algunas seguridades (si pueden) que la jueza Carmen Rodríguez-Medel pone en duda.

Deberán acreditar que los trabajos de Casado con los que aprobó varias asignaturas se elaboraron en su momento; que fueron entregados de manera fehaciente a los docentes; que es posible (o no) peritar el ordenador en el que se realizaron, y que existen otros casos de convalidaciones y fórmulas similares de aprobación de materias que beneficiaron a alumnos sin ninguna relevancia social o política que explicase que el máster no fue el ‘regalo’ que la jueza supone le hizo el chiringuito de Álvarez Conde a un joven Pablo Casado. En 2009, el palentino era uno más entre los muchos cargos públicos de aquel PP aguirrista que tanto daño y tan prolongadamente ha hecho a la derecha española.

Soraya y los demás perdedores del 19º congreso popular están pendientes de esta relativamente imprevista tercera vuelta en la elección del sucesor de Mariano Rajoy. Y este acoso silente y desde dentro es el que más lesivamente puede erosionar a un presidente del PP que, con la inestimable ayuda de Cospedal, cerró con la derrota de la exvicepresidenta del Gobierno en las primarias del partido un marianismo rampante que ayer recuperó una remota esperanza de eludir su doble censura: en el Parlamento y en el partido.

from Notebook https://ift.tt/2OfkF0w
via IFTTT

Sánchez y el efecto alucinógeno

Cuando los encuestadores del CIS realizaron el trabajo de campo (entre el 1 y el 10 de julio) del barómetro que se conoció el pasado jueves, la izquierda y sus entornos todavía seguían generando endorfinas. Sánchez había logrado aunar una coalición de rechazo para echar a Rajoy –lo que alivió más allá de la misma izquierda- y aún se notaba la onda expansiva de su “gobierno bonito”. Un Ejecutivo de desconocidos pero que cayó muy bien: más mujeres que hombres; personalidades con ciertas dosis de transversalidad (la ortodoxia se dejó para cubrir otro nivel de puestos en el sector público); algunos ministros populares (¿quién no apreciaría a Pedro Duque, el más valorado en la encuesta?) y un discurso colectivo repleto de buenas intenciones que se abría a codazos a izquierda y a derecha. En ese ambiente eufórico, sin cabeza presidencial en el PP y con los líderes de Podemos en sus horas más bajas, el CIS parece que ha actuado como un alucinógeno en el presidente del Gobierno que ayer hizo una lectura de la realidad política española sugestionada por el voluntarismo y la altivez.

La gestión de Sánchez en estos dos meses ha consistido en golpes de efecto y, en determinados casos, en fracasos sonados. Entre los primeros, todos los relativos a Cataluña, a los que cabe atribuir tanta buena voluntad como esterilidad. De la comisión bilateral Generalitat-Estado extrajimos una conclusión irreversible: que los conceptos de “normalidad” difieren radicalmente para el constitucionalismo y para el independentismo, que coló en el orden del día de la reunión la doble cuestión que es la de la autodeterminación y los presos preventivos. Demos tiempo a Sánchez para ensayar sus taumaturgias en Cataluña. Ojala sean efectivas, pero mientras tanto hay que reclamarle que antes de reconvenir a Ciudadanos y al PP, lo haga a los secesionistas que son los que se toman la ley a beneficio de inventario. Por lo demás, abrir o no más procesos judiciales en Cataluña no depende ni de él ni de los partidos constitucionalistas, sino de los separatistas. Enviarles el reiterativo mensaje de que el problema que plantean es político, resulta incompleto. Además es jurídico y de ética cívica. Si en este asunto Sánchez se confunde como lo está haciendo en otros, vamos a tener un problema aún mayor que los de septiembre y octubre de 2017.

En otro orden de cosas, el presidente fracasó sin paliativos en la provisión interina de un consejo de administración y de una presidencia para RTVE, logrando in extremis la designación de Rosa María Mateos como administradora única del ente, y sobre todo, naufragó en la aprobación del techo de gasto que –como se irá demostrando- corta las alas a esa “nueva época” que tan hiperbólicamente anunció ayer en su satisfecho balance de sus dos meses de gobierno. En tan poco tiempo hemos podido contemplar la gestión desastrosa de la huelga del taxi (un conflicto pendiente de resolver) que ha paralizado cuatro grandes ciudades en fechas críticas para la movilidad de los ciudadanos, la rectificación sobre la publicación del listado de amnistiados por Montoro y la temblequera jurídica y política sobre la exhumación de los restos de Franco que pasarán unas semanas más en Cuelgamuros. A más a más: ya sabemos que no habrá nuevo sistema de financiación autonómica ni alteración de la reforma laboral. Está por ver si se articula nueva imposición fiscal a la banca y las tecnológicas y de qué manera arma el Gobierno unos presupuestos para 2019.

Si el CIS hubiera recogido todos estos reveses y expectativas incumplidas seguramente la comparecencia suficiente y pletórica de Sánchez –experto en adversidades mutadas en oportunidades- no hubiera tenido el efecto alucinógeno que se percibió ayer en sus valoraciones que, por momentos, parecieron extravagantes. Anunciar una nueva época con un bagaje de dos meses sin una sola ley (sólo un par de decretos leyes) y con 84 diputados de 350, fue sobreactuado y restó al inquilino de la Moncloa la credibilidad que necesita cara a un otoño en el que la izquierda habrá dejado ya de producir endorfinas.

Hay que alabar al presidente por dos medidas: el mando único para la inmigración en el Estrecho y la presencia del Rey en Barcelona cuando se celebren este mes allí los actos de conmemoración de los atentados terroristas. Esperemos que el Gobierno defienda la Corona y a su titular de las peligrosas insidias de Torra y Puigdemont que, hasta el momento, han tenido el silencio de Sánchez por toda respuesta, dando lugar a pésimos entendidos. Y como conclusión, una bastante elemental. El presidente ha de entender el CIS del jueves como lo interpretaba aquí ayer Ignacio Varela: es una encuesta de coyuntura pero no necesariamente de tendencia. Más aún: en términos de tendencia, las últimas tres semanas del Gabinete de Sánchez sugieren todo lo contrario de lo que reflejaba el barómetro de Tezanos, el presidente del CIS, miembro hasta hace nada de la Ejecutiva del PSOE que, sin poner en duda su rectitud profesional, ha roto la estética de un organismo que, aunque siempre lento, ha perdido fiabilidad aunque haya provocado una contenida euforia en nuestro benemérito presidente del Gobierno.

from Notebook https://ift.tt/2OJgL0T
via IFTTT

“Sánchez y Casado necesitan unas pésimas relaciones”

La reunión que mantienen hoy el presidente del Gobierno y el recién elegido presidente del PP, Pablo Casado, es calificada de “muy táctica” por fuentes socialistas y “oportuna” por populares. Según algunos representantes cualificados de Ferraz, Pedro Sánchez quiere darle a Casado el estatuto de liderazgo de la oposición y convertirle lo antes posible “en referencia política e ideológica” para confrontar sus tesis y sus políticas y evitar que “Rivera oscurezca a un Casado que necesita crecer como líder porque aún no lo es”.

El presidente de Cs es mucho más amenazante para los intereses socialistas. En el PSOE, se prefiere al presidente del PP que al de Ciudadanos porque “los equilibrios del bipartidismo imperfecto se mantendrían”. Una posición muy lógica desde el punto de vista socialista: ahora Sánchez —ahí están las últimas encuestas (la del Grupo Heraldo de Aragón del pasado domingo y los barómetros de La Sexta, a la espera del CIS de este jueves)— está drenando mucho voto de Podemos (los sondeos lo sitúan en torno al 16%) y ha disminuido el flujo de los sufragios que migraban del PSOE hacia Ciudadanos.

Si la situación del Gobierno de Sánchez no se deteriora más, como apuntan la derrota parlamentaria sobre el techo de gasto y la mala gestión de la huelga del taxi, entre otros temas que se le han torcido al Ejecutivo, el PSOE aspira a instalarse en el 30% de voto estimado en los sondeos y, desde ese porcentaje, afrontar una convocatoria adelantada de elecciones. Aunque se asume tanto en Moncloa como en Ferraz que “en el futuro habrá que ir a coaliciones de gobierno o a pactos de legislatura”, los socialistas y el PP quieren ser cabeza de león en ambos bloques: el de centro izquierda y el de centro derecha, respectivamente.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)

Casado tiene tres problemas —que se reconocen muy renuentemente en la sede del partido en la calle Génova— y que consisten en la falta de integración del marianismo en la ejecutiva nacional (“eso sOlo sucederá cuando el papel de Soraya se clarifique definitivamente, lo que no será antes de octubre”), en la amenaza de una extrema derecha que representa Vox (“sabemos que están ahí”, dicen en Génova) y la opa permanente de Ciudadanos a los sectores más liberales de su electorado.

“Sánchez y Casado necesitan mantener unas pésimas relaciones”, una interlocución de confrontación que oculte a Iglesias por un lado y a Rivera por otro. Fuentes del PP y del PSOE son perfectamente conscientes de que no habrá acuerdos entre los dos dirigentes. La oferta de Sánchez a Casado es retórica: en el PP no “hay espacio para apoyar la actual política del Gobierno con Cataluña, tampoco para compartir la migratoria, especialmente después de los fuertes ataques socialistas a las medidas de Rajoy y a las declaraciones del propio Casado”. Otras políticas (infraestructuras, por ejemplo) tienen “distinto perfil”. En aquellos temas políticos álgidos, el entendimiento será “imposible”. Fuentes populares, sin embargo, recuerdan que el Gobierno tendrá su colaboración si las circunstancias obligasen a plantearse una nueva aplicación del 155 en Cataluña: “Nuestra mayoría absoluta en el Senado es segura para ese fin”, dicen en Génova.

En el PP se reclaman elecciones con la boca pequeña. Recién salido de un congreso extraordinario y con un líder que no alcanza en valoración a Rajoy (tiene un porcentaje alto de desconocimiento entre el electorado general), Casado necesita tiempo y concentrar todo su esfuerzo en Andalucía, en donde ha mantenido —“era inevitable”— a Moreno Bonilla como candidato a la Junta. Unas generales anticipadas en otoño le sobrevendrían “a contrapié”. De ahí que el nuevo presidente del PP —aunque haya declarado “estar listo” para unos comicios— prefiera ir abordando el calendario paso a paso: Andalucía en otoño y en mayo de 2019 europeas, municipales y las autonómicas que correspondan. El tiempo es esencial para Casado por razones organizativas y para articular un doble discurso: frente a Ciudadanos y frente a Vox para delimitar el espacio, y ante el PSOE para contrastar su programático discurso en el 19º congreso que le eligió.

El único partido que reclama con plena convicción la celebración de elecciones es Ciudadanos. Rivera ha absorbido ya el impacto de la moción de censura, y con la elección de Casado tiene delimitado su terreno de juego: por la izquierda, las políticas de Sánchez, que complacen más a sectores que han votado a Podemos que a los de centro izquierda; por la derecha, las de Casado, que debe taponar fugas por dos flancos. El catalán y sus colaboradores trabajan en una estrategia centrista, liberal y para mayorías. Tienen cartas en la manga, pero las enseñarán después del verano.

La rapidez con que Sánchez ha invitado a Casado y la de este aceptando el encuentro se inscriben en un tablero político “muy complejo y con muchos temas calientes”, según reconocen fuentes socialistas, mientras que las populares no sabían este miércoles qué tipo de discurso adoptaría Casado tras su entrevista con el presidente del Gobierno. Desde Moncloa, filtrarán impresiones de la conversación, pero no habrá declaraciones expresas, que se remiten a la rueda de prensa de mañana de Isabel Celaá, tras el Consejo de Ministros.

from Notebook https://ift.tt/2LXo0Uk
via IFTTT

Tratar a Torra y a Puigdemont y la hegemonía amarilla

En Cataluña se ha instalado la hegemonía amarilla. Es decir, la separatista. Ocupa el espacio público con cruces de ese color y banderas con la estrella. Playas y plazas. Calles y edificios. Toda la actividad institucional de la Generalitat está subordinada a la creación de un ambiente que asfixie a los mal llamados ‘unionistas’, sean de Ciudadanos, del PSC o del PP. No hay acto institucional que no sea de exaltación de la épica republicana del 1 de octubre de 2017. Cataluña es amarilla, desde los lazos en la solapa de políticos y funcionarios hasta las celebraciones públicas. Los no independentistas, los constitucionalistas, no existen. Carecen por completo de visibilidad. Se han convertido en los ‘otros catalanes’.

Son las víctimas (mucho más de la mitad de los votantes en las últimas elecciones del 21-D) de la manipulación verbal, gestual y política de un Gobierno que no trabaja en la gestión de los asuntos ciudadanos sino en la vigencia de su insurrección y de un Parlamento que se cierra arbitrariamente sin que ni una sola voz autorizada lo reproche. El silencio, el acatamiento, la cerviz inclinada. El sometimiento, en definitiva, de la mayoría a la minoría. Evocaciones de aquel País Vasco de hace unos cuantos años cuando tuvieron/tuvimos que marcharse/nos decenas de miles para vivir en libertad. Lo que ocurrirá en Cataluña. Detrás de las empresas, se irán otros: profesionales, artistas, funcionarios… Es cuestión de tiempo que esta distorsión democrática comience a enseñar las excrecencias de la injusticia.

Mañana se va a producir otro acto de arbitraria imposición hegemónica. Se reunirá, después de siete años sin hacerlo, la comisión bBilateral Generalitat-Gobierno. El Ejecutivo ha admitido un orden del día que altera la naturaleza jurídica y política de ese organismo de coordinación e interlocución administrativa. Ha permitido que la Generalitat plantee el debate sobre los presos preventivos (competencia exclusiva de los jueces y tribunales) y sobre la posibilidad de un referéndum de autodeterminación (sin opciones legales en nuestro ordenamiento). El Gobierno está en una estrategia de apaciguamiento. Quiere distinguir los gestos de los hechos. Aquellos, los soporta. Estos, advierte de que no los consentirá. Pero no repara en que la apariencia —como la de Waterloo o como la previa en Bruselas de Torra y Puigdemont en una rueda de prensa retransmitida íntegramente por TVE 24 horas— comienza a minar la moral de la sociedad española en general y la de los socialistas en particular.

Ética de la responsabilidad

Javier Cercas, que es un escritor con una gran capacidad para el análisis político, escribió el domingo en ‘El País Semanal’ que él no habría saludado a Torra tras las barbaridades que ha escrito sobre los españoles y de las que no se ha retractado. Pero el escritor comprende perfectamente que Sánchez le acoja en La Moncloa con besos y abrazos. Los ciudadanos sin encomiendas políticas, escribe Cercas, podemos mantenernos en la weberiana ética de la convicción y podríamos negar sin cargo alguno de conciencia el saludo a Quim Torra. Pero los políticos están sujetos a la ética de la responsabilidad, de modo que si con esas efusiones logran resultados positivos, hay que darlas por bien empleadas.

Foto: EFE.

Tiene razón Javier Cercas, pero solo hasta cierto punto. Porque, ¿qué ocurre si las recepciones festivas y amigables a Torra remiten un mensaje que la ciudadanía no entiende? Grave problema. Empieza a ocurrir. Muchas fiestas en La Moncloa al presidente vicario de la Generalitat para que a las primeras de cambio su superior jerárquico —Puigdemont— le apriete inmisericordemente las tuercas a Sánchez. Podría ser que la ética de la convicción y la de la responsabilidad converjan para que los catalanes constitucionalistas no se suman en la depresión y el resto de los españoles no interpreten que su Gobierno está ‘secuestrado’ por un síndrome de inútil apaciguamiento.

La ministra portavoz del Gobierno y titular de Educación, Isabel Celaá, declaró el domingo en ‘El Mundo’ que están “encontrando reciprocidad en el diálogo con Torra”. Si así fuera, la tesis de Cercas —que propugna incluso el “beso de lengua” entre los dos presidentes— estaría muy en razón. De nuevo el problema: los catalanes constitucionalistas no detectan esa reciprocidad y el resto de los españoles tampoco. Solo contemplan que el amarillo es hegemónico tanto simbólica como institucionalmente. ¿Hasta cuándo se ha de ser comprensivo con la política de ‘desinflamación’ de Sánchez? No conviene precipitarse, pero tampoco prolongarla ‘sine die’. La ministra de Educación debe, urgentemente, listarnos los gestos y las decisiones recíprocas que el Gobierno ha recibido de Quim Torra. Todos —y el Gobierno el primero— tendríamos que saber cómo tratar a un xenófobo y racista (en palabras de Sánchez) presidente de la Generalitat y a un fugado de la Justicia que se ha hecho un militante activísimo contra el Estado de derecho español.

Cuestiones sin resolver

Hay muchas más preguntas en el aire, como esa que inquiere por la imperturbabilidad del Gobierno ante la titulada ‘Casa de la República’ que rotula la mansión de Puigdemont en Waterloo; o cómo se financia ese ir y venir de los secesionistas, si con dinero altruista de los independentistas o con cargo al FLA; cómo es posible que el Rey tenga que entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona en un recinto hostelero de los hermanos Roca, y, en fin, otras muchas interrogantes que cuestionan cuándo y cómo se han de mantener distanciadas la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad.

Como la política parece que las disocia, Cercas concluye que “quizás por eso es tan difícil para un buen hombre ser un buen político y para un político ser un buen hombre”. Vuelvo a la pregunta inicial ¿cuándo el Gobierno va a disponer de unas pautas para tratar a Torra y Puigdemont que no avergüencen a una gran parte de la ciudadanía, en particular, a los catalanes constitucionalistas? Esperamos todos, ansiosos, saber en qué ha consistido la reciprocidad de Torra con Sánchez. El viernes, tras el Consejo de Ministros, Isabel Celaá podría explicarlo.

from Notebook https://ift.tt/2AqCUxR
via IFTTT

Cuanto antes, presidente

Pedro Sánchez fue muy realista cuando, inmediatamente antes de acceder a la presidencia del Gobierno, anunció que las elecciones generales serían “cuanto antes”. En su primera entrevista (RTVE el 18 de junio pasado), el presidente ya había cambiado de opinión: las elecciones se convocarían en 2020 y, así, se culminaría la legislatura. El jueves, ante Emmanuel Macron, en la Moncloa, y cuando ya era previsible el fracaso gubernamental en la aprobación de la senda de déficit en el Congreso, el jefe del Ejecutivo insistió en que las elecciones se celebrarían al finalizar la legislatura. Es de suponer —pero no es seguro— que el revés parlamentario sufrido por el Gobierno ayer, con el abandono de sus socios en la moción de censura, haga reflexionar a Sánchez y regrese a su idea inicial: elecciones “cuanto antes”.

¿En qué momento pensó el secretario general del PSOE que con una mayoría reactiva que lo que pretendía era echar a Rajoy pero no designarle a él podía acabar la legislatura? El buen cálculo en la presentación de la moción de censura; el acierto en detectar el hartazgo insufrible con el Gobierno de Rajoy y el éxito de la recepción por la opinión pública y publicada a su equipo de Gobierno, parece que alteró la percepción de la realidad del presidente. Porque tras ese corto tiempo triunfal —con una ocupación de espacios fulminante— la dura realidad de su minoría parlamentaria se ha ido imponiendo. El Gobierno está atado de pies y manos y su tendencia es la misma que la de Rajoy: recurrir a los decretos leyes para salir de situaciones comprometidas.

El trayecto del decreto ley para proveer de una dirección provisional a RTVE —y que ha acabado con el nombramiento de una administradora única en la persona de Rosa María Mateos— ha consumido ocho plenos del Congreso y no ha logrado que prospere la estructura tradicional consistente en un consejo de administración y una presidencia del Ente. Estratégicamente, ha sido una operación desastrosa. Se anuncia que la exhumación de los restos de Franco —un asunto torpemente sobredimensionado por el propio ejecutivo— se implementará también a través de un decreto ley a finales de verano. Y la vicepresidenta del Gobierno ha sugerido que el veto del Senado —previsto en una ley orgánica— a la senda de déficit podría levantarse mediante otro decreto-ley, lo cual es técnicamente impresentable. De tal manera que no estaríamos ante un gobierno parlamentario, sino ante un equipo ejecutivo que, muy minoritario, se mantiene driblando constantemente al Congreso y empleando recursos de evitación del procedimiento legislativo ordinario.

La política de “desinflamación” de Sánchez en Cataluña ha estado orientada por una evidente buena voluntad que, sin embargo, no ha sido correspondida por los propósitos dinamiteros de Carles Puigdemont. El expresidente huido de la Generalitat ha “pasado por la quilla” (en expresión utilizada por el periodista catalán Luis Mauri) a Marta Pascal, que impulsó en el PDeCAT el voto de censura contra Rajoy y, al tiempo, ha engullido en su Crida por la República al partido sucesor de CDC para iniciar así la conquista populista, trasversal y radical del independentismo. Pese a la mano tendida de Sánchez, Puigdemont no ha hecho otra cosa que acrecentar su radicalismo que amenaza, incluso, al resto de las formaciones independentistas. Soy de los que piensa —ahí están las declaraciones indubitables de Josep Borrell— que Sánchez y el Gobierno no mercadearán con el independentismo —en asuntos sustanciales— a cambio de mantenerse unos meses más en la Moncloa.

Sánchez: “Habrá elecciones en tiempo y forma, es decir, en 2020”

Por lo demás, Podemos es una organización que interioriza dos pulsiones: una de implosión interna (véase lo que le está ocurriendo en Andalucía) y otra de destrucción del sistema constitucional de 1978. En tanto no se impongan —y eso no ha ocurrido todavía— las tesis institucionalistas de Íñigo Errejón, los morados no soportarán un pacto con el PSOE sin contrapartidas exorbitantes. Eso es lo que ocurrió ayer y volverá a ocurrir si Sánchez no convoca elecciones. Tampoco hay que engañarse con el modelo de relación de los populistas con el independentismo catalán porque ambos convergen en un objetivo inmediato: un proceso constituyente que afecte al modelo territorial (confederación) y a la forma de Estado (república).

Mientras, el PP se ha renovado estableciendo contrafuertes para mantener las esencias de la derecha sin desplazamientos, al menos hasta el momento, hacia el centro político. Los populares han cerrado la etapa del marianismo y abierto otra de recomposición ideológica. Por su parte, y pese a un cúmulo de análisis funerarios respecto de Albert Rivera y Ciudadanos, lo cierto es que el líder catalán y su partido reciben el respaldo de los hechos y tanto Sánchez como Casado los recolocan en la centralidad al tiempo que las encuestas —conocidas y por conocer— sostienen a los liberales por encima del 20% de voto estimado. Rivera no ha sufrido en estos dos meses —tras la moción de censura— ningún “bajón” como se ha escrito con profusión, desconociendo la huella resistente de la escuela política catalana en la que se ha curtido el líder naranja.

El “cuanto antes” de Sánchez está de nuevo sobre la mesa. El tiempo, que hasta ahora corría a su favor, deja ya de hacerlo. El líder socialista debería alejarse de los voluntarismos y de la administración de los tiempos que sentenciaron a su predecesor en la Moncloa, atrapado en la contemplación social y política de una realidad paralela. La auténtica es que el presidente cuenta con 84 escaños y unos socios coyunturales que no le van a permitir una gestión gubernamental mínimamente exitosa. La moción de censura constructiva era para un propósito político diferente al interpretado por Sánchez. Exigía, justamente, lo que el secretario general del PSOE verbalizó: ir a las urnas cuanto antes. Y es que la primera, es, casi siempre la mejor y más acertada idea.

from Notebook https://ift.tt/2LVruU8
via IFTTT

La inacabada abdicación de Juan Carlos I

Este iba ser el año de la rehabilitación pública de los Reyes eméritos. Ambos cumplían 80 años —don Juan Carlos lo hizo en enero, y doña Sofía lo hará en noviembre—, y este diciembre se cumplirá el 40º aniversario de la Constitución que se elaboró y aprobó bajo el reinado del padre de Felipe VI. La Casa del Rey valoraba que transcurridos cuatro años de la abdicación de Juan Carlos I, las razones de la renuncia quedaban ya lejos en el tiempo y en la memoria colectiva y que el Rey padre merecía un reconocimiento a su enorme labor política e institucional. Con su abdicación en junio de 2014, se pensaba, el anterior jefe del Estado había enjugado sus culpas e irresponsabilidades y evitado que la Corona se contagiase de la crisis que concernía a su figura.

Ninguno de estos planes va a ejecutarse. Aunque el Rey emérito aparecerá este verano con sus habituales prácticas deportivas en Mallorca y en otras localidades, ni la Casa del Rey ni el Gobierno están en condiciones de ofrecer al anterior jefe del Estado una mayor visibilidad ni rehabilitarle tras los comportamientos personales que le condujeron a la renuncia al trono. Una abdicación que comenzó a fraguarse en 2013 y se consumó en junio de 2014, y que se debió, sí —pero no primordialmente— a razones de salud, pero sobre todo al deterioro de la reputación de su persona y de la institución.

El proceso al que fueron sometidos su hija la infanta Cristina y su yerno, Iñaki Urdangarin, actualmente cumpliendo condena por cinco delitos, desveló el descontrol de la entonces familia real, y sus relaciones sentimentales —hubo varias anteriores, aunque ocultadas— con Corinna Larsen, con el bochornoso episodio cinegético de Botsuana, resultaron acontecimientos ambos intolerables desde cualquier punto de vista. La conocida como ‘amiga entrañable’ del entonces jefe del Estado era —lo es aún— una comisionista de altos vuelos que embaucó a Juan Carlos I (que se dejó embaucar) y con la que inició una relación personal peligrosa e irresponsable en la que tuvieron que intervenir los servicios de inteligencia. Los detalles de esa relación —presencia en las visitas oficiales, estancia de Corinna en un recinto próximo a la Zarzuela, intervención en mediaciones que afectaron a la posición pública de Urdangarin y la sospecha permanente de que entre Juan Carlos I y la supuesta princesa germano-danesa se manejaban intereses económicos— provocaron una situación insostenible. La abdicación era el cortafuegos para proteger a la institución y al propio Rey, que pasaba a ser emérito.

La aparición de unas declaraciones de Corinna grabadas en 2015 en Mónaco, tomadas al parecer por el excomisario Villarejo (uno de los protagonistas más conspicuos de las actividades de las llamadas ‘cloacas del Estado’), en las que acusa al Rey emérito de tener cuentas en Suiza, haber cobrado comisiones por sus gestiones a favor de empresas españolas constructoras del AVE a la Meca (Arabia Saudí) y haber recibido del rey de Marruecos un finca en la localidad de Marrakech, utilizando para ello testaferros, al menos en parte, al tiempo que Juan Carlos I se acogía, supuestamente, a la amnistía fiscal de Montoro, han demostrado que la abdicación del Rey emérito es un episodio inacabado, con consecuencias diferidas. Ciertamente, no puede darse credibilidad a botepronto a las acusaciones de Corinna (ella es la comisionista por excelencia), hay que saber si sabía que estaba siendo grabada, qué hacía en esa extraña y sórdida reunión el expresidente de Telefónica Juan Villalonga. Y, sobre todo, cual fue el qué y el porqué de la intervención de un personaje tan siniestro como el excomisario Villarejo, ahora encarcelado.

Pero si todas estas cuestiones previas son despejadas, y aunque trasluzcan, como parece, despecho, odios, rencores y ajustes de cuentas (en parte, con el CNI y su director, el incombustible general Sanz Roldán), la opinión pública española no va a consentir —tampoco aquella que se considera de razón o de corazón monárquica— que se dejen de investigar las conductas del Rey emérito hasta donde sea posible. No es viable esa investigación —por la inviolabilidad del Rey según el artículo 56.3 de la Constitución— en tanto Juan Carlos I fue jefe del Estado, pero sí lo es por los hechos de que es acusado por su ex ‘amiga entrañable’ posteriores a su abdicación, sean consumados después del 19 de junio de 2014 o sean comportamientos continuados que no se corrigieron antes de esa fecha. El juez central de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, ha abierto una pieza separada en el caso que se instruye contra el excomisario Villarejo para determinar si dispone de argumentos indiciariamente irregulares para elevar al Tribunal Supremo (Sala Segunda) una exposición razonada solicitando la instrucción de una causa penal contra don Juan Carlos. Y esa maquinaria judicial no solo no se parará, sino que no debería detenerse en virtud de consideraciones políticas o de otra naturaleza que no sean estrictamente fácticas y jurídicas.

Otra cosa es la procedencia de la comisión de investigación parlamentaria que impulsan Podemos, los independentistas y otros grupos menores. Esa iniciativa en el Congreso se inscribe no tanto en el propósito de buscar la verdad (para eso están el juez Diego de Gea y el Supremo), sino en el propósito confesado de incrementar la campaña republicana que, partiendo de Cataluña, está alcanzando un volumen considerable e inquietante. Tampoco la vía de información que ha abierto en el Congreso de los Diputados la comparecencia de Sanz Roldán es decisiva. Lo sustancial es la investigación judicial con la colaboración de la Agencia Tributaria (en ello está), que se sustanciará en dos instancias, la Audiencia Nacional y el Supremo, caso de que los hechos relatados por Corinna Larsen puedan ser indiciariamente acreditados y en el bien entendido de que la instrucción del asunto —de producirse— correspondería al Supremo y no al juzgado central de la Audiencia Nacional.

La inquietud política es máxima, porque los dos pilares de la Constitución (el modelo autonómico y la forma de Estado) se encuentran sometidos a un enorme estrés político y social. Felipe VI ha hecho todo lo que está en su mano para elevar la reputación de la Corona, mejorar su percepción a través de una política de ejemplaridad y transparencia, pero los coletazos de los últimos años del reinado de su padre se lo están poniendo difícil. ¿Imposible? No. Pero el Rey se encuentra en una situación comprometida. Su hermana visitando a su marido recluso en Brieva, su padre sometido a investigación judicial, su madre mal avenida con la Reina consorte y de nuevo humillada por el Rey emérito a propósito de los ecos de su relación con Corinna Larsen, y creciendo un movimiento republicano. Y todo ello, provocando aparentemente una perplejidad que la Zarzuela no parece capaz ni de disimular ni, mucho menos, de superar. Hay acontecimientos que, por su imprevisibilidad y contundencia, restan capacidad de reacción. Es el caso. Situación de alto riesgo que se conjurará hundiendo el bisturí hasta donde sea preciso. La monarquía solo prospera si se instala bajo un techo de cristal.

from Notebook https://ift.tt/2A9kwJM
via IFTTT

Ni aznarismo, ni rajoyismo ni derechona

La derecha democrática española merece que el análisis del cambio que se ha producido en su principal opción electoral, el Partido Popular, supere los argumentos que expliquen su reciente transformación en términos de personalismos y tópicos. En rigor, el nuevo liderazgo en el PP responde, sí, a la superación del ciclo que ha encabezado Mariano Rajoy —que no es homogéneo, presentando según qué años características distintas—, pero no implica el regreso a los tiempos de José María Aznar, que marcó otro ciclo en la formación popular, aunque de los periodos de mandato de un líder y de otro queden reverberaciones y constituyan, en conjunto, el patrimonio, bueno y malo, del PP.

Es todavía peor despachar el reposicionamiento del nuevo presidente de la organización, Pablo Casado, con interjecciones simplonas y despectivas tales como “el regreso de la derechona”, “la vuelta del integrismo”, “la expresión de una nueva extrema derecha” o “retroceso en el calendario de las conquistas sociales y políticas de los ciudadanos”, tal y como, textualmente, se ha escrito en algunos medios.

En todos los partidos democráticos en los países con sistemas consolidados como el español se producen ciclos con flujos de prospección y reflujos de reagrupamiento. Fraga fundó el actual PP con una impronta ‘tardofranquista’ que su misma inteligencia política le hizo superar; Aznar fue un riguroso pragmático entre 1996 y 2000 para sustituir en minoría a un PSOE con casi tres lustros de gobierno a sus espaldas, y su segunda legislatura (2000-2004) fue más ideológica y de especial y eficaz contundencia en temas como el terrorismo, pero acabó con la mala gestión del 11-M.

A Rajoy le costó llegar al poder siete años (lo buscó desde 2004 y lo logró en 2011) e intentó superar la crisis con un tratamiento ortodoxo ultraliberal en lo macroeconómico y fiscalmente socialdemócrata, pero incurrió en el burocratismo y el vacío ideológico y en el apoliticismo en el manejo de asuntos tan críticos como Cataluña, el modelo ético-social, careciendo de empatía y estrategia de defensa del espacio completo del PP.

El giro que implica Casado se explica en dos variables fundamentales. De una parte, la corrección de rumbos anteriores que han sido fallidos o fracasados. De otra parte, se trata de un giro propio del contexto en el que viven las derechas en los países europeos y en los Estados Unidos.

La profesora Cristina Ares Castro-Conde, doctora en Ciencias Políticas, docente en la Universidad de Santiago de Compostela, publicó el sábado en ‘Agenda Pública’ un artículo titulado “Partido Popular: la derecha española, ‘ma non troppo” en el que, con un métrica académica, examina los partidos de la derecha de Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Italia, Bélgica, Reino Unido, Francia, Grecia, Alemania, Austria, Finlandia, Luxemburgo, Suecia e Irlanda, y llega a la razonable conclusión de que la española es una derecha en unos buenos estándares, advirtiendo de que “no es la ubicación de sus propuestas sobre políticas, sino además de los casos de corrupción, su énfasis y sus posiciones vinculadas a la identidad nacional española lo que puede estar reduciendo el atractivo electoral del PP”.

Aun siendo muy discutible esta última apreciación, es muy claro que en el PP no hay sintomatología de xenofobia ni de integrismo, porque no lo es el que conlleva la discusión sobre el modelo de ley del aborto (supuestos o plazos), ni lo es el debate sobre la eutanasia, en tanto que la memoria histórica no es un significante unívoco que solo pueda estar contenido en el argumentario de la izquierda.

Esos son solo ejemplos de puntos de fricción con la izquierda, con la que la derecha comparte (me refiero al PSOE) un amplio espacio de principios y valores de orden constitucional y que se extiende a Ciudadanos. La aversión al actual constitucionalismo, con mayor o menor intensidad, se localiza en el populismo de Podemos, en el independentismo catalán y de la izquierda ‘abertzale’ y en el soberanismo del PNV.

Ni Fraga, ni Aznar ni Rajoy han elaborado cuerpos de doctrina tan propios como para explicar el devenir ideológico del PP, sino que sirven —aunque no sea poco— para secuenciar sus ciclos, como ocurre también en el PSOE: felipismo, zapaterismo y sanchismo. La organización popular tiene una inspiración liberal-conservadora y democristiana general en el viejo continente, y el PSOE en la socialdemocracia europea. No hay arquitecturas ideológicas estrictamente propias de los partidos políticos españoles.

Es crucial entender que España —y, por lo tanto, también su derecha— se inserta en la globalización ideológica de sus correspondientes en los distintos países europeos y que en la comparación gana. ¿O acaso no lo hace sobre las propuestas de Salvini en Italia, las de los democristianos bávaros en Alemania, o de la derecha extrema austríaca? Por no aludir al ‘modo-tapón’ del PP que ha evitado que en nuestro país emerjan fuerzas de extrema derecha xenófobas, euroescépticas y supremacistas o extremadamente proteccionistas al estilo ‘trumpista’.

El progresismo no está en condiciones de banalizar los cambios en el PP, ni de despreciar sus propuestas programáticas —en este caso, las del nuevo presidente del partido— ni de desconocer que con la crisis económica su espacio está todavía precariamente apuntalado.

from Notebook https://ift.tt/2JONvSM
via IFTTT