Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, imputada

Al final a la lideresa la llegó su San Martin, después de tantos amagos para escabullirse y auto exhimirse de sus responsabilidades, el juez que lleva el “caso Punica” encontró claros indicios que la ex-presidenta de la Comunidad de Madrid, estuvo al tanto de las corruptelas del PP madrileña, era cuestión de tiempo que esto se descubriese, dinero que podría ir a Sanidad, Educación o a Transporte como por ejemplo EL METRO, que como bien la ciudadanía de Madrid sabe, sufre un deterioro progresivo del servicio y todo empezó bajo su gobierno.

Según el auto del juez, Aguirre presuntamente ha maniobrado para financiar con dinero de la Administración “gastos particulares del PP regional y sus dirigentes”, así como gastos electorales de las campañas autonómicas de 2007 y 2011 y de las generales de 2008. El desvío de fondos ascendió a al menos cinco millones de euros aproximadamente, según el juez.

También a la inclita señora de los masters la llegó su San Martin, Cristina Cifuentes debe responder sobre la adjudicación irregular al empresario Arturo Fernandez, la gestión de la cafeteria de la Asamblea de Madrid.

También están los dirigentes políticos investigados se encuentran los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que es el marido de la señora Fabra, que dijo a los parados “que se j…” cuando Rajoy anunciaba en el Congreso los recortes contra ellos.

Y el juez también ha citado como investigados a 38 dirigentes políticos, funcionarios y directivos de empresas en la trama de “Púnica”, entre los que figura el expresidente de Indra Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del grupo PRISA, editor de EL PAÍS.

Aguirre, referente de la derecha madrileña y española, después de evadirse muchos años, al final la llegó su San Martin, veremos a ver que acontecerá en este caso.

Las tres derechas diseñan una capital con bajos impuestos, grandes obras y sin Madrid Central

Fuente: https://www.eldiario.es/madrid/derechas-disenan-impuestos-Madrid-Central_0_910259194.html


Marcos Pinheiro

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Begoña Villacís, vicealcaldesa. / Marta Jara
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Begoña Villacís, vicealcaldesa. / Marta Jara

PP, Ciudadanos y Vox ya gobiernan la capital de España. El pacto tejido por los populares a dos bandas ha dado como resultado que José Luis Martínez-Almeida haya sido elegido nuevo alcalde de Madrid. Para ello se ha visto obligado a ceder la vicealcaldía y algunas de las carteras más importantes a Ciudadanos, y dar entrada a la extrema derecha con la presidencia de algunos distritos.

Los acuerdos firmados entre los tres partidos de la derecha recogen una bajada de los impuestos que dependen del Ayuntamiento. El nuevo alcalde ha reconocido en su discurso que lo podrá hacer gracias al superávit de las cuentas que ha heredado de Manuela Carmena. Además, el acuerdo recoge grandes proyectos urbanísticos y una remodelación de Madrid Central que, por el momento, dejará sin efecto la medida.

El documento, por ejemplo, contempla un “Plan de Choque” para la agilización de las licencias urbanísticas. Además se incluye el compromiso de recuperar todos los grandes desarrollos de viviendas que el Gobierno de Carmena frenó “por puro sectarismo ideológico”, además de impulsar el del sureste.

La única referencia para frenar el imparable ascenso de los precios de la vivienda en la capital es un cheque-vivienda joven y la colaboración público-privada para facilitar el acceso al alquiler. En cuanto a las viviendas turísticas, solo se incorpora la promesa de regularlas “adecuadamente” respetando el marco estatal.

Soterrar, regenerar y reformar

En el capítulo urbanístico también se recogen grandes obras como el soterramiento de la A5, una promesa de Martínez-Almeida en campaña que proyectó con un presupuesto mucho menor del que habían pensado corporaciones anteriores. Además, se soterrará la M30 a su paso por el Estadio Vicente Calderón -un proyecto que ya está en marcha-, se remodelarán el Nudo Norte y Manoteras, se reformará la Plaza de Carlos V y se aprobará un plan para “regenerar y reformar” el complejo de Azca. Todo esto, además de dar el visto bueno definitivo a la Operación Chamartín.

En el acuerdo con Vox se incluye otro posible soterramiento. Ese documento quiere ir más allá de la ampliación de aceras de Gran Vía que llevó a cabo Carmena para estudiar “la viabilidad técnica y económica del soterramiento” de esa calle, “como vía de circulación alternativa y aparcamiento subterráneo”.

Hay otras grandes obras que dependerán de si se impulsan algunos de los puntos del acuerdo. Por ejemplo, el de volver a optar a la celebración de unos juegos olímpicos. Algunas de las dotaciones que se iniciaron para las candidaturas de la época de Gallardón y Ana Botella no llegaron a terminarse y están abandonadas. En los dos documentos firmados por el PP con Ciudadanos y Vox se incluye la promesa de buscar “el consenso para recuperar el sueño olímpico”.

Reducción de todos los impuestos

Las tres derechas hicieron campaña por la bajada de impuestos y así lo han plasmado en sus acuerdos. Los documentos recogen una rebaja del IBI al mínimo legal posible y bonificaciones de todo tipo, además de rebajas en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), incrementando sus incentivos fiscales, al igual que en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

El documento recoge también una bonificación del 95% en la plusvalía de las donaciones y herencias de viviendas entre parientes directos, se eliminará la tasa de cajeros y de generadores de residuos y, tal y como prometió el propio Martínez-Almeida en campaña, se revisarán “las sanciones por parte del Ayuntamiento para evitar cuantías abusivas y los objetivos recaudatorios”. El apartado dedicado a las ayudas a las familias también incluyen bonificaciones fiscales, aunque no se especifican.

La nueva corporación cierra así las principales vías de ingresos del Ayuntamiento. Su plan para garantizar la viabilidad de las cuentas pasa por renegociar con el gobierno la regla de gasto que Cristóbal Montoro impuso a los ayuntamientos, y que sirvió especialmente para ahogar las cuentas del de Madrid. PP, Ciudadanos y Vox quieren ahora que se les permita lo que no pudo hacer Carmena: reinvertir el superávit para que sea viable esa bajada de impuestos generalizada.

Una moratoria que termina con Madrid Central

Entre las medidas sobre la movilidad destacan los cambios en Madrid Central. El acuerdo incluye “reconvertir” esta zona de bajas emisiones, pero la primera decisión ya la deja sin efecto: quienes entren en esa área restringida desde el próximo 1 de julio no serán multados. Hasta que la nueva corporación decida qué hace finalmente con una de las medidas estrella del anterior gobierno, quedará suspendida.

El capítulo de movilidad también incluye un plan de seguridad vial, miles de plazas nuevas de aparcamiento y un rediseño de la red de EMT. Ciudadanos y PP han pactado también ampliar la red de BiciMad pero eliminar algunos de los carriles bici que consideran “peligrosos”. Además, contemplan acabar con las conocidas como “aletas de tiburón”, las bandas de separación que se instalaron durante la época de Alberto Ruiz Gallardón para impedir que los coches invadiesen el carril bus.

Contra la okupación y los manteros

Tanto el documento firmado con Ciudadanos como el que ha suscrito el PP con Vox tiene un punto dedicado a la lucha contra la okupación ilegal. Fue una de las banderas de los tres partidos de derechas durante la campaña, en la que acusaron a Carmena de ser demasiado permisiva con ese fenómeno, e incluso desde Ciudadanos acusaron a la alcaldesa de ser una “okupa”.

Según el acuerdo, ahora se va a crear “una Oficina de Defensa de los Derechos de los Vecinos para velar por la seguridad de las familias afectadas” y asesoramiento jurídico a las comunidades de propietarios. El punto está calcado en los dos pactos firmados. También se incluye la lucha contra “las mafias de venta ambulante ilegal”.

Apenas hay menciones a la educación, a pesar de que la capital gestiona desde hace unos años su propia red de escuelas infantiles. Carmena las desgajó de la Comunidad de Madrid con el fin de poder imponer sus propios criterios en la concesión de esos centros: se eliminó la primacía del requisito económico -que llevó a filiales de ACS a hacerse con la gestión de varios centros– para dar más importancia al proyecto educativo. Las cooperativas de profesores se impusieron así a las grandes empresas.

Ahora, PP y Ciudadanos solo incluyen que esas escuelas infantiles serán bilingües y que se pondrá en marcha un sistema de becas para quienes no hayan conseguido plaza en los centros públicos. A pesar de que Martínez-Almeida prometió volver a ceder la gestión de las escuelas a la Comunidad de Madrid, el documento no recoge ese compromiso. Eso sí, se ha incluido un punto que promete ceder suelo al Gobierno regional para la construcción de colegios públicos y concertados.

Dos compromisos ya encarrilados

“Elaboraremos un nuevo modelo de participación ciudadanasituando a las nuevas tecnologías como el instrumento principal de participación”, dice el acuerdo PP-Ciudadanos. No hay más detalles. Durante esta legislatura ese modelo ya se ha desarrollado, aunque no ha funcionado como se prometió. Los ciudadanos de la capital pudieron participar en qué destino se daba a una parte de los presupuestos –aunque algunas partidas no se llegaron a ejecutar– o decidir sobre proyectos como la Plaza de España.

La web que se diseñó para canalizar esa participación ciudadana se ha copiado en otras ciudades e instituciones del mundo.

“Acondicionaremos el Frontón Beti-Jai de acuerdo a su condición de bien protegido, con una programación de calidad”, dice el acuerdo de PP y Ciudadanos. Como el de la participación ciudadana, es un compromiso ya encarrilado. El frontón ya está completamente reformado después de llevar décadas abandonado.

¿Violencia machista o intrafamiliar?

PP y Ciudadanos se han comprometido a aprobar “un Plan de detección temprana de la violencia machista”. Pero el acuerdo con Vox no es exactamente igual. El documento firmado con el partido de extrema derecha no incluye ese término y se limita a promover “un plan municipal de educación contra todo tipo de violencia en el ámbito intrafamiliar”.

También hay discrepancias sobre los derechos LGTBi –se incluyen en el documento con Ciudadanos pero no en el de Vox– y sobre cuándo debe dimitir un concejal salpicado en un caso de corrupción. El acuerdo firmado entre Villacís y Martínez-Almeida incluye que “los cargos públicos imputados formalmente por delitos de corrupción presentarán su renuncia al cargo y no podrán ir en listas electorales”. Sin embargo, el que el PP ha firmado con Vox rebaja esa exigencia.

“Los cargos públicos municipales para los que se hubiera dictado auto firme de apertura de juicio oral por delitos contra la Administración Pública del título XIX del Código Penal serán cesados del cargo que ostenten”. Así, Vox pide esperar a que se abra juicio oral contra los acusados e incluye que serán cesados, algo que no es posible. El acta es personal y la dimisión será decisión de cada concejal. 

El PP de Madrid obvia las pruebas y habla ahora de un “montaje” contra Cifuentes

Fuente: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/08/el_madrid_obvia_las_pruebas_habla_ahora_montaje_contra_cifuentes_81500_1012.html

  • La presidenta aprovecha una supuesta entrevista en El Mundo con el filtrador de su escándalo para intentar desviar la atención hacia el PSOE
  • El periódico insinúa que la actuación es una venganza de un profesor porque Lucía Figar eliminó en 2014 una titulación de la Rey Juan Carlos
  • La Fiscalía quería investigar la querella por prevaricación que se presentó contra la entonces consejera de Educación, pero el TSJM se negó y no la admitió a trámite

Publicada 08/04/2018 a las 17:49Actualizada 08/04/2018 a las 19:41  

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante la Convención Nacional del PP en Sevilla.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante la Convención Nacional del PP en Sevilla.

Efe

El caso Cifuentes, de presunta falsificación del título de máster de Derecho Autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, no descansa ni en fin de semana. Este domingo se publicó una entrevista del suplemento Crónica, de El Mundo, al profesor que supuestamente filtró a la prensa documentos que intentan demostrar que la líder del Ejecutivo regional obtuvo su título mediante notas falsificadas, que pasaron de no presentado a notable, incluyendo el Trabajo Fin de Máster. El docente, informa el periódico, es militante del PSOE, lo que ha servido al PP madrileño y a la propia Cifuentes para acusar a los socialistas de orquestar un “montaje” e intentar redirigir la atención desde el asunto en sí al origen de la denuncia que precipitó el escándalo.

“Son informaciones muy preocupantes”, declaró Cristina Cifuentes este domingo, en la Convención Nacional del PP en Sevilla. Y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, fue el encargado de cargar las tintas contra los socialistas en Twitter. “Tanto Gabilondo como Sánchez tienen que dar muchas explicaciones sobre si conocieron la comisión de un presunto delito en la Universidad Rey Juan Carlos y la ocultaron a la Fiscalía. Su moción de censura no solo nació muerta, puede estar manchada por una oscura trama”, afirmó. La cuenta oficial del PP de la Comunidad de Madrid se sumó al contraataque con un tuit pidiendo colaboración que despertó sorpresa e indignación entre la mayoría de tuiteros a partes iguales: “Tienes una pista para esclarecer el montaje contra Cifuentes? Háznosla llegar”, publicaban.

Las acusaciones de “trama” y “montaje” contra la presidenta, la insinuación de que el PSOE está implicado y la insistencia en la filtración omiten las diversas publicaciones que, durante estos días, apuntan a una grave irregularidad en la gestión del título que dice haber obtenido Cristina Cifuentes. Las notas de la presidenta fueron modificadasarrancó eldiario.es en marzo, gracias a la acción a una funcionaria amiga que acompañó a la líder del PP a por su título. La conservadora presumió de un acta que en teoría, demostraba que había hecho y presentado el TFM, pero las firmas fueron falsificadas (según El Confidencial). Dos de las tres profesoras que componían el supuesto tribunal han negado haber estado en la presentación y haber firmado nada y el propio rector asegura que no se puede demostrar que el trabajo de fin de carrera exista o se haya expuesto en algún momento. El documento no ha visto la luz, así como ningún registro que demuestre su tramitación. La propia dirigente del PP admitió que no había asistido a clases ni hecho los exámenes, tras llegar a un acuerdo con los profesores.

El profesor y la consejera

El Mundo asegura que toda la cascada de sospechas sobre el máster de Cifuentes arrancó de un profesor de la Rey Juan Carlos que, supuestamente, recabó pruebas, documentos y pantallazos que demuestran la presunta falsificación. En la pieza, el profesor afirma que nadie está detrás de la filtración: solo él. También reconoce, según el periódico, que no hay ninguna personalidad detrás de su labor de garganta profunda y que actuó por venganza. El artículo recoge que la motivación del docente nace de la decisión de la universidad, tomada junto a la por entonces consejera de Educación Lucía Figar, de extinguir el grado en Sociología, donde daba clase la presunta fuente del escándalo.

En 2014, el mismo periódico informaba sobre la querella que había presentado un profesor de la Rey Juan Carlos. La Fiscalía madrileña pidió investigar a Lucía Figar por presunta prevaricación a causa de la supresión de, entre otros cinco grados, el de Sociología. Solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que admitiera a trámite una querella que aseguraba que dichas carreras fueron eliminadas del plan de estudios de la Universidad Rey Juan Carlos sin seguir todos los trámites legales exigidos.

Pero el planteamiento de la Fiscalía no fue aceptado por el tribunal: la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJM inadmitió a trámite la querella en enero de 2015. Los jueces estimaron que la orden de liquidar los grados de la Rey Juan Carlos no fue ni arbitraria ni falsa de una manera relevante penalmente, aunque dejaban abierta la puerta a la vía contencioso-administrativa. Más de tres años después, y de una manera completamente inesperada, aquel grado en Sociología vuelve a la palestra.

La Guardia Civil investiga a Cifuentes por indicios de cohecho y malversación

Fuente: http://diario16.com/la-guardia-civil-investiga-cifuentes-indicios-cohecho-malversacion/

Por

María José Pintor Sánchez-Ocaña

Diversos informes recientemente incorporados al sumario del caso Púnica señalan directamente a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, con la financiación irregular del PP de Madrid.

Si Diario16 ya anunciaba esta mañana que “la Púnica cerca a Cifuentes”, ahora se cuentan con más detalles .

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, hay indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir “de antemano”. La presidenta regional era “partícipe y conocedora del amaño”, señala el informe.

Concretamente de la de la cafetería de la Asamblea de Madrid realizada a través de la Fundación Fundescam siendo Cifuentes la vicepresidenta de la Cámara y Arturo Fernández el vencedor de la adjudicación. Según se detalla, Fernández habría entregado dinero a Fundescam como contraprestación. Dinero que fue utilizado para financiar campañas electorales del PP cuando Cifuentes era miembro del comité de campaña del Partido Popular.

En ese sentido el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, que investiga la trama delictiva, considera que el PP de Madrid tuvo contabilidad “B” de gastos electorales en tres campañas electorales, dos de ellas municipales y autonómicas (2007 y 2011) y otra de ellas de elecciones anteriores.

El ex-presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonzalez detenido por enriquecerse ilicitamente con el Canal de Isabel II

La UCO realizó un operativo con 12 detenidos, entre ellos el ex-presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez, por corrupción, mas explicitamente por enriquecimiento ilicito con el Canal de Isabel II,   en el operativo llamado “Operación Lezo” hubo numerosos registros, el director y el presidente del diario La Razón fueron llamados a declarar ante el juez como imputados en el caso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes ha prometido plena colaboración con la justicia.

Catalá admite que el presidente de Murcia accedió a información reservada de la Fiscalía General en el caso Púnica

Fuente:http://www.eldiario.es/politica/Catala-presidente-Murcia-informacion-Punica_0_613138792.html

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este jueves que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, conoció el decreto de la fiscalía general del Estado dando instrucciones para que no fuera acusado cuando ni siquiera está personado en la causa de Púnica y al menos dos días antes de que las acusaciones y las defensas comenzaran a tener acceso al mismo.

En ese decreto del lunes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, daba instrucciones para que Sánchez no fuera acusado de corrupción, en contra del criterio de las dos fiscales del caso y del juez, Eloy Velasco. En la mañana del día siguiente, Sánchez decía en una emisora que cuatro fiscales del Tribunal Supremo respaldan que no se le acuse. Esa postura de los fiscales del alto tribunal aparece en el decreto de Maza.

“El fiscal general del Estado dicta un decreto que se comunica a Anticorrupción, y el presidente de Murcia al día siguiente hace referencia al documento. Ha pasado el tiempo y, me temo, las manos suficientes como para que (Sánchez) haya oído hablar del asunto”, ha asegurado Catalá en una entrevista en la cadena Ser.

Hasta 24 horas después de las declaraciones del presidente de Murcia, los medios de comunicación no comenzaron a informar de las maniobras de la Fiscalía General y, por entonces, ni siquiera se conocía la participación de cuatro fiscales del Tribunal Supremo. 

La naturalidad con la que Catalá se refiere a la filtración al presidente de Murcia se convierte en reproche al hablar de las fiscales del caso Púnica por dejar por escrito que discrepan de las órdenes recibidas. “La Fiscalía debe funcionar con mayor discreción. No tiene sentido que unos fiscales pongan que han discrepado con sus jefes”, ha afirmado Catalá en la entrevista. 

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El ministro de Justicia ha intentado poner en evidencia a las fiscales Gemma García y María Teresa Gálvez asegurando que quien “tiene el problema” son ellas, que comenzaron a investigar la trama Púnica hace más de tres años. “ Que el criterio de dos fiscales no sea soportado por sus jefes, yo no sé dónde hay que poner la verdad, si en las fiscales o en los jefes, yo me pongo más del lado de sus jefes”, ha dicho.   

Catalá ha remarcado que la Fiscalía es una organización jerárquica y que es habitual que los superiores se pronuncien cuando hay asuntos de especial relevancia y “ratifiquen o modifiquen”. Por contra, ha añadido: “Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo”, ha reconocido Catalá, quien ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Lo “anómalo” en este caso es, según el ministro, que “una discrepancia interna se haya puesto en evidencia hacia el exterior. Que se hayan negado a firmar supongo que generará una actuación dentro de la fiscalía. Pero sobre todo me extraña que se ponga en conocimiento público”, ha señalado. También ha defendido que no dimita el presidente de Murcia al no estar imputado.

El juez del ‘caso Púnica’ atribuye tres delitos al presidente de Murcia

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2017/02/13/actualidad/1486982085_298101.html

Un día después del tranquilo 18º congreso del PP, las causas de corrupción vuelven a cercar al partido de Mariano Rajoy. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una nueva pieza separada en el macrosumario Púnica y ha dirigido el procedimiento contra 22 personas, entre ellas el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro. El juez entiende que Sánchez, en su época de consejero de Educación, se concertó con el empresario Alejandro de Pedro para otorgarle contratos a sus empresas que en realidad sirvieron para mejorar la imagen y la reputación del político en Internet, en su carrera para presidir la Región de Murcia. Velasco atribuye a Sánchez delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada.

En el caso de Pilar Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 sostiene que la senadora, en su época de alcaldesa de Cartagena, utilizó dinero público de campañas de turismo para abonar a De Pedro trabajos en su estricto beneficio político, como la creación de un periódico digital en la ciudad favorable a la alcaldesa, así como los honorarios del periodista encargado de este medio. También le atribuye Velasco amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación en beneficio de De Pedro. Por estos hechos, el magistrado acusa a la senadora de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

El juez Velasco relata en su auto que al exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso Conesa se le intervino en octubre de 2014, cuando fue detenido por la trama Púnica, una tarjeta de crédito Visa del Congreso de los Diputados a nombre de Pilar Barreiro, miembro entonces de la Cámara baja. Esta tarjeta era supuestamente intransferible.

Los contratos de mejora de reputación on line pagados con dinero público también se extendieron al entonces consejero murciano de Industria, Juan Carlos Ruiz, que dimitió en junio de 2015, cuando se encontraba en funciones, tras ser imputado en la causa.

Ambos políticos gozan de aforamiento —Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y Barreiro ante el Supremo—. Por ello, el juez Velasco pide tanto a la Región de Murcia como a la Cámara alta que certifiquen su condición de aforados antes de emitir una exposición razonada para que esos tribunales los investiguen y, en su caso, los juzguen.

El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos, Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.

En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreiro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el exconsejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

Al presidente de Murcia se le acumulan los problemas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidió el 2 de febrero asumir el caso Auditorio de presunta corrupción urbanística e investigar a Pedro Antonio Sánchez (PP), que era alcalde de Puerto Lumbreras cuando se construyó aquel edificio. La Sala de lo Civil y Penal se ha declarado competente para investigar los hechos, dada la condición de aforado de Sánchez, tras estudiar la exposición motivada elevada por el juzgado instructor de Lorca, que considera que Sánchez pudo incurrir en los delitos de prevaricación, fraude contra la administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

Polémica por un tuit del PP Madrid sobre Cifuentes y Susana Díaz

Fuente:http://www.lavanguardia.com/politica/20170117/413439212729/polemica-tuit-pp-de-madrid-cristina-cifuentes-susana-diaz.html

, Madrid

17/01/2017 13:29 | Actualizado a 17/01/2017 18:48

El PP de Madrid ha publicado este martes en la red social Twitter una fotografía tomada esta mañana en la Conferencia de Presidentes en la que se puede ver a una sonriente presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y, delante de ella, a la presidenta andaluza, Susana Díaz, con gesto serio, y ha acompañado la imagen del comentario ‘cuando disfrutas de tu trabajo y cuando no’. A través de su cuenta oficial en Twitter, con esta instantánea, los populares dan así a entender que la dirigente andaluza no estaría contenta con su trabajo.

Durante la foto de familia que los presidentes regionales y varios miembros del Ejecutivo, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se han tomado con el Rey Felipe VI, la presidenta andaluza, al igual que la madrileña, con semblante sonriente, han departido con los presidentes que se ubicaban a su lado.

La difusión de la imagen ha suscitado numerosos comentarios entre los asistentes a la Conferencia de Presidentes que este martes se celebra en el Senado y, a preguntas de los periodistas, el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha reprobado la publicación del comentario y la imagen. “Desgraciadamente lo he visto”, ha dicho el también consejero de Presidencia, que ha lamentado que algunos se dediquen a “perder el tiempo en tonterías” en un momento tan importante como el de hoy, “cuando los representantes de los territorios y el Gobierno central se sientan a hablar de lo que verdaderamente importa a la ciudadanía”. “Me parece absolutamente inútil”, ha concluido.