Sánchez presiona a Iglesias con una investidura inminente y la amenaza de elecciones en otoño

Fuente: https://www.eldiario.es/politica/Sanchez-Iglesias-investidura-inminente-elecciones_0_914109453.html

Irene Castro / Aitor Riveiro

Unas horas después de la segunda reunión infructuosa con Pablo Iglesias, el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, decidió dar un paso al frente: pese a no tener los apoyos necesarios, comunicó que el próximo 2 de julio se reunirá con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar ya una fecha para la investidura. El presidente en funciones amenaza con acelerar unos trámites que llevan en la práctica congelados casi dos meses.

En Moncloa manejan el calendario en función de unas negociaciones, que se han encallado casi antes de comenzar, pero también pensando en la fecha de la posible repetición electoral si el desacuerdo perdura tras una primera investidura fallida. En Unidas Podemos han señalado la vuelta de las vacaciones de agosto como el momento de verdad para intentar un acuerdo y el PSOE ha hecho notar su malestar.

Tras el encuentro entre Sánchez e Iglesias este martes, Ferraz informó de que el candidato socialista se someterá a la votación de investidura en julio. El PSOE ya había reconocido que lo haría aunque no tuviera los apoyos amarrados. Ante lo que consideran una situación “de bloqueo”, en Moncloa se plantean fijar la investidura en la primera fecha posible. Que la investidura sería lo antes posible y pronto es lo que han reiterado en Ferraz constantemente. Si así fuera finalmente, la primera votación se celebrará el martes 9 de julio –ha de ser un martes para que, en caso de repetición y según los plazos legales, los comicios caigan en domingo–.

En Moncloa también admitían como opción las siguientes semanas, porque dejaría más margen a la negociación con Unidas Podemos. Pero las posiciones están ahora mismo en un punto de no retorno, creen, por lo que la estrategia pasa por acelerar la investidura y presionar a Pablo Iglesias con una repetición electoral. 

En el primero de los casos, las elecciones se celebrarían el 27 de octubre mientras que si retrasa una semana más, los comicios coincidirían ya en noviembre con el puente de Todos los Santos, un extremo que no convence en Moncloa. Esos son los cálculos que también han manejado en la cúpula socialista, donde la balanza se inclina hacia la primera fecha, vista la distancia en las posiciones que han constatado Sánchez e Iglesias, aunque fuentes gubernamentales aseguran que no se pueden descartar otros martes en la segunda quincena de julio. 

“Con o sin apoyos en el mes de julio habrá [sesión de] investidura”, advirtió el PSOE tras la última reunión. “España no tiene tiempo que perder y necesita un Gobierno cuanto antes”, fue el mensaje que difundió 12 horas después al anunciar la cita de Sánchez y Batet. En Moncloa trabajan ya en un discurso de Sánchez inequívocamente izquierdista, según las fuentes consultadas por eldiario.es, que ponga las cosas más difíciles a Pablo Iglesias.

El Gobierno usa la carta de unas nuevas elecciones

La estrategia del Gobierno pasa, de nuevo, por presionar a los demás partidos –especialmente a Unidas Podemos– con la amenaza de otras elecciones. Sánchez está convencido de que en una repetición electoral el PSOE incrementaría sus 123 escaños mientras que el grupo confederal saldría perjudicado. También Ciudadanos perdería votos, según los cálculos que hace el equipo del presidente. Esa es la esperanza de los socialistas, que el miedo a otras elecciones haga a los demás cambiar de postura.

Frente a esa posición de los socialistas, Iglesias ha asegurado este miércoles que “el Gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer”. Eso sí, ha dejado entrever que en julio la investidura está abocada al fracaso y que Sánchez tendrá que repetir en septiembre, cuando vence el plazo de dos meses que establece la Constitución. En ese mismo sentido se ha pronunciado la portavoz, Irene Montero, que ha asegurado en una entrevista en La Sexta: “La investidura es muy seria como para usarla para amenazar a los otros partidos sin negociar absolutamente nada con nadie”.

En Podemos recuerdan que la posición final de su voto depende de lo que decidan los inscritos del partido en una consulta para la que todavía no hay fecha ni pregunta concreta. En la dirección del grupo parlamentario consideran que “el PSOE no ha decidido si quiere un acuerdo con la izquierda o con la derecha para sacar adelante la investidura” y comienza a cundir la idea de que las negociaciones no avanzan porque Sánchez sigue esperando que Albert Rivera acepte investir al líder socialista. Máxime, tras la crisis que ha provocado la salida de Toni Roldán y otras dimisiones en la dirección de Ciudadanos.

Tras las declaraciones de Iglesias, en Moncloa se han esforzado por dejar claro que si el primer intento fracasa, comienza el “rumbo a elecciones”. Los socialistas dan a entender así que julio es su única opción, pero admiten también que si las posiciones cambian, Sánchez se sometería de nuevo a la confianza del Congreso pasado el verano, como hizo Rajoy en 2016. Lo que no harán, explican, es ir a una segunda investidura fallida.

La número dos del partido, Adriana Lastra, ha dejado patente el malestar por la posición manifestada por Unidas Podemos: “Me gustaría que el señor Iglesias o Unidas Podemos nos aclare si lo que están diciendo con las declaraciones de esta mañana es que van a volver a votar en contra de la investidura de un presidente de izquierdas, de un presidente socialista, y haciéndolo de la mano de PP, Ciudadanos y Vox”. La portavoz en el Congreso ha negado rotundamente que Sánchez se decante por la derecha y ha reiterado que el grupo confederal es su “socio preferente”. 

El escollo de las conversaciones entre Sánchez e Iglesias es la negativa a incorporar a miembros de Unidas Podemos al Consejo de Ministros y la exigencia de Iglesias de entrar en el Gobierno. Fuentes del PSOE aseguran que el secretario general de Podemos ha reclamado, además de presencia proporcional, una vicepresidencia para él. Los socialistas se han cerrado en banda a que su “socio preferente” se siente en el máximo órgano del Ejecutivo.

En el PSOE sostienen, además, que han ofrecido a Unidas Podemos un acuerdo programático, cuyas medidas no se han concretado, para desarrollar en el Parlamento al que se sumó una “comisión de seguimiento del pacto” y que ha sido rechazado por su interlocutor. Iglesias así lo ha reconocido. “Por mucho que se firme y por muchas comisiones de seguimiento que se hagan”, ha dicho, “la única garantía de que puedan cambiar las cosas es que en España haya un Gobierno de coalición”.

Los socialistas se muestran determinados en este momento a no flexibilizar su posición. Ni ahora ni en septiembre, pese a que dos meses después de las elecciones Sánchez solo ha sumado un diputado a los 123 que logró el 28A: el del PRC de Miguel Ángel Revilla. Consideran que ya lo han hecho al permitir la entrada de Unidas Podemos en escalones de segundo nivel en la Administración frente al Gobierno en solitario al que aspiraban como punto de partida y que ahora es Iglesias el que debe ceder en algo. Creen que la presión puede hacerle cambiar de opinión así como a otros grupos. Sánchez preferiría gobernar gracias a la abstención de PP o Ciudadanos antes que hacerlo gracias a la de ERC, porque teme, además, que acabe planteando condiciones inasumibles.

El mensaje que lanzan en la cúpula socialista es que Sánchez se beneficiaría de una repetición electoral. Sin embargo, la inquietud se va apoderando de diputados y cargos intermedios del Ejecutivo ante lo que pueda pasar y el temor a la desmovilización de la izquierda y a la recuperación del PP a costa de Ciudadanos y Vox que, sumado a la mejora del reparto de escaños que el 28A perjudicó a Casado, ponga en riesgo un Gobierno socialista tras la repetición electoral.

Sánchez planteó a Iglesias un “Gobierno de cooperación” programático, parlamentario y de altos cargos

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11/06/2019.- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la reunión mantenida esta mañana en el Congreso de los Diputados para intentar recabar su apoyo a la investidura, el cual le permitiría sum
11/06/2019.- El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la reunión mantenida esta mañana en el Congreso de los Diputados para intentar recabar su apoyo a la investidura, el cual le permitiría sumar 42 diputados a los 123 con que cuenta el PSOE, once menos que la mayoría absoluta. La última vez que Sánchez e Iglesias se reunieron oficialmente fue el pasado 7 de mayo en el Palacio de la Moncloa, cuando ambos mostraron su voluntad de entenderse y llegar a un acuerdo estable para la legislatura, lo que se materializó poco después en la composición de la Mesa del Congreso.- EFE/Zipi

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MANUEL SÁNCHEZ@ManuSanchezG

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, sí concretó al líder de Podemos; Pablo Iglesias, esa entelequia que se ha dado en denominar “Gobierno de cooperación”, y que el dirigente socialista lo quiere plantear en tres niveles: el programático, el parlamentario y el de la estructura de Gobierno.

Básicamente es la oferta que le hizo Sánchez a Iglesias durante la reunión del lunes para intentar llegar a un acuerdo de investidura, y que no contempla el Gobierno de coalición como lo entiende Podemos, ni que haya miembros de esta formación en el Consejo de Ministros, según fuentes consultadas.

A nivel programático parece que el acuerdo es más que factible. Los socialistas y Podemos comparten muchas líneas en políticas sociales y ya llegaron a un acuerdo para los Presupuestos fallidos que se presentaron al Congreso.

Como siempre, hay algunas diferencias y la formación morada siempre quiere ir un paso más allá del habitual conservadurismo de los socialistas antes algunas medidas, pero fuentes del PSOE no ven grandes problemas en concretar un acuerdo para la legislatura y, además, apuntan que la derogación de la reforma laboral -una línea roja marcada por Podemos- no será ningún obstáculo.

El segundo nivel que propuso Sánchez a Iglesias fue una colaboración parlamentaria constante y leal, donde tengan una unidad de acción común y no se haya carreras al registro para presentar iniciativas y apuntarse méritos. Según las fuentes consultadas, Sánchez se comprometió también a no buscar la llamada “geometría variable” con otros grupos en los asuntos en los que no haya acuerdo, una exigencia planteada por el propio Iglesias que teme que el PSOE quiera pactar otras políticas con las que no está de acuerdo Podemos con otros partidos de la Cámara Baja.

Y, finalmente, Sánchez le ofreció incorporar a dirigentes de Podemos en altos cargos de la estructura de Gobierno, pero no en el Consejo de Ministros como exige la formación morada. Según fuentes consultadas, el candidato a Presidente del Gobierno no quiere sólo una presencia simbólica de dirigentes de este partido, sino que está dispuesto a ofrecer puestos significativos y de responsabilidad que, además, recaerán en las personas que designe Podemos. 

Y hasta ahí llegó la propuesta de Sánchez del “Gobierno de coopearación” y de que la que poco se va a mover ya, decida lo que decida Podemos. Para los sociaistas es una oferta generosa, y recuerdan que les supone renunciar al Gobierno en solitario como era su pretensión inicial y, además, da la posibilidad a Podemos de proponer a las personas que considere oportunas para  ocupar cargos en la estructura del Gobierno, sin ningún veto, dejando manos libres a Pablo Iglesias y a su dirección para nombrar a quienes quieran.

Investidura en julio, sí o sí

Ahora, como afirmó Carmen Calvo, en Moncloa se espera ahora una respuesta de Podemos, y destacó que la propuesta se dirige a toda la organización para que la estudien. Además, dio por cerrada la posibilidad de que haya miembros en el Gabinete ministerial de Sánchez. “Se ha hecho una oferta de varios puestos de responsabilidad que, desde luego, no son en el Consejo de Ministros”, afirmó la vicepresidenta.

Si Podemos aceptara la propuesta de Sánchez la investidura se podría celebrar la segunda o tercera semana de julio, pero fuentes de La Moncloa aseguran que en el caso de que la rechace, tampoco se va a retrasar. “Habrá investidura en julio sí o sí”; asegura un dirigente del Ejecutivo, dando por sentado que no se van a enredar en más negociaciones y que las cartas de todos están ya encima de la mesa.

PEDRO SANCHEZ LE PROPONE A PABLO IGLESIAS “UN GOBIERNO DE COOPERACIÓN”

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Pedro Sanchez le ha propuesto a Pablo Iglesias una peculiar formula para negociar la investidura que permite al líder de Podemos quedar bien, a pesar de no conseguir la coalición de Gobierno que le exige.

El aspecto que daban, a diferencia de las reuniones con Rivera y Casado, es de sintonía y entendimiento, pero no han desvelado que va a pasar realmente. Pedro Sanchez se sacó de la manga, una original y “novedosa” forma de gobernar, y propone un Ejecutivo “de cooperación”, esto da a entender para seguir dialogando en el que desde ahora serán secretos y además denota una ambiguedad manifiesta para que el líder de Podemos quedé bien aunque no consiga los ministerios que reclama y tenga que conformarse con el premio de consolación de proponer perfiles independientes.

La realidad que todo queda por decidir y todo es posible todavía, al líder de Podemos no le disgusta la formula propuesta por Pedro Sanchez, es decir un “Gobierno de cooperación”, una formula poco entendible para la mayoría de los mortales.

Pablo Iglesias está convencido según afirma el, de que Pedro Sanchez quiere negociar con Podemos y que quiere un gobierno con ellos, para Podemos es importante esta coalición para seguir avanzando en la recuperación de los derechos sociales perdidos durante la crisis.

Por otro lado la portavoz Adriana Lastra sigue apelando a la abstención de PP y Ciudadanos para impedir depender de los independentistas.

Podemos pide la dimisión de Dolores Delgado tras su campaña contra “las cloacas” policiales

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“Hay algunos que quieren que nuestro país debata de otras cosas, pero a nosotros nos parece crucial que la gente se preocupe por la vivienda, las pensiones, el SMI, la luz o la fiscalidad. Nosotros queremos que se hable de esto. Lo más importante que va a ocurrir en 2018 es la aprobación de unos Presupuestos de carácter social”. Así justificaba este lunes Pablo Iglesias el acto para presentar un nuevo documento para la negociación con el Gobierno. Una amplia batería de propuestas que el grupo confederal quiere sacar adelante.

Al día siguiente, el relato político no atendía a esa iniciativa, sino a la segunda tanda de grabaciones que relacionan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario Villarejo, en prisión preventiva imputado por varios delitos. Poco antes del inicio del Pleno del martes, Iglesias pedía la dimisión de Delgado, aunque no de forma expresa: “Hay que alejar de la política a quien mantenga amistad con las cloacas“.

Con Máxim Huerta y Carmen Montón Podemos esperó a exigir la dimisión a que los hechos denunciados por los medios fueran incontestables. En el caso del exministro de Cultura, fue inmediato. Dos sentencias judiciales confirmaban que Huerta había defraudado a Hacienda. Con la extitular de Sanidad, fueron las informaciones sobre el plagio de su trabajo de fin de máster las que decantaron al partido.

En el caso de la ministra de Justicia, Podemos ha pedido su dimisión sin que haya habido un cambio sustancial en los hechos desde que estallara la crisis. Delgado ya cayó en contradicciones desde el primer día que publicaron los audios de la comida que mantuvo con el exjuez Baltasar Garzón, Villarejo y otros mandos policiales, algunos implicados hoy en diversas causas judiciales.

El caso de Delgado es distinto no solo por su dimensión política. Villarejo encarna para Podemos eso que se ha dado en llamar “la cloaca”, un entramado policial que durante 40 años han trabajado de forma descontrolada y ha recibido  encargos “especiales” de todos los gobiernos.

Y esa “cloaca” ha sido la responsable de la fabricación y filtración de informes falsos realizados en los márgenes de las instituciones  con intención de atacar a rivales políticos. Un ejemplo fue el llamado Informe PISA, que desvelaba la supuesta financiación ilegal de Podemos y que fue desestimado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no sin antes haber llenado portadas y horas de televisión.

Las “cloacas” son, para Podemos, una frontera. O de este lado o de aquél. “No es aceptable que en este país haya ministros amigos de tipejos como Villarejo”, señalaba Iglesias para pedir la dimisión de Delgado. Y añadía: “Creo que estoy siendo cristalino. Cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública, que debe ser noble”.

Pablo Iglesias

@Pablo_Iglesias_

Un presidente español dijo una vez que la democracia se defendía también desde las cloacas. De aquella aberración viene lo que vemos hoy. Afecte a la monarquía, a políticos o juristas de distinto color, las cloacas y sus telesicarios son el cáncer de nuestra democracia.

Sostener al Gobierno para “cambiar” las cosas

Podemos tiene un empeño: demostrar que supresencia en la vida política puede “cambiar las condiciones de vida de la gente”. Una idea que han expresado en público todos los portavoces del partido y que su secretario general reformulaba este mismo lunes, en el acto de presentación del documento presupuestario: “No estamos negociando tonterías. Negociamos sus impuestos, sus pensiones, la factura de la luz”.

La estrategia tiene su origen en la fracasada investidura de abril de 2016, cuando Pedro Sánchez cerró un acuerdo con Ciudadanos que luego intentó que fuera refrendado por Podemos. El partido de Iglesias y las confluencias catalana y gallega, además de IU, Equo o Compromís, optaron por el  no.

Las consiguientes elecciones de junio de 2016, pese al acuerdo con IU, supusieron un varapalo. El espacio político de Unidos Podemos perdió un millón de votos. Podemos se enfrascó en un duro debate interno que estuvo a punto de romper el partido fundado apenas un par de años atrás.

Dos años después, el grupo confederal comenzó a quitarse el estigma de 2016 con la votación de la moción de censura de Pedro Sánchez, que celebraron al grito de “Sí se puede” nada más terminar la votación. En Podemos creen que  sostener a Sánchez para lograr avances reales en aquellas materias que bloqueó el PP durante un largo año terminará de reconciliarles con esa parte de la sociedad que se desenganchó de su proyecto en la primera mitad de aquél año.

Pero también creen que hay que separarse del PSOE en todo lo que les diferencia. Como señalaba un miembro de la dirección de Podemos el martes en el Congreso: “A nosotros no nos van a sacar audios con Villarejo”.

Unidos Podemos propone castigar el acoso callejero y crear un tipo penal para la violación colectiva

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/Unidos-Podemos-callejero-violacion-colectiva_0_791620970.htmlUnidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere legislar la violencia sexual con una ley integral de medidas penales, sociales, sanitarias, laborales y educativas. La propuesta, que el grupo confederal ha presentado este miércoles, anula la distinción entre abuso y agresión sexual para crear un tipo único de agresiones sexuales con agravantes y atenuantes. Además, incluye en el Código Penal el acoso en la vía pública y crea un tipo penal especifico para la violación colectiva.

La norma propone un marco integral de sensibilización, prevención, asistencia y reparación de las víctimas al estilo de la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. “Es una ley feminista que viene a hacerse cargo de una anomalía machista que se da cuando las mujeres no solamente tienen que demostrar que han sido agredidas, sino que habían opuesto resistencia”, ha explicado la diputada de En Marea Ángela Rodríguez Pam.

Y es que la propuesta, presentada un día después de que el debate sobre la violencia sexual haya vuelto a colocarse encima de la mesa tras las declaraciones de la ministra de Igualdad Carmen Calvo, incide en la reforma que ya ha planteado la comisión dependiente del Ministerio de Justicia que estudia los delitos sexuales: eliminar el abuso sexual.

En el actual Código Penal, la agresión sexual implica violencia e intimidación, no así el abuso sexual, delito con el que la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco miembros de ‘la manada’. El abuso sexual es también el tipo que suele aplicarse actualmente en los casos de violencia sexual hacia los menores cuando es perpetrada por personas del entorno. Es decir, la mayoría.

“Esta diferencia ha tenido dos consecuencias negativas. Por un lado, que sea necesario que la víctima se resista activamente para ser calificado como agresión sexual. Por otro lado, se ha exigido un grado de intimidación muy alto. El tema de la resistencia no está en el Código Penal, pero sí ha sido una interpretación de los jueces. Esto ha supuesto que el foco de atención se centre en demasiadas ocasiones en el comportamiento de la víctima”, ha explicado la penalista Patricia Faraldo, que ha participado en la redacción de la ley.

En este sentido, la norma crea un único tipo penal de agresión sexual que se agrava dependiendo de las circunstancias, por ejemplo, si hay penetración, si la víctima es especialmente vulnerable o si el atentado se acompaña de actos vejatorios o degradantes. Por otro lado, se añade un tipo específico de agresión sexual colectiva, que se prevé para aquellas ocasiones en las que “aprovechándose de la situación objetiva de superioridad manifiesta, en un contexto objetivamente intimidante para la víctima, dos o más personas realizan conjuntamente” actos constitutivos de agresión sexual.

La justificación de crear una figura para ello, explica Faraldo, es “clarificar el tratamiento y fomentar una aplicación unívoca” porque “hay una jurisprudencia muy variada que no ha venido a resolver la cuestión”. Actualmente la violación en grupo se tipifica como agravante de las agresiones sexuales (aunque no existe para los abusos sexuales), pero la participación de varias personas ha dado lugar a casos en los que se tipifica como delito continuado o en otras ocasiones se condena a una como autor y el resto cooperadores necesarios.

La norma también propone incorporar en el Código Penal un artículo que tipifica como delito leve el acoso en la vía pública, que castiga “con pena de multa de 3 a 9 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 50 días el que se dirija a una persona en vía pública con proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que, sin llegar a constituir trato degradante ni atentado contra la libertad sexual, creen para la víctima una situación intimidatoria”.

El pasado mes de mayo la Asamblea francesa aprobó una ley de violencias sexuales que también castiga estas conductas, sin embargo, lo circunscribe a sanciones administrativas. En este caso, Unidos Podemos propone regularlo por la vía penal, es decir, serán hechos denunciables y se contarán con los medios de prueba habituales en el Derecho Penal.

Un marco integral

La ley del grupo confederal diseña un sistema de medidas como la asistencia jurídica gratuita, la atención, la reparación o la información para las víctimas.  La idea es que haya un tratamiento integral y global similar al que ya se dispensa a las víctimas de violencia de género, que fue diseñado por la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004. Pero esta norma solo contempla medidas para las mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. 

En este sentido, Unidos Podemos incluye en su ley que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que actualmente solo llevan casos de violencia de género, amplíen competencias y se especialicen también en violencia sexual.

La norma recoge todos los tipos de violencia sexual con independencia del grado de relación que tengan la víctima y el agresor. Por otro lado, los derechos que contiene  y que hacen referencia a esta reparación integral (información, atención psicológica y especializada, asistencia jurídica gratuita…) no dependerán de si la mujer ha denunciado o no. Es decir, la puerta de entrada al sistema de protección integral no será la judicial, sino que se habilitarán otras fórmulas alternativas, como tener un informe de Servicios Sociales o de servicios sanitarios. 

Por otro lado, diseña todo un abanico de medidas destinadas al ámbito laboral, sanitario, educativo, militar o social para todas las mujeres, incluso las migrantes en situación irregular. Tras ser registrada esta mañana, habrá que ver el trámite parlamentario que sigue a la espera de que sea tomada en consideración en el pleno: “Cada vez el consenso y la respuesta social es mayor y esperamos que eso se materialice en la cámara”, ha hecho hincapié Sofía Castañón, diputada y secretaria de Feminismos y LGTBI de Unidos Podemos.

 

Unidos Podemos plantea en el Congreso legalizar la eutanasia y su práctica médica

Fuente: http://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/18/587f54ed468aeb78638b456e.html

  • EUROPA PRESS
  • Madrid

18/01/2017 12:50

Unidos Podemos ha registrado este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para legalizar la eutanasia y garantizar su práctica en todo el territorio nacional a aquellas personas que la soliciten. Del mismo modo, el texto recoge una modificación en el Código Penal para que los profesionales que presten este servicio no sean penalizados.

El texto presentado indica que podrán solicitar este servicio los mayores de 18 años o menores emancipados que padezcan una enfermedad terminal “sin esperanza” o dolores físicos y psíquicos “intolerables” para el paciente, incluyendo los menores de edad emancipados legalmente. Según ha explicado la diputada de IU Eva García Sempere, serán los médicos o psicólogos los que realicen un informe del paciente para aprobar o denegar su solicitud.

La demanda de eutanasia deberá hacerse por escrito, en un documento firmado por el paciente en presencia del médico responsable, repitiéndose de manera general en, al menos, dos ocasiones con una separación de 15 días. Si el médico responsable considera que la muerte de la persona o la pérdida de su capacidad para prestar consentimiento informado son inminentes, se aceptará un periodo menor a las dos semanas.

La persona demandante de eutanasia podrá revocar su solicitud en cualquier momento. Tanto el documento de petición como de la posible revocación serán adjuntados a la historia clínica del paciente. Sin embargo, la causa de la muerte, a todos los efectos, será por causas naturales.

Podrán pedirlo no solo los mayores de edad, sino también los menores de 16 y 17 años emancipados legalmente, -bien porque sus padres les han cedido la patria potestad o por orden de un juez-, y a los que el Código Civil les habilita en todo momento a “regir su persona y bienes como si fuera mayor”.

Médicos penalizados

García Sempere ha recordado que, con la actual normativa, se penaliza a los médicos que tengan cualquier relación en el proceso de una muerte asistida; por ello, en esta ley se exige que los profesionales tengan la obligación de garantizar el acceso universal a la eutanasia.

La diputada ha señalado que todo profesional tiene derecho de objetar, pero desde los servicios sanitarios públicos se debe garantizar el derecho del paciente a poder solicitar este servicio si la evaluación es positiva. Por ello, García Sempere ha apuntado que en el caso de que un enfermo esté a cargo de un médico objetor, éste deberá ofrecer los servicios de otro equipo médico que no lo sea.

Del mismo modo, desde Unidos Podemos consideran “fundamental” que se modifique el Código Penal para que la participación de los sanitarios en este servicio no sea punible.

La formación morada también ha señalado la importancia de trasladar esta normativa a las comunidades autónomas, que tienen competencias en materia sanitaria. La diputada de En Comú Podem Marta Sibina ha destacado que existen autonomías, “con Andalucía a la cabeza”, que han desarrollado leyes específicas sobre esta materia.

En otros países

Sin embargo, el partido está de acuerdo en que este texto es necesario para “dar un paso más” y llevar a nivel estatal la eutanasia, como se ha hecho en “países de Europa como Bélgica o los Países Bajos, así como en varios estados de Estados Unidos o Canadá, entre otros”, según ha explicado Sibina.

Así, la ley emplaza a la creación de dos comisiones, una autonómica y otra estatal. La primera será un órgano consultivo y de asesoramiento para las consejerías y deberá realizar un informe anual para llevar un control sobre el cumplimiento de la norma en la autonomías. En la segunda, se recogerán los documentos anuales de todas las regiones y servirá para el estudio de lo que está ocurriendo en esta materia a nivel del país.

García Sempere ha señalado que ahora, una vez presentada esta ley, se iniciarán los contactos con el resto de formaciones representadas en la Cámara Baja para obtener apoyos para que se pueda tramitar y aprobar.

En este sentido, Sibina, ha destacado que la sociedad estaba esperando una norma como ésta y ha defendido que “una amplia mayoría respalda” la eutanasia. En este sentido, ha citado una encuesta del CIS de 2011, en la que, según ha apuntado Sibina, un 77% de la población española respalda la eutanasia.

La diputada catalana ha destacado también la metodología y el “trabajo conjunto” llevada a cabo por su formación para redactar el texto, para el que contaron con la ayuda de “un grupo externo e independiente con personas de diferentes ámbitos de la sociedad civil, del derecho, la sociología, la medicina y la enfermería”.

Por su parte, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez ha destacado que la “autonomía” es “el gran hilo conductor de esta ley” y ha invocado que el texto recoge los “valores constitucionales de libertad y dignidad”. Para Rodríguez, la “muerte digna” debe ser “una cuestión de Estado”.

Unidos Podemos pide despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido

Fuente: http://www.publico.es/politica/unidos-pide-despenalizar-eutanasia-y.html

MADRID.- Despenalizar el suicidio médico asistido y la eutanasia; acabar con la imposición del deber de vivir en condiciones penosas irreversibles en contra de los deseos de uno mismo; y ampliar el marco de derechos y libertades hacia la garantía pública de una buena muerte. Estos son los tres objetivos principales de la Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia que ha registrado este miércoles Unidos Podemos en el Congreso, tal y como adelantó Público.

“Pensamos que España no es un buen lugar para morir bien. Los cuidados paliativos no llegan a toda la sociedad y cuando llegan quizá no es lo que se requiere. España no es un buen lugar para morir bien porque todas las decisiones que tiene que tomar una persona en el momento final de su vida están muy limitadas”, ha señalado Marta Sibina, de En Comú Podem.

La Proposición recoge en su exposición de motivos la necesidad de regular la eutanasia y el suicidio médico asistido debido al cambio “en el modo de enfermar y morir” de la población como consecuencia del notable aumento de la esperanza de vida. “A la vez que se alarga la vida, se han generalizado las experiencias de sufrimiento personal, físico, psicológico, familiar y social en el proceso de deterioro y muerte de los pacientes”, recoge el texto, que también señala como factores en la necesidad de regular la eutanasia “el desarrollo de un Estado democrático, plural y aconfesional” y los “nuevos enfoques predominantes en medicina”.

Asimismo, Unidos Podemos apoya su iniciativa en datos que muestran el apoyo mayoritario de la sociedad española a una regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. Como ejemplo, el texto señala que una encuesta del CIS del año 2011 muestra que el 77,5% de los encuestados apoya la regulación de una ley de eutanasia, mientras que en junio de 2015 una encuesta de IPSOS-The Economist concluyó que el 78% de los encuestados españoles estaba a favor de la despenalización de la eutanasia.

“Esta situación favorable a la eutanasia en la opinión pública, sin embargo, no se ha visto reflejada en nuestro ordenamiento jurídico estatal, donde aún está penalizada en el Código Penal“, dice el texto, que pone como ejemplo la situación legal en países europeos como Holanda o Bélgica.

En España, concretamente, el Código Penal recoge en su artículo 143 que aquellos que serán castigados aquellos que causen o cooperen con actos necesarios y directos en la muerte de otro a petición expresa de este y debido a los graves padecimientos permanentes que sufre será castigado. No obstante, sí reconoce “penas inferiores” a los supuestos de inducción al suicidio o aquellos que cooperen en el suicidio de un tercero sin que se den los supuestos de grave e irreversible padecimiento.

Así, el artículo 143.4 del Código Penal quedaría de la siguiente manera en el caso de ser aprobada la Ley Organíca: “No será punible la conducta de aquél que con actos necesarios y directos coopere en o cause la muerte a otro cuando este lo haya solicitado de manera expresa, inequívoca y reiterada con arreglo a lo que establezca la legislación específica. La persona solicitante habrá de ser una persona con una enfermedad grave que conduzca necesariamente a su muerte o que padezca sufrimientos físicos o psíquicos que ella considere insoportables”.

Objeción de conciencia

La Proposición de Ley Orgánica también recoge la garantía de la objeción de conciencia entre los profesionales sanitarios que no se quieran participar en una eutanasia o en un suicidio médico asistido. Esta garantía, asegura el texto, debe ser compatible con el derecho del paciente a solicitar una muerte digna independientemente de que existan profesionales objetores o no. “El médico objetor tiene la obligación de derivarlo a otro no objetor”, ha apuntado Eva García, de Izquierda Unida.

La ley también detalla que solo pueden solicitar la eutanasia aquellas personas mayores de 18 años que tengan un sufrimiento físico o psíquico intolerable.

Desarrollo colaborativo

El desarrollo de esta Proposición de Ley Orgánica ha sido ejecutado por cuatro diputados de Unidos Podemos [Amparo Botejara (Podemos), Eva García (IU), Ángela Rodríguez (En Marea) y Marta Sibina (En Comú Podem)], en colaboración con profesionales y expertos de todos los ámbitos a los que afecta esta ley, como son el filosófico-ético, el jurídico, el sanitario o el socio-político y de la sociedad civil.

El objetivo perseguido con este proceso colaborativo es que el Proyecto de Ley que hoy se ha presentado no sea un “un texto nacido entre cuatro paredes” y sí una propuesta democrática que cuenta con el consenso de una mayoría social. Así, entre los profesionales que han participado en la elaboración de este Proyecto se encuentra el doctor Luis Montés, presidente federal del a asociación Derecho a Morir Dignamente; Carmen Juanatey, catedrático de Derecho Penal; María Casado, del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona; o el profesor de sociología Ignacio Sánchez Cuenca. 

Propuesta de Ciudadanos

El anuncio de Unidos Podemos en este periódico de su intención de presentar esta Proposición No de Ley sobre la eutanasia provocó que Ciudadanos registrara inmediatamente en el Congreso una Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona ante el Proceso Final de su Vida. La propuesta de Ciudadanos, no obstante, no entra en la eutanasia y pone el énfasis en asimilar las diferentes legislaciones autonómicas sobre la materia. De esta manera, desde Unidos Podemos confían en que las propuestas puedan ser debatidas y aseguran que trataran de elevar la Proposición a Pleno el próximo mes de febrero.