Las ‘derechas’ y el regreso de Aznar

No los amigos sino los más entrañables enemigos de José María Aznar le han reintroducido con trompetería en la política española. De apestado y marginado, a protagonista director de la escolanía de las ‘derechas’ formadas por PP, Ciudadanos y Vox. Supongo que el personaje estará divertido y, quizás, hasta sorprendido. La intención de muchos de sus adversarios políticos y de algunos analistas que le aborrecen no es enaltecer con efectos retroactivos la figura del expresidente del Gobierno y del PP sino, a través de la emergencia de su discurso, contagiar a las ‘derechas’ de la antipatía y adustez del personaje en el imaginario de buena parte de la opinión pública y publicada. O sea, Aznar como peligro aglutinante de la involución. Un recurso manido.

Lo que ocurre es que, por una parte, Aznar resurge porque ha tenido aciertos diagnósticos y de cálculo, y por otra, porque es víctima (relativa) de la aversión de sus contradictores que, sin pretenderlo, le sobrevaloran. Sus dianas han sido fundamentalmente dos, y ambas decisivas. Dio en ellas cuando nadie se atrevió a hacerlo y, además, era impopular proclamar según qué cosas.

La primera advertencia de Aznar resultó cierta: Mariano Rajoy estaba vaciando ideológicamente el PP y, con su Gobierno burocrático, lento y desideologizado, propiciando así el crecimiento de Ciudadanos (que apareció en la política nacional en las europeas de 2014) y quebrando la línea estratégica que él marco, y los demás compartieron, de que la derecha democrática española se mantuviese bajo el solo paraguas orgánico de las siglas populares.

Aunque el expresidente del Gobierno no se apuntó en su debe la elección dactilar de Rajoy (error ‘in eligendo’), su conclusión fue tan exacta que el PP no solo perdió por su flanco centrista sino que ahora se ha visto que la resaca del marianismo —al menos como concausa— ha fortalecido a Vox, partido con el que Aznar se muestra más conciliador de lo que debiera porque sabe mejor que nadie que el voto a Abascal era antes del PP y quiere recuperarlo.

Ni Aznar ni el PP de Casado deberían hacerse ilusiones con Vox. Abascal va a por ellos porque no caben dos gallos en el mismo corral. En varios países, determinados populismos se han merendado a las derechas europeas tradicionales y en España podría ocurrir algo similar. El aperitivo ha sido Andalucía —un trampantojo para un PP que se ha desangrado perdiendo allí seis escaños y el 30% de los votos—, pero según hemos podido conocer (véase el panel de El Confidencial) Vox depredará aún más a los populares.

Ciudadanos considera a José María Aznar un referente de los años noventa, pero no actual. Una cosa es que Albert Rivera acepte invitaciones en el Instituto Atlántico del expresidente y otra muy distinta que atienda a su estrategia más querida: la reunificación de la derecha. Ciudadanos está en el afán de sobrepasar al PP y nada más lejos de su intención que una operación de concentración, fusión o absorción. Rivera quiere el sorpaso y sus planes descartan por completo un entendimiento con los populares que no sea coyuntural mediante fórmulas de colaboración o coalición.

El regreso del expresidente es plenamente real en el seno del Partido Popular. Aznar y Casado se entienden y sienten empatía. El actual líder del PP hizo su campaña en las primarias y en el XIX Congreso frente a Soraya Sáenz de Santamaría sobre los diagnósticos contra el marianismo que verbalizó reiteradamente Aznar. Y como acertó con ellos y ganó la liza, mantiene con su anterior mentor una relación privilegiada y una colaboración activa, sin perjuicio de cuidar sus vinculaciones con Rajoy que, a la postre, le hizo vicesecretario de Comunicación. Solo en el regreso de Aznar al PP aciertan sus detractores, pero yerran al atribuirle caudillismos sobre las ‘derechas’.

El segundo gran acierto del expresidente popular consistió en afirmar cuando nadie lo hizo que “antes se romperá Cataluña que España”. Hasta sus más resueltos adversarios reconocen que Aznar cinceló una previsión que se ha ido cumpliendo con creces. Y ahí estamos: en una Cataluña partida por la mitad y con una voluntad del resto de los catalanes no independentistas y de los demás españoles de no permitir aventuras secesionistas.

Esta es la verdad del ‘regreso’ de Aznar, de su vuelta a la actualidad política. No lo ha hecho como articulador de un eventual centro-derecha, sino que se ha limitado a acertar en un par de asuntos capitales y volver con ellos al PP —su partido—, en el que ha recuperado su capacidad referencial y de aportación de cuadros. Ni más, ni menos. Por lo demás, usar a Aznar como espantajo para meter el dedo en el ojo a Rivera y a Abascal y movilizar a las las ‘izquierdas’ es un recurso tan poco creativo que desmiente el ingenio de algunos discursos y de no pocas crónicas periodísticas.

from Notebook https://ift.tt/2EBhXSu
via IFTTT

Rajoy se venga en frío de los aldeanos

Consejos vendo y para mí no tengo: Aitor Esteban. Porque el portavoz del PNV en el Congreso asemeja al paradigma de la eficacia negociadora y la versatilidad ideológica. A lo mejor sí en Madrid, pero no en el País Vasco, donde Urkullu ha debido prorrogar los presupuestos, ayuno de apoyos a su gobierno de coalición con los socialistas. Esta vez no ha estado Alfonso Alonso —larga mano de Rajoy en Euskadi— para aportar ese voto que el Ejecutivo de Vitoria necesitaba para aprobar las cuentas, como en ejercicios anteriores. Bildu se lo ha regateado, pese a las zalemas de Ortuzar, presidente del partido, y tampoco los morados han estado por la labor.

Los peneuvistas le aprobaron a Rajoy, cobrándoselo a precio de oro, dos Presupuestos Generales del Estado. Y luego, casi en la estela de su respaldo financiero a las cuentas populares de 2018, votaron por su expulsión de la presidencia del Gobierno. Como expliqué en el post publicado aquí el 1 de junio pasado, los aldeanos del EBB —aldeanos pero listos— impusieron su veredicto condenatorio contra el presidente más dadivoso con las pretensiones de los nacionalistas.

El EBB —ejecutiva nacional del partido— integrado por personas casi anónimas, dictaminó que, como es tradición en el PNV, convenía ir en socorro del vencedor que en ese momento de junio pasado era Pedro Sánchez. Ahora que el socialista atraviesa horas bajas, los peneuvistas ya están entonando su gorigori particular y se muestran renuentes a apoyarle husmeando con quién conviene aliarse para mantener e incrementar los momios que consiguen en el Congreso. En ese mercantilismo, político los nacionalistas vascos no tienen límite ni pudor.

El lunes pasado ‘El Correo’ de Bilbao abría edición con un titular para la historia del cinismo: Según Andoni Ortuzar su partido no pactaría nunca con Vox porque “quiere cargarse el sistema, mientras que Bildu forma parte de él”. El silogismo del jefe de los aldeanos que dirigen el PNV y en cuya función el lendakari tiene voz pero no voto, demuestra el vaciamiento ético de ese nacionalismo que aún no ha hecho la verdadera catarsis posterior a la época del terrorismo de ETA.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar. (EFE)

Bildu, ese partido que sí formaría parte del sistema según ese genio de la politología que es Ortuzar, está coordinado por el exterrorista Arnaldo Otegi. Considerar a Bildu y a Otegi como factores conformadores de la institucionalización vasca y española es un auténtico sarcasmo, una afirmación imperdonable y una burla al sentido común y al principio de realidad.

Por lo demás, no es que el PNV no vaya a negociar nunca con Vox, sino que Vox nunca negociaría con el PNV. En las filas del partido de Abascal —sobre cuya organización ya sabe el lector lo que pienso— milita Ortega Lara, por el que la mayoría de los vascos —y espero que el resto de los españoles— sentimos tanto respeto personal como aversión a la trayectoria de Otegi y sus cómplices. Solo por ese dato, Andoni Ortuzar tenía que haber evitado ese titular ominoso con el que ‘El Correo’, con buen criterio periodístico, abrió su edición del lunes.

La humillación de Ortuzar ante Bildu no sirvió para que los abertzales radicales le prestasen un voto a los Presupuestos de la comunidad, que han debido prorrogarse. Y eso a pesar de que los nacionalistas vascos y los ‘bildutarras’ han suscrito un borrador de nuevo Estatuto que recoge todo el fervor insurreccional que Urkullu y el propio Ortuzar reprochan franciscanamente a los catalanes independentistas. El PNV está engañando a la opinión pública española. La realidad vasca se parapeta y pierde visibilidad ante la crisis catalana, pero lo que ocurre allí es muy grave y puede serlo mucho más.

De momento, ahí está la venganza diferida y en frío de Rajoy a los nacionalistas vascos que deja ‘in puribus’ a Urkullu y al PNV. Importa subrayarlo para que Aitor Esteban no nos venga con monsergas en los pasillos del Congreso de los Diputados en donde aparenta una impostada sensatez mientras en Vitoria su lendakari y el presidente de su partido (aliado con el PSE en el Ejecutivo) son incapaces de sacar los Presupuestos ni con Bildu ni con Podemos.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban (d), conversa con el líder de Podemos, Pablo Iglesias en el Congreso. (EFE)

No se fie Sánchez del PNV como no debió hacerlo Rajoy. No solo no se fie: tampoco su partido allí debiera colaborar con un nacionalismo que pergeña un nuevo Estatuto que desmiente todas y cada una de las tesis del socialismo vasco y, por lo tanto, del PSOE en su conjunto.

Euskadi no es un frente político cerrado. Sigue abierto. Se ha demostrado con el acercamiento (y pacto estatutario) del PNV a Bildu y con la utilización subalterna del PSE que sirve en su minoría (9 escaños de 75, el momento de representación más bajo de los socialistas de Euskadi desde el principio de la democracia) a una estratagema anticonstitucional que espera su oportunidad. La venganza de Rajoy sobre estos aldeanos que tiran la piedra y esconden la mano les pone de actualidad y nos alerta de su cinismo histórico que, lejos de remitir, aumenta.

from Notebook https://ift.tt/2A0c3Gl
via IFTTT

El desastre de Annual de Pedro Sánchez

Joan Tardà, el fogoso e hiperbólico portavoz de los republicanos separatistas, invocó ayer en el Congreso el desastre de Annual de 1921 para metaforizar la España actual. En aquella batalla decisiva de la Guerra del Rif, el ejército español sufrió una inapelable derrota ante las fuerzas de Abd el-Krim que hizo entrar en barrena al régimen de la Restauración, fragilizó la posición política y constitucional de Alfonso XIII y, a la postre, condujo a la dictadura golpista del capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que gobernó en la inconstitucionalidad de 1923 a 1930. Luego vino la II República.

De modo que el excesivo Tardà se alejó de los Balcanes (nada dijo de la vía eslovena) y con más ingenio pero no más acierto histórico que Torra, situó al Gobierno de España y a sus ciudadanos en el contexto marroquí de hace casi un siglo, cuando el país perdió sus últimos restos coloniales. No está mal traído el recuerdo rifeño, pero demuestra que el republicano y los independentistas viven en la burbuja del anacronismo, desconocen la realidad de España y de sus ciudadanos y confunden el desastre del país con el de su presidente del Gobierno y el suyo propio, que es de proporciones épicas.

Precisamente por eso, ayer Tardà protagonizó una intervención jupiterina y un tanto desesperada, y su colega de afanes, Carles Campuzano, otra demasiado irritada y un punto cínica. Ambos contestaban en términos de ruptura a un presidente Sánchez al que abandonaron a su suerte pocos meses después de haberle instalado en La Moncloa. De modo que dieron la impresión de que eran los separatistas, y no el jefe del Gobierno, los que rompían la baraja dejando al secretario general del PSOE como a un náufrago, porque su (supuesto) socio, Pablo Iglesias, se apuntó a un discurso frailuno que no le sirvió al socialista de flotador en la tempestad de soledades políticas que le asediaron ayer en el hemiciclo.

El discurso de Sánchez fue mínimo en sus exigencias —a veces un tanto confuso en su afán por trazar simetrías entre la crisis catalana y la británica— y sus requerimientos resultaron de una total elementalidad en quien ostenta la jefatura del Gobierno de un Estado al que un dirigente autonómico como Torra reta con el más obsceno de los incumplimientos de sus obligaciones constitucionales y estatutarias y, además, apela a un ejemplo bélico como modelo para seguir, destrozando la democracia en Cataluña y el sistema constitucional en España. De haberse contenido Sánchez más de lo que hizo ayer en su moderadísimo discurso, habríamos entrado en el bochorno político.

Tardà y Campuzano ya sabían desde el domingo pasado que, por más que deseasen mantener la situación política precaria con el Gabinete de Sánchez, tal hipótesis solo hubiese sido posible si Torra —de grado o por la fuerza— se marchaba de la Generalitat. Y, claro es, ambos optaron por el vicario presidente de la Generalitat sabiendo que así abandonaban a Sánchez. No tenían opción y embistieron dialécticamente ante un presidente en una posición política festoneada por el patetismo.

El jefe del Gobierno, desde la crisis del puente de la Constitución y, antes, tras las elecciones andaluzas, no estaba en condiciones de ofrecer nada a los independentistas que le respaldaron en la moción de censura, ni los separatistas en disposición de compensarle con la única satisfacción posible para que la ‘coalición de rechazo’ gobernante se mantuviera y que consistía en la dimisión, cese o reprobación pública del peligroso ‘borroka’ que es Joaquim Torra.

Y así llegó el desastre de Annual para Sánchez: con una derrota sin paliativos en Andalucía, con la derecha venida arriba, con los liberales naranjas creciendo a su costa y a costa del PP, con Podemos en pérdidas y en fase depresiva y con los independentistas en huida hacia delante.

Sánchez ha sido dueño de sus decisiones. Pudo haber evitado este fracaso de haberse atenido a la sensatez, que es el mejor parámetro para hacer buena política y mejor gobernanza. Si hubiera convocado las elecciones en octubre pasado, ahora dispondría de un grupo parlamentario que superaría holgadamente los 130 escaños. Una cifra que ni en sueños logrará el PSOE. Más aún: tanto más tarde su secretario general en llamar a las urnas, tanto más disminuirán sus posibilidades de mejorar sus ya paupérrimos resultados en las generales de junio de 2016.

Quiere pescar Sánchez en el centro político. Es un nuevo requiebro, otro giro, un cambio más de registro, otra metamorfosis. Hace falta que pueda vender la templanza de hogaño que no hubo antaño en un mercado preelectoral a unos ciudadanos escépticos que contemplan con progresivo estupor lo que se dice y se hace en Cataluña, cuya capital está amenazada cuando el día 21 se reúna allí el Consejo de Ministros.

Los CDR y los nuevos grupos autónomos de acción rápida (GAAR) están dispuestos a convertir ese día la Ciudad Condal en un escenario rifeño, un Annual urbano y posmoderno con alguna evocación balcánica. Es de suponer que el presidente no actuará como Rajoy y evitará la tentación de fiarse de los responsables políticos de los Mossos d’Esquadra (o sea, de Torra, Buch ‘et alii’).

from Notebook https://ift.tt/2QMGlWO
via IFTTT

Un ‘borroka’ peligroso

La historia enseña que las prácticas subversivas desde el ejercicio del poder son las más típicamente totalitarias. Joaquim Torra, vicario presidente de la Generalitat de Cataluña, es el ejemplo más conspicuo de la traición a las propias instituciones de las que es titular. Torra no representa otra cosa que una infiltración subversiva en el Gobierno de Cataluña para destruirlo. Sigue así las prácticas más ominosas de las ideologías corrosivas que practicaron los fascistas catalanes del siglo XX a los que Torra admira en la misma medida en que —escrito está— desprecia a los españoles y, por derivación, a los catalanes ‘traidores’ a la causa de la independencia de Cataluña.

En términos muy entendibles en la política española contemporánea, el presidente de la Generalitat es un ‘borroka’ peligroso, es decir, un tipo alzaprimado, burdo, que desprecia la ley y trata de destruir la institucionalización democrática animando a los vándalos callejeros a que “aprieten”. Y cuando los CDR —ya incursos en la auténtica ‘kale borroka’— desempeñan el papel que el presidente de la Generalitat les anima a protagonizar y la policía autónoma pretende cumplir con su obligación (en este caso, los Mossos d’Esquadra), interviene él con sus facultades para reprender a los funcionarios y salvaguardar la impunidad de los encapuchados.

A tal fin, se ordena a la policía integral de la comunidad, bajo el mando de la Generalitat, que no intervenga cuando los prohijados de Torra paralizan durante 15 horas la AP-7 o levantan impunemente los peajes de las autovías y autopistas bajo la mirada impotente de los Mossos. Los beatos de la democracia dicen que así se “evitan males mayores” mientras la recluta de los embozados crece y sus acciones ilegales aumentan. El panorama no puede ser más desasosegante, y tal pareciera que fuera Arnaldo Otegi —amigo de Torra, al que se abrazó entrañablemente no hace mucho— el referente del separatismo catalán.

Alarma mucho más que un personaje extraído del peor muestrario totalitario del periodo de entreguerras del siglo pasado sea el jefe político de un cuerpo policial con 17.000 efectivos armados que su llamamiento a los catalanes independentistas para que inicien, alegres y combativos, la “vía eslovena” (es decir, la bélica) por más que sea “dramática” (como se encargó de enfatizar el huido Toni Comín), o que se retire al monasterio de Monserrat para “ayunar” 48 horas en solidaridad con cuatro presos procesados por un presunto delito de rebelión. La imagen de conjunto del personaje es tan desoladora como la que ofrece la propia sociedad catalana, que solo susurra algún reproche pero que calla por miedo a la expulsión del perímetro de la tribu o por intereses tantas veces inconfesables.

Un tipo que ‘motu proprio’ o por indicación de terceros señala con el dedo el camino insurreccional en Cataluña, alzando como paradigma necesario la implosión de la antigua Yugoslavia, es un ignorante o es un malvado, o las dos cosas a la vez. En todo caso, ni es demócrata ni nada que se le parezca y representa sin paliativos un peligro público porque sus soflamas se formulan desde el poder institucional, desde el mando de un cuerpo policial, desde el manejo de un presupuesto público y en desafío a un Estado democrático y, también, contra la mayoría de los propios ciudadanos catalanes y contra todos los demás del resto de España.

Torra no es insoportable ideológica o políticamente. Es insoportable moral y cívicamente. Y por lo tanto, es una persona tan censurable como aquellos a los que representa y de los que es un guiñol. Solo un tipo de sus características —por más que le ‘reinterpreten’ sus politólogos de guardia— puede incurrir en la bajeza de agredir a sus propios funcionarios policiales y señalar como transitable el conflicto balcánico para Cataluña y para España.

Si el Gobierno de Pedro Sánchez necesitaba algún dato más para hacerse una completa composición de lugar tras sus esfuerzos dialoguistas con el independentismo, habrá llegado a la conclusión, a tenor de lo que ayer declararon sus portavoces, de que, en las actuales condiciones, no hay nada que hacer y que a cada gesto de mano tendida, Torra y su cómplices responden con la tozudez de los débiles y la impotencia de los soberbios.

No todos los independentistas, ni siquiera la mayoría, le respetan. Pero callan o solo murmuran. Así empiezan los años de plomo en las sociedades que creen que estos son vientos que no traerán tempestades. Los más ingeniosos suponen que, en realidad, la hipérbole eslovena y la manipulación de la policía catalana pretenden la aplicación otra vez del 155 para, así, salir con el recurso al victimismo del laberinto en el que, a tientas, deambula el separatismo. Si así fuera, habría que satisfacer sus deseos y aplicarlo, no tanto para suspender la autonomía catalana cuanto para defenderla de sus destructores y salvaguardar la democracia en España.

from Notebook https://ift.tt/2Eo0lcw
via IFTTT

Rivera, no con Vox

Como ha escrito con acierto Joan Navarro (“Combatir las ideas, respetar las personas”. Agenda Pública), “Vox es un partido legítimo y sus electores merecen todo nuestro respeto democrático” añadiendo que “no es la confrontación sino el desprecio lo que les hace fuertes (a los electores de Vox). Si algo están aprendiendo nuestros vecinos en la lucha contra la extrema derecha europea o americana es que lo que hay que combatir son las ideas, señalando siempre las mentiras, no a las personas que se las creen”. Me apunto en buena medida a estas tesis y, en consecuencia, albergo dudas muy serias de que el “cordón sanitario” en torno a Vox le debilite. Al contrario, sospecho que le fortalecería.

Dicho lo anterior, Vox pretende la supresión de uno de los pilares del pacto constitucional: el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones previsto en el núcleo duro de la Carta Magna (artículo 2º). Si por Abascal fuera, iríamos a un proceso constituyente para establecer un Estado unitario, lo que, salvando las distancias, sería como lo que pretende Podemos: cambiar la monarquía parlamentaria por una república y el modelo autonómico por otro confederal. Estas tesis son legítimas, pero establecen unas distancias ideológicas y conceptuales con los partidos constitucionalistas que, habitualmente, les impiden cualquier pacto o entendimiento.

Ciudadanos es un partido liberal y su función histórica es ocupar ese espacio centrista con un fuerte acento europeísta, situando la ciudadanía por delante de las políticas de identidad de la izquierda y sorteando la confesionalidad y resistencias del conservadurismo de la derecha. Por su origen catalán ha tomado la medida al nacionalismo que es, con la amenaza populista de izquierdas (y, quizás, pronto también de derechas), la más grave de cuantas padece nuestra democracia.

El partido naranja ha incurrido en contradicciones y perplejidades. Lo normal en los tiempos convulsos de la política española, pero ha mostrado aguante y una versatilidad que le hace idóneo para entenderse con la derecha y con la izquierda. En marzo 2016 pactó una investidura fallida con Pedro Sánchez y ese mismo año otra exitosa con Rajoy. Mientras, ha colaborado con el PSOE en la gobernación de Andalucía —en donde obtuvo el domingo pasado unos magníficos resultados— y ha hecho lo propio en Madrid con el PP. En el Parlamento Europeo está bien instalado (y mejor considerado) por los liberales de ALDE y tiene relaciones fluidas con partidos europeos y latinoamericanos de peso y tradición.

La cuestión ahora es si un eventual pacto con Vox rompe o no su coherencia ideológica y le hipoteca para el futuro; si satisface la percepción centrista de una buena parte de su electorado (en Andalucía recibió mucho voto antes socialista) o le obliga a ingerir un buen trago de aceite de ricino; si sigue conectado con el europeísmo liberal que modula con serenidad el discurso sobre la inmigración o se engancha a la jerga tremendista de los que merodean la xenofobia. En definitiva, este es el momento de saber cuánta ambición de futuro tiene Ciudadanos y si es superior a la de obtener rentas a corto plazo.

Albert Rivera responde a los grandes trazos de un liderazgo fuerte. Tiene muchos atributos, propios de los jefes de partido consistentes y tenaces; es buen retórico; es joven y está preparado. Acumula una cierta dosis de altivez que no le impide discernir el error del acierto. Está bregado, además, en la política y en la vida. Muchos le atacan más por envidia que por discrepancia. Por todo eso, debe salir de la duda hamletiana (“ser o no ser, esa es la cuestión”) con una decisión correcta sobre su eventual pacto con Vox. Es tentador cerrar un acuerdo con Casado y Abascal para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía tras 36 años de socialismo regimental. Pero hay tentaciones en las que no se debe caer porque a Rivera y a su partido el tren de Vox no es el último ni el único que parará en su andén.

El líder del PP, Pablo Casado. (EFE)

De calzarse uno los zapatos de su electores, estaría por asegurar que un pacto con Voxcon todo el respeto que este partido merece y, sobre todo, del que se haga merecedor— incomodaría a la mayoría de ellos y dejaría despoblado el territorio de la templanza en la política española. Su dialéctica sin concesiones al nacionalismo catalán (y al vasco) no es una expresión ideológica extrema de Ciudadanos como se dice en los circuitos maledicentes que encapsulan en lo “fascista” todo aquello que les incomoda, sino una retórica liberal convencida que combate la exclusión, la endogamia y el egoísmo social y económico.

Vox es la hipérbole, el sentimiento, el cabreo y —me temo— la ruptura de la baraja. Y ese no parece ser el espacio ni de Ciudadanos ni de Rivera que deberían evitar vinculaciones que sean un hándicap táctico, estratégico e ideológico que obstaculice su desarrollo o desmienta las expectativas de millones de españoles que necesitan una opción que, entre el silencio de unos y los gritos de otros, opte por la conversación persuasiva, por el liberalismo social e integrador y por la reinterpretación rigurosa de unos valores constitucionales malbaratados, ora por la izquierda, ora por la derecha y siempre por los nacionalistas. Rivera y Cs, no obstante, saben bien al desafío al que se enfrentan.

from Notebook https://ift.tt/2Pt9LV4
via IFTTT

Cuando los nacionalistas vascos y catalanes quisieron ser españoles

Fue en la sesión del pleno del Congreso del 21 de julio de 1978. Francisco Letamendia, diputado vasco de Euskadiko Ezkerra, instalado en el Grupo Mixto, defendió una enmienda para introducir en el futuro texto constitucional —aprobado en referéndum hoy hace 40 años— el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. Fracasó en el intento. ¿Saben quiénes se opusieron a reconocer tal derecho entre los 268 diputados que votaron en contra? Pues los del PNV. ¿Saben quiénes se abstuvieron? Pues nueve de los 11 diputados de la entonces Minoría Catalana. ¿Saben quiénes defendieron que la enmienda no debía admitirse? Pues los catalanes Jordi Solé Tura y Ramón Trías Fargas, entre otros.

Por aquel entonces, el nacionalismo vasco (que ejecutó luego una de estratagemas más oportunistas de cuantas se produjeron en el itinerario constitucional) no parecía estar interesado en lo que votó la semana pasada en el Parlamento de Vitoria: el derecho a decidir. Y los nacionalistas catalanes estaban a distancia sideral de los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017. Cuarenta años después del referéndum del 6 de diciembre de 1978, lo que fue histórico ha dejado de ser válido en Euskadi y Cataluña.

Pero lo cierto es que la Constitución de entonces y de ahora estuvo presidida por un afán de cohesión territorial de España desde una perspectiva históricamente distinta: reconocer, en su artículo segundo, el derecho de las nacionalidades y regiones al autogobierno. Nunca en la historia de España se había realizado esta formulación a tan alto nivel jurídico y con tanta contundencia política.

Antes de que se aprobara la Constitución, en 1977, el Gobierno de UCD reinstauró la Generalitat de Cataluña reintegrando a Josep Tarradellas a su presidencia y constituyó en Euskadi el Consejo General Vasco, un órgano preautonómico que presidieron, primero, el inolvidable socialista Ramón Rubial y, luego, Carlos Garaikoetxea, más tarde primer lendakari estatutario.

Antes también de la aprobación de la Constitución se dictó una amplísima y definitiva Ley de Amnistía que vació las cárceles españolas de presos políticos y de los reclusos de la banda terrorista ETA. Se atendía así, primordialmente, al compromiso de conciliación que resonaba con fuerza especialmente en Cataluña: “Libertad, amnistía y Estatut de Autonomía”.

La Constitución, en atención a la historia y a las aspiraciones de los nacionalismos vasco y catalán, construyó el concepto de ‘nacionalidades‘ sin mencionarlas pero señalando implícitamente qué territorios lo eran, al establecer en su disposición transitoria segunda que aquellos que hubiesen dispuesto antes de Estatuto de Autonomía (Cataluña, País Vasco y Galicia durante la II República) y, además, contasen con regímenes provisionales de autonomía, accedían rápidamente al autogobierno y con el mayor paquete competencial.

Y así sucedió. Pero hubo más: la disposición adicional primera de la CE recogió los derechos históricos de los territorios forales, habilitando que estos se reformulasen en el Estatuto vasco y en la Ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, implantándose la bilateralidad política con el Estado y, sobre todo, generalizando para Vizcaya y Guipúzcoa el concierto económico suprimido por Franco en 1937 como castigo a esas dos provincias ‘traidoras’. Además, y para satisfacer a los peneuvistas, otra disposición transitoria (4ª. 1) establecía un mecanismo refrendario para la incorporación de la comunidad foral navarra a Euskadi.

Tras la Constitución vinieron los estatutos, auténticas constituciones particulares con rango de ley orgánica, por las que el País Vasco desarrolló la Ley de Concierto, normativizó la policía autónoma (Ertzaintza) con carácter de integral, replegándose las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —incluso en plena ofensiva terrorista—, asumiendo todas las transferencias que materializaron el autogobierno: sanidad, educación, cultura, infraestructuras, medios públicos de comunicación, presencia exterior, política lingüística… Y lo mismo en Cataluña. Jordi Pujol no pujó entonces por un pacto fiscal —calculó que no le convenía al Principado—, pero protagonizó una maratón de transmisión de competencias.

La identidad lingüística catalana quedó amparada por la inmersión idiomática en la escuela pública, lo mismo que el euskera en el circuito de las ‘ikastolas’ y en los distintos modelos de enseñanza pública y concertada. También en los años ochenta el Parlamento catalán reguló en una ley —igualmente con carácter integral— la policía autónoma: los Mossos de d’Esquadra, cuyo contingente ahora es de más de 17.000 efectivos.

Se podría seguir glosando hasta qué punto el autogobierno de las nacionalidades —Euskadi, Cataluña, Galicia— fue un eje, un vector, un pilar de la Constitución tratando de superar ese ‘demonio familiar’ de nuestro país que ha sido la tensión territorial centrífuga. Se hicieron de buena fe los mejores esfuerzos. España —como idea nacional— se retranqueó. Pues bien: 40 años después, la deslealtad a ese texto constitucional procede intensamente de Cataluña y de su nacionalismo mutado en separatismo y del País Vasco. En Euskadi se disfruta de un régimen de autogobierno constitucional para el que el PNV tuvo la desvergüenza de pedir la abstención en el referéndum. En Cataluña, se votó con más entusiasmo que en ningún otro territorio una Constitución luego traicionada.

Vascos, catalanes y demás españoles que no militamos en el nacionalismo de esas comunidades ¿qué más podemos hacer? Nos formulan una ‘interesante’ propuesta desde Vitoria y Barcelona: que nos suicidemos como Estado y como nación plural. Simplemente porque una parte de los vascos y una parte de los catalanes no quieren que en su DNI conste su nacionalidad española, que sí quisieron aquel 21 de julio de 1978.

from Notebook https://ift.tt/2QffXoV
via IFTTT

El fracaso es todo suyo, señor Sánchez

Pedro Sánchez ha persistido en una pésima interpretación de la moción de censura que le llevó a la presidencia del Gobierno. La llamada ‘coalición de rechazo’ (que incluía, además de a Unidos Podemos, al PNV, a Bildu y a los partidos independentistas catalanes) prosperó porque se trataba de echar a Mariano Rajoy, pero no de investirle a él. Acceder a la jefatura del Gobierno por esa vía era legal y legítimo, pero políticamente implicaba lo que el propio Sánchez prometió: convocar elecciones “cuanto antes”. Al no hacerlo y pretender un proyecto de gobierno hasta el fin de legislatura dependiendo del secesionismo catalán, Sánchez se introdujo en un camino sin salida, traspasando unas líneas rojas antes respetadas en la política democrática española.

La respuesta a este planteamiento disparatado y a las políticas erráticas de su Gobierno (por ejemplo, en inmigración) se produjo el domingo en Andalucía en unos términos rotundos que alcanzaron a la ‘otra’ izquierda —la extrema y populista de UP—, que se desplomó proporcionalmente tanto como el propio PSOE. Los andaluces que acudieron a votar —habrá que saber por qué no lo hizo el 41% del censo— solo premiaron a Ciudadanos e hicieron emerger ruidosamente a Vox, paliando el castigo al PP, de forma que el bloque de estos tres partidos (59 escaños de 109) sobrepasó a las izquierdas con amplitud.

El sur de España (Andalucía: 8,5 millones de habitantes y más de 87.000 kilómetros cuadrados de superficie) no parece dispuesta a que la gobernación del país dependa de aquellos que quieren descoyuntarlo (separatistas catalanes y vascos) o dar un vuelco constitucional (Unidos Podemos) que nos devuelva al vacío democrático. Y, salvo que medie una rectificación completa, así ocurrirá en las demás comunidades autónomas que en mayo renuevan sus parlamentos.

Sánchez ha convocado con sus propias políticas a la derecha populista de Vox. Si es aceptable democráticamente recibir el voto del ‘abertzalismo’, del independentismo y del populismo que propugna un proceso constituyente, ¿por qué no habría de serlo también que la extrema derecha concurriese al festín político nacional? ¿Alguien podía pensar que el espectáculo de Iglesias negociando los Presupuestos con Junqueras en la cárcel sería una escena electoralmente inocua? Rotas las barreras de contención por la izquierda, se han quebrado también por la derecha.

Y Pablo Casado no ha hecho otra cosa que reconocer a Vox el estatuto político que Sánchez ha ofrecido a la extrema izquierda y al independentismo rupturista. La toxicidad de la ultraderecha es para los populares no mayor que la de la ultraizquierda y el independentismo para los socialistas. Pero, aceptada la ruptura de las reglas de juego por unos, las rompen los otros y el resultado es el actual panorama político.

En Andalucía, el racional electoral ha sido nacional y no autonómico. Por eso —y sin que quepa restarle a Díaz la dosis de responsabilidad que le corresponde—, el fracaso del PSOE y de UP es íntegro de Pedro Sánchez (e Iglesias) y de su gestión en estos cinco meses durante los que ha dilapidado sistemáticamente, y sin ninguna necesidad de hacerlo, la posibilidad de resetear la situación general con unas elecciones generales que quizás hubiesen permitido un Gobierno más transversal (PSOE y Cs) e integrador que la gobernanza que está ensayando y que, con propiedad metafórica, Alfredo Pérez Rubalcaba denominó como un Frankenstein político.

Por lo demás, que no se engañen los líderes de la izquierda: Vox fue votado por casi 400.000 andaluces. Eso quiere decir que los electores de la extrema derecha no salen solo de los que antes votaron al PP (y mucho menos a Cs) sino mayoritariamente de sectores sociales diversos que, por razones varias, expresan tanto hartazgo como desconfianza en la clase política convencional. Los discursos de barricada de Iglesias y los dramatismos de Díaz denotan que ni uno ni otra han entendido lo que está ocurriendo ni siquiera después de que haya sucedido, cuando lo que pudo ser una posibilidad se ha convertido en una contundente realidad política.

La izquierda española, además, no ha interpretado con cautela el contexto internacional en donde el cambio de paradigma político ha sido casi total. Francia, Italia, Hungría, Polonia o el Reino Unido son ejemplos, entre otros, de fuertes derechas iliberales que desbordan los partidos tradicionales de su espectro y de la izquierda, y reformulan las grandes variables de las políticas más sensibles.

Si en ese caldo de cultivo generalizado un socialismo como el español —al socaire hasta ahora de los populismos de derechas— no es riguroso y no establece un correcto modelo de relación con la izquierda extrema y los independentismos, y no lo ha hecho, sucede lo que aconteció el domingo. Por eso, el fracaso andaluz es todo de Sánchez y a Sánchez corresponde la rectificación para que el 2-D no sea el principio de un nuevo (y peor) sistema político en el que la polarización y la hostilidad sustituyan a las políticas de cohesión.

from Notebook https://ift.tt/2EcXzXj
via IFTTT

El cebo de Santiago Abascal

La incógnita cualitativa de los resultados electorales en Andalucía es si Vox entra o no en el parlamento autonómico y, si no lo consigue, qué porcentaje de voto obtiene. Según el pulso de Metroscopia correspondiente al mes de noviembre, conocido ayer, este sería el “momento” del partido de Abascal que, a nivel nacional, tendría un voto estimado de más del 8%. En el ‘ranking’ de partidos, ocuparía claramente la quinta plaza.

De sentarse en la Cámara andaluza uno o varios diputados de Vox y de conseguir en mayo otras posiciones institucionales municipales, autonómicas y europeas, esta fuerza política en ciernes resultaría simétrica a Podemos en su contenido programático porque ambas se sitúan en posiciones maximalistas y extraconstitucionales que pretenden, no una reforma de la Carta Magna, sino un proceso constituyente.

Vox es un partido político inspirado por personalidades en las bambalinas que en otro tiempo ostentaron protagonismo no menor en UCD, en Alianza Popular y en el PP. Santiago Abascal —exmilitante popular en el País Vasco— lo lidera con arreglo a unos vectores ideológicos muy evidentes y claramente formulados:

1) Vox es un partido que reivindica por encima de todo la unidad de España y por lo tanto es completamente hostil a los movimientos nacionalistas vasco y catalán. En coherencia propugna que España se configure como un Estado unitario con supresión de las autonomías

2) Vox es un partido de inspiración cristiana que cree que los valores religiosos deben permear la sociedad española y se opone al aborto, al matrimonio homosexual y reclama la vigencia de los criterios morales en sintonía con la doctrina de la Iglesia más tradicional y

3) Vox es un partido que rechaza rotundamente la ideología de género y por lo tanto impugna el feminismo, las leyes de este carácter y, en general, las políticas de discriminación positiva a favor de las mujeres.

Estos principios se deducen claramente de las cien medidas que Vox presentó en el mitin, casi fundacional, que celebró el 8 de octubre pasado en Vistalegre, una gran parte de ellas incompatibles con los principios y valores que propugna la Constitución de 1978. No solo pide la supresión de las autonomías, también la derogación de la ley de Memoria Histórica, la de Violencia de Género y, entre otras medidas, la ilegalización de los partidos y asociaciones que persigan “la destrucción de la integridad territorial de España”.

Estos perfiles acercan a Vox a los modelos de partidos populistas de derechas en Europa y algunos de sus dirigentes ya han señalado como referencia de liderazgo europeo a Viktor Orbán, el actual primer ministro húngaro que se deslizó de posiciones conservadoras a otras integristas.

Aunque hay quien lo afirma, Vox no ha hecho hincapié en la inmigración aunque plantea medidas duras para regularla y así lo ha manifestado de forma explícita en la campaña andaluza. “España primero” se conecta como lema con el rechazo —próximo a la xenofobia— de los inmigrantes siguiendo así el guion del “trumpismo” y sus derivados europeos, sean italianos, polacos, “lepenistas” o los que mantienen los ultraderechistas alemanes. Existe también una conexión de Vox con el repliegue británico sobre su propia soberanía: de hecho, rechaza la jurisdicción internacional tanto de la justicia europea de la UE como la que afecta a la protección de los derechos humanos en el Tribunal de Estrasburgo.

Santiago Abascal —que utiliza poses que remiten al Putin que cabalga en las estepas rusas— es un tipo bregado en los años duros del terrorismo etarra y que ha aprendido la política en la escuela primaria del PP de las catacumbas vascas. Su campaña ha consistido en que se la hiciera Pablo Casado. Utilizó dos palabras (“la derechita cobarde”) que activaron los resortes de la testosterona ideológica de un PP que, tras el congreso de julio que eligió a la nueva dirección, apostó por rearmarse ante el desmayo “rajoyista”.

Y el presidente del PP ha entrado al trapo para tratar de demostrar que ni es “derechita” ni es “cobarde”, de tal manera que ha confrontado con Vox ofreciéndole a Abascal el estatuto público de adversario e interlocutor. Para ello ha tenido que vencer su discurso hacia las tesis del pequeño partido, admitiendo que “comparten” algunos valores y que el PP estaría bien dispuesto a recibir sus votos si eventualmente accediese al parlamento andaluz.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado (d), junto al número uno de los populares de Cádiz al Parlamento andaluz, Pepe Ortiz. (EFE)

La provocación, el cebo de Abascal, ha funcionado y el PP ha entrado como un novillo con genio al capote de Vox entregándole las hechuras de adversario, temeroso de que se le fuera el voto por la derecha sacrificando los que circulan en las zonas más templadas. Ciudadanos, por su parte, ha sabido utilizar un estratégico desdén tratando de hacer transparente la presencia de Vox.

Un partido que no tiene implantación pero sí medios, un discurso que resulta contemporáneo en el contexto regresivo de Europa y que despierta el morbo de la novedad ante la “derechita cobarde” (sic. de Abascal) que ha reaccionado sin la serenidad necesaria.

from Notebook https://ift.tt/2rfyYcc
via IFTTT

El Gobierno entra en crisis

¿Cómo se ha podido pasar del ‘Gobierno bonito’ del mes de junio a este equipo gubernamental descosido y magullado de noviembre? Quizá la causa haya que localizarla en la improvisación y rapidez con que se formó y los criterios que utilizó Pedro Sánchez para nombrar a sus ministros, que fueron más propios de la mercadotecnia que de los que se derivan de la solvencia, al menos en algunos casos, y en otros, simplemente intuitivos e incluso caprichosos. Pero, sean estas u otras las causas del derrumbe gubernamental, la desprofesionalización política de algunos de los miembros del Ejecutivo es tan manifiesta como los problemas —éticos, fiscales y financieros— que afectan a media docena de ellos.

Sánchez ya tuvo que prescindir precozmente de los titulares de Cultura y de Deportes y de Sanidad —Màxim Huerta y Carmen Montón—. Debió haber cesado a la de Justicia, Dolores Delgado, y terminará por hacerlo según los hermeneutas de las tácticas del entorno de Villarejo, que auguran más desahogos de la ministra. Pedro Duque ha tenido que pagar una liquidación complementaria por la sociedad instrumental tenedora de una de sus viviendas y Nadia Calviño debe todavía algunas explicaciones más sobre cómo adquirió su casa. Josep Borrell —quizás el más competente de los que se sientan en el Consejo de Ministros— debe arrostrar las consecuencias de una multa de la CNMV por utilización de información privilegiada en la venta de unas acciones. Por fin, Isabel Celaá, al parecer, ha hecho una declaración de bienes un tanto selectiva y también tiene pendiente alguna puntualización que los medios y la oposición le reclaman y que ella desoye.

Estos manchones, con ser importantes, no son los peores si la acción política del Ejecutivo fuese fluida, vibrante y eficaz. No solo no es así, sino todo lo contrario. La ruina del Ejecutivo es que a estas interioridades poco edificantes se añaden su dilución, su dispersión, su forma de desempeñar sus misiones en compartimentos estancos, sin ofrecer la sensación de un equipo cohesionado, sin buena información de lo que hacen unos y otros y con desconocimiento de cuándo y de qué hay que hablar y de cuándo callar. Se trata de un Gobierno sin pautas, muchos de cuyos miembros no saben exactamente si circulan por el buen camino o por el errado. No hay cohesión en las políticas y a veces se intercambian los roles.

Así, la vicepresidenta ejerce en el Vaticano de titular de Exteriores, mientras que es el responsable de ese departamento el que irrita a los independentistas sin que sus compañeros le amparen con particular entusiasmo. ¿Quién defiende el Presupuesto? ¿La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o la de Economía, Nadia Calviño? Las dos, pero ¿lo negocia Batet en Barcelona? Por lo demás, este es un Gobierno sin Parlamento, y de no ser por la abusiva y constitucionalmente fraudulenta utilización de los decretos-leyes, el Gabinete parecería una comisión delegada de subsecretarios.

El Gobierno de Sánchez está instalado en la provisionalidad porque no hay cartografía para la orientación. Cada día trae su afán, de tal manera que Moncloa vive en estado de vigilancia y sobresalto permanente. Es verdad que el Gabinete aguanta con 84 diputados, pero el coste está siendo altísimo. El presidente, ahormado en la adversidad, puede soportar con cierto estoicismo este trance —tiene el botón rojo de la convocatoria electoral—, pero sus ministros se mueven tanteando la realidad, olfateando el ambiente, inseguros. Algunos, en privado, expresan su perplejidad por el vacío de referencias necesarias para desarrollar su gestión.

Los socios del Gobierno hacen más difícil su deambular. Mantienen a Sánchez y a su Ejecutivo por razones de conveniencia, puramente tácticas, alejadas de cualquier proyecto político sólido y compartido, y le asaltan en cuanto tienen oportunidad. Lo ha hecho Podemos con un Iglesias que pasa de amigo a adversario en cuestión de días; lo hacen unos independentistas arriscados que lanzan por delante al Rufián de turno, más amonestado por la presidenta del Congreso que impugnado por el grupo socialista. De hecho —y a falta de formalización—, la coalición de ‘rechazo’ a Rajoy no se ha comportado nunca como de abierta afirmación a Sánchez, que se abraza a sus presuntos socios más para no caerse él que para apoyarse en ellos.

Si Sánchez pretende continuar hasta 2020 —en el caso de que los independentistas le hagan la faena de aprobarle los Presupuestos de este año para mantenerle bajo su control—, debería (quizá se lo sugiera Iván Redondo, que a la postre observa todo esto a media distancia) refrescar el Consejo de Ministros y hacer lo que se denomina ‘una crisis’. Porque en seis meses hay ministros quemados como si llevasen en el sillón seis años. Los materiales relucientes de junio padecen aluminosis en noviembre. El regreso a la dura realidad ha resultado más fulminante de lo esperado, después de que Sánchez confundiera el “cuanto antes” por el “cuando quiera”. El presidente, en fin, está pagando ese grave error político de ser un arbitrista*.

*Significado de arbitrista según el diccionario de la RAE: “Persona que inventa planes o proyectos disparatados para aliviar la Hacienda Pública o remediar males políticos”.

from Notebook https://ift.tt/2AuhbSC
via IFTTT

Emboscada a Sánchez

Nos cuenta Ignacio Peyró, actual director del Cervantes en Londres, en su libro ‘Pompa y circunstancia’, subtitulado “diccionario sentimental de la cultura inglesa”, los enormes desafectos británicos a Gibraltar. Para Lord Nelson, el Peñón era “una oscura esquina del mundo”, y para Lord Byron, “el punto más sucio y detestable de la tierra”. La viajera Jane Morris, según nos sigue informando Peyró, “describe Gibraltar como una ciudad desastrada, maloliente y comida por las moscas”. Pese a todo, constata que aquel pedazo de tierra “alguna importancia tendrá para Inglaterra, como esa familia que vende la plata pero se resiste a empeñar los pendientes de la abuela”.

Efectivamente, para los españoles Gibraltar es un resorte para el patriotismo de la derecha y el desdén de la izquierda, y para los británicos —ingleses en particular— el Peñón es un Guadiana sentimental que les sirve de terapia nostálgica del imperio que ya se fue. Lo acaban de demostrar en la negociación de su salida de la Unión Europea. La ‘premier’ May le confesó a Pedro Sánchez su “fragilidad” para que el presidente español no cargase la mano en nuestra legítimas exigencias en la bilateralidad sobre Gibraltar entre su país y España —al margen de la UE— una vez la Gran Bretaña e Irlanda del Norte saliesen del club europeo.

Entre la “fragilidad” de May, el despotismo de Michel Barnier —el negociador de la Unión para el acuerdo del Brexit— y el desinterés general de los demás estados miembros (poco les importa que sea la única y última colonia en Europa), se olvidó que el presidente del Consejo, Donald Tusk, envió en abril una primera propuesta de directrices al equipo negociador de la UE. En la número 24 se decía lo siguiente: “Una vez que el Reino Unido haya abandonado la Unión, ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podrá aplicarse al territorio de Gibraltar sin acuerdo entre el Reino Unido y el Reino de España”. Con esa guía negociadora, en Madrid cundieron la tranquilidad y el exceso de confianza. El sobresalto llegó cuando el Peñón no era mencionado ni en el acuerdo de retirada de Reino Unido ni en la declaración política.

Como bien ha analizado Tom Burns Marañón en el diario ‘Expansión’ de ayer (“El chapucero ‘realpolitik’ europeo”), “lo último que quieren los jefes de Gobierno reunidos en Bruselas es que el Reino Unido se embarque en una salida desordenada de la Unión Europea. Esto significa adentrarse en un territorio sin mapas y sin compás. No lo desea nadie salvo los descerebrados nacionalistas británicos. Por eso se redactó con ‘alevosía’, al final del borrador del acuerdo de salida del Reino Unido, un artículo, el 184, que no menciona a Gibraltar y que representó toda una emboscada para España”.

Según las fuentes diplomáticas españolas consultadas, la opinión de Burns Marañón es acertada. Y así, el socio más “eurófilo” —como también constata el articulista citado— que es la España de Sánchez resultó ninguneado hasta el punto de que el presidente del Gobierno tuvo que amagar con un veto que albergaba muchísimos peligros para nuestro país a medio y largo plazo si se hubiese consumado. Asumir el bloqueo del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE representaba una responsabilidad imposible de soportar por las espaldas económicas, sociales y comerciales españolas. Quien no lo entienda debiera leer ‘Diplomacia’, de Henry Kissinger. Por eso, ni “humillación” ni épica por un logro que no es exactamente “histórico”.

Borrell y su equipo han hecho lo único que podía hacerse: negociar una interpretación favorable del artículo 184 del texto aprobado sin alterarlo, porque ningún miembro de la UE estaba dispuesto a hacerlo. La contrapartida han sido tres declaraciones (de la Comisión, del Consejo y del Reino Unido) que reconocen que aquel precepto no altera el principio de que Gibraltar es una cuestión bilateral de España y Reino Unido, y que si se produce sobre el Peñón una negociación de la UE, la última palabra la tendrá Madrid.

De esta manera, Sánchez ha salido de una situación imposible para España, cuya delegación en Bruselas ha sido muy probablemente orillada por las mañas de Barnier, los agobios de May y el desinterés de los demás miembros de la UE sobre lo que podrían considerar una cuestión menor: Gibraltar. Para nosotros, es un asunto que afecta a la integridad territorial y a la situación económico-social del entorno de la Roca. Concierne también a la decencia pública, porque el Gibraltar de Picardo y compañía es un territorio para la evasión fiscal, el contrabando y los tráficos inconfesables.

En términos de política exterior, Sánchez ha sido emboscado (o sea, España) y ha salido de la trampa con realismo, porque el veto, diga la oposición lo que quiera, no era una opción. El reproche a Sánchez no debería consistir en no haber podido alterar el acuerdo de retirada, que quizá el Parlamento británico no apruebe, y la declaración política, sino que durante su estancia en Cuba no haya prestado a los opositores al régimen castrista ni 10 minutos de visibilidad.

from Notebook https://ift.tt/2TOtfqz
via IFTTT